Juan Alberto Velazquez Hernández
Expediente 8/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 8/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Alberto Velazquez Hernández
- Catalina Alejandrina Garduño Xolalpa de Poll
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 8/2021, promovido por Juan Alberto Velázquez Hernández, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de diciembre del año pasado (foja 3), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Juan Alberto Velázquez Hernández, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Directora de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de catorce de enero de dos mil veintiuno (foja 42), este juzgado, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Luego, en auto de uno de marzo del año en curso (foja 57), se reconoció el carácter de tercera interesada a Catalina Alejandra Garduño Xolalpa de Poll, por su propio derecho y en cuanto apoderada de Karolina y Erick, de apellidos Poll Garduño. Seguido el juicio por sus cauces legales, en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (foja 91), se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado es atribuido a una autoridad administrativa con residencia en el territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado consiste en: La resolución de veintinueve de octubre de dos mil veinte dictada por la Directora de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en cumplimiento a la resolución definitiva pronunciada por el Presidente Municipal y por el Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán Municipal dentro del recurso de revisión 05/2019. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Directora de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 53). Certeza que se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe justificado, consistentes en el expediente administrativo del que deriva la resolución reclamada. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, y que permiten evidenciar la omisión reclamada por el quejoso. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Falta de interés. La autoridad responsable Directora de Orden Urbano del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán (foja 54) solicitó se decrete el sobreseimiento en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, señalando esencialmente que no existe afectación a los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en atención a que no acreditó con los documentos anexados a su solicitud, cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 421 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán. Causal que se impone desestimar, en atención a que si este juzgador asume como válido el argumento de la autoridad responsable, en el sentido que el peticionario del amparo no acreditó los requisitos exigidos por el artículo referido, inevitablemente realizaría vía improcedencia, un pronunciamiento vinculado con el fondo o la legalidad de los actos reclamados, ya que en sus conceptos de violación, el accionante del amparo aduce entre otras cuestiones, que satisfizo todos los requisitos legales exigidos y que por ende, procedía se emitiera a su favor la autorización de subdivisión que tramitó. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Página: 5, Novena Época, registro 187973, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Finalmente, al no existir más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y dado que este juzgado tampoco las advierte de manera oficiosa se advierte la existencia de alguna; por tanto, se procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ellos, aduce esencialmente lo siguiente: Que la autoridad responsable viola en su perjuicio sus derechos fundamentales, al negar nuevamente el permiso de subdivisión solicitado, porque es falso que no haya acreditado todos los requisitos exigidos por el artículo 421 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán; Que es ilegal que la responsable haya determinado no cumplido el requisito relativo a que el quejoso cuente con título de propiedad inscrito ante el Registro Público, ello porque como lo acredita con las copias certificadas del convenio judicial celebrado en el juicio sumario civil 458/2018, el quejoso demandó el cumplimiento del contrato de compraventa y la escrituración del terreno que adquirió de buena fe y en dicho procedimiento se ordenó que se le escriture ese bien. Por ello, aduce, basta que quien pretenda subdividir, acredite ser el propietario, tal y como él lo hizo, ya que el referido artículo 421, no menciona que los documentos que otorguen la propiedad a quien pretenda subdividir deban estar registrados a su nombre. Bajo ese contexto, aduce, es ilegal que la directora responsable declare no satisfecho este requisito, bajo el argumento que la propiedad motivo de la subdivisión no está registrada actualmente a nombre del quejoso, pues con independencia de ello, acreditó con el convenio celebrado entre las partes, dentro del juicio sumario civil 458/2018, que él es el actual propietario; Que con relación al requisito consistente en que se manifestara el uso o destino del inmueble que se pretendía subdividir, la autoridad responsable no le formuló algún requerimiento a efecto de que cumpliera con el mismo; pese a ello, dice, las constancias que integran el expediente administrativo de origen, revelan con evidente claridad que, el uso del predio en cuestión es para habitación; Que por lo que ve a la factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y energía eléctrica, es ilegal que la responsable haya determinado que no era procedente otorgarle valor probatorio, bajo el argumento que dichos servicios están a nombre de quien en la actualidad aparece como propietaria en el Registro Público de la Propiedad y no de él, en su calidad de solicitante; ya que, con independencia de esa situación, lo cierto es que esas constancias corresponden a los servicios del inmueble ubicado en la Avenida Juan Pablo II número 315, Santa María de Guido, de esta ciudad y que por ello, debe entenderse que la factibilidad es para determinar si al predio a subdividir se le puede administrar otra toma de agua, sin que en el artículo referido 421, se exija que dicha constancia debe ser expedida a nombre de alguna persona en particular, es decir, de quien aparece como propietario en el Registro Público de la Propiedad; y, Que también es ilegal que haya calificado insatisfecho el requisito relativo al croquis de localización del terreno o terrenos, en relación al centro de población, señalando la orientación de los mismos y las áreas contiguas, argumentando que, no se cumple porque la fracción no colinda con vía pública ya existente, ya que la misma tiene frente a una servidumbre de paso. Sobre este aspecto aduce también, que la servidumbre de paso debe considerarse como vía pública, ya que por su naturaleza, constituye un espacio de uso común que por la costumbre se encuentra destinado al libre tránsito, tal y como lo exige el artículo 158 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán. Concepto de violación que son infundados en una parte e inoperante en otra, como a continuación se demostrará. Para realizar esa afirmación, por principio conviene señalar que en el caso que nos ocupa, la Directora de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, mediante el oficio número SUOP/2855/2020, emitido el veintinueve de octubre de dos mil veinte resolvió improcedente la solicitud presentada por el quejoso el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en la que solicitó la autorización de la subdivisión del predio conocido con el nombre de La Laguna de la Cantera, con una superficie total de 23,476.00 m2, ubicado en Santa María de Guido, municipio de Morelia, Michoacán, inscrita en el registro 24 del tomo 6988 del libro de propiedad del Registro Público de la Propiedad de este Distrito de Morelia, Michoacán. Inmueble que adquirió mediante convenio judicial celebrado dentro del juicio sumario civil 458/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, en el cual el quejoso demandó de Catalina Alejandra Garduño Xolalpa de Poll, por su propio derecho y en cuanto apoderada de Karolina y Erick, de apellidos Poll Garduño, el cumplimiento del contrato de compraventa y la escrituración del terreno materia de la solicitud de subdivisión. En dicho convenio que fue elevado a la categoría de cosa juzgada el trece de septiembre de dos mil dieciocho, los demandados se obligaron a escriturar una fracción del terreno denominado "La Laguna de las Canteras" ubicado en la Tenencia de Santa María de Guido, con una superficie de 661.05 metros cuadrados. En la determinación reclamada, la Directora de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, sustentó la improcedencia de la subdivisión solicitada, en el hecho que el quejoso no cumplió con los requisitos establecidos en las fracciones II, III, V, y VI del artículo 421 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, como se aprecia de la imagen que se inserta a continuación del referido oficio: Como se ve, los argumentos esenciales para considerar improcedente la solicitud elevada por el quejoso, fueron los siguientes: Que no se cumplía con el requisito relativo a que el título de propiedad del predio por el que se solicite la subdivisión, esté inscrito en el Registro de la Público de la Propiedad, porque la propiedad motivo de la subdivisión no se registra a nombre del quejoso y el contrato de promesa de compraventa y la ratificación del convenio celebrado en el juicio sumario civil 458/2018, no constituyen documentos idóneos para acreditar la propiedad en los términos exigidos por la ley; Que la fracción del inmueble que se pretende subdividir no tiene frente hacía a una vía pública, ya que tiene enfrente una servidumbre de paso que no puede ser considerada como vía pública por no contener elementos tales como servicio de agua potable, drenaje, energía eléctrica, nomenclatura y/o nombre de la calle y que la misma, exista con anterioridad a la solicitud de subdivisión; Que no se cumplió con el requisito de indicar el uso actual del predio, ya que no se indicó en el croquis respectivo; y, Que tampoco se cumplió con el requisito relativo a que se presentara documento idóneo en el que se sustentara la factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y energía eléctrica, ya que el presentado respecto de los servicios de agua potable y drenaje sanitario se expidió a nombre de Catalina Alejandrina Garduño Xolalpa y además, porque respecto del servicio de energía eléctrica no se presentó documento alguno. Bajo las anteriores consideraciones, se considera que no asiste razón al peticionario del amparo al argumentar que: Que la autoridad responsable viola en su perjuicio sus derechos fundamentales, al negar nuevamente el permiso de subdivisión solicitado, porque es falso que no haya acreditado todos los requisitos exigidos por el artículo 421 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán; y, Que es ilegal que la responsable haya determinado no cumplido el requisito relativo a que el quejoso no cuente con título de propiedad inscrito ante el Registro Público, ello porque como lo acredita con las copias certificadas del convenio judicial celebrado en el juicio sumario civil 458/2018, el quejoso demandó el cumplimiento del contrato de compraventa y la escrituración del terreno que adquirió de buena fe y en dicho procedimiento se ordenó que se le escriture ese bien. Por ello, aduce, basta que quien pretenda subdividir, acredite ser el propietario, tal y como él lo hizo, ya que el referido artículo 421, no menciona que los documentos que otorguen la propiedad a quien pretenda subdividir deban estar registrados a su nombre. Bajo ese contexto, aduce, es ilegal que la directora responsable declare no satisfecho este requisito, bajo el argumento que la propiedad motivo de la subdivisión no está registrada actualmente a nombre del quejoso, pues con independencia de ello, acreditó con el convenio celebrado entre las partes, dentro del juicio sumario civil 458/2018, que él es el actual propietario. Lo anterior, porque no es cierto como lo afirma el quejoso, que haya satisfecho la totalidad de los requisitos exigidos por el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, que en lo conducente dispone: "ARTÍCULO 421.- Toda persona física o moral que pretenda fusionar o subdividir áreas o predios, deberá presentar la solicitud por escrito ante la Dependencia Municipal; anexando los datos y documentos siguientes: I. Datos generales del solicitante; II. Título de propiedad, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad; III. Croquis de localización del terreno o los terrenos, en relación al centro de población, señalando la orientación de los mismos y las áreas contiguas; IV. Plano a escala con acotaciones y superficies de la fusión o subdivisión que se pretenda realizar; en el cual se indicará el estado actual y la propuesta de fusión o subdivisión; V. Uso o destino actual y el propuesto del inmueble o inmuebles; VI. Factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y energía eléctrica; VII. Constancia de no adeudo del impuesto predial del o los predios del año en que la solicite; y, VIII. En el caso de terreno urbanos (sic), constancia de alineamiento." En efecto, en el caso se afirma que el quejoso no satisfizo la totalidad de los requisitos exigidos para que se declarara procedente la subdivisión que solicitó, en la medida que como se aprecia del artículo 421, fracción II, del ordenamiento citado, se exige imperativamente y no potestativamente que el documento para acreditar la propiedad se encuentre debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad, sin que dicha porción normativa otorgue la posibilidad, como lo pretende el quejoso, que la propiedad sea acreditada con documentación diferente, por ejemplo, resoluciones judiciales. Sin que lo anterior implique que, una vez que el quejoso verifique el proceso de escrituración e inscripción correspondiente en el registro público de la propiedad, pueda volver a instar la solicitud y entonces sí, se declare satisfecho ese requisito. Además, en este punto debe puntualizarse que no pasa desapercibido para quien resuelve la falta de identidad entre la superficie del bien que el quejoso solicitó para subdividir, en la cual se estableció textualmente que se solicitó ese trámite para el: predio conocido con el nombre de La Laguna de la Cantera, con una superficie total de 23,476.00 m2, ubicado en Santa María de Guido, municipio de Morelia, Michoacán, inscrita en el registro 24 del tomo 6988 del libro de propiedad del Registro Público de la Propiedad de este Distrito de Morelia, Michoacán; y lo asentado en el convenio que obra en el juicio sumario civil 458/2018, en el cual, los demandados se obligaron a escriturar una fracción del terreno denominado "La Laguna de las Canteras" ubicado en la Tenencia de Santa María de Guido, con una superficie de 661.05 metros cuadrados. Es decir, no se inadvierte que, el predio para el que se solicitó la subdivisión tiene una superficie total de 23,476.00 metros cuadrados y en el convenio sólo se ordenó escriturar del terreno denominado "La Laguna de las Canteras" ubicado en la Tenencia de Santa María de Guido, con una superficie de 661.05 metros cuadrados. Por otro lado, es también infundado en una parte e inoperante en otra, el concepto de violación en el que se afirma que: Con relación al requisito consistente en que se manifestara el uso o destino del inmueble que se pretendía subdividir, la autoridad responsable no le formuló algún requerimiento a efecto de que cumpliera con el mismo; pese a ello, dice, las constancias que integran el expediente administrativo de origen, revelan con evidente claridad que, el uso del predio en cuestión es para habitación. La calificación de infundado, obedece a que, contrario a la apreciación del quejoso, la responsable no estaba obligada a formular prevención alguna para ese efecto, pues el artículo 421 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, es claro al señalar que: Toda persona física o moral que pretenda fusionar o subdividir áreas o predios, deberá presentar la solicitud por escrito ante la Dependencia Municipal; anexando los datos y documentos ahí precisados. Bajo ese orden de ideas, si en la fracción V, de ese numeral se exige que se indique y/o precise, el uso y destino actual y el propuesto del inmueble que se pretende subdividir, resulta indudable que esa carga procedimental correspondía desahogarla al solicitante de la subdivisión y que por ello, la responsable no estaba obligada a adivinar o deducir tal circunstancia. Mientras que la calificación de inoperante descansa en que, el quejoso no señaló qué artículo y de cuál ordenamiento, faculta a la autoridad para realizar esas prevenciones o requerimientos; lo que resultaba necesario para poder calificar la legalidad de su argumento. De la misma forma, es inoperante por insuficiente el argumento siguiente: Que por lo que ve a la factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y energía eléctrica, es ilegal que la responsable haya determinado que no era procedente otorgarle valor probatorio, bajo el argumento que dichos servicios están a nombre de quien en la actualidad aparece como propietaria; ya que, con independencia de esa situación, lo cierto es que esas constancias corresponden a los servicios del inmueble ubicado en la Avenida Juan Pablo II número 315, Santa María de Guido, de esta ciudad y que por ello, debe entenderse que la factibilidad es para determinar si al predio a subdividir se le puede administrar otra toma de agua, sin que en el artículo referido 421, se exija que dicha constancia debe ser expedida a nombre de alguna persona en particular, es decir, de quien aparece como propietario en el Registro Público de la Propiedad. Así, la inoperancia deriva del hecho que, en este requisito en concreto, la responsable no sólo lo declaró insatisfecho por la constancia de factibilidad de los servicios de agua potable expedida a nombre de persona distinta al solicitante, sino que además, señaló que respecto del servicio de energía eléctrica no se presentó documento alguno. Por tanto, si el quejoso únicamente atacó la consideración del argumento en el que la responsable dijo que la constancia de factibilidad de los servicios de agua potable no podía considerarse apta porque la misma fue expedida a nombre de persona distinta al solicitante; sin embargo, nada dijo de la ausencia de documentación para acreditar la factibilidad del servicio de energía eléctrica. Entonces, ya que esas dos consideraciones son independientes entre sí y el motivo antes destacado (que respecto del servicio de energía eléctrica no se presentó documento alguno), por sí solo puede sustentar la calificación de la responsable en el sentido de que ese requisito no está satisfecho, por lo que al no haberse controvertido, éste continúa rigiendo el sentido de esa declaración. Es así, porque, aunque este juzgador calificara de ilegal, la calificación de no considerar idónea la constancia de factibilidad del servicio de agua potable; subsistiría la calificación de incumplimiento a ese requisito, en la medida que respecto de la factibilidad del servicio de energía eléctrica no se acompañó documento alguno. De ahí, la inoperancia sostenida, ya que los conceptos de violación deben estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de todos los argumentos en que se sustenta la resolución impugnada, pues de no ser así, se está ante argumentos insuficientes para revocar la resolución recurrida. En apoyo a lo anterior, es de invocar la jurisprudencia IV.30.A. J/4, visible en la página 1138, Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada. De la misma forma, es inoperante por insuficiente, el concepto de violación siguiente: Que también es ilegal que haya calificado insatisfecho el requisito relativo al croquis de localización del terreno o terrenos, en relación al centro de población, señalando la orientación de los mismos y las áreas contiguas, argumentando que, no se cumple porque la fracción no colinda con vía pública ya existente, ya que la misma tiene frente a una servidumbre de paso. Sobre este aspecto aduce también, que la servidumbre de paso debe considerarse como vía pública, ya que por su naturaleza, constituye un espacio de uso común que por la costumbre se encuentra destinado al libre tránsito, tal y como lo exige el artículo 158 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán. Lo anterior, porque respecto del incumplimiento a este requisito la autoridad señaló en esencia, que la fracción del inmueble que se pretende subdividir no tiene frente hacía una vía pública, ya que tiene frente a una servidumbre de paso que no puede ser considerada como vía pública por no contener elementos tales como servicio de agua potable, drenaje, energía eléctrica, nomenclatura y/o nombre de la calle y que la misma, exista con anterioridad a la solicitud de subdivisión. Entonces, la inoperancia de este concepto de violación, descansa en que el accionante del amparo, sólo argumentó que la servidumbre de paso sí es una vía pública, porque dice, es un espacio de uso común de libre tránsito; pero nada dice con relación a las demás razones asentadas por la responsable para no considerarla vía pública, tales como que, la servidumbre de paso no es vía pública porque no tiene elementos como servicio de agua potable, drenaje, energía eléctrica y nombre en la calle. Por ello, se impone calificar inoperante por insuficiente el argumento que se estudia en este apartado. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Alberto Velázquez Hernández, en contra del acto reclamado a la Directora de Orden Urbano del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán y, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la resolución de 22 de septiembre de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción II, y 29 de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene al Director de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas, con residencia en esta ciudad, dando cumplimiento a lo solicitado por este juzgado y para tal efecto, remite las constancias relacionadas con el acto reclamado. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales que anexa a su oficio de cuenta. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva y dése vista a las partes con dichas documentales. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que se tuvo a la autoridad responsable Directora de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de esta ciudad, rindiendo su informe justificado y remitiendo las constancias relacionadas al acto reclamado; sin embargo, de las mismas no se advierten todas las constancias que la parte quejosa acompañó a la solicitud de subdivisión que realizó ante dicha autoridad. Por tanto, a efecto de estar en condiciones de resolver el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, computado legalmente, remita copia certificada íntegra y perfectamente legible de las constancias que el quejoso acompañó a la solicitud de subdivisión, incluyendo los recibos de agua y luz, debiendo además certificar que son todas las constancias que integra el expediente administrativo de origen. Apercibida que de no hacerlo en el plazo que se le concede o bien, en caso de que no manifieste el impedimento que para ello tenga, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa por $8,962.00 ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA). En consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno para su verificativo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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