Juan Andrés Durán Verduzco
Expediente 835/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 835/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Andrés Durán Verduzco
- Teresa Barrera Sainz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, ténganse por recibidos los oficios del Magistrado de la Sala Segunda Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por medio de los cuales acusa recibo del oficio 2111, de treinta y uno de enero del año en curso, por medio del cual le fue devuelto un tomo de pruebas que adjuntó como soporte a su informe justificado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 835/2021, promovido por Juan Andrés Durán Verduzco, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Juan Andrés Durán Verduzco, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. El quejoso invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 20, 21, 107, fracción XII y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 1.1, 5, 7.1, 7.2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por razón de turno, correspondió al Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, conocer de la demanda de amparo en cuestión; sin embargo, mediante auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, ordenó remitir la demanda a este Juzgado de Distrito quien conoció del diverso juicio de amparo 365/2018, al considerar que los actos reclamados derivan del mismo expediente de origen, esto es, del proceso penal 82/2016 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal con sede en Zurumbeneo, Michoacán. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. En auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional aceptó el returno planteado, por lo que registró dicha demanda bajo el número de expediente 835/2021 y la admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; y se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. En el propio auto, se solicitó al Delegado del Instituto Estatal de la Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad de Morelia, nombrara un defensor público que asistiera al quejoso Juan Andrés Durán Verduzco; nombramiento que recayó en el licenciado Reyes Mejía Jiménez, quien mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintiuno, aceptó y protestó el cargo conferido. Posteriormente, en proveído de once de octubre de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de terceras interesadas a las personas de iniciales T.B.S.; J.L.G.M. y J.L.A.R., víctimas directas dentro de la causa penal de origen, así como al Agente del Ministerio Público adscrito a la sala responsable. Hecho lo anterior, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además al análisis integral de la demanda, el acto reclamado consiste en lo siguiente: La resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca de apelación 15/2021, mediante la cual confirmó el auto que declaró improcedente el incidente no especificado de nulidad de actuaciones dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro de la causa penal 82/2016, que se instruye contra el quejoso, por los delitos de secuestro y tentativa de extorsión. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. El Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en testimonio autorizado de las constancias del toca de apelación 15/2021 [un tomo de prueba], así como los expedientes duplicados de la causa penal causa penal 82/2016 [tres tomos de prueba]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, este juzgador examina la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. Al efecto, este juzgador advierte -de oficio- que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" En el artículo 61 de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, son aquéllos actos que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y que tal afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el quejoso obtenga sentencia favorable a sus intereses. Luego, como quedó precisado con antelación, el quejoso reclama la resolución que confirmó en apelación la determinación que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido dentro del proceso penal 82/2016, que se le instruye por el delito de secuestro y tentativa de extorsión. En dicha incidencia, el quejoso argumentó que fue torturado por los agentes captores; por ello, solicitó la anulación de sus declaraciones ministeriales, de todo lo actuado en el proceso, así como del auto de formal prisión dictado en su contra y, la reposición del procedimiento conforme al artículo 477 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán. Sobre el tema en estudio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 237/2019, se pronunció acerca de los actos de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto y, de manera medular, sobre la doctrina constitucional elaborada por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación a propósito de la tortura alegada en el contexto de un procedimiento penal. Al respecto, dijo que El artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé dentro de las bases generales para el juicio de amparo -en la parte que interesa para la resolución de este asunto- hipótesis de procedencia, entre otros, contra actos de Tribunales judiciales, y en el inciso b) de esa porción normativa establece que cuando se trate de actos en juicio, procederá el juicio de amparo cuando su ejecución sea de imposible reparación. Señaló que, por su parte, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, al desarrollar las referidas bases generales, prevé que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y que se entenderán por éstos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Luego adujo que, en relación con la referida porción normativa de la Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que para calificarse tales actos como irreparables, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio del derecho sustantivo involucrado, por lo que con su dictado no sólo produzcan lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente lleguen a trascender al resultado del fallo. Por lo que se sostuvo que el legislador secundario dispuso dos condiciones para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el juicio: Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Destacó también, que el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado esas consideraciones en las resoluciones de las contradicciones de tesis: 14/2015, 152/2017 y 370/2017. Asimismo, hizo referencia a lo que ha resuelto el Alto Tribunal en relación con la violación al derecho a la integridad personal, el cual lleva inmersa la prohibición a ser torturado, en el contexto de la investigación de un delito. Al efecto, señaló que esa Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido de manera medular que por la trascendencia de violación al derecho humano a la integridad personal por la comisión de actos de tortura contra las personas que están bajo custodia de las autoridades del Estado, la existencia de la afectación genera serias consecuencias; lo cual obliga a que la tortura sea investigada desde dos vertientes, como delito en estricto sentido y como violación a los derechos humanos de la persona sujeta a algún procedimiento penal, a partir de pruebas que presuntamente se obtuvieron con motivo de actos de tortura a los que fue sometido el inculpado. En el caso, consideró de relevancia la vertiente como violación de derechos humanos, así como lo que se ha determinado para el caso de existir datos o elementos autoincriminatorios, la exclusión de esos medios de prueba en el caso de probarse que fueron obtenidos a partir de actos de tortura, y la posible afectación a las reglas del procedimiento penal. Sostuvo que ante la denuncia o la advertencia de indicios coincidentes con actos de tortura a una persona que está sometida a un procedimiento penal por la imputación formulada en su contra de haber cometido o participado en la comisión de un delito, obligan a la autoridad judicial que conoce del proceso penal, luego de dar vista al Ministerio Público para que se investigue el hecho bajo la vertiente de delito, a realizar un análisis oficioso de los elementos materiales con los que se cuentan hasta la etapa procesal en que se actúa, con el objetivo de determinar si cuenta o no con elementos que le permitan concluir que existió la tortura. Destacó que en el supuesto de que esté en posibilidad de afirmarse la existencia de la tortura, ello hace innecesario abrir una investigación adicional en el propio proceso penal, por lo que al decidir la situación jurídica del procesado se tendrá que analizar si dicha violación a derechos humanos tuvo un impacto en la generación, introducción o desahogo de pruebas incorporadas a la causa penal, porque de ser así se tendrá que aplicar las directrices de exclusión probatoria de la prueba ilícita. De lo contrario, ante la insuficiencia de indicios que le permitan a la autoridad judicial determinar si aconteció o no la comisión de actos de tortura contra el procesado, entonces deberá realizarse la investigación en el propio proceso penal de manera que permita obtener una respuesta a esa interrogante, y la omisión de las autoridades judiciales de investigar una denuncia de tortura hecha de su conocimiento en el proceso constituye una violación procesal. Puntualizó en relación con esto último, que esa Primera Sala ha sostenido que el derecho a un debido proceso contiene un núcleo duro que debe observarse de manera inexcusable en todo el procedimiento jurisdiccional, y que se garantiza a través del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la garantía de audiencia. Lo cual, permite que los gobernados ejerzan el derecho a contar con una defensa adecuada previo a que mediante un acto de autoridad se modifique su esfera jurídica en forma definitiva, que puede implicar la privación de la libertad, propiedad, posesiones o derechos. Por tanto, se precisó que las formalidades esenciales del procedimiento constituyen el mínimo de garantías que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado. Entonces, el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento es una obligación impuesta a las autoridades que se traducen en: 1) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en las que se finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar; y, 4) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y la existencia de un medio de impugnación. De ahí -señaló la Sala- que cuando se violan las formalidades esenciales del procedimiento, ello se traduce en un impedimento para el gobernado en el ejercicio pleno de su derecho fundamental de defensa previo al correspondiente acto privativo, que lo ubicó en un estado de indefensión. Así, adujo la Primera Sala, que la reparación ante una violación a las formalidades esenciales del procedimiento en materia penal procedía reclamarla en el juicio de amparo directo. Ello, en términos del contenido de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en tanto que en el artículo 173 del ordenamiento legal de referencia se establece un catálogo que informa diversos supuestos en los que, en los juicios del orden penal, se consideran violadas las leyes del procedimiento por trascender en la defensa de los quejosos. En ese orden de ideas, se sostuvo que si la prohibición de la tortura y otro tipo de tratos crueles, inhumanos, o bien, degradantes, tutela el derecho fundamental a la integridad personal (física, psíquica y/o moral); y se acredita la afectación de ese derecho con relación a un proceso penal, claramente se actualiza la violación a las leyes del procedimiento que se establece en la fracción VIII del artículo 173 de la Ley de Amparo (que corresponde a la fracción XI del apartado A del artículo 173 de la Ley de Amparo, en su texto vigente por virtud de la reforma de diecisiete de junio de dos mil dieciséis). Sin embargo, -continuó exponiendo- se precisó que al actualizarse la violación referida, a partir del supuesto de tener por demostrada la tortura, ello hace innecesario la reposición del procedimiento penal, al quedar excluida la presunción de la comisión de dicha violación que activa la obligación de investigación, en virtud de la comprobación de la vulneración al derecho humano de la integridad personal por actos de tortura. Y por tanto, en el supuesto referido, la autoridad judicial está en condiciones de realizar un escrutinio estricto de valoración probatoria, para determinar la aplicación de las reglas de exclusión de aquellas que tengan el carácter de ilícitas por la relación que tienen con los actos de tortura. Puntualizó también, que un supuesto diferente se presenta cuando la autoridad judicial omite investigar una denuncia de tortura realizada en el correspondiente proceso penal; pues en este caso, no está demostrada la existencia de la violación al derecho fundamental a la integridad personal y, por tanto, no rige directamente la hipótesis aludida. Que en relación con la omisión de realizar la investigación respectiva, constituye una violación a las formalidades esenciales del procedimiento que deja sin defensa a quien tiene el carácter de probable víctima de tortura. Lo anterior, porque precisamente es la investigación la que en su caso permitiría, en un primer momento, corroborar si la violación a derechos humanos por actos de tortura efectivamente aconteció; en segundo lugar, porque de afirmarse la existencia de la violación a la integridad personal del inculpado, derivado de la tortura infligida, entonces correspondería determinar si dicha conducta violatoria de derechos humanos tuvo alguna incidencia en la etapa procedimental en que esto se demuestre; de manera que la situación jurídica del inculpado esté determinada a partir del valor demostrativo que la autoridad haya otorgado a elementos de prueba que tuvieran como origen los actos de tortura, respecto de los cuales deberían ser aplicables las reglas de exclusión probatoria. Entonces, -dijo la Sala- se actualizará la violación al debido proceso, derivada de la omisión de investigar la existencia de tortura, con motivo de una denuncia o la existencia de indicios concordantes para suponer bajo un parámetro de probabilidad razonable de que la violación a derechos humanos aconteció, lo que da lugar a que la vía de reparación óptima no sea otra que ordenar la reposición del procedimiento hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, tratándose del sistema procesal tradicional, a fin de que se lleve a cabo la investigación respectiva. Ello, porque únicamente será posible determinar el impacto de la tortura en el proceso penal, una vez que ésta se haya acreditado, como resultado de una investigación exhaustiva y diligente. Pero que no existe razón alguna para que se afecte todo lo desahogado en el proceso, pues en caso de que la denuncia de tortura no se compruebe, las correspondientes actuaciones y diligencias subsistirán íntegramente en sus términos; y para el supuesto de que se justifique la existencia de la violación denunciada, los efectos de su acreditación únicamente trascenderán con relación al correspondiente material probatorio, que podrá ser objeto de exclusión al momento de dictar la sentencia. Expuso a continuación, que esa Primera Sala ha sostenido que, si se parte de la base que se analiza del derecho fundamental a no ser objeto de tortura, desde su perspectiva de violación a derechos humanos con trascendencia al proceso penal, entonces la existencia de una confesión o alguna otra declaración o información autoincriminatoria que se alega fue obtenida con base en la tortura, en caso de que la denuncia correspondiente resulte verosímil y justificada, esa circunstancia debe llevar necesariamente a la exclusión de la prueba. Y, en ese contexto para el caso de que se denuncie la tortura, pero no se corrobore la existencia de la confesión de los hechos, ni de ninguna otra declaración o información autoincriminatoria, resultará que no habrá prueba sobre la que pudiera impactar la correspondiente violación de derechos humanos, aun en el extremo de que llegara a justificarse. Así, el hecho de que con motivo de la correspondiente denuncia de tortura, se ordenara la reposición del procedimiento a efecto de realizar la investigación, aunque se justificara perfectamente la violación de derechos humanos, no habría consecuencias procesales, por no haber confesión, declaración o información que excluir. Incluso, reponer el procedimiento únicamente generaría un perjuicio al derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia, que se consagra como punto cardinal de todo el sistema judicial, en el artículo 17 de la Constitución Federal. Por lo anteriormente expuesto, adujo la Primera Sala que si el acto reclamado consistente en la resolución del medio de impugnación ordinario hecho valer por el quejoso, por el cual se confirma la diversa resolución (en concepto amplio) al incidente que promovió durante la instrucción del proceso penal bajo el sistema procesal penal mixto, con el que pretende que previo al dictado de la sentencia se haga la declaratoria de nulidad y se excluyan las pruebas que se aducen obtenidas a través de tortura, no tiene la connotación de un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Esto, porque la decisión del medio ordinario de defensa en el sentido de confirmar el auto o resolución que recayó al citado incidente promovido en la instrucción del proceso penal, no causa afectación material a algún derecho sustantivo, pues no impide el ejercicio de algún derecho fundamental en forma actual o presente, sino que tal lesión dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del proceso penal. Por tanto, sostuvo que la promoción de un incidente en esos términos -cuya resolución, en sentido amplio, se confirma a través del acto reclamado- tiene como finalidad determinar si existieron actos de tortura, si bajo esas condiciones se recabaron medios de prueba que perjudican a la persona imputada y, en consecuencia si deberán ser excluidos de valoración al momento de dictarse la sentencia del proceso penal, por haberse obtenido con violación del derecho humano involucrado; ello sin prejuzgar sobre la procedencia o no de la vía incidental o si es factible que previo al dictado de sentencia se haga la declaratoria de nulidad y exclusión de pruebas. Entonces, -determinó la Sala- que el acto reclamado que confirme la determinación del Juez del proceso penal referente al citado incidente promovido por el propio quejoso durante el periodo de instrucción, no impide el libre ejercicio de algún derecho sustantivo en forma presente, ya que en todo caso podría afectar derechos fundamentales de índole procesal; de ahí que no será actual o presente la lesión a derechos que produzca la resolución que confirma la decisión respecto del citado incidente, porque lo resuelto en sentido desfavorable estará sujeto a que llegue a trascender al resultado de la sentencia del proceso penal. Lo anterior es así, -precisó la Sala- porque puede presentarse el caso de que el Juez, al valorar las pruebas cuando dicte la sentencia en el proceso penal, determine excluir los elementos de prueba que el quejoso pretendía fueran nulos y, por tanto, que no se tomarán en cuenta por virtud de la promoción del incidente no especificado. O bien, que excluya de valoración aquellos elementos de prueba por diversa razón, esto es, por vulneración a otros derechos, distintos al derecho a no ser torturado. De donde se tiene, -concluyó la Primera Sala del Máximo Tribuna- que la resolución que confirma en perjuicio del imputado lo decidido en ese incidente promovido por él mismo, no se trata de actos cuyos efectos sean irreparables porque no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, pero si en esa sentencia, el juzgador llegase a considerar en perjuicio del implicado, ciertas pruebas respecto de las que promovió el mencionado incidente, hasta ese momento tal situación habrá trascendido. Esto es, dependerá de la sentencia que se dicte en el proceso penal si la lesión a los derechos del quejoso tuvo consecuencias. Sin que lo anterior -destacó- genere indefensión, pues será entonces que el implicado podrá promover juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva, para que se dilucide si se encuentra demostrada la tortura alegada y, de ser así se determine si impactó en la generación, introducción o desahogo de pruebas incorporadas a la causa penal con vulneración al derecho de no autoincriminación, para luego, a partir de ello, determinar si hubo vulneración a las reglas del procedimiento con consecuencias en las defensas del quejoso, como lo prevén los artículos 170, fracción I y 173, apartado A, fracción XI, de la Ley de Amparo. Lo cual -sostuvo la Sala- corrobora que el acto reclamado que confirma la resolución del incidente de nulidad y exclusión de pruebas por aducir el promovente quejoso que fueron obtenidas bajo tortura, no tiene efectos de imposible reparación que haga procedente la acción de amparo en su contra, porque en dado caso sólo podría generar lesión a derechos fundamentales de índole procesal. Por ello, concluyó la Sala, lo expuesto evidencia que en esos términos una violación a los derechos del quejoso será reparable debido a que tales derechos son adjetivos o procesales; lo que hace patente que el acto analizado en la invocada contradicción de tesis no afecta materialmente derechos fundamentales sustantivos del justiciable, que permitan considerar que sus efectos sean de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Por ello jurídicamente no es factible impugnarlos en amparo indirecto. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 13/2020, publicada el catorce de agosto de dos mil veinte, visible a fojas 2434, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, Materia Común, Penal, registro digital 2021983, del epígrafe y texto: "INCIDENTE DE EXCLUSIÓN DE PRUEBAS ILÍCITAS OBTENIDAS BAJO TORTURA, PROMOVIDO EN UN PROCESO PENAL MIXTO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SU IMPUGNACIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Dos Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron de manera disímbola sobre si para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, aquella resolución constituye un acto en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, porque afecte materialmente derechos sustantivos. Al respecto, se determina que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Lo anterior, porque en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto contra actos dentro de juicio sólo procede cuando aquéllos sean susceptibles de producir una ejecución de imposible reparación, esto es, cuando afecten materialmente derechos sustantivos, categoría bajo la cual no se ubica la determinación del aludido medio de impugnación, cuyos alcances son los de impactar en derechos de índole procesal por incidir únicamente en la configuración probatoria del proceso que habrá de valorar el juzgador al dictar sentencia; lo anterior adquiere dimensión si se considera que los efectos de esa resolución no son materializables inmediatamente, ya que dependerá de que lo ahí resuelto llegue a trascender al sentido de la sentencia del proceso penal. Así, podría darse el caso de que el juez de la causa al valorar las pruebas con miras a emitir un fallo, excluyera por iniciativa propia los mismos elementos de prueba controvertidos por el quejoso mediante el incidente no especificado, o bien que los rechazara de valoración por considerarlos producto de vulneración a otros derechos, distintos a no ser torturado. Por el contrario, si en esa sentencia el juzgador llegase a considerar en contra del imputado pruebas materia del mencionado incidente, hasta ese momento tal situación habrá trascendido; ocasión en que el imputado podrá instar juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva, una vez agotado el recurso que proceda, para determinar si existió tortura, así como dilucidar si ello afectó su defensa durante el proceso trascendiendo al resultado de la sentencia penal, como prevén los artículos 170, fracción I y 173, apartado A, fracción XI, de la Ley de Amparo. Lo que corrobora que aquel acto reclamado en amparo indirecto podría generar afectación únicamente a derechos de índole procedimental." Aterrizadas las consideraciones expuestas al asunto que nos ocupa, resulta evidente que si el peticionario del amparo reclama la resolución que confirmó la determinación del juez de primer grado, mediante la cual declaró improcedente el incidente no especificado sobre nulidad de actuaciones promovido por el propio quejoso, como lo determinó la Primera Sala del Alto Tribunal en la contradicción de tesis 237/2019 invocada, dicha resolución no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Ello, porque como quedó establecido en la referida ejecutoria, los alcances de esa determinación son los de impactar en derechos de índole procesal por incidir únicamente en la configuración probatoria del proceso que habrá de valorar el juzgador al dictar sentencia; es decir, los efectos de esa resolución no son materializables inmediatamente, sino que dependerá de que lo ahí resuelto llegue a trascender al sentido de la sentencia del proceso penal. Así las cosas, al no ser el acto reclamado de aquéllos considerados de imposible reparación, se actualiza la causal de improcedencia materia de estudio, en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, por lo que procede sobreseer en el juicio. Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Andrés Durán Verduzco, por su propio derecho, contra el acto reclamado al Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en términos de lo expuesto en la consideración cuarta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy cinco de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de cinco de enero del año en curso, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
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