Juan Alonso Flores Olvera

Expediente 1225/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1225/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2019

Partes del expediente

  • Juan Alonso Flores Olvera
  • Marco Antonio Flores Olvera y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte agraviada que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Presentación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Juana Olvera Rangel en representación de Juan Alonso Flores Olvera, Marco Antonio Flores Olvera, Ricardo Elit Flores Olvera y Josué Esau Flores Olvera, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en el Robo de Vehículos O.C.R.A. y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1225/2019-IV. Improcedencia. Ahora, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, procederá desecharse de plano la demanda de amparo. Al caso es aplicable la jurisprudencia II.1º.J/5, publicada en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación, mayo 1991, Tomo VII Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y de manera clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formar una convicción diversa, con independencia de los elementos que de forma eventual pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia 1.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En principio conviene precisar que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad y que su procedencia se supedita a los diversos principios que lo rigen. Dentro de los postulados básicos del juicio de amparo está el de instancia de parte agraviada y el de la existencia del agravio personal y directo, contenidos en el artículo 6° de la Ley de Amparo, los cuales consisten en que el juicio de amparo sólo se puede promover por quien resulte perjudicado con un acto de autoridad, por aquél que resiente el agravio de manera directa y personal. Al respecto, los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo vigente, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (...)" De la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada rector del juicio de amparo, previsto en el artículo 6° de la Ley de Amparo, el cual establece una regla general a seguir para la procedencia del juicio constitucional, relativa a que éste sólo se puede promover por aquella persona a quien afecte la norma general o cualquier otro acto de autoridad; sin embargo, también prevé un caso excepcional, pues, dicho principio se considera cumplido si la demanda es promovida por un representante del agraviado o su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o bien, por medio de algún pariente, o persona extraña en los casos en que la ley reglamentaria lo permita en forma expresa. En tal virtud, como el acto reclamado señalado consistente en la orden de aprehensión y detención librada en contra de Juan Alonso Flores Olvera, Marco Antonio Flores Olvera, Ricardo Elit Flores Olvera y Josué Esau Flores Olvera, no se ubica en los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, no se justifica el hecho de que otra persona promueva en su favor la demanda; asimismo, se debe precisar que de la lectura íntegra de la demanda de amparo no se aprecia que dichas personas se encuentren imposibilitadas para promover la demanda por derecho propio, pues, no se alega incomunicación de los quejosos. Luego, si en el caso, el acto reclamado no se ubica en las hipótesis establecidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni se advierte que las personas en cuyo favor se promueve estén imposibilitadas para instar por derecho propio la demanda de amparo, se debe estimar que no se cumple con el principio de acción por parte agraviada rector del juicio de amparo, ya que no se está en alguno de los supuestos de excepción para que Juan Olvera Rangel, inste el presente juicio de amparo en nombre de Juan Alonso Flores Olvera, Marco Antonio Flores Olvera, Ricardo Elit Flores Olvera y Josué Esau Flores Olvera. En consecuencia, como la promovente no se encuentra legitimado para promover la demanda de amparo en representación de Juan Alonso Flores Olvera, Marco Antonio Flores Olvera, Ricardo Elit Flores Olvera y Josué Esau Flores Olvera, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6° y 15, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo con apoyo en el ordinal 113 de la propia normatividad legal. Sustentan la anterior determinación, las tesis de la Segunda Sala y de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas 293 y 666-667, del Apéndice al Semanario Judicial del Federación 1917-1988, cuyo respectivo rubro y tenor son: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto." "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193, Bis de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 Y 107 Constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193) de la Ley Reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la Jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una tesis Jurisprudencial, puesto que la indicada tesis Jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 Bis, de la Ley en cita, constituye la disposición legal a que alude dicha fracción. " Esto es así en virtud de que de la demanda de amparo no se advierte que ésta tenga acreditada el carácter de representante de los directamente agraviados, o bien que éstos sean menores de edad, pues la orden de aprehensión y detención reclamada por esta vía constitucional no constituye alguno de los exigidos por la ley, para poder ser promovido por persona diversa a los agraviados, lo que, debe considerarse que el solicitante del amparo carece de legitimación para intentar la acción constitucional. A la presente determinación se estima aplicable, por haber interpretado disposición de contenido similar, la tesis publicada en la página 272 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Enero de 1991, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales." Así como, en lo conducente, la tesis publicada en la página 45 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Primera Parte, Séptima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Domicilio procesal. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 12 y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en este órgano jurisdiccional por así solicitarlo expresamente la quejosa. Autorizados. Ténganse por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Javier Nava Jiménez, por tener registrada su patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes personas, en términos restringidos del numeral en cita, es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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