Juan Andres Laredes Huerta
Expediente 1281/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1281/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan Andres Laredes Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Ahora, agréguese el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio autorizado del recurso de queja 226/2022, interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de tres de octubre de dos mil veintitrés. Acúsese recibo. Atento a la ejecutoria de mérito, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que la Superioridad determinó: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja". En esas condiciones; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Sexto, artículo 20, fracción IV, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Decimoctavo Circuito, por medio del cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el aquí quejoso, quedando registrado bajo el número ********************; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Ahora, agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por el autorizado del quejoso********************, por el que interpone recurso de queja en contra del proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que se hace valer. En mérito a lo anterior, con fundamento en el artículo 101 de la ley de la materia, ríndase dentro del término señalado el informe con justificación requerido y remítase el original del aludido escrito, al tribunal Colegiado que corresponda, así como una copia más de dicho escrito destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Haciéndose saber al órgano revisor que es cierto el hecho que se atribuye; empero el mismo fue dictado conforme a derecho. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesario adjuntar copia del auto impugnado; de las constancias de notificación a las partes y de las demás que se estimen necesarias para el mejor conocimiento del asunto. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Notifíquese.
- Principal
En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte quejosa el presente acuerdo, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, tres de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese, el escrito de ********************en su carácter de quejoso mediante el cual subsana la prevención formulada en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés; por tanto, se provee como sigue: Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen: La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, hace consistir el acto reclamado en la ilegal notificación practicada por estrados el dieciocho de agosto del año en curso, del acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente de ******************** en el que se fijó fecha para que tuviera verificativo el desahogo de la prueba confesional ofrecida de su parte a cargo de ********************, prueba que en auto de veintitrés de agosto del año en curso, se declaró su deserción por falta de elementos para su desahogo, al no haber comparecido su oferente esto es la parte actora -aquí quejosa-. En efecto, del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 Constitucional dispone para los terceros extraños, lo que en el caso no acontece, en razón de que el quejoso es la parte actora en el juicio natural. Por tanto, en el caso concreto no procede el juicio de amparo indirecto, en razón de que la parte quejosa tiene a su alcance el recurso de nulidad, que establecen los artículos 752 y 762, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dicen: "Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este capítulo". "Artículo 762. Se tramitan como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones I.- Nulidad". Esto es así, en razón de que en la generalidad de los procesos que se tramitan ante los tribunales, las sentencias que se dicten en los mismos serán revisables, conforme lo previsto en el numeral 762, fracción I, de la citada ley; sin embargo, si el procedimiento que se sustancia derivado de un juicio laboral plantea un medio especial de impugnación (nulidad) deberá agotarse el recurso especialmente previsto; por ende, mediante la interposición de dicho medio de defensa, puede obtener la modificación, nulificación o revocación de la determinación reclamada. Es aplicable la tesis XVI.3º.C.T 1 L (10a.), emitida por los Tribunales de Circuito, en la página 1807, Libro VII, Abril 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décimo Época, con registro digital: 2000605 que a la letra dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA LABORAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA QUE ORDENA LA FORMA DE HACER LA NOTIFICACIÓN DE UN PROVEÍDO PROCEDE EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 762, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Acorde con el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas no pueden revocar sus determinaciones; sin embargo, debe entenderse que la forma en que se ordena hacer una notificación (personalmente, por lista o por edictos), así sea en el texto de un proveído, puede impugnarse en términos del artículo 752 de la citada ley, conforme al cual son nulas las notificaciones que no se practiquen en términos de ley. Dicha contravención puede encontrarse tanto en el proveído que ordena notificar de una u otra forma, como en el procedimiento seguido por el notificador, ya que el referido artículo 752 no hace distinción, por lo que la orden dada por la Junta de notificar en cierta forma un proveído, puede impugnarse a través del incidente de nulidad previsto en el diverso numeral 762, fracción I, de la propia ley". Por tanto, es claro que de acuerdo al principio de definitividad del juicio de amparo, el quejoso está obligado a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, el medio de defensa antes mencionado, el cual puede conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Son aplicables al caso, las jurisprudencias 2ª/J.115/1999 y 2ª/J.116/1999, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, octubre de 1999, páginas 447 y 448, con registro digital: 193142 y 193141 respectivamente, de rubros siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO) y "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Asimismo, resulta aplicable, la jurisprudencia I.3o.C. J/39, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, agosto de 2007, página 1214, Registro digital: 171803, que dice: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE." De igual manera, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, Mayo de 2002, página 902, Materia Común, Registro digital: 187016, del siguiente tenor: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Por tanto, es indiscutible que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; razón por la cual, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de que se trata por motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Aunado a lo anterior, cabe señalar que la ilegal notificación combatida, y que, como ha quedado acordado resulta improcedente el juicio de amparo en su contra, trajo como consecuencia, que, manifiesta la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, al no habérsele notificado personalmente, se dictara el auto de veintitrés de agosto del año en curso, en el que la autoridad responsable declaró la deserción de la prueba confesional a cargo de la parte demanda, por falta de elementos para su desahogo, al no haber comparecido su oferente -aquí quejosa-; en su contra, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, relativa a la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no sean de imposible reparación, por las razones siguientes: Del artículo 107, fracción V, en cita, se advierte que el legislador fue claro en establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación y, mediante interpretación auténtica, explicó qué se entiende por este tipo de actos, acotándolos a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por contrapartida, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra todos aquéllos actos que impliquen alguna violación de carácter procesal, los que, en su caso, podrían reclamarse en amparo directo, principal o adhesivo. Así, del referido 107, fracción V, de la Ley de Amparo y su interpretación, se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación se requiere la presencia de dos requisitos indispensables para que puedan ser considerados como tal, a saber: 1. Que los derechos objeto de la afectación sean de naturaleza sustantiva y no únicamente de índole formal o adjetiva, por más relevantes o graves que sean y su trascendencia en el resultado de la resolución; y 2. Tratándose de derechos sustantivos, su afectación necesita producir una afectación material, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual su ejercicio, incluso, antes del dictado de la resolución definitiva. Tales argumentos fueron expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), con registro 2066589, emitida por dicho Pleno, publicada el seis de junio de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Así, el auto de veintitrés de agosto del año en curso, en el que la autoridad responsable declaró la deserción de la prueba confesional a cargo de la parte demanda, por falta de elementos para su desahogo, al no haber comparecido su oferente -aquí quejosa-, no reviste la categoría de que sus efectos sean de imposible reparación. En esa tesitura, es válido concluir que dicho acto no afecta de manera material y actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sólo tiene repercusiones intra procesales, constreñidas únicamente a violaciones procesales respecto a la deserción de la prueba confesional ofrecida de su parte a cargo de la demandada ********************. En consecuencia, el juicio de amparo es improcedente, ya que las pretensiones del aquí quejoso pueden quedar satisfechas si obtiene una sentencia favorable en el juicio de origen -el cual a decir de la parte quejosa se encuentra en periodo probatorio- , y en caso de que tal determinación fuera adversa a sus intereses, dicha violación procesal podría ser planteada posteriormente, a fin de que sea analizada su trascendencia. Así, como se advierte de lo narrado, dicha determinación no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales adjetivos; de ahí que en su contra como no procede el juicio de amparo indirecto. Tiene aplicación al caso, la tesis VI2°.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, correspondiente a la Novena Época con Registro digital: 184249:que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Por tanto, como se adelantó, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de que se trata por los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que ya se señalaron. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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