Juan Alejandro Alvarado Peña

Expediente 108/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
108/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/04/2022

Partes del expediente

  • Juan Alejandro Alvarado Peña

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a cuatro de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria que autoriza y da fe

  2. Principal

    EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL veintiuno de febrero de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 108/2022, promovido por Juan Alejandro Alvarado Peña, encontrándose en audiencia pública el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido por el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el Secretario hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, con excepción del tercero interesado, ya que por auto de veinticinco de enero del presente año se ordenó postergar su emplazamiento hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable, el cual ya se encuentra agregado al presente cuaderno. Que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de videoconferencia. Enseguida el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, sobre ordenar el emplazamiento del tercero interesado, no ha lugar a ello, pues lo único que traería sería el retardo del fallo y lo que se busca consagrar con la presente celebración es el principio contenido en el artículo 17 Constitucional; aunado a ello el sentido de la resolución no variaría. En ese orden, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). A continuación, se abre el período probatorio: el Secretario da cuenta con las allegadas por la parte quejosa y la autoridad responsable. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos haciendo constar que el Fiscal Revisor Titular de la Agencia del Ministerio Público de la Federación en Materia de Amparo adscrito a este Juzgado, formuló alegatos de su intención, mismos que fueron recibidos mediante auto de quince de los corrientes. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados los alegatos, mismos que serán tomados en cuenta al momento de resolverse el presente asunto. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 108/2022, promovido por Juan Alejandro Alvarado Peña; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil veintidós, ante la plataforma electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), turnado a este juzgado el mismo día, compareció Juan Alejandro Alvarado Peña, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por considerarla violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: ".ACTO RECLAMADO: La violación a los artículos 940 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria ya que la autoridad señalada como responsable no dicta acuerdo a mi escrito de fecha 8 de febrero de 2021 dentro del expediente laboral 94/M/2012 mediante el cual solicito se dicte auto de requerimiento de pago y embargo." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 108/2022; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de acordar el escrito de ocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro de los autos del expediente 94/M/2012. Sin que haya lugar a tener como actos reclamados los que enuncia el impetrante de amparo en su escrito de demanda, pues del estudio integral de la misma, así como de las constancias relacionadas con el juicio laboral de origen, se advierte que lo que el quejoso reclama es la omisión precisada. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, residente en esta ciudad, aceptó en parte el acto que se le atribuye, y refirió que, el diez de febrero del presente año, procedió a dictar el acuerdo respectivo al escrito que constituye el acto reclamado. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, se advierte que, respecto a la omisión de acordar el escrito de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dentro de los autos del expediente 94/M/2012, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado, y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías que condicionan éste a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXI transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, existen hipótesis previstas en la Constitución, las cuales serán las que impidan entrar al análisis y resolución del acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió; ello, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, pues en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera de derechos de quien solicita la tutela constitucional. Sobre esa base, y a efecto de exponer la razón del porqué se considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en comento, es menester destacar lo siguiente: Como se vio, el acto que controvierte el impetrante en el presente asunto, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dentro de los autos del expediente 94/M/2012, dicha causal encuadra a través de la emisión del auto de diez de febrero de dos mil veintidós, en atención a las siguientes consideraciones: Por escrito de ocho de febrero de dos mil veintiuno, la apoderada legal de la parte quejosa solicitó se dicte requerimiento de pago por la cantidad de $14, 474.52 (catorce mil cuatrocientos setenta y cuatro 52/100 M.N.) conforme el laudo de once de diciembre de dos mil veinte. Mediante auto de diez de febrero del presente año, la autoridad responsable acordó el escrito de ocho de febrero de dos mil veintiuno, donde señaló que no ha lugar a acodar de conformidad toda vez que no se encuentra notificado a las partes el laudo de once de diciembre de dos mil veinte. Conforme a lo anterior, quien esto resuelve considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que con la emisión del auto de diez de febrero de dos mil veintidós, se acordó el escrito de ocho de febrero de dos mil veintiuno. Luego entonces, si la pretensión de la parte quejosa era constreñir a la responsable para que acordara el escrito de ocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro de los autos del expediente 94/M/2012, debe decirse que, dicha omisión reclamada quedó superada con el acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós, en el que se acordó el contenido del escrito que constituye el acto reclamado en el presente juicio. De ahí que, si el objeto del acto reclamado era que se acordara el escrito de ocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro de los autos del expediente 94/M/2012, es incuestionable que con la emisión del auto de diez de febrero de dos mil veintidós en el que se acordó el contenido de dicho escrito, quedó colmada la pretensión de la quejosa. Lo anterior, al haber desaparecido el objetivo perseguido de la parte quejosa, que era acordar el escrito de ocho de febrero de dos mil veintiuno. Sin que con la presente determinación se soslaye que la autoridad responsable en el acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós hizo referencia al escrito de ocho de febrero de dos mil veintidós, esto en virtud de que del contenido del informe justificado se desprende que atendió el escrito de ocho de febrero de dos mil veintiuno, mismo que allegó a su informe justificado. Por ello, es inconcuso que no es factible analizar la constitucionalidad de un acto que ha dejado de surtir efectos por la autoridad de instrucción; de ahí que este Juzgado de Distrito decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse de manera absolutamente clara e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Por la idea jurídica que contiene, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 241, del Tomo VII del mes de abril de 1998, Novena Época, del contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Por los motivos expuestos, deviene inconcuso la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados en la presente instancia. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, atento al acto reclamado en el presente juicio, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y siendo esto así, consecuentemente, con fundamento en la fracción V del precepto 63 de la Ley de la Materia, debe sobreseerse en el presente juicio respecto de dicho acto reclamado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 62, 63, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Alejandro Alvarado Peña, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos y razones expuestas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, actuando con el Secretario Edgar Iván Cruz Lerma, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LAS PARTES DE LA SENTENCIA DE LA FECHA EN CITA, EN LA CUAL SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contra el acto reclamado al Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por los motivos y fundamentos expuestos en el sexto. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. se tiene con el carácter de tercero interesado al R. Ayuntamiento de Victoria, y se posterga su emplazamiento hasta en tanto obre en autos el informe justificado que se pidió a la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y vía correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado en Materia de Amparo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 17,203 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano