Juan Alfonso Piña Gutiérrez

Expediente 40/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
40/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • Juan Alfonso Piña Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que hubiera hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de amparo, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    aviso. Chetumal, Quintana Roo, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a ***, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de las autoridades responsables siguientes: *** De quienes reclama los actos consistentes en: *** En consecuencia, se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 40/2022-I. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: *** Conforme al precepto transcrito, este juzgador se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se observa que se surte de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que a continuación se citan: *** En ese contexto, es menester destacar de la transcripción del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se aprecia que la autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas. El concepto referido en el párrafo anterior ha sido ampliamente estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos asuntos; así, el Pleno del más Alto Tribunal del País señala que por autoridad responsable, también debe considerarse a los funcionarios de organismos públicos descentralizados que con fundamento en una norma legal emitan actos de manera unilateral a través de los cuales crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, es decir siempre que se sitúen en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados. Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. En el caso, los actos reclamados por la quejosa a las autoridades administrativas que señala como responsables son los siguientes *** Al respecto, debe decirse que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos de autoridad que violen derechos fundamentales (en términos del artículo 107 constitucional). Ahora, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non. De lo anterior, se sigue que autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Así, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, y para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así que, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Así, debe tenerse en cuenta para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un ente u organismo del Estado (autoridad con independencia de su naturaleza formal) dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral, o en su caso que omita el acto respectivo, dentro de una relación de supra a subordinación, pues estimar lo contrario implicaría reconocer que cualquier acto podría ser materia del juicio constitucional. Ahora bien, en el presente caso, el hecho de que un patrón despida a un trabajador o le deje de pagar su salario u otra prestación prevista como obligatoria en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo no implica que en su contra proceda el juicio de amparo por el sólo hecho de que ejecutó un acto de forma unilateral que extinguió o modificó la relación laboral, pues en ese supuesto el acto no fue emitido en un plano de supra a subordinación. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa promovió el juicio de amparo en razón de que, en su consideración, las autoridades administrativas señaladas como responsables pretenden despedirlo injustificadamente de su cargo como ***; lo cual, desde luego no se sitúa dentro de la materia administrativa, sino de la laboral. En efecto, el quejoso pretende que se ordene a las autoridades responsables no efectuar el despido que pretenden hacer valer en su contra, sin embargo, tales pretensiones, por su naturaleza, se traducen en un reclamo de derechos laborales; ya que implica necesariamente que tiene una relación de supra subordinación de naturaleza laboral con el Ayuntamiento del Municipio de *** por lo que se rige por lo establecido en el apartado B, del artículo 123 constitucional. Sin que sea óbice, que en una relación laboral el Estado tenga la calidad de patrón equiparado, pues en este supuesto no actúa en un plano de supra a subordinación con el trabajador del Estado, sino en uno de coordinación, al encontrarse en un mismo plano, como iguales. Esto es, el órgano o institución de gobierno o administración no actúa frente a sus trabajadores con el imperio que caracteriza a una autoridad frente a sus gobernados, sino que deriva de una relación en la que tanto patrón equiparado como trabajador burócrata convienen que éste le realice a aquél un trabajo subordinado a cambio de una retribución económica denominada salario. Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia en cuestión, en términos de los artículos 62 y 112 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo, de conformidad con el precepto 113 de la Ley de la Materia. Se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que se cita en el escrito de demanda y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada ***, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito, y en términos restringidos a ***, por carecer de dicho registro. Asimismo, se autoriza a *** y ***, para oír y recibir notificaciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo la notificación, única y exclusivamente, de este proveído. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, en términos de los artículos 22 fracción I y 28, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2, transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del numeral 22 citado, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Asimismo, en términos de la fracción XIX del numeral 2 del citado Acuerdo, se requiere a la parte quejosa para que proporcione un correo electrónico, a fin de establecer el contacto respectivo, en caso de que este órgano constitucional lo estime necesario. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.

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