Juan Alexander Martines
Expediente 964/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 964/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Juan Alexander Martines
Actuaciones
- Principal
SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por Juan Diego López Arguelles, abogado promovente de la parte quejosa, mediante el cual informa que el quejoso ********************, se encuentra detenido en la estación migratoria de esta ciudad y solicita se comisione al actuario a efecto de que dicho quejoso ratifique la demanda. En consecuencia, dígasele al promovente que no ha lugar a su petición, toda vez que mediante diligencia actuarial de fecha veintinueve de marzo del presente año, el actuario judicial adscrito no encontró al quejoso ********************, por lo que mediante proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, se le tuvo por no presentada la demanda de amparo al quejoso mencionado anteriormente. No obstante, en dicho proveído, se le informó al promovente que se dejaban a salvo los derechos del quejoso para promover un nuevo juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta localidad, turnada al día siguiente a este juzgado, el apoderado y representante legal del directo quejoso INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión a este juzgado y previa prevención, se admitió a trámite el catorce de diciembre de dos mil veintidós; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se tuvo con el carácter de tercero interesada a Anabel Mariana Zarate Castillo, quien fue legalmente emplazada a juicio, según se constata en autos; se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, quien no formuló pedimento; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se verificó conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con base en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35, 37 primer párrafo y 107, fracción IV, párrafo primero de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el quejoso reclama un acto autónomo después de concluido el juicio -interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación- contra el cual no cabe recurso ordinario que agotar; emitida por una autoridad jurisdiccional en materia de trabajo con residencia en esta ciudad, lugar donde este juzgado de conocimiento mixto ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque previo a verificar la certeza o inexistencia del acto reclamado, debe quedar precisado cual es. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, que no se contraponen a las disposiciones de la Ley de Amparo, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido, y, 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia P./J.40/2000, con registro 192097, y la tesis aislada P.VI/2004, con registro 181810, integradas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XI, página 32, y XIX, página 255, cuyos rubros, respectivamente dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en lo acotado, el acto reclamado se hace consistir en: La resolución interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada en el incidente de liquidación de laudo, relativo al juicio laboral 408/2019. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado No obstante, tal negativa se desvirtúa, pues de las constancias que adjuntó, se observa que el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictó la resolución interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación en el expediente laboral 408/2019; por lo que al constituir documentos públicos, se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, se tiene como cierto el acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394182, bajo el rubro y texto literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, deberán estudiarse las causales de improcedencia del juicio, sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, las partes no señalaron la actualización de alguna causa de improcedencia, ni esta autoridad la advierte de oficio; por tanto, procede entrar al estudio de fondo. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En efecto, como se dijo, no advirtiéndose alguna causa de improcedencia, lo procedente es entrar al estudio de los conceptos de violación, que no se transcriben por no exigirlo los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 164618), de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Como cuestión previa, cabe precisar que el análisis de la resolución impugnada se hará a la luz de los motivos de disenso, sin que en el caso deba suplirse la deficiencia que pudieran presentar los mismos, en atención a que el ente quejoso es el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1033, del Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 188489), del contenido siguiente: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL. RESULTA INOPERANTE A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AUN CUANDO ACTÚE COMO ÓRGANO ASEGURADOR.- La interpretación del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina: "Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: ... IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador.", lleva a la conclusión de que en materia laboral no es posible suplir la deficiencia de la queja en una demanda de juicio de amparo en favor de parte distinta del trabajador o persona análoga; así, en los juicios laborales en los que el Instituto Mexicano del Seguro Social sea parte como órgano asegurador, no procede la suplencia de la queja en su favor, pues ésta únicamente se justifica en favor del trabajador o, en el caso, del asegurado, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger la subsistencia del trabajador o asegurado y de su familia." Antes de analizar los conceptos de violación, conviene digitalizar la resolución interlocutoria de liquidación de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio laboral 408/2019, que es del contenido siguiente: La parte quejosa refiere en la parte inicial de su primer concepto de violación, que se transgreden en perjuicio del instituto quejoso, los derechos humanos de legalidad y certeza jurídica contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, porque la autoridad responsable le establece la carga de la prueba, lo que no la exenta de observar las mecánicas establecidas en el precepto legal invocado y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Gobierno Federal en cuanto a los incrementos anuales al salario mínimo general del Distrito Federal. En el segundo concepto de violación, señala que se transgreden en perjuicio del instituto quejoso, los derechos humanos de legalidad y certeza jurídica contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, toda vez que la responsable menciona: "en términos de lo establecido en el artículo 125 de la Ley del Seguro Social régimen 1973." lo cual en ningún momento hace referencia de la aplicación del precepto invocado por la propia autoridad. Son inoperantes los motivos de disenso recién sintetizados, toda vez que no controvierten las consideraciones jurídicas expuestas por la junta responsable. En efecto, los conceptos de violación no están dirigidos a combatir las consideraciones por las cuales la junta responsable arribó a la conclusión de que el monto total a cubrir era la cantidad de $237,265.70 (doscientos treinta y siete mil doscientos sesenta y cinco pesos 70/100 moneda nacional), puesto que no se impugnan los montos obtenidos, esto es, solo menciona que la junta le estableció la carga de la prueba, lo que no la exentaba de observar las mecánicas establecidas en el precepto legal invocado y de acuerdo a los incrementos anuales al salario; y que la junta solo estableció que era "en términos de lo establecido en el artículo 125 de la Ley del Seguro Social régimen 1973." y que en ningún momento hace referencia de la aplicación del precepto invocado por la propia autoridad. Empero, no señala el instituto quejoso, cuál mecánica dejó de observar la junta, o cual precepto legal era el que a su consideración resultaba aplicable, o que expusiera los razonamientos del porqué, era inaplicable el diverso artículo plasmado por la responsable en la interlocutoria impugnada; por tanto, al no controvertir las consideraciones de la junta responsable, los motivos de disenso devienen inoperantes. Tiene aplicación, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo I, Abril de 1995, página 70 (registro 205278), que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.- Son aquellos en que no se atacan jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar la resolución reclamada, por lo que el tribunal de amparo no está en aptitud de estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, pues de hacerlo, supliría la deficiencia de la queja, cuando no está autorizada tal suplencia por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo." En diverso apartado del primer concepto de violación, aduce que la autoridad responsable menciona que la condena en cuanto a la pensión de incapacidad permanente total se debe cubrir a la fecha de condena de 23 de abril del 2021, siendo que esta fecha es la del proyecto del laudo, pues el laudo se emitió el 7 de mayo del 2021, lo que restringe los derechos de su representada en virtud de no ser un laudo congruente, dando un beneficio erróneo al tercero interesado. Es inoperante lo anteriormente sintetizado. Toda vez que tal imprecisión no trascendió en detrimento del instituto quejoso, ya que la junta estableció en la resolución incidental impugnada, que el salario diario percibido por la actora en el año 2021, fue por la cantidad de $382.47 pesos diarios, monto sobre el cual realizó la cuantificación de la condena, por lo cual, el error de la responsable al señalar como fecha de condena "23 de abril de 2021" (fecha del proyecto del laudo) en lugar de la fecha del laudo "07 de mayo de 2021", no trasciende en perjuicio del instituto quejoso, toda vez que es el mismo año calendario y por tanto, el monto vigente en esa data. Además, porque en la interlocutoria la junta estableció a efecto de contabilizar los días transcurridos: "del 7 de mayo al 31 de enero de 2022, transcurrieron 264 días.", por lo que resulta evidente que consideró la fecha del laudo. Y sin que la quejosa controvierta con sus conceptos de violación tales argumentaciones. En las relatadas consideraciones, ante lo inoperante de los conceptos de violación y al no proceder la suplencia de la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal.Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1º, fracción I, 73, 74, 75, 77, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE al directamente quejoso Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos legales expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en esta Ciudad, hoy treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, ante la Secretaria Ana Marina lineth Fuentes Hernández, que autoriza y da fe deWAFA
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Subcoordinador Jurídico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa lo conducente a lo solicitado por este órgano jurisdiccional en proveído de seis de marzo del año en curso; al respecto, agréguese a los autos sin mayor proveído, toda vez que ya obra en autos el emplazamiento del tercero interesado. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Liliana Margarita Villarreal Medrano, Secretaria que autoriza y da fe.
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