Juan Alejandro Real Urquidi
Expediente 692/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 692/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 02/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Juan Alejandro Real Urquidi
- Director del Hospital General de Zona Número 49, del Instituto Mexicano del Seguro Social, En los Mochis, Sinaloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dos de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés, mediante la cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el capítulo 7, apartado 7.1.1, punto 2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión a la quejosa, el original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses el acuerdo de archivo dictado en el presente juicio de amparo Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dos de febrero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, firmado por el licenciado Luis Javier Jiménez González, autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista que se le dio en proveído de veintiséis de enero del año en curso, y hace manifestaciones respecto al cumplimiento de ejecutoria hecho valer por la autoridad responsable; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, donde se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el siguiente efecto: "1.Se ordene de inmediato se lleve a cabo en la persona del quejoso Juan Alejandro Real Urquidi, el estudio consistente en la Resonancia Magnética de Columna Lumbar ordenados por el Servicio de Traumatología y Ortopedia al haberle diagnosticado Radioculopatía y Lumbalgia, y el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, aportando los recursos humanos y materiales para ello. 2.Asimismo, determine, el plan de tratamiento que corresponda a su padecimiento de problema "Radioculopatía y Lumbalgia", para que de manera inmediata se realice, aportando los recursos humanos y materiales para ello.". Seguidamente, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veinticinco de enero del año en curso, la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona número 49 de Los Mochis, Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Sinaloa, con residencia en esta ciudad, informó que ya se realizó al quejoso el Estudio de Resonancia Magnética, ya fue valorado por la Especialidad de Traumatología y Ortopedia, quien le otorgó un plan de seguimiento y sus atenciones serán anuales, lo envió a control de peso, ya fue visto por nutrición se le otorgó plan de control de peso, como se acredita le fue entregado el medicamento que requiere la atención, asistencia especializada, control de nutrición y anexó constancia de ello. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos. Máxime que el autorizado legal de la parte quejosa, en su escrito de cuenta se manifestó conforme con dicho cumplimiento.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales que corresponda, el oficio que suscribe el doctor Enrique Romero Guzmán en su carácter de Director del Hospital General de Zona número 49 de Los Mochis, Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional, y anexa constancia de ello. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso ******************** con fundamento en los numerales 2o., 86 y 192, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la Materia, en términos de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Cabe precisar que por sentencia pronunciada el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso de mérito para el efecto de que la autoridad responsable: "1.Se ordene de inmediato se lleve a cabo en la persona del quejoso ******************** el estudio consistente en la Resonancia Magnética de Columna Lumbar ordenados por el Servicio de Traumatología y Ortopedia al haberle diagnosticado Radioculopatía y Lumbalgia, y el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, aportando los recursos humanos y materiales para ello. 2.Asimismo, determine, el plan de tratamiento que corresponda a su padecimiento de problema "Radioculopatía y Lumbalgia", para que de manera inmediata se realice, aportando los recursos humanos y materiales para ello.". En consecuencia con apoyo en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo, informe sobre el cumplimiento, o bien, los actos que esté realizando para tal efecto, en la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos se advierte que el pasado dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se dictó resolución interlocutoria definitiva en el incidente de suspensión el cual deriva del presente juicio de amparo y toda vez que en esta propia fecha ha causado ejecutoria; por tanto, ha quedado sin materia el referido incidente de suspensión; en esa virtud, se ordena glosar a los presentes autos dicho incidente. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses el acuerdo de archivo que en su momento se dicte en el presente juicio de amparo.
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