Juan Andres Ku Mendoza
Expediente 774/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 774/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Juan Andres Ku Mendoza
Actuaciones
- Principal
I-Cumplimiento de prevención Agréguese el escrito de cuenta, firmado por Juan Andrés Ku Mendoza mediante el cual, cumple con oportunidad la prevención contenida en la determinación de dieciocho de agosto del año en curso y refiere solicitar el presente amparo por propio derecho y en representación de su hija S. Y. K. G [de diez años de edad]. Admisión Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata. Intervención del agente del Ministerio Público de la adscripción y acceso al expediente electrónico Con fundamento en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y córrase traslado con copia simple de la demanda de amparo. Ahora, en atención a lo solicitado por el agente del ministerio público de la federación adscrito a este juzgado, con el oficio 19/2023, de ocho de agosto de dos mi veintitrés, que se acordó en el cuaderno de varios de la sección de amparo de este órgano jurisdiccional, se autoriza el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, al referido representante social. En ese sentido, toda vez que del módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el fiscal de la Federación adscrito, se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal con el usuario "JUAN.GRAJALES"; con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se ordena la vinculación de la cuenta "JUAN.GRAJALES", al presente juicio de amparo, a efecto de que el representante social de la federación, se encuentre en aptitud de atender la adscripción a este juzgado federal y ser notificado por ese mismo conducto. Por tanto, hágase del conocimiento al oficial judicial "A", personal encargado de la integración del expediente electrónico adscrito a este juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Apertura del cuaderno único del incidente de suspensión Con fundamento en el precepto 128, último párrafo, de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese el incidente de suspensión que solicita la quejosa; en consecuencia, con copia de la demanda de amparo, en términos del artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la apertura del cuaderno único de la medida cautelar. Solicitud de informe justificado Pídase informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendirlo preferentemente por medios electrónicos, a la brevedad posible y máximo dentro del término de quince días, según lo señala el precepto 117 de la ley de la materia. Además, con sustento en el párrafo quinto del artículo 117 de la Ley de la Materia, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, se sirvan remitir copias certificadas legibles y completas de las constancias y actuaciones que se encuentren vinculadas a los mismos, lo que podrán enviar en versión digitalizada (escaneada), desde un correo oficial, al correo electrónico 1jdo27cto@correo.cjf.gob.mx rubricados o firmados con firma electrónica, mediante FIREL, e.firma, por personas funcionarias públicas y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo, sanción económica que también les será aplicada en el caso de que no rindan su informe correspondiente. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 63, fracciones IV y V, 64 y 251, del ordenamiento legal invocado, requiéraseles para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa por la cantidad $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), que equivale a treinta unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintitrés. Igualmente, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que al momento de rendir su informe justificado, manifiesten si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata, promovió algún medio ordinario de defensa en contra de acto reclamado, o bien, diverso juicio de amparo en el procedimiento de origen, en el entendido, que de no hacerlo se les hará efectivo el apercibimiento citado en el presente auto. En el entendido que, no habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Atendiendo al contenido del artículo 17, tercer párrafo constitucional, el cual privilegia la solución de conflictos frente a formalismos procedimentales; asimismo, al principio de adaptación tecnológica cuyo fin es impulsar el uso de medios electrónicos y servicios digitales para fortalecer la Estrategia de Transformación Digital del Consejo de la Judicatura Federal, contemplando en el artículo 251, inciso g), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se insta a las autoridades responsables al uso de medios electrónicos, servicios digitales y la tramitación electrónica que garantice que se provean los elementos requeridos por el marco jurídico aplicable. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con veinticinco minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual conforme los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se podría celebrar mediante el uso de videoconferencias. Para los efectos de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que de ser su voluntad comparecer al desahogo de la audiencia, deberán comunicarlo a este juzgado con tres días de anticipación a la celebración de la misma, a fin de que se tomen las medidas correspondientes para llevar a cabo su verificativo por videoconferencia a través de los medios tecnológicos correspondientes; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto se llevará a cabo la aludida audiencia sin la presencia de las partes. Tercero interesado De la lectura de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que el quejoso señala como tercera interesada a******************** [madre de la niña involucradas]. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 26, fracción I, inciso b, y 116, de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria adscrita a este Juzgado realizar el emplazamiento de la tercera interesada********************, en el domicilio que aparece señalado en el escrito inicial de demanda; esto es, el ubicado en la ********************[referencia: queda a tres casas del hotel Hill Valley], mediante entrega de copia simple de la demanda de amparo, escrito aclaratorio de la misma; y, del presente proveído, para que se impongan de su contenido y manifieste lo que a su interés convenga, indicándole que con tal carácter puede comparecer a este juicio en defensa de sus derechos si así lo estimare pertinente, así como de estimarlo necesario, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones en el presente asunto. Solicitud de asesor jurídico para la niña involucrada Por otra parte, como se advierte en el presente asunto existen intereses en conflicto de los progenitores en relación con la niña quejosa involucrada; y, de esta última no se advierte que tenga asesor jurídico que la represente en este asunto. Po tanto, gírese atento oficio por la vía correo electrónico al delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en Cancún, Quintana Roo, con copia de la demanda, para el efecto de que se sirva nombrar asesor jurídico, con la finalidad de establecer que la niña quejosa involucrada cuente con un representante especializado en derecho que la represente en el juicio constitucional, a efecto de hacer efectiva su tutela y que se provea un patrocinio judicial adecuado para ella, quien con dicho carácter quedará autorizado desde el momento de su designación, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para intervenir en el presente juicio constitucional en representación de la niña quejosa involucrada, por lo que deberá remitirse copia de la demanda promovida en este asunto. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto que se citan a continuación: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EN ARAS DE HACER EFECTIVA SU TUTELA EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE FUNJA COMO PARTE O LA MATERIA DE DEBATE LO CONSTITUYAN SUS DERECHOS, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR QUE TIENE UNA REPRESENTACIÓN ADECUADA Y, EN CASO DE NO ESTAR GARANTIZADA, ASIGNARLE UN ASESOR JURÍDICO DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. El artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye el concepto de interés superior del niño. Por su parte, los artículos 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, estatuyen el derecho fundamental del menor de ser escuchado y de manifestarse libremente en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o a través de un representante u órgano apropiado y la obligación de los tribunales de atender el interés superior del niño, en todas las resoluciones que emitan. En consonancia con lo anterior, los artículos 38, 39, 48 y 49, inciso B, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen el derecho de los niños a la libertad de expresión, el cual incluye el de ser informados y su libertad de opinión, es decir, que se les tome su parecer en todos los asuntos que les afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen. Ahora bien, de una interpretación conforme de esos numerales que favorezca a los menores la protección más amplia, se concluye que en los juicios de amparo, en que un niño, niña o adolescente funja como parte o la materia de debate lo constituyan sus derechos, el Juez de Distrito está obligado a verificar que tiene una representación adecuada y, en caso de no estar garantizada, asignarle un asesor jurídico del Instituto de la Defensoría Pública, en aras de hacer efectiva su tutela. Esto es así, porque es obligación de los Jueces para concretar la igualdad en el acceso a la justicia, constatar en los juicios de amparo que ante ellos se tramitan, que exista un patrocinio apropiado del menor y, en caso de no estar asegurado, suplirlo con la designación de un abogado especializado que auxiliará al niño a lo largo del proceso; máxime que esta interpretación se ha recogido en el "Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niños, Niñas y Adolescentes", editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es orientador para el juzgador, en el que se retoman tanto los derechos contenidos en tratados vinculantes para los Estados que los han ratificado, como su interpretación en documentos de diferente naturaleza jurídica.". De igual manera, es aplicable al caso, la tesis que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y CONFLICTO DE INTERESES. PRINCIPIO-NORMA QUE DEBE OBSERVARSE AL DESIGNAR AL REPRESENTANTE DE MENORES QUE PARTICIPAN DENTRO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE PUEDA AFECTAR SU ESFERA JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el "interés superior del niño" implica que su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben considerarse como criterios rectores para la elaboración y aplicación de normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Luego, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, se logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de los elementos necesarios para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que es fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia, evitando un conflicto de intereses. Circunstancia que ocurre cuando, por ejemplo, uno de los progenitores de un menor que es parte en un procedimiento penal denuncia el hecho que lo origina, mientras que el otro, solicita la representación del infante siendo este último, familiar del inculpado, evidenciándose que quien pretende ostentar la representación del menor, reviste un doble carácter -progenitor del representado y familiar del acusado-, suponiendo un actuar tendencioso. Así, cuando un menor sea parte dentro de un juicio, es necesario que sea debidamente representado; en ese sentido, de acuerdo con la legislación civil, los progenitores, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores de edad son sus legítimos representantes; empero, si la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, se evidencia un conflicto de intereses, entendido como aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él y la integridad de sus acciones, tiendan a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual puede ser económico o personal; es decir, cuando en vez de cumplir con lo debido, guíen sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Por lo que, el principio de "interés superior del niño", concatenado con el "conflicto de intereses", al tener reconocimiento internacional universal, adquiere la condición de principio-norma a nivel del ordenamiento jurídico interno del país; considerado eje rector en materia de niños y adolescentes ostentando la categoría de un principio general de derecho, lo que le otorga una importancia legal y fáctica, justificando su aplicabilidad y validez en la resolución de controversias. Por tanto, uno de los lineamientos que debe observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica, atento a la protección de su interés superior, es designar a una persona que los represente, siempre que ello no genere un conflicto de intereses, con la finalidad de garantizar una representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de los derechos del menor en la litis planteada.". En tal virtud, proceda la actuaria adscrita a remitir el oficio con transcripción de este acuerdo y los anexos indicados al correo institucional ifdpqr@correo.cjf.gob.mx glose la constancia de envío y solicite el acuse de recibo. Pruebas En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que exhibió la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y en el ocurso de cuenta, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional del juicio. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, vía electrónica al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado; y, por oficio a las autoridades correspondientes, así como por correo electrónico al delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en Cancún, Quintana Roo.
- Incidental
SINTESIS DEL ACUERDO- Con una copia de la demanda, como está ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo 774/2023-I-A, de donde deriva este incidente de suspensión, promovido por Juan Andrés Ku Mendoza por propio derecho y en representación de su hija S.Y.K.G [de diez años de edad], contra los actos que reclama a la administradora en función de juez de Instrucción adscrita al Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 125, 128, último párrafo, 130, 131, 136, párrafo primero, y 138 de la Ley de Amparo, y en términos del artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo1 , se forma y tramita por cuerda separada el cuaderno único de la medida cautelar. Con apoyo en el diverso numeral 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendir preferentemente por medios electrónicos y dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes a la notificación de este acuerdo; de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 [diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional], que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 [ciento tres pesos 74/100 moneda nacional], valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización [UMA] correspondiente al año dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo, sanción económica que también le será aplicada en el caso de que no rindan sus informes correspondientes. Audiencia incidental Con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 138 fracción II, de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia incidental se fijan las nueve horas con treinta minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés; la cual conforme los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se podría celebrar mediante el uso de videoconferencias. Sobre las bases anteriores, este órgano jurisdiccional estima que, al realizar la ponderación entre la apariencia del buen derecho y la posible afectación al interés social y al orden público, en términos del artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, es procedente conceder la suspensión provisional.
- Principal
I-Notifíquese personalmente al promovente.
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