Juan Alfonzo Salazar Muñoz

Expediente 273/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 30 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
273/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Juan Alfonzo Salazar Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinte de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo indirecto número 273/2021, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que desahogara la vista contenida en el proveído de trece de julio dos mil veintidós; por tanto, el suscrito procede a determinar con las constancias que obran en autos si la sentencia concesoria se encuentra cumplida en sus términos, o si hubo exceso o defecto en su cumplimiento, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en sentencia emitida el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al quejoso Juan Alfonso Salazar Muñoz, para los efectos que a continuación se transcriben: "Octavo. Efectos del fallo protector. A fin de restituir al quejoso en el uso y goce de sus derechos constitucionales violados, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la concesión de la protección constitucional debe considerarse que la tarifa con la que se obtiene la cantidad a pagar por concepto de derechos registrales con motivo de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compraventa y apertura de crédito con garantía hipotecaria, así como el 10% del impuesto adicional PRO-EDUC contenidos en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, específicamente, en los artículos 50, fracción II, 111 y 113, contraviene los principios de proporcionalidad y equidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal. En consecuencia, la concesión del amparo de la Justicia de la Unión, tendrá por efecto que las autoridades responsables, en el ámbito de su respectiva competencia, procedan a realizar lo siguiente: a) Desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación de pagar los derechos registrales bajo las tarifas establecidas en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en vigor, ni el impuesto adicional Pro-Educ. previsto en sus artículos 50, fracción II, 111, inciso d) y 113 dada su inconstitucionalidad, y no sean aplicados en lo futuro hasta en tanto sea reformado. b) En razón de lo expuesto, deberá dejarse sin efectos únicamente el pago de la cantidad total de $30,737.00 (treinta mil setecientos treinta y siete pesos 00/100) consignado en los recibos oficiales con números de folio D191442843 y D191442842, por concepto de pago de (i) derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de las operaciones de compraventa y apertura crédito con garantía hipotecaria; y, (ii) el 10% con motivo del impuesto adicional Pro-Educ. c) Sin que ello implique, desde luego, que el quejoso quede exento de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados de los servicios prestados por el Estado, sino que solo deberá cubrir la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó al diez de enero de dos mil dieciocho, prevista en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, por la inscripción de la operación de compraventa ahí consignada, pues ese es el costo de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, tratándose de actos traslativos de dominio de bienes inmuebles. d) De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, y a la Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta localidad, a fin de que cancele los recibos oficiales con números de folio D191442843 y D191442842 y devuelvan al quejoso la cantidad que por concepto de derechos indebidamente pagó con motivo de la inscripción de las operaciones de compraventa y apertura de crédito con garantía hipotecaria ahí consignada, por la cantidad de $30,737.00 (treinta mil setecientos treinta y siete pesos 00/100); descontando a dicha suma, desde luego, el importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa y a la que serán adicionados los intereses generados desde su entero hasta la fecha en que sea devuelta dicha cantidad conforme a lo previsto en el numeral 71 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa." Atento a lo anterior, y en cumplimiento al fallo mediante oficios SATES-DL-DAAP-574/2022 y SATES-DJ-DAAP-574-2022, signados por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en representación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, recibidos el ocho y trece de los cursantes, comunicaron la manera en que se dio cumplimiento al aludido fallo. Así las cosas, de las constancias allegadas a través de los comunicados de referencia, se desprende que EL FALLO PROTECTOR SE ENCUENTRA CUMPLIDO. Lo anterior, se considera así, toda vez que de las constancias aportadas por la responsable, se desprende que mediante oficio SATES-DJ-DAAP142/2022, el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, informó y anexó copia certificada del cheque con número 0001425, de fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno por la cantidad de $28,944.60 (veintiocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 60/100 M.N), a nombre de Juan Alfonzo Salazar Muñoz, quien recibió de conformidad el mismo, el día veinte de enero de dos mil veintidós, como se desprende de la firma que obra en la parte izquierda inferior de dicho documento. Luego, a través del diverso comunicado SATES-DR-MAZ-1067/2022, el Recaudador de Rentas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, desincorporó de la esfera jurídica de Juan Alfonso Salazar Muñoz, la aplicación del artículo 50, fracción II, 111, fracción II, Inciso d) y 113 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, e indica que no se aplicará en lo futuro hasta en tanto no sean reformados. Asimismo, anexó copia simple de la transferencia bancaria realizada el cuatro de julio del presente año, por concepto de pago pendiente de la actualización correspondiente por la cantidad de $8,611.02 (ocho mil seiscientos once 02/100 moneda nacional), así como de la hoja de trabajo correspondiente a dicha cantidad. Atento a lo anterior, por acuerdo de trece de julio del presente año, se dio vista a la parte quejosa a fin de que, dentro del término de tres días, contado legalmente, sin que a la fecha hubiese formulado manifestación alguna. En esa tesitura, del análisis comparativo del acto emitido por la autoridad responsable, con los efectos de la sentencia de amparo, se declara que esta última se encuentra CUMPLIDA, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, sin exceso ni defecto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, toda vez que en el expediente no obran documentos originales que deban ser devueltos a las partes, se ordena archivar el presente asunto como definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, el sumario en que se actúa es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, al haberse concedido el amparo solicitado. Notifíquese el presente proveído a la parte quejosa y a la autoridad responsable, para los efectos a que refieren los arábigos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo. Finalmente, de las constancias que integran el presente sumario, no se advierte la existencia de documentos originales ni tomo de pruebas que devolver a las partes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del secretario de juzgado, licenciado Gabriel Galván Morales, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte el oficio SATES-DL-DAAP-574/2022, signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en representación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, por medio del cual informó sobre la manera en que dio cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo y allegó diversa constancia para acreditar su dicho. Atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el citado comunicado y anexo, para que en el término de tres días contado legalmente, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que, en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional declarará si la sentencia está cumplida o no, si las responsables incurrieron en exceso o defecto para ello, o si existe imposibilidad para cumplirla, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad de mérito.

  3. Principal

    Téngase recibido el oficio SATES-DJ-DAAP- 533/2022, signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, por medio del cual informa sobre las gestiones que ha realizado a fin de dar cumplimiento al fallo protector aquí emitido y remite diversas constancias para acreditar su dicho; memorial y anexos que se ordena agregar en autos para que obren como corresponda, atento a lo acordado en proveído de veinte de los cursantes.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al quejoso Juan Alfonzo Salazar Muñoz. En auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno dl Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán y al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con asiento en esta ciudad, en su carácter de autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, para que en el término de tres días dieran cumplimiento a la sentencia de mérito. Luego, mediante oficio SATES-DJ-DAAP-142/2022, el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, informó y anexó copia certificada del cheque con número 0001425, de fecha veinte de diciembre dedos mil veintiuno por la cantidad de $28,944.60 (veintiocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 60/100 M.N), a nombre de Juan Alfonzo Salazar Muñoz, quien recibió de conformidad el mismo, el día veinte de enero de dos mil veintidós, como se desprende de la firma que obra en la parte izquierda inferior de dicho documento. Asimismo, a través del memorial SATES/DR/DDP-1377/2022, signado por la Directora de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en Culiacán, la manera en que dio cumplimiento al aludido fallo protector y anexó copia certificada del oficio SATES-DR-MAZ-1067/2022, emitido por el Recaudador de Rentas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, esta ciudad, y dirigido a la primera en cita, en el que le informa la desincorporación de la esfera jurídica del quejoso de referencia del artículo 50, fracción II, 111, fracción II, inciso D y 113 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Con los anteriores comunicados, en proveído de nueve de junio del año en curso, se dio vista al parte quejosa a fin de que realizara las manifestaciones que considerara convenientes. Atento a ello, mediante escrito presentado el nueve de los cursantes, el quejoso refirió que la sentencia no se encuentra cumplida, en virtud de que aún queda pendiente el pago de la cantidad de $9,768.80 (nueve mil setecientos sesenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional), de conformidad con el artículo 71 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y para dar sustento a los argumentos y manifestaciones que realizó en ese sentido, remitió copia, entre otros, del oficio SATES-DR-DDC-1075/2022, de veintiséis de abril del año en curso, dirigido al aquí quejoso, en el que se le informa que se le realizó un primer pago mediante cheque por la cantidad de $28,944.60 (veintiocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 60/100 moneda nacional), quedando pendiente cubrir la diversa cantidad de $9,768.80 (nueve mil setecientos sesenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional), por concepto de pago de intereses según el artículo recién citado, los cuales refirió que, por lineamientos normativos de la Dirección de Contabilidad Gubernamental deben pagarse mediante transferencia bancaria, por lo que se requirió al quejoso proporcionara diversa información a efecto de proceder a su pago. Al anterior requerimiento, el quejoso dio respuesta mediante escrito que presentó el nueve de mayo del año en curso -como se advierte del escrito que allegó en copia simple-, sin que se desprenda diversa constancia en la que conste que ya se efectuó el pago pendiente al peticionario del amparo. En razón de lo expuesto, se desprende que la autoridad responsable ha realizado diversas actuaciones a fin de cumplimentar el fallo protector, encontrándose en vías de acatar en su totalidad el mismo; por tanto, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase la Directora de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en Culiacán, para que en el término de tres días contados legalmente, remita copia certificada de las constancias con las que se acredite el pago efectuado al quejoso por la cantidad de $9,768.80 (nueve mil setecientos sesenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional), que refirió está pendiente de realizarse. Bajo apercibimiento que, de no hacerlo sin causa justificada, en el término otorgado se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en términos de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, atento a lo establecido en el dispositivo jurídico 193 del anotado cuerpo normativo, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación por el delito a que se refiere el numeral 267, fracción I, de la ley reglamentaria en cita.

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