Juan Andrés Díaz Gallardo
Expediente 576/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 20/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Juan Andrés Díaz Gallardo
- Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Se declara que dicha sentencia que sobresee ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
VISTOS, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo expediente número 576/2016, promovido por Juan Andrés Díaz Gallardo, César Guillermo Díaz Gallardo, Isaac Esteban Rocha Tejeda, Luis Tinoco Bonilla, Enrique Bustamante Calderón, Víctor Hugo Santos Ramírez, Juan Calderón Valenzuela, Bernardo de la Rosa Gallegos, Tania Melisa Quezada Rodríguez, Jacobo Giacoman Limón, Narciso González Rosas, Arturo Fernández González, Alberto Bustamante Cortez, Alberto Choy Pineda, Alan Edgardo Aispuro Meza, Carlos Augusto Aispuro Meza, Alan Edgardo Aispuro Barrantes, Ever Bautista Muñoz, Marco Antonio Segovia Mijares, Julio César Antuna de la Cruz y Rocío Fernández Ramos, contra actos de la Fiscal General de Justicia del Estado y otras autoridades, que consideraron violatorios, en su perjuicio, de los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, el uno de junio del año en curso, y recibido ante este Juzgado el dos de este mismo mes y año, Juan Andrés Díaz Gallardo, César Guillermo Díaz Gallardo, Isaac Esteban Rocha Tejeda, Luis Tinoco Bonilla, Enrique Bustamante Calderón, Víctor Hugo Santos Ramírez, Juan Calderón Valenzuela, Bernardo de la Rosa Gallegos, Tania Melisa Quezada Rodríguez, Jacobo Giacoman Limón, Narciso González Rosas, Néstor Quiñones de la Hoya, Arturo Fernández González, Alberto Bustamante Cortez, Alberto Choy Pineda, Alan Edgardo Aispuro Meza, Carlos Augusto Aispuro Meza, Alan Edgardo Aispuro Barrantes, Ever Bautista Muñoz, Marco Antonio Segovia Mijares, Julio César Antuna de la Cruz y Rocío Fernández Ramos acudieron a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo son: C. Fiscal General del Estado de Durango; C. Director Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Durango; C. Coordinador General de Agentes del Investigadores del Ministerio Público Foráneos, de la Fiscalía General del Estado; C. Coordinador General de Agentes Investigadores del Ministerio Público dela Fiscalía General del Estado, C. Secretario de Seguridad Pública en el Estado; C. Director Municipal de Seguridad Pública. C. Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Durango; C. Jefe Regional de la Policía Federal Ministerial con Residencia en el Estado de Durango; C. Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de la República, Delegación Durango. Las primeras cuatro Autoridades, con domicilio muy conocido ubicado en Carretera a Torreón, km. 7.5, Edificio de la Fiscalía General del Estado de Durango, la quinta, con domicilio también conocido ubicado en Carretera a México km. 7.5, Edificio de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado (Policía Estatal), la sexta de ellas, con domicilio ampliamente conocido en Carretera a México, km. 2.5, y las últimas tres, con domicilio conocido el ubicado en Carretera a Parral, K. 9.6, todos los domicilios ampliamente conocidos en esta Ciudad de Durango, Dgo. IV. ACTOS RECLAMADOS: Reclámanos la orden verbal o escrita que hayan dado a las autoridades responsables para que detengan a cualquiera de los suscritos sin orden judicial, proveniente de autoridad competente, así como la ejecución material por sí, o a través de sus subordinados de la orden de detención de los suscritos en perjuicio de nuestra libertad personal. SEGUNDO.- Por acuerdo del dos de junio de dos mil dieciséis, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, admitió la demanda de amparo, pidió a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe justificado, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde y citó a las partes a la audiencia constitucional, iniciada al tenor del acta respectiva, por lo que es procedente ahora dictar la resolución que en derecho corresponda; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer del presente juicio de garantías, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y limites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclama una orden privativa de libertad que debe ejecutarse dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este Tribunal. SEGUNDO.- Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;." y "Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer;"; es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías, así como de las constancias que integran el presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación del acto reclamado, la tesis número P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo ese panorama, debe precisarse que del estudio integral de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades señaladas como responsables la orden de detención girada en su contra, así como su ejecución. TERCERO.- Al rendir sus informes con justificación, las autoridades responsables negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas; razón por la cual se sobresee en el juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo.". Máxime que ante la negativa de las autoridades responsables, a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia de los actos reclamados y no satisfizo tal extremo con prueba alguna. Tiene aplicación la tesis VI.2º.A.4K, visible en la página 903, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CUARTO.- Finalmente, en tanto que las partes contendientes en el presente juicio constitucional, no se opusieron a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido legalmente notificadas del proveído en el que se les hizo de su conocimiento tal circunstancia; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y como consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental en relación con los diversos numerales 6, 7, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley en comento, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; se suprimirán los datos sensibles que pueda contener tal fallo, sin que tal supresión impida conocer el criterio de este tribunal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan Andrés Díaz Gallardo, César Guillermo Díaz Gallardo, Isaac Esteban Rocha Tejeda, Luis Tinoco Bonilla, Enrique Bustamante Calderón, Víctor Hugo Santos Ramírez, Juan Calderón Valenzuela, Bernardo de la Rosa Gallegos, Tania Melisa Quezada Rodríguez, Jacobo Giacoman Limón, Narciso González Rosas, Arturo Fernández González, Alberto Bustamante Cortez, Alberto Choy Pineda, Alan Edgardo Aispuro Meza, Carlos Augusto Aispuro Meza, Alan Edgardo Aispuro Barrantes, Ever Bautista Muñoz, Marco Antonio Segovia Mijares, Julio César Antuna de la Cruz y Rocío Fernández Ramos, contra las autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia, por los motivos y fundamentos legales expuestos en la parte considerativa tercera del propio fallo. SEGUNDO.- Cúmplase lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Ruperto Triana Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Durango, ante la licenciada María Cristina Ruiz Camarena, Secretaria de Juzgado, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Del análisis de los autos del presente juicio de amparo, así como de la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le dio en proveído de seis de junio del año en curso, en relación con la inexistencia de la autoridad señalada como responsable Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de la República, Delegación, Durango, toda vez que el mismo le fue notificado el diez de este mismo mes y año, notificación que surtió efectos el trece; por tanto, el término concedido transcurrió del catorce al dieciséis de junio del año que transcurre; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho acuerdo, y continúese el presente asunto únicamente por las autoridades señaladas como responsables en el escrito de demanda.
- Incidental
En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia incidental señalada para las NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Sirve de apoyo a lo anterior, por su espíritu que la motiva la tesis de jurisprudencia 111/2008, deducida de la Contradicción de Tesis 112/2008-PS, entre las sustentadas por el Segundo y Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, del ocho de octubre de dos mil ocho.
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