Juan Alfredo Martínez Gaona

Expediente 985/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
985/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
01/02/2018

Partes del expediente

  • Juan Alfredo Martínez Gaona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que el promovente ***, no impugnó el proveído de dieciséis de enero del año en curso (fojas 59 a 70), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por último, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Se notifica el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil dieciocho que dice "Visto lo de cuenta, se agrega para constancia la razón actuarial, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo la Actuaria de la adscripción para notificar en forma personal al quejoso ***, el acuerdo de dieciséis de los actuales. Por otra parte del estado de autos, en especial de la certificación que antecede, se desprende que el referido quejoso, omitió cumplir con el requerimiento decretado en acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 35 a 39), consistente en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, dentro del término que le fue concedido. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena efectuar la notificación del acuerdo de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado y las subsecuentes que le resulten en forma personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. " Asimismo, el proveído de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se DESECHÓ la demanda de amparo, el cual se transcribe a continuación: "I. Se recibe despacho. Agréguese a los autos el oficio 17/2018, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, y anexos que acompaña, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 225/2017. Se ordena dar de baja la comunicación recibida en el libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado y acúsese el recibo de estilo correspondiente. II. Cumple prevención. Ahora bien, visto el escrito aclaratorio presentado el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, signado por Richard Luis Goncalves de Gouveia, a través del cual desahoga la prevención realizada el cinco de ese mes y año (fojas 35 a 39), se provee: III. Acto reclamado. En principio, conviene señalar que del análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, el acto consistente en: "Los actos de autoridad consistentes en la solicitud, aprobación y otorgamiento de las 100 nuevas concesiones en modalidad de transporte de alquiler (taxis) a nivel municipal, por parte de la Dirección de Vialidad y Transporte del Municipio de Ciudad Acuña, Coahuila. Los actos de autoridad consistentes en la solicitud, aprobación y otorgamiento de las 100 nuevas concesiones en modalidad de transporte de alquiler (taxis) a nivel municipal, por parte de la Secretaria de Ayuntamiento de Ciudad Acuña, Coahuila. Los actos de autoridad consistentes en la solicitud, aprobación y otorgamiento de las 100 nuevas concesiones en modalidad de transporte de alquiler (taxis) a nivel municipal, por parte del Presidente Municipal de Ciudad Acuña, Coahuila. Los actos de autoridad consistentes en la solicitud, aprobación y otorgamiento de las 100 nuevas concesiones en modalidad de transporte de alquiler (taxis) a nivel municipal, por parte del Cabildo Municipal de Ciudad Acuña, Coahuila. Cabe mencionar e indicar de forma clara y precisa que los actos reclamados a cada una de las autoridades responsables, son las mismas en cada una de sus partes, debido a que estas cuatro autoridades son las que tienen la facultad a nivel municipal de crear y aprobar las concesiones para la modalidad de transporte de alquiler (taxis)." Es aplicable la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y dos, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Igualmente la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 181810, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". IV. Se desecha la demanda de amparo indirecto. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia I.13o.A.J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los Órganos Jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Bajo estas consideraciones y en relación a los actos reclamados, se advierte que en el presente se juicio se actualiza en forma evidente, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud que en contra de los actos reclamados, procede juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza; y, que la parte quejosa debió agotar previo al ejercicio de la acción constitucional. Para demostrar la certeza de tal afirmación, debe traerse a cuenta el contenido de los artículos 107, fracción IV, Constitucional y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que por su orden son del texto siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación y motivación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal forma que, de existir algún medio ordinario de defensa sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos humanos que la Constitución Federal otorga a los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo el peticionario del amparo debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Además, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los Órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija. Sentado lo anterior, para determinar si la parte quejosa tenía la obligación de cumplir con el principio de definitividad en estudio, resulta necesario invocar el contenido del artículo 168-A de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece: "Artículo 168-A. El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, es un organismo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establecerá su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. Es competente para resolver las controversias que se susciten entre la administración pública del Estado y los municipios y los particulares; imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades; y fincar el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias derivadas de los daños y perjuicios a la hacienda pública del estado o de los municipios, o al patrimonio de los entes públicos estatales y municipales. Estará integrado al menos por 5 magistrados, designados por el Gobernador del Estado, y ratificados por las dos terceras partes de los miembros presentes del Pleno, o de la Diputación permanente del Congreso del Estado, la duración de su encargo será de 15 años improrrogables y sólo podrán ser removidos del mismo por las causas graves señaladas por la ley." No obstante ello, tal disposición se encontraba condicionada en cuanto a su vigencia, a la designación de Magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, pues así lo establecía el primer párrafo del Artículo Undécimo transitorio de la reforma a la Constitución Estatal, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante decreto 903 del catorce de julio del dos mil diecisiete; aunado a ello, en el Artículo Duodécimo Transitorio del citado decreto, se impuso que la designación de tales magistrados, se tendría que realizar en un plazo no mayor de treinta días naturales, de la entrada en vigor del propio decreto; los citados numerales señalan lo siguiente: "UNDÉCIMO.- Las disposiciones relativas a la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza y las relacionadas con el Tribunal Contencioso administrativo del Poder Judicial del Estado, entrarán en vigor una vez que los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza sean nombrados por el Titular del Ejecutivo y ratificados por el Congreso del Estado. DUODÉCIMO.- Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza deberán ser designados en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto." En esa virtud, en cumplimiento a esta última disposición, en sesión solemne efectuada el once de agosto de dos mil diecisiete, el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó la designación de los Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, por lo que a partir del doce de agosto de dos mil diecisiete, quedó conformado el citado Tribunal, lo que origina que ante el mismo se puedan dilucidar las controversia que se susciten entre la administración pública del Estado, municipios y los particulares. En mérito de lo anterior, resulta necesario precisar el contenido del artículo 2, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como también de numeral 3, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, mismos que disponen lo siguiente: "Artículo 2.- Procede el juicio contencioso administrativo previsto por la presente Ley contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Las autoridades de la Administración Pública, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios o recursos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y organismos fiscales autónomos estatales y municipales en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; III. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VI. Las que se dicten en materia de pensiones, sea con cargo al erario estatal o al Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Dirección de Pensiones para los Trabajadores de la Educación o los organismos públicos descentralizados para la administración de las pensiones de los servidores públicos municipales o a la Dirección de Pensiones para los Trabajadores de la Educación; VII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, de adquisiciones, de arrendamientos y de servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal, ya sea centralizada, paraestatal y paramunicipal, así como las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos estatales y municipales; VIII. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; IX. Las que requieran el pago de garantías a favor del Estado o de sus municipios, así como de sus entidades paraestatales o paramunicipales; X. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de las leyes aplicables; XI. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XII. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, y demás disposiciones aplicables, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. XIII. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XIV. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos estatales, municipales y de los organismos públicos autónomos, en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos; XV. Las resoluciones de la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Coahuila que impongan sanciones por faltas administrativas no graves, en términos de las disposiciones aplicables; XVI. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; XVII. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley." En relación con lo anterior, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contiene un capítulo VI, que regula lo relativo a la Suspensión de la Ejecución del Acto Impugnado, en el cual se contienen los artículos 59 al 66, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 59. La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan, sólo podrá ser decretada por el Pleno o las Salas Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza en el ámbito de sus competencias, quien lo hará del conocimiento inmediato de las autoridades demandadas para su cumplimiento". "Artículo 60. La suspensión podrá ser solicitada por el actor en cualquier etapa del juicio, y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con su ejecución ya iniciada. Tratándose de actos en los que no se haya analizado el fondo de la cuestión planteada, la suspensión podrá abarcar los actos que dieron origen a tal resolución. No se otorgará la suspensión, si es en perjuicio del interés público o si se contravinieren disposiciones del orden público. La suspensión también podrá consistir en la orden de custodia del folio del predio, al Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuando se trate de un juicio de nulidad o lesividad, relacionados con el desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio de terceros". "Artículo 61. El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, podrá decretar la suspensión con efectos restitutorios, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta antes de la sentencia respectiva, cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual deberán acreditar y en su caso, podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes. Cuando se solicite la suspensión para la realización de actividades reguladas, que requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso y el demandante no exhiba dicha documental no se otorgará la misma". "Artículo 62. En contra del incumplimiento de las autoridades a la suspensión concedida, procederá el recurso de queja ante el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. La suspensión podrá ser revocada cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó". "Artículo 63. Tratándose de créditos fiscales, se concederá la suspensión, debiéndose garantizar el importe ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, en alguna de las formas y con los requisitos previstos en el Código Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir sus efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que quede notificado el auto que la hubiere concedido". "Artículo 64. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el demandante otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Para que surta efectos la suspensión, el actor deberá otorgar la garantía mediante billete de depósito o fianza, hipoteca, prenda o en cualquier otra forma que garantice la reparación de los daños y perjuicios". "Artículo 65. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero da a su vez garantía en las formas permitidas en el artículo 64. En este caso se restituirán las cosas al estado que guardaban antes de la suspensión y procederá el pago de los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la garantía que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el demandante". "Artículo 66. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión a que se refieren los artículo 64 y 65, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala correspondiente, dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia, a cual dará vista a las demás partes por un término de cinco días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los cinco días siguientes, en la que dictará la sentencia que corresponda. Contra la resolución procede el recurso de reclamación ante el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza". Por su parte, la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en el capítulo IV, correspondiente al Servicio de Transporte de Pasajeros en Taxi, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 64. El servicio público de transporte de taxi, es aquel destinado al traslado de personas dentro del territorio de un municipio, sin encontrarse sujeto a horario o itinerario fijo, que se presta a través de vehículos con una antigüedad máxima de doce años contados a partir de la fecha de fabricación del mismo, con capacidad de hasta cinco pasajeros, incluido el operador; con tarifas previamente autorizadas según la distancia de recorrido. Las especificaciones del servicio en general, así como del tipo de vehículo autorizado bajo esta modalidad, se establecerán en las normas reglamentarias que de esta Ley se derive". "ARTÍCULO 65. El servicio de transporte de pasajeros en taxis en todas sus modalidades, se prestará en vehículos cerrados, aprobados para el tipo de servicio, sin itinerario, y podrá tener o no horario, además podrá presentarse en las siguientes modalidades según sea su forma de operar: I. Sujeto a tarifa con taxímetro de uso obligatorio; II. Con tarifas establecidas previamente de acuerdo a la zonificación autorizada por conducto de la autoridad municipal, tomando en cuenta las opiniones, estudios y datos de los organismos auxiliares y de consulta competentes". "ARTÍCULO 66. Se requiere concesión otorgada por parte de la autoridad municipal, para explotar, dentro de un municipio específico, el servicio de transporte público de taxi. El número total de concesiones que pretendan otorgarse, referentes a las modalidades del servicio público del transporte señaladas en el presente artículo, se definirán a través de los estudios técnicos con base en parámetros establecidos y necesidades específicas de cada localidad, sin este requisito la autoridad municipal no podrá realizar el procedimiento de licitación para otorgar concesiones para esta modalidad de servicio, además deberá solicitar previamente la opinión de la Secretaría. El número total de concesiones, no podrá aumentarse más que proporcionalmente con el crecimiento poblacional del municipio. En la determinación del número de concesiones para el servicio de transporte público de taxi, la autoridad evitará establecer una competencia ruinosa para el transporte público de pasajeros masivo o colectivo. Las concesiones para el servicio de transporte público de taxis, se sujetará a lo siguiente: I. Cuando la concesión respectiva sea para taxi con sitio, deberá establecerse en lugares denominados sitios, ya sea en áreas de la vía pública, o en locales cerrados con acceso a la vía pública, autorizados por los ayuntamientos correspondientes. Las características de las áreas o lugares de los sitios y sus especificaciones, serán determinados en el reglamento respectivo; II. Los taxis que presten el servicio con la modalidad de sitios, deberán llevar una relación en su sitio o base del control de cada unidad para el número de servicios, el tiempo de permanencia en base y mantener unidades disponibles para la prestación del servicio que se demande. El servicio y el registro podrán ser supervisados por los municipios en cualquier momento, para el debido control de esta disposición; III. En el servicio de transporte público de taxis, en cualquiera de sus modalidades, el uso del taxímetro será determinado por parte de los municipios y en su caso será la autoridad facultada para fijar las tarifas correspondientes". Las disposiciones transcritas revelan que el servicio público de transporte de taxi es aquel destinado al traslado de personas dentro del territorio de un municipio, sin encontrarse sujeto a horario o itinerario fijo, que se presta a través de vehículos con una antigüedad máxima de doce años contados a partir de la fecha de fabricación del mismo, con capacidad de hasta cinco pasajeros, incluido el operador; con tarifas previamente autorizadas según la distancia de recorrido; que para prestar dicho servicio se requiere de una concesión otorgada por la autoridad municipal; además, que el número total de concesiones que se emitan dependerá de estudios técnicos y de las necesidades específicas de cada localidad, sin el cual la autoridad municipal no podrá realizar el procedimiento de licitación para otorgar concesiones para esta modalidad de servicio. A su vez, cuando el acto que se reclame se origine por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, de adquisiciones, de arrendamientos y de servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal, ya sea centralizada, paraestatal y paramunicipal, así como las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos estatales y municipales, la parte afectada debe interponer juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Por consiguiente, si el acto reclamado consiste en la asignación de cien nuevas concesiones en la modalidad de transporte de alquiler (taxis), otorgadas por las autoridades municipales del municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, de conformidad con la fracción VII, del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, es el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, el que constituye el medio de defensa ordinario que pudiera nulificar el acto que se reclama la quejosa, previo a la interposición del juicio de amparo . En efecto, la parte quejosa debió agotar primeramente el juicio contencioso administrativo antes de acudir al juicio de amparo, ya que en términos de la fracción VII, del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, dicho tribunal conoce entre otros, de los actos de autoridades administrativas que, como en el caso concreto, lo son las que se origine por fallos en licitaciones públicas. Ello es así, pues debe precisarse que el acto reclamado se trata de actos de autoridad administrativa, por lo que, dada la fecha del mismo y la existencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, se concluye que en su contra procedía el juicio contencioso administrativo. Máxime, que a través de la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. En efecto, debe tomarse en cuenta que, los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que regula lo relativo a la suspensión de la ejecución del acto impugnado, no establecen mayores requisitos a los previstos para tal efecto en el juicio de amparo. Del análisis comparativo de los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y 128, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo se concluye lo siguiente: 1. Que en ambas legislaciones, cuando la suspensión es solicitada al promover la demanda, es suficiente que la autoridad competente determine si están satisfechos los presupuestos para otorgarla. 2. Tanto el artículo 60, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como el diverso 130 de la Ley de Amparo permiten al interesado solicitar la medida suspensional sin algún límite procesal más que el dictado de la resolución respectiva. 3. Conforme al artículo 59, el Pleno o las Sala Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, deberá conceder o negar la paralización de la ejecución del acto impugnado, mientras que en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolver al respecto es aquel que conoce del juicio, acorde con lo dispuesto por los diversos 125 y 138 de la Ley de Amparo , en cuanto a que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los jueces de distrito, los que decidirán en la audiencia incidental sobre la concesión o la negativa de dicha medida. 4. Tanto el artículo 60 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como los artículos 128, fracción II, 131 y 139 de la Ley de Amparo, exigen para el otorgamiento de la medida que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, lo que en la Ley de Amparo se traduce en la demostración del interés para obtener la paralización por parte del solicitante, lo cual conforme a la citada Ley de Amparo debe acreditar. 5. Ambos ordenamientos consignan, esencialmente, que si la concesión de la medida cautelar es susceptible de causar daños o perjuicios a terceros, se concederá condicionada al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía bastante para reparar el daño e indemnizar al tercero, en el evento que no obtenga resolución favorable. 6. El artículo 63, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y el artículo 135 de la Ley de Amparo, prevén que en las demandas de nulidad que involucren cobro de créditos tributarios, la suspensión de la ejecución del acto impugnado surtirá efectos si se constituye garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes hacendarias. 7. Conforme a la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, en vigor a partir del cuatro de octubre siguiente, en relación con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, tratándose del amparo en materia administrativa, no será necesario agotar previamente el medio ordinario de defensa si establece un plazo mayor que el previsto por la ley reglamentaria del juicio constitucional para el otorgamiento de la suspensión provisional (artículo 107, fracción IV, primer párrafo). En términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo, el juzgador cuenta con el término de veinticuatro horas para resolver si admite o desecha la demanda de amparo y, además, decidir si concede o niega la paralización de los actos reclamados, esto es, dentro del lapso de veinticuatro horas debe proveer sobre la admisión y también sobre el otorgamiento de la medida cautelar. Por otro lado, de conformidad con el artículo 51 , de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tratándose del juicio contencioso administrativo, el magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar, dentro del término de veinticuatro horas desde el momento en que le fue turnada la demanda. Del análisis comparativo entre ambas instituciones se desprende que, los requisitos para otorgar la suspensión en el juicio de amparo son similares a aquellos que prevé la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para la paralización de la ejecución del acto impugnado; consecuentemente, la parte quejosa puede solicitar la medida una vez que promueva el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, o durante su tramitación, hasta en tanto no se dicte sentencia firme. Por tanto, es claro que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto combatido. Esta consideración, encuentra sustento por identidad de razón en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.27/2016 (10a.), de rubro y texto siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria ". Asimismo, se debe considerar aplicable por la identidad en las cuestiones que resuelve, la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ." Máxime, que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues en la especie, a la parte quejosa no le reviste el carácter de persona extraña. Además, de que la ley por la cual se puede nulificar el acto reclamado no exige mayores requisitos ni plazo legal para suspenderlo, que los previstos en la Ley de Amparo, como ya quedó precisado; los actos reclamados no son del orden penal, no se está en alguno de los casos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; aunado a que no se reclama la inconstitucionalidad de alguna ley, pues del análisis de la demanda no se observa que alegue la inconstitucionalidad de algún ordenamiento diverso. No pasa inadvertido para este órgano judicial que la parte quejosa aduce violaciones a los artículos 14 y 16, constitucionales. Sin embargo, si bien es cierto que el principio de definitividad, de conformidad con el numeral 107, fracción IV, de la Constitución Federal, admite como una de sus excepciones aquella que opera cuando solamente se aleguen, en contra del acto reclamado, violaciones directas a ese ordenamiento, también lo es que no tiene aplicación cuando tales argumentos se mezclan con alegatos relativos a la transgresión a preceptos secundarios. Ello es así, puesto que, si al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, se hace valer la transgresión directa de preceptos constitucionales, el afectado no queda relevado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria aplicable, pues, de lo contrario, imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Ley Fundamental, junto con la transgresión a preceptos secundarios podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. En efecto, aunque hay ocasiones en las que el afectado no tiene obligación de agotar previamente a la promoción del amparo los recursos ordinarios que la ley del acto prevé, ello ocurre cuando únicamente aduce violaciones directas a la Constitución Federal. Sin embargo, si no alega solamente ese tipo de violaciones, sino también la de preceptos legales, es incuestionable que no se está en el caso de excepción al principio de definitividad mencionado, toda vez que sólo se carece de la oportunidad de hacer valer recursos ordinarios cuando en el acto de molestia no se precisan los motivos que lo originan ni se cita disposición legal alguna. Por ello, si la parte quejosa conoce cuál es la ley que se le está aplicando, y sabe exactamente de qué autoridad emanan los actos reclamados, entonces no se encuentra en el estado de incertidumbre que lo autoriza a dejar de observar el principio de definitividad que rige en la materia; destacándose que en el caso, la parte quejosa exhibió diversas constancias, lo cual evidencia el conocimiento integral de los aspectos ya señalados. Resulta aplicable por las consideraciones que expresa, la jurisprudencia XXI.2o.J/6, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional ." En consecuencia, la parte quejosa estaba obligada a observar el principio de definitividad, pues de las constancias que obran en autos, se advierte que estuvo en aptitud de procurarse una adecuada defensa ante la potestad común. Bajo tales condiciones, al actualizarse la anterior causal de improcedencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo por su notoria improcedencia. "

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por el licenciado *** autorizado del promovente ***; atento a su contenido, se le tiene pretendiendo desahogar la prevención que se le formuló mediante acuerdo de cinco de diciembre del año en curso (fojas 35 a 39); sin embargo, se reserva acordar lo conducente una vez que obren en el presente asunto las constancias relativas al despacho 225/2017 (orden 2173); ello, con la finalidad de verificar si el desahogo fue realizado dentro del término que se concedió a la parte quejosa para tal efecto.

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