Juan Alejandro Acosta Mendez
Expediente 261/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 35 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Alejandro Acosta Mendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Incidental
Irapuato, Guanajuato, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como constancia el oficio suscrito por el director de Garantías de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Tesorería de la Federación, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de la diversa misiva 7827/2023 del índice de este juzgado, por el que se le remitió el billete de depósito número N *****, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito que se hizo efectivo a favor del erario Federal, mediante proveído dos de mayo de dos mil veintitrés. Finalmente, vuelvan los autos al archivo. Notifíquese.
- Incidental
Irapuato, Guanajuato, dos de mayo de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que a la presente data ha transcurrido el término de dos años que se otorgó a la parte quejosa en auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, para recoger el billete de depósito número ***, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional Crediticia; sin que lo haya realizado. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el supracitado auto y, con fundamento en el artículo 50, párrafo primero, de la Ley de Tesorería de la Federación, se declara precluído el derecho para reclamar la aludida garantía. Por tanto, se ordena transferir el referido billete de depósito a favor de la Tesorería de la Federación; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Vuelvan los autos al archivo. Notifíquese.
- Principal
CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la sentencia que sobreseyó el presente asunto, no fue recurrida dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Es aplicable la Jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013630 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Página: 556 "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. DOCUMENTOS: La parte quejosa allegó documentos catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso a) y 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo en cita Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otra parte, en relación con el billete de depósito *****, exhibido en el incidente de suspensión para garantizar la suspensión provisional, una vez que transcurra el término a que alude al artículo 156 de la Ley de Amparo, se acordará lo conducente sobre su destino en el respectivo cuaderno. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en el que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA *** LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SÍNTEIS DICE: . TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal con residencia en esta ciudad toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 90 y 91). Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con la constancia que la responsable acompañó en apoyo a su informe justificado, la cual consiste en un disco en formato DVD que contiene la causa penal digital *** y audiencias relativas a ésta; a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. También son ciertos los actos que le fueron reclamados a las autoridades siguientes: - Director General de la Agencia de Investigación Criminal, con residencia en Guanajuato (fojas 54 y 55); - Coordinador del Grupo Especial en Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado (fojas 57 y 58); - Coordinador Regional de Investigaciones, Región B, con residencia en esta ciudad (foja 64); - Jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Dirección de Investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado con sede en esta ciudad (foja 68). Lo anterior al haber aceptado los actos al momento de rendir sus informes con justificación. Por otro lado, deben tenerse por ciertos los actos reclamados al Fiscal General del Estado así como al Fiscal Regional B del Estado, con residencia en esta ciudad, pues no obstante que hayan negado la existencia de éstos, lo cierto es que fueron señaladas como autoridades ejecutoras; por tanto, si la autoridad ordenadora aceptó la existencia del acto, lo cierto es que puede ordenar la ejecución de éste a las autoridades ejecutoras. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, previo al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, sea que las partes la propongan o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, como expone la autoridad responsable, Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, por conducto de la Encargada de Sala, en el caso operó un cambio de situación jurídica que actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)". De la citada disposición legal se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Diciembre de 1996, página 219, materia común, registro digital 199808 cuyo rubro y texto son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Una vez plasmado lo anterior, tenemos que en el caso, el acto que reclama el quejoso lo constituye la resolución dictada en audiencia de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal ***, en la que la Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal con residencia en esta ciudad, determinó girar orden de aprehensión en contra del quejoso al haberlo declarado sustraído de la acción de la justicia. Ahora, en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio JOIRA/9878/2021, por el que la Encargada de Sala del Juzgado responsable informó que impuso al aquí quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa derivado a que el delito por el que se inició la causa penal (robo calificado) es de aquellos que ameritan esa medida al haberse cometido con medios violentos, como lo es, un arma de fuego; asimismo, autorizó como plazo de cierre de investigación el de dos meses, que correría del trece de agosto al trece de octubre de la anualidad que transcurre (foja 118). Luego, en auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la misiva JOIRA/13380/2021 por la que la Encargada de Sala del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, sede Irapuato, por el que informó que el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, giró en favor del ahora sentenciado *** -aquí quejoso- boleta de libertad dentro de la causa penal ***, al haberse acogido al sustitutivo de trabajo en favor de la comunidad, que se le concedió en la sentencia por procedimiento abreviado, de fecha veinticinco de octubre en cita, así como haber realizado el pago de la multa por la cantidad de $***. Ahora bien, de lo manifestado por el Juez responsable, se evidencia que el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia dentro de la causa penal donde en su momento se emitió la orden de captura reclamada y el veintiséis de octubre siguiente, giró boleta de libertad en favor del aquí quejoso, al haberse acogido a un beneficio sustitutivo, por lo que resulta evidente que el acto reclamado (la orden de aprehensión y/o presentación) no solo dejó de tener vida jurídica, sino que, además, en el proceso penal operó un cambio de situación jurídica, que provoca que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas, en virtud de que a través de este medio, ya no es factible estudiar o decidir respecto a los actos que por esta vía se reclamaron, sin que se afecte la nueva situación jurídica de la parte quejosa, esto con independencia de que subsistan o no las violaciones a que hizo referencia en su escrito de petición de amparo. Lo anterior, con base en que todas y cada una de las formas de restricción de la libertad tienen sus propias características, las cuales son condicionadas por determinadas normas jurídicas, de modo que cuando ésta cambia, desaparecen los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y por lo mismo, ello hace que las violaciones reclamadas, se estimen irreparablemente consumadas, lo que trae como resultado que en la especie se actualice la causa de improcedencia a que se ha hecho cita, en razón del cambio de situación jurídica de la parte quejosa, que operó al haberse dictado sentencia definitiva en el proceso de origen. Así las cosas, es indiscutible que si se reclamó la orden de aprehensión y/o presentación, dictada por la autoridad responsable Juez de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, pero posteriormente se dictó sentencia condenatoria y el aquí quejoso se acogió al sustitutivo de trabajo en favor de la comunidad otorgado en ese fallo; es inconcuso que las violaciones que se reclamaron de aquélla, se consumaron irreparablemente, en virtud del cambio de situación jurídica que operó con su emisión, pues se insiste, el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno se dictó sentencia dentro del procedimiento abreviado. Incluso, como lo señaló el Juez de la causa, previo cumplimiento de los requisitos procesales giró boleta de libertad en favor del quejoso, estado actual que guarda la causa de la que emana el acto reclamado. Sin que sea obstáculo que el informe de la autoridad sobre el cambio de situación jurídica, se recibiera después de que se celebró la audiencia constitucional, pues al incidir en la acreditación de una causa de improcedencia, no existe impedimento para tomarlo en consideración, a la luz de la jurisprudencia 2a./J. 25/201, titulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." En consecuencia, como en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma legislación. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación dirigidos a combatir el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, no se desatiende que dentro del presente juicio de amparo se formularon alegatos por la parte quejosa; sin embargo, esta juzgadora se abstiene de analizarlos, virtud a que no se encuentra obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen, salvo los casos en que se hagan valer causas de improcedencia, cuestión que no aconteció. QUINTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo.
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