Juan Alejandro Mendez Vargas

Expediente 691/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
691/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Juan Alejandro Mendez Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En ese orden, en acatamiento con el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente en el cual se sobreseyó fuera de audiencia. Por otra parte, con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.1.1, numeral 2 del citado manual, el cuaderno original del incidente de suspensión resulta DEPURABLE una vez que transcurra el término antes señalado, pues se concedió la suspensión definitiva, sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Conforme al diverso 8.1.1 en su numeral 2 inciso a) del citado manual, una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, devuélvase al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez la documentales exhibidas consistentes en dos discos formato DVD derivados de la Carpeta Administrativa 600/2022, sin que resulte necesario solicitar el acuse de los mismos al ser constancias certificadas.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio rendido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, por medio del cual, informa que se aprobó la suspensión condicional del proceso a prueba, solicitado por la parte quejosa. Ahora, tomando en consideración el DVD certificado remitido por la autoridad responsable, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, las cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (.)". Lo anterior es así, ya que de videograbación exhibida por la autoridad responsable se advierte que el treinta de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la Audiencia para Solicitar y Resolver Suspensión Condicional del Proceso -Código Nacional-, en autos de la Causa de Control *****, de su índice. Constancias a las cuales se concede valor probatorio pleno por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. *****." De igual forma, la jurisprudencia por contradicción *****(10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, registro 2004362, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. *****." Así, como el precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando ha mediado consentimiento expreso del quejoso, entendido aquel como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos, por lo que no puede presumirse ni inducirse sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla subyace del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de su conducta externada de manera libre y espontánea, que patentiza su conformidad con los efectos normativos del acto o ley reclamada, esto es, opta o se somete voluntariamente a sus efectos legales. Empero, para que se actualice el consentimiento expreso, es indispensable que concurran los elementos que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó al resolver el amparo en revisión 4395/79, el cual dio origen a la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 139-144, Primera Parte, página 13, registro 232527, que dispone: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL.- ****. De lo anterior se colige que un acto se considera consentido expresamente, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando concurran tres requisitos, a saber: a. La existencia del acto o ley reclamados. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por tanto, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Sirve de apoyo la tesis aislada P. LXXVI/97, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo V, Mayo de 1997, página 157, registro 198696, que dispone: "ACTO CONSENTIDO, NO PUEDE TENERSE COMO TAL AQUEL QUE ES INEXISTENTE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA CONFORMIDAD DEL QUEJOSO CON SU FUTURA EMISIÓN. *****." b. Que el acto reclamado cause un agravio en la esfera jurídica del gobernado. c. Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Esta aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que otorga su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Una forma de consentimiento expreso es el desistimiento de la demanda previsto en el artículo 63, fracción I, de la ley de la materia; en él no hay posibilidad de interpretación para el juzgador; y otra, cuando el consentimiento se deduce de diversas manifestaciones de voluntad realizadas por el quejoso, supuesto en el que la autoridad de amparo debe verificar si alguna actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. Ahora bien, tratándose del consentimiento del auto de vinculación a proceso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, sostuvo: ".Con lo hasta aquí expuesto, es posible concluir que: i) La reforma constitucional introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema de justicia en general y, por supuesto, en materia penal, a través de la creación de nuevos caminos de solución para encausar, mediante los mecanismos alternativos, todos aquellos conflictos de naturaleza penal que podrían encontrar mejor solución que en el juicio. ii) Aunque la justicia restaurativa no deja de tener como presupuesto la comisión de un delito, no busca declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión; su prioridad es reparar el daño causado por la comisión de un delito. iii) Se sustenta en un cambio de paradigma, entendido como un proceso donde las partes involucradas en el conflicto penal son los protagonistas, no un tercero, que en el juicio es el Estado: tanto como parte actora (Ministerio Público), como decisor (Juez). iv) Los mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren, como punto de partida, el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado, acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione. v) Los beneficios inmediatos hacia los partícipes -reparación del daño para la víctima y para el imputado evitar la tramitación de un proceso que culmine con la imposición de una pena privativa de libertad- no llega al extremo de considerarse un asunto privado, razón por la cual es necesario que el Estado regule su aplicación, en atención a la naturaleza de los derechos tutelados y los que pueden ser renunciables. vi) El tránsito del conflicto penal por medio de mecanismos alternativos de solución, servirá para despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, en atención a la precisión realizada por el propio poder constituyente, al revelar que los mecanismos alternativos de solución de controversias, se traducen en el "eje toral del sistema de justicia en general y, por supuesto, del penal", los alcances apuntados guardan sintonía con la interpretación que, sobre los mecanismos alternativos en el sistema integral de justicia para adolescentes, realizó el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad ****. Señaló que el principio de alternatividad, se desprende del contenido del artículo 40, numeral 3, inciso b), de la Convención sobre los Derechos del Niño, de acuerdo con el cual se debe buscar resolver el menor número de conflictos a nivel judicial. Dice el artículo, en su parte conducente: "Artículo 40. "... "3... "... "b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales." Este postulado está relacionado con la necesidad de disminuir la posibilidad de intervención judicial, en aquellos casos en que el delito se deba a que el menor ha sido vulnerado en sus derechos económicos, sociales y culturales. Se afirma lo anterior, en virtud de que no resultaría adecuado que el juzgador impusiera una sanción gravosa, si el menor no puede hacer nada en contra de sus circunstancias cotidianas, por lo que, en estos casos, una solución justa y eficaz puede ser, por ejemplo, la adopción de programas de ayuda social al grupo familiar, lo que se encuentra vinculado con el deber de prevención del Estado, para formular, en todos los niveles del gobierno, planes generales que permitan evitar que los menores, lleven a cabo conductas tipificadas como delitos. Esta idea atiende a la primera modalidad del principio de alternatividad. (31) Existe una segunda modalidad, que tiene la pretensión de que la normativa correspondiente a menores, amplíe la gama de posibles sanciones, las que deberán basarse en principios educativos, es decir, desde la Constitución, se desprende un mandato para el legislador ordinario, a fin de que establezcan sanciones diversas, capaces de atender a los fines que se persiguen en cada caso en particular, tomando en cuenta las circunstancias que le dieron origen, concluyó el Tribunal Pleno. (.) Ahora bien, con independencia de que la regulación específica que cada una de las legislaciones invocadas, asigna a las dos figuras procesales en estudio, podemos señalar que: Los acuerdos reparatorios son un medio autocompositivo, pues consiste en un acuerdo celebrado entre la víctima u ofendido y el imputado, cuyo fin es convenir la reparación de las consecuencias causadas por la comisión de un hecho considerado como delito, el cual una vez aprobado por el Ministerio Público o el Juez de Control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal, respecto de delitos que afectan bienes jurídicos disponibles, de carácter patrimonial, que consisten en afectaciones menos graves o constituyen delitos culposos. En este sentido, las partes podrán suscribir acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido, esto es, cuando la obligación adquirida, se cumple en el plazo establecido para tal fin (artículos 186 y 187 del Código Nacional). La suspensión del proceso a prueba también es un mecanismo autocompositivo, dado que se requiere un acuerdo entre el imputado y el fiscal, cuya finalidad consiste en paralizar el procedimiento y conducir la conclusión del conflicto penal, mediante el pago de la reparación del daño y el cumplimiento del imputado de una o varias de las condiciones indicadas por el Juez, cuya observancia, genera la extinción de la acción penal en delitos específicamente determinados (artículos 50, 201 y 203 de la legislación de Chihuahua). En ese sentido, los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba, constituyen mecanismos alternativos de solución al conflicto penal, que si bien no dejan de tener como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, su prioridad no es declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión, sino reparar el daño causado por el delito. Los dos caminos de solución alterna, que buscan justicia restaurativa, requieren -como presupuesto- el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, dado que ese consentimiento no es gratuito, pues a cambio logra paralizar la continuación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva: que se le imponga una pena, principalmente la privación de su libertad (artículos 186 y 189 del Código Nacional, así como 50, párrafos segundo y tercero, 203 y 204 de la legislación de Chihuahua). Una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio o transcurrido el plazo -si se trata de la suspensión del proceso a prueba- que se fije, sin que la suspensión fuere revocada, pagada la reparación del daño material y cumplidas las condiciones establecidas, en ambos casos el Juez decretará la extinción de la acción penal, lo que se traduce en la conclusión del conflicto penal sin necesidad de imponer una pena, principalmente de prisión, sino privilegiando la voluntad de las partes que las llevó a una solución alterna del conflicto (artículos 186 del Código Nacional y 209 de la legislación de Chihuahua). En cambio, si el imputado decide incumplir con las obligaciones pactadas en el acuerdo o incurre en alguna causa de revocación de la suspensión del proceso a prueba, asumirá como consecuencia la reanudación del proceso penal con todo lo que implica: enfrentar un juicio y una eventual condena, con la limitante de que la información que se genere como producto de esos mecanismos alternativos no podrá ser utilizada dentro del proceso penal (artículos 189, párrafos tercero y cuarto, del Código Nacional). Ahora bien, tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, la cuestión a resolver en la presente contradicción de tesis, consiste en: determinar si en el amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso, la aceptación del quejoso de concluir el proceso penal, a través de un acuerdo reparatorio o suspensión del proceso a prueba, entraña el consentimiento del acto reclamado, que actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Dicha disposición normativa establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "... "XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." (énfasis añadido) Pues bien, a juicio de esta Primera Sala, cuando el quejoso -en su calidad de imputado- suscribe un acuerdo reparatorio o la suspensión del proceso a prueba, dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que su voluntad de concluir el proceso penal, a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Es así porque, el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena, privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Lo anterior, propicia una adecuada interacción entre el Nuevo Sistema de Justicia Penal y el Juicio de Amparo, pues implica que al examinarse la constitucionalidad del acto reclamado, el Juez constitucional pondere que la paralización del proceso motivado por haber alcanzado algún mecanismo alternativo de solución, se debe al único propósito que distingue a la justicia restaurativa: reparar el daño causado por el delito, sin sanción penal. Estimar lo contrario, no sólo se traduciría en un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en un mecanismo alternativo y, otro, que lo cuestiona, mediante el juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia, se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. (.).". Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), de la Primera Sala, difundida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, página 461, registro 2014495, que establece: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. *****.". En el caso, el juez de control responsable informó que en la audiencia celebrada el treinta de mayo del año en curso, dentro de la causa de control ****, de su índice, fue voluntad del quejoso *****, someterse a la suspensión condicional del proceso, la cual fue aprobada por el lapso de seis meses. Circunstancia que se corrobora con la copia certificada del disco compacto en formato DVD, que contiene el acta de audiencia para solicitar y resolver sobre la suspensión condicional, al que se otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º de este ordenamiento legal. Ahora bien, de la reproducción del video de la audiencia de treinta de mayo dedos mil veintidós, la defensa del aquí quejoso Juan Alejandro Méndez Vargas, solicitó la suspensión condicional del proceso y al haber sido aprobada la suspensión condicional del proceso por el juez de control responsable, tal circunstancia constituye una manifestación de voluntad por parte del impetrante de amparo, que entraña el consentimiento de los actos reclamados, pues uno de los presupuestos para transitar por la justicia alternativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo de justicia alterna, que implica la libre aceptación de los hechos que se le atribuyen, así como de la situación que guarda en relación con el proceso que se le instruye o que, al menos, no cuestione aquellos ni ésta, máxime que esa conformidad no es gratuita, sino que persigue un beneficio consistente en la conclusión del procedimiento sin la imposición de pena alguna en su contra; por tanto, se considera actualizada la causa de improcedencia por consentimiento expreso. Máxime, que de admitir la procedencia del juicio de amparo contra el auto de vinculación y las medidas precautorias reclamado, cuando el imputado hizo uso ya de la justicia alternativa, se desnaturalizaría el sistema de justicia penal acusatorio, al permitir que éste ejerza interés incompatible entre sí, pues es claro que al acceder a la justicia alternativa en realidad aceptó la situación en la que se encuentra inmerso; tan es así, que pretenden darla por concluida de manera voluntaria, en tanto que la impugnación de ésta mediante el juicio de amparo revela inconformidad con ella, lo que evidentemente es un contrasentido que resulta inadmisible en nuestro sistema jurídico, por contrariar la seguridad jurídica. En ese tenor, se concluye que el auto de vinculación a proceso y las medidas precautorias, que constituyen el acto reclamado, fueron consentidas por el ahora quejoso; por tanto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser éstas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia ****, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Febrero de 1998, Tomo VII, visible en la página 210, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ****." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, Quinta Época, visible en la página 2833, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. ****." Por tanto, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    SENTENCIA ...Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, por conducto del albacea de la sucesión intestamentaria de éste, contra los actos que reclamó de la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, consistente en resolución de doce de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca 278/2021, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el pedimento del fiscal Federal adscrito; con fundamento en el ordinal 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechos los alegatos que formula, los cuales serán tomados en consideración al momento de resolver el presente juicio y con base en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente con lo previsto con el artículo 2º de la Ley de Amparo, expídanse en su momento las copias que solicita previa razón de recibo.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano