Juan Alonso Irigoyen Huerta

Expediente 327/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
327/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Juan Alonso Irigoyen Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el dos de marzo de dos mil veintiuno; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; sin que haya necesidad de hacer pronunciamiento alguno en cuanto a su contenido, toda vez que el dos de marzo de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por el encargado del Departamento Jurídico de la Secretaría de la Policía Estatal de Investigación, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta, sin que haya necesidad de hacer pronunciamiento alguno en cuanto a su contenido, toda vez que el dos de marzo de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguense a estos autos los oficios signados el primero, por la Vicesfical de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común, y el segundo, por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, ambos con sede en esta ciudad; de los que se advierte que el quejoso Daniel Ramírez López o Daniel Álvarez Partida, fue puesto a disposición del Juez de Control en turno del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral con sede en esta ciudad, el veintiséis de febrero del presente año, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de armas e instrumentos prohibidos, ataques peligrosos contra servidor público y el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple del narcótico denominado cannabis, previstos y sancionados por los numerales 162 y 163, 388 fracción II en relación con el artículo 185 del Código Penal del Estado de Yucatán, y el artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 179 todos del Código Penal del Estado, y 473 fracciones V, VI y VIII y 479 de la Ley General de Salud, siendo recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado. Ahora bien, es menester destacar que mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, Juan Alonso Irigoyen Huerta, demandó a favor del directo quejoso Daniel Ramírez López o Daniel Álvarez Partida, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades. Siendo que el peticionario de amparo reclamó la detención e incomunicación por parte de las autoridades señaladas como responsables. En ese sentido, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se desprende que no es cierto el acto de incomunicación reclamado. En tanto que, respecto a su detención, las responsables informaron que el quejoso Daniel Ramírez López o Daniel Álvarez Partida, estuvo detenido en el área de seguridad de la Fiscalía General del Estado, bajo resguardo de la Policía Estatal de Investigación, a disposición del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común, en calidad de imputado de los hechos denunciados en la carpeta de investigación radicada con el número D1/523/2021. Posteriormente, fue puesto a disposición del Juez de Control en turno, del Primer Distrito Judicial del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado e al ingresado Centro de Reinserción Social del Estado, con motivo de su probable participación en la comisión de los delitos de portación de armas e instrumentos prohibidos, ataques peligrosos contra servidor público y el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple del narcótico denominado cannabis, previstos y sancionados por los numerales 162 y 163, 388 fracción II en relación con el artículo 185 del Código Penal del Estado de Yucatán, y el artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 179 todos del Código Penal del Estado, y 473 fracciones V, VI y VIII y 479 de la Ley General de Salud. Circunstancia que se corrobora con las constancias remitidas por la Vicesfical de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común, y por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, ambos con sede en esta ciudad, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. Sin embargo, no obstante la certeza del acto privativo de la libertad reclamado, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente Esto es así, porque de las constancias de cuenta se advierte que el directo quejoso Daniel Ramírez López o Daniel Álvarez Partida, si bien estuvo detenido en el área de seguridad de la Fiscalía General del Estado, bajo resguardo de la Policía Estatal de Investigación, a disposición del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común, en calidad de imputado de los hechos denunciados en la carpeta de investigación radicada con el número D1/523/2021, el veintiséis de febrero último, fue puesto a disposición del Juez de Control en turno del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral con sede en esta ciudad, para la apertura de la causa penal pertinente, por su probable participación de diversos delitos, por tal motivo, fue recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado; por lo que las consecuencias jurídicas de la detención que sufrió por parte de las autoridades policiales, previas a la emisión de dicho mandamiento, quedaron sustituidas con su puesta a disposición ante la autoridad judicial competente y, por tanto, no puede ser analizada, por tratarse de un estadio procesal diferente, ya que actualmente su detención ministerial se encuentra sustituida por dicha puesta a disposición ante el Juez de Control en turno, quien decidirá acerca de su situación jurídica con motivo del hecho ilícito que se le atribuye; además, no es factible decidir la situación jurídica anterior, al quedar legalmente substituida con dicha puesta a disposición; por lo que cabe considerar que, en el caso, se han consumado irreparablemente las posibles violaciones materia de la reclamación. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 2ª.CXI/96, con el rubro y texto siguientes: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Por consiguiente, esta Juzgadora Federal, decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de orientación a la determinación anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia I.7º.P.25P, cuyo rubro es: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido por el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL, encargado del despacho de la Delegación Estatal, con sede en esta ciudad; lo anterior en virtud de que como se advierte párrafos anteriores se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto.

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