Juan Alfonso Aguilar Cardenas

Expediente 1386/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1386/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Juan Alfonso Aguilar Cardenas
  • Juan Alfonso Aguilar Cardenas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón actuarial de dieciocho de diciembre del año en curso, suscrita por el fedatario de la adscripción, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para emplazar a juicio a la tercero interesada ***, por conducto de su Apoderado General para Pleitos y Cobranzas ***, por los motivos que expone. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, proporcione el domicilio actual y correcto de la citada tercero interesada. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se dictarán las medidas que se estimen pertinentes para la investigación de la misma y si a pesar de ello se desconoce su domicilio, el emplazamiento y primera notificación se hará por edictos a costa de la parte quejosa, en términos de lo previsto en el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, A TRAVÉS DE LAS LISTAS DE ACUERDOS, EL PROVEÍDO DE VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ****, apoderado General para Pleitos y Cobranzas de ****, personalidad que acredita y se le reconoce en términos de la escritura pública veinticuatro mil veintinueve, volumen cuatrocientos dos, pasada ante el Notario Público veintisiete del Estado de Chiapas, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Departamento de Asuntos Jurídicos del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1736/2019-2-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues el quejoso, ocurre en su carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, en el que esencialmente reclama del 1. Departamento de Asuntos Jurídicos del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, lo siguiente:  El acuerdo de inicio del procedimiento de recisión del contrato ****, de uno de abril de dos mil diecinueve, contenido en el oficio ****, de veintidós de noviembre del año en curso. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. De igual forma, el citado numeral 5 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que los particulares se erijan como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, siempre y cuando realicen actos u omisiones equivalente a los de las autoridades en sentido formal. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales y obligatorios a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Es ilustrativo de lo antes expuesto, la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." En efecto, atento a las notas distintivas que estableció el Máximo Tribunal de la Federación, en el caso que nos ocupa no se configura una actuación susceptible de someterse al análisis constitucional, en tanto que el acto reclamado carece de los requisitos reseñados con antelación, toda vez que el acto de molestia surge de una relación situada en un plano de coordinación entre el particular y un ente de la administración pública federal. Para evidenciar la causa de improcedencia invocada, se trae a colación lo estatuido en la fracción VIII del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del tenor siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal;" Del contenido del numeral y fracción en cita, se desprende que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es competente para conocer del juicio contencioso administrativo, en los términos previstos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se reclamen controversias atinentes a la interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y de servicios, en el que hayan tenido intervención entidades de la administración pública federal. En la especie, la impetrante de amparo reclama el acuerdo de inicio del procedimiento de recisión administrativa del contrato ****, de uno de abril de dos mil diecinueve, anexo a su escrito inicial, celebrado por una parte entre el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y por otra la moral quejosa, así como por diversas empresas, cuyo objeto se hizo consistir en la prestación del servicio integral de laboratorio de análisis clínicos para el Hospital de Especialidades Pediátricas en la entidad, así como todos los procedimientos relacionados con el servicio adjudicado. En efecto, del referido convenio se desprende que el mismo fue suscrito por la moral quejosa, en colaboración con otras, y un organismo descentralizado de la administración pública federal, dependiente de la Secretaría de Salud, situación que refleja que para reclamar toda controversia derivada de dicha relación contractual, el peticionario de amparo deberá impugnarla ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la entidad, a través del juicio contencioso administrativo; lo anterior, en atención a que los actos reclamados derivan de un documento en el que tiene participación una dependencia de la administración pública federal, en un plano de coordinación con la empresa que representa. Resulta aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2ª./J.4/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DECRETADA POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Del artículo 14, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establece que este órgano jurisdiccional conocerá de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal, a través del juicio contencioso administrativo regulado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se concluye que la rescisión administrativa de contratos públicos decretada con fundamento en los artículos 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es impugnable en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues se declara ante su incumplimiento; a su vez, la sentencia definitiva emitida en el juicio referido podrá reclamarse en amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, con fundamento en los artículos 44, 46, 158 y 159 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual ejercerá un control constitucional sobre lo resuelto respecto de la rescisión administrativa". En ese tenor, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5º, fracción II, todos de la ley de amparo, por lo que con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, al resultar notoriamente improcedente. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el inicialmente señalado para tal efecto, ubicado en ****, no así a través del Sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que opte preferentemente que las mismas sean de manera electrónica, deberá hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, a efecto de proveer lo conducente. Asimismo, téngase como autorizado en términos amplios, contemplado en el artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, ya que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes, por así haberlo solicitado. Como lo solicita la parte quejosa, con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, (FIREL) y a la consulta de expediente electrónico, se autoriza a ****la consulta en la vía que solicita, con el nombre de usuario ****É, en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C , del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  3. Principal

    CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, A TRAVÉS DE LAS LISTAS DE ACUERDOS, EL PROVEÍDO DE VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón actuarial de dieciocho de diciembre del año en curso, suscrita por el fedatario de la adscripción, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para emplazar a juicio a la tercero interesada ****, por conducto de su Apoderado General para Pleitos y Cobranzas ****, por los motivos que expone. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, proporcione el domicilio actual y correcto de la citada tercero interesada. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se dictarán las medidas que se estimen pertinentes para la investigación de la misma y si a pesar de ello se desconoce su domicilio, el emplazamiento y primera notificación se hará por edictos a costa de la parte quejosa, en términos de lo previsto en el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Dos, del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho **, orden ***, del índice de este órgano jurisdiccional derivado del juicio de amparo en que se actúa, que se envió para emplazar a juicio a la tercera interesada ****, por conducto de su Apoderado General para Pleitos y Cobranzas ***, por las razones que expone, acúsese recibo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En tales consideraciones, toda vez que en el escrito inicial de demanda, el quejoso señaló como diverso domicilio de la tercero interesada en mención el ubicado en ***, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la ley de la materia, comisiónese al actuario judicial de la adscripción, a fin de que se constituya y emplace a juicio a a la tercera interesada ***, por conducto de su Apoderado General para Pleitos y Cobranzas ****, en el domicilio precisado con antelación, corriéndole traslado con una copia de la demanda, auto admisorio, informes justificados y del presente proveído, para que se apersone si a su interés conviene. De igual forma, le requiera para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, ya que de no hacerlo, las que surjan dentro del procedimiento se le harán por lista de acuerdos, aún las de carácter personal, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señalen domicilio para ese fin. Asimismo, le haga del conocimiento que se encuentran señaladas las nueve horas con cuatro minutos del siete de enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

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