Juan Alfonso Arzate Torres

Expediente 589/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 31 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
589/2022
Año
2022
Actuaciones
31
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Juan Alfonso Arzate Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, y toda vez que se advierte que mediante proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por cumplido la ejecutoria de amparo del presente juicio y se ordenó el archivo del mismo. Así mismo se advierte que se ofreció como garantía el billete N 931494, que ampara la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), que exhibió a efecto de garantizar la suspensión definitiva decreta a su favor, por lo que se deja a disposición de la parte quejosa dicho billete. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, transcurrido el término que señalan los artículos 29 y 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, el referido billete se hará efectivo a favor de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE TRES DE ABIL DEL AÑO EN CURSO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que le fue otorgada mediante auto del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Sentencia definitiva. El veintiocho de octubre de dos mil veintidós se dictó sentencia definitiva que concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "Que el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Morelos y Manuel Ojinaga, deje sin efectos la orden de detención, emitida el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución 235/2020. En su lugar, para la ejecución de la sentencia condenatoria deberá ceñir su actuar a los previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, partiendo de la sentencia condenatoria que se encuentra firme". Causa ejecutoria. Mediante acuerdo del ocho de diciembre de dos mil veintidós, la sentencia definitiva causó ejecutoria y en consecuencia, se requirió al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Morelos y Manuel Ojinaga para que diera cumplimiento al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Cumplimiento. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se recibió el oficio 19147/2022 de la Jueza del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional de los Distritos Judiciales Manuel Ojinaga y Morelos, a través del cual, remitió el acuerdo dictado el catorce de diciembre de dos mil veintidós dictado en la carpeta de ejecución 235/2020, del cual se advierte lo siguiente: 1. Que dejó sin efectos la orden de detención emitida el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno dictada en la carpeta de ejecución 2. En su lugar, atendiendo al estado procesal en que se encuentra la carpeta de ejecución de origen, y en virtud de que la sentencia condenatoria emitida en contra del quejoso se encuentra firme y que le fueron negados los sustitutivos de la pena, con fundamento en el artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que prevé el procedimiento para la puesta de disposición del sentenciado que se encuentra en libertad sin el otorgamiento de algún sustantivo penal, se requirió al sentenciado, aquí quejoso, para que en el término de cinco días se internara de manera voluntaria en el Centro de Reinserción Social para que cumpliera con la pena de prisión impuesta, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se ordenaría su reaprehensión. Conclusión. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida; además, una vez examinado el actuar de la autoridad, se concluye que no incurrió en exceso ni defecto en el cumplimiento, virtud a que se restituyó a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Lo anterior es así, pues los efectos del fallo protector y el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se cumplieron como se desprende del siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DEL FALLO: CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA: 1. Se deje sin efectos la orden de detención, emitida el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución indicada. El catorce de diciembre de dos mil veintidós, se dejó sin efectos la orden de detención emitida el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno en la carpeta de ejecución indicada. 2. Para la ejecución de la sentencia condenatoria deberá ceñir su actuar a lo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, partiendo de la sentencia condenatoria que se encuentra firme. En la misma fecha, atendiendo al estado procesal de la carpeta de ejecución emitió su determinación aplicando la Ley Nacional de Ejecución Penal, legislación vigente. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida; además, una vez examinado el actuar de la autoridad, se concluye que no incurrió en exceso ni defecto en el cumplimiento, ya que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. De igual forma, respecto el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, el mismo es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva; así como en el capítulo séptimo, punto 7.1.1, sub punto 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte, relativo al citado acuerdo. Ahora, respecto al duplicado del referido incidente, en atención a lo dispuesto en el arábigo 20, fracción II, inciso a), del ordenamiento invocado, así como capítulo octavo, punto 8.1.1, sub punto 2 inciso a), del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción, y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de constancias a autoridad responsable. Así pues, devuélvase al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Morelos y Manuel Ojinaga, las copias certificadas que integran la carpeta de ejecución 235/2020 de su índice, en dos tomos, que acompañó a su informe justificado. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto.

  3. Principal

    Se declara cumplida sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que le fue otorgada mediante auto del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Sentencia definitiva. El veintiocho de octubre de dos mil veintidós se dictó sentencia definitiva que concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "Que el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Morelos y Manuel Ojinaga, deje sin efectos la orden de detención, emitida el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución 235/2020. En su lugar, para la ejecución de la sentencia condenatoria deberá ceñir su actuar a los previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, partiendo de la sentencia condenatoria que se encuentra firme". Causa ejecutoria. Mediante acuerdo del ocho de diciembre de dos mil veintidós, la sentencia definitiva causó ejecutoria y en consecuencia, se requirió al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Morelos y Manuel Ojinaga para que diera cumplimiento al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Cumplimiento. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se recibió el oficio 19147/2022 de la Jueza del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional de los Distritos Judiciales Manuel Ojinaga y Morelos, a través del cual, remitió el acuerdo dictado el catorce de diciembre de dos mil veintidós dictado en la carpeta de ejecución 235/2020, del cual se advierte lo siguiente: 1. Que dejó sin efectos la orden de detención emitida el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno dictada en la carpeta de ejecución 2. En su lugar, atendiendo al estado procesal en que se encuentra la carpeta de ejecución de origen, y en virtud de que la sentencia condenatoria emitida en contra del quejoso se encuentra firme y que le fueron negados los sustitutivos de la pena, con fundamento en el artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que prevé el procedimiento para la puesta de disposición del sentenciado que se encuentra en libertad sin el otorgamiento de algún sustantivo penal, se requirió al sentenciado, aquí quejoso, para que en el término de cinco días se internara de manera voluntaria en el Centro de Reinserción Social para que cumpliera con la pena de prisión impuesta, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se ordenaría su reaprehensión. Conclusión. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida; además, una vez examinado el actuar de la autoridad, se concluye que no incurrió en exceso ni defecto en el cumplimiento, virtud a que se restituyó a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Lo anterior es así, pues los efectos del fallo protector y el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se cumplieron como se desprende del siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DEL FALLO: CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA: 1. Se deje sin efectos la orden de detención, emitida el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución indicada. El catorce de diciembre de dos mil veintidós, se dejó sin efectos la orden de detención emitida el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno en la carpeta de ejecución indicada. 2. Para la ejecución de la sentencia condenatoria deberá ceñir su actuar a lo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, partiendo de la sentencia condenatoria que se encuentra firme. En la misma fecha, atendiendo al estado procesal de la carpeta de ejecución emitió su determinación aplicando la Ley Nacional de Ejecución Penal, legislación vigente. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida; además, una vez examinado el actuar de la autoridad, se concluye que no incurrió en exceso ni defecto en el cumplimiento, ya que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. De igual forma, respecto el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, el mismo es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva; así como en el capítulo séptimo, punto 7.1.1, sub punto 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte, relativo al citado acuerdo. Ahora, respecto al duplicado del referido incidente, en atención a lo dispuesto en el arábigo 20, fracción II, inciso a), del ordenamiento invocado, así como capítulo octavo, punto 8.1.1, sub punto 2 inciso a), del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción, y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de constancias a autoridad responsable. Así pues, devuélvase al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Morelos y Manuel Ojinaga, las copias certificadas que integran la carpeta de ejecución 235/2020 de su índice, en dos tomos, que acompañó a su informe justificado. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad para notificar al quejoso el acuerdo del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el domicilio señalado para tal efecto, por los motivos que expone en la misma. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, procédase a notificar por lista de acuerdos que se fija en lugar visible de este órgano de control constitucional el citado auto del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal. Encuentra apoyo lo anterior, por analogía, en la jurisprudencia número 1a./J. 20/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia Común, página 238, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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