Juan Alvarez Montane
Expediente 351/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Alvarez Montane
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 351/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data diez de mayo de dos mil veintitrés (fojas 17 a 20), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data diez de mayo de dos mil veintitrés (fojas 17 a 20), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte tercera interesada la sentencia engrosada el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice. RESULTANDO....PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, turnado en esa misma fecha a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, Juan Álvarez Montane promovió juicio de amparo en contra de actos de la 1. Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, Veracruz, por actos que se precisarán más adelante (fojas 2 a 4). SEGUNDO. Mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se ordenó admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 8 a 11). TERCERO. Mediante auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó emplazar a Mayra Estela Gutiérrez Viveros, en su calidad de tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo (foja 78). Dado que de las constancias remitidas por la 1. Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, Veracruz, como justificación del acto reclamado se apreció la participación de autoridad distinta a la designada en la demanda de amparo, mediante proveído de doce de junio de dos mil veintitrés, se requirió a la quejosa para que manifestara dentro del plazo de quince días siguientes a que surtiera efectos la notificación de dicho auto, si era su deseo señalar también como autoridad responsable a la actuaria adscrita a la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz, Yelitza Navarrete Trejo (foja 83). Dado que la parte quejosa no desahogó la prevención que se le hizo, mediante proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, se ordenó continuar el juicio únicamente en relación con la autoridad responsable señalada en el escrito inicial de demanda (foja 88). CUARTO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 17) así como la constancia de notificación al Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado (foja 16) y de la parte tercero interesada (fojas 81) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c) constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por la vía, pues se reclama un acto de autoridad jurisdiccional de naturaleza laboral, que según la quejosa afecta sus derechos laborales y el acceso a una justicia efectiva, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, en tanto que el acto reclamado no tiene ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es el siguiente: La ilegal diligencia de requerimiento de pago y embargo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 1537/X/2019, del índice de la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en Boca del Río, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no la existencia de los actos que se reclaman. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto atribuido a la 1. Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en Boca del Río, Veracruz. Lo que se considera así, dado que la 1. Presidenta de la junta responsable al rendir su informe justificado en representación de aquella (foja 17) reconoció que dentro de los autos del citado expediente laboral, obra la diligencia de emplazamiento de dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Aunado a lo anterior, al examinar las copias certificadas deducidas del expediente laboral 1537/X/2019 de la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en Boca del Río, Veracruz, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, ya que se trata de documentos que fueron expedidos por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Definida la certeza de los actos reclamados, a continuación es menester examinar si resulta procedente la acción de amparo, dado que en caso de no ser así, las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, En esas condiciones, quien esto resuelve advierte, oficiosamente, la actualización de la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 217 de ese mismo ordenamiento y la jurisprudencia 3a./J.33/90 emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la parte quejosa fue omisa en señalar una de las autoridades responsables de uno los actos que reclama, lo que tiene efectos en la procedencia total del juicio. MARCO NORMATIVO. Los numerales, fracciones y tesis señalados con anterioridad, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales". A su vez, la mencionada tesis jurisprudencial es del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." El primer precepto legal invocado, contiene una ventana procesal que permite al juzgador de amparo apreciar y, en su caso, tener por actualizada alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal, o de la Ley de la materia. El segundo de los numerales transcritos establece que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria, entre otras autoridades jurisdiccionales, para los Jueces de Distrito. Finalmente, la jurisprudencia 3a./J.33/90 invocada dispone esencialmente, que cuando en un juicio de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída, siendo que a ésta le corresponde defender la constitucionalidad de los mismos. En ese tenor, de la interpretación armónica de los preceptos legales y jurisprudencia reproducidos, puede sostenerse jurídicamente que el juicio de amparo resultará improcedente si la parte promovente del amparo no designa como autoridad responsable quien emite el o uno de los actos que afectan el interés jurídico del quejoso, no obstante que en el curso del proceso constitucional se le diera la oportunidad de hacerlo, incluso previniéndolo en ese sentido, ya que al no hacerlo esto tendría como consecuencia la imposibilidad jurídica de examinar el acto tildado de inconstitucional. SUBSUNCIÓN Como ya se indicó, el acto que el promovente Juan Álvarez Montane reclamó, en esencia, es la diligencia de requerimiento de pago y embargo, efectuada el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, a los autos de la sección de ejecución del juicio ordinario laboral 1537/X/2019 del índice de la 1. Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz, lo anterior al señalar que la misma se realizó sin respetar las formalidades de ley, violando en perjuicio del quejoso los artículos 14 y 16 Constitucionales.. Ahora, en la correspondiente demanda de amparo se señaló únicamente como autoridad responsable a la citada 1. Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz, pero de las constancias relativas del juicio laboral de origen se advierte que el funcionario que la llevó a cabo fue la actuaria adscrita a la citada junta, licenciada Yelitza Navarrete Trejo (foja 73). Debido a lo anterior, en proveído de doce de junio de dos mil veintitrés, se requirió al quejoso para que manifestara si deseaba señalar a dicha funcionaria como autoridad responsable. Sin embargo, a pesar de que la parte quejosa fue requerida en los términos antes señalados para ello por este propio juzgado de Distrito, el peticionario de amparo no señaló como autoridad responsable a la referida actuaria adscrita a la 1. Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz, licenciada Yelitza Navarrete Trejo, por lo que se ordenó continuar el procedimiento con la autoridad designada originalmente (foja 88). Guarda relación con lo antes señalado la jurisprudencia P./J. 5/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR. De los artículos 4o., 11 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, se infiere que, como regla general, para determinar qué autoridades han de ser llamadas como responsables cuando alguien demanda el amparo como persona extraña a un juicio, deben precisarse los actos autoritarios que afectan los intereses jurídicos del quejoso; y si bien no puede establecerse, a priori, con precisión, quiénes son autoridades responsables en esta clase de amparos, sí es posible, dentro de la amplia serie de situaciones susceptibles de presentarse, llegar a señalar a título ejemplificativo y como aplicación de la regla general, algunas de las hipótesis más características. Así, cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; en esas condiciones, si todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución (si hasta ahí se llegó), serán autoridades responsables el Juez y, en sus respectivos casos, el actuario, el tribunal de segunda instancia y los ejecutores. En otro supuesto, si los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el Juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado y el Juez la autoridad responsable. En otra aplicación de la regla general, si ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del quejoso extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados, y serán responsables el ordenador y el ejecutor. Finalmente, si los derechos del extraño no son tocados por el procedimiento ni por la sentencia, ni por el mandamiento de ejecución, sino sólo por la ejecución, ésta constituye el acto reclamado y el actuario o ejecutor será la autoridad responsable. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que al momento de promover la demanda no se tenga conocimiento de todas las autoridades sino sólo de alguna de ellas, ya que el quejoso tendrá la oportunidad de realizar el señalamiento de las restantes en la ampliación de demanda, que procederá una vez que se conozca el informe justificado y, para tal efecto, si el quejoso omitiera señalar alguna o algunas de las autoridades que participaron en el procedimiento, concurriendo a la afectación de su derecho, debe atenderse a la jurisprudencia número 30/96 de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, del mes de junio de mil novecientos noventa y seis, a fojas doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y uno, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.". Lo resaltado es propio de esta sentencia. Lo anterior, pone de manifiesto el impedimento técnico de este órgano de control constitucional para entrar al estudio de fondo del acto reclamado, puesto que la parte quejosa fue omisa en señalar al funcionario que realizó la diligencia impugnada como autoridad responsable en el presente juicio de garantías. En los términos anteriores, si la persona extraña a juicio sufre la afectación con motivo de una actuación u acto específico, cabe concluir que de señalarse como autoridad responsable sólo a la 1. Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz, no podría anularse aquel si en el mismo intervino diversa autoridad a la designada por el impetrante de garantías; por tanto, si se pretende que los efectos de la concesión del amparo (de prosperar éste) abarcaran la mencionada diligencia y sus consecuencias, nulificándolos, era menester señalar a todas y cada una de las autoridades que hubieren participado en el mismo, así como los actos que hubieren producido, bajo pena de que, de no señalarse a todas las responsables ni a los actos que de ellas emanaron, no podría, jurídicamente, examinarse la constitucionalidad de sus actos, ni afectarse la validez de los mismos. Sirve de sustento a lo anterior la tesis 2a. CLXIV/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." En efecto, la improcedencia a que se alude en este apartado se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al amparista en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, obligando a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De ahí que existe una imposibilidad procesal para emitir la sentencia que pretende el quejoso, al no haberse señalado la autoridad a la que corresponde la ejecución del acto que le perjudica en el juicio ordinario laboral 1537/X/2019 de la Junta Especial en cita, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, esto al no haberse integrado debidamente la relación jurídico procesal en el presente juicio de amparo, por condiciones atribuibles al impetrante de garantías. CONCLUSIÓN. En esa medida, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 217 de la Ley de Amparo, en relación con la tesis de jurisprudencia 3a./J.33/90 invocada, al no haberse atendido por la parte quejosa, la prevención realizada a efecto de tener claridad respecto de la totalidad de los actos que le perjudican, y la posibilidad de corregir la posible afectación a sus garantías individuales, por lo que en los términos ya expresados y por los motivos ya expresados, no podría repararse en su totalidad dicha violación a sus garantías, al no ser factible estudiar el acto principal que le afecta. Guarda relación con lo antes señalado el siguiente criterio jurisprudencial, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Álvarez Montane, respecto del acto y autoridad precisado en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expresados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintitrés. De la certificación con que se me da cuenta, se obtiene que la parte quejosa no hizo manifestación alguna dentro del plazo de quince días que se le otorgó por auto de doce de junio de dos mil veintitrés; lo anterior, en el sentido de que manifestara si era su deseo señalar como nueva autoridad responsable a la Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz del Río, Veracruz, licenciada Yelitza Navarrete Trejo, derivado de que fue ésta fedataria quien llevó a cabo la diligencia reclamada de dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Con base en lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el aludido auto de doce de junio de dos mil veintitrés y, el presente juicio se seguirá únicamente en relación con la autoridad responsable señalada en el escrito inicial de demanda. Notifíquese en términos de ley.
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