Juan Alberto Valencia Piña

Expediente 1108/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1108/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Juan Alberto Valencia Piña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    (.) SE ARCHIVAN LOS PRESENTES AUTOS (.)

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por Juan Alberto Valencia Piña, parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones que le formularon en proveídos de veintitrés de junio y catorce de julio de dos mil veintiuno. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora vista la demanda de amparo y los escritos aclaratorios se tiene que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Del Delegado en Yucatán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la resolución al procedimiento administrativo sancionador con número PFPA37.5/227.3/0103/16/0467/2016 (como expresamente señala en su escrito aclaratorio de veintitrés de junio de dos mil veintiuno), en cuanto que omitió declarar la caducidad del procedimiento de visita de inspección iniciado el siete de noviembre de dos mil dieciséis y circunstanciado en el acta de inspección 37/050/103/2C.27.3/VS/2016. Resolución que bajo protesta de decir verdad refiere le fue notificada el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Del Subprocurador Jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, reclama la resolución administrativa de treinta de julio de dos mil dieciocho dictada en el expediente PFPA/5.2/2C.11.1.3/0011-18 -como expresamente señaló en su escrito de aclaración de nueve de julio de dos mil veintiuno-, en cuanto que omitió declarar la caducidad del procedimiento administrativo sancionador que se instauró en su contra. Resolución que bajo protesta de decir verdad refiere le fue notificada el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Del Director General de Delitos Federales Contra el Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la omisión de exhibir con su contestación a la demanda en el juicio de nulidad 1750/18/-EAR-01-10, copia certificada del acuerdo 166/2017 de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. El quejoso señaló bajo protesta de decir verdad que el acuerdo de contestación de la demanda le fue notificado el once de septiembre de dos mil dieciocho y los anexos que con ella se exhibieron los recibió el veintinueve de enero de dos mil diecinueve. De la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reclama el auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve que se dictó en el juicio de nulidad 1750/18/-EAR-01-10 -como refiere en su escrito de cuenta- en cuanto que omitió declarar la caducidad del procedimiento administrativo sancionador. Acuerdo que refiere bajo protesta de decir verdad, le fue notificado el veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Hasta aquí los actos reclamados y las fechas de su notificación. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede desechar de plano la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido de las disposiciones legales transcritas, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos que señala el artículo 17 del cuerpo de leyes en cita; por su parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo, precisa que el plazo para la interposición de la demanda se contará, entre otro caso, a partir del día siguiente al en que se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior, se advierte que el plazo para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En caso contrario, el juicio de amparo interpuesto fuera de ese plazo será considerado extemporáneo y, por ende, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. En este asunto, la parte quejosa acude al amparo indirecto en reclamo de actos que atribuye al Delegado en Yucatán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Subprocurador Jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Director General de Delitos Federales Contra el Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; los cuales le fueron notificados el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el veintinueve de enero de dos mil diecinueve y veintiséis de junio de dos mil diecinueve, respectivamente. Como se observa, los actos que reclama le fueron notificados desde hace más de dos años. Por tanto, en el caso queda evidenciado que el promovente consintió tácitamente los actos reclamados que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo. Esto porque la demanda de amparo fue presentada hasta el veintidós de junio de dos mil veintiuno, según se observa del sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán y los actos reclamados le fueron notificados entre los lapsos de dos a tres años atrás; lo que hace evidente que el juicio de amparo resulta extemporáneo, lo que se reitera, hace improcedente el presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Juan Alberto Valencia Piña, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. No escapa de la atención de este juzgador que respecto de los actos reclamados se puede evidenciar diversas causales de improcedencia, como las de cesación de efectos por sustitución procesal (respecto del acto reclamado a la primera autoridad), cosa juzgada (por lo que hace a la segunda), definitividad (respecto de las dos primeras), violación procesal (por lo que hace a la tercera autoridad); sin embargo al haberse analizado y considerarse actualizada de forma notoria y manifiesta la relacionada con el consentimiento tácito -presentación extemporánea-, ello hace innecesario el estudio de las diversas causales. Finalmente, con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AVISO . Mérida, Yucatán, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por Juan Alberto Valencia Piña, parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones que le formularon en proveídos de veintitrés de junio y catorce de julio de dos mil veintiuno. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora vista la demanda de amparo y los escritos aclaratorios se tiene que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Del Delegado en Yucatán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la resolución al procedimiento administrativo sancionador con número PFPA37.5/227.3/0103/16/0467/2016 (como expresamente señala en su escrito aclaratorio de veintitrés de junio de dos mil veintiuno), en cuanto que omitió declarar la caducidad del procedimiento de visita de inspección iniciado el siete de noviembre de dos mil dieciséis y circunstanciado en el acta de inspección 37/050/103/2C.27.3/VS/2016. Resolución que bajo protesta de decir verdad refiere le fue notificada el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Del Subprocurador Jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, reclama la resolución administrativa de treinta de julio de dos mil dieciocho dictada en el expediente PFPA/5.2/2C.11.1.3/0011-18 -como expresamente señaló en su escrito de aclaración de nueve de julio de dos mil veintiuno-, en cuanto que omitió declarar la caducidad del procedimiento administrativo sancionador que se instauró en su contra. Resolución que bajo protesta de decir verdad refiere le fue notificada el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Del Director General de Delitos Federales Contra el Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la omisión de exhibir con su contestación a la demanda en el juicio de nulidad 1750/18/-EAR-01-10, copia certificada del acuerdo 166/2017 de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. El quejoso señaló bajo protesta de decir verdad que el acuerdo de contestación de la demanda le fue notificado el once de septiembre de dos mil dieciocho y los anexos que con ella se exhibieron los recibió el veintinueve de enero de dos mil diecinueve. De la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reclama el auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve que se dictó en el juicio de nulidad 1750/18/-EAR-01-10 -como refiere en su escrito de cuenta- en cuanto que omitió declarar la caducidad del procedimiento administrativo sancionador. Acuerdo que refiere bajo protesta de decir verdad, le fue notificado el veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Hasta aquí los actos reclamados y las fechas de su notificación. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede desechar de plano la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido de las disposiciones legales transcritas, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos que señala el artículo 17 del cuerpo de leyes en cita; por su parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo, precisa que el plazo para la interposición de la demanda se contará, entre otro caso, a partir del día siguiente al en que se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior, se advierte que el plazo para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En caso contrario, el juicio de amparo interpuesto fuera de ese plazo será considerado extemporáneo y, por ende, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. En este asunto, la parte quejosa acude al amparo indirecto en reclamo de actos que atribuye al Delegado en Yucatán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Subprocurador Jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Director General de Delitos Federales Contra el Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; los cuales le fueron notificados el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el veintinueve de enero de dos mil diecinueve y veintiséis de junio de dos mil diecinueve, respectivamente. Como se observa, los actos que reclama le fueron notificados desde hace más de dos años. Por tanto, en el caso queda evidenciado que el promovente consintió tácitamente los actos reclamados que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo. Esto porque la demanda de amparo fue presentada hasta el veintidós de junio de dos mil veintiuno, según se observa del sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán y los actos reclamados le fueron notificados entre los lapsos de dos a tres años atrás; lo que hace evidente que el juicio de amparo resulta extemporáneo, lo que se reitera, hace improcedente el presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Juan Alberto Valencia Piña, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. No escapa de la atención de este juzgador que respecto de los actos reclamados se puede evidenciar diversas causales de improcedencia, como las de cesación de efectos por sustitución procesal (respecto del acto reclamado a la primera autoridad), cosa juzgada (por lo que hace a la segunda), definitividad (respecto de las dos primeras), violación procesal (por lo que hace a la tercera autoridad); sin embargo al haberse analizado y considerarse actualizada de forma notoria y manifiesta la relacionada con el consentimiento tácito -presentación extemporánea-, ello hace innecesario el estudio de las diversas causales. Finalmente, con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    MESA VIII. Mérida, Yucatán, catorce de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por Juan Alberto Valencia Piña, parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual pretende dar cumplimiento a las prevenciones que se le formularon en proveídos de veintitrés de junio y seis de julio de dos mil veintiuno; en tal virtud, se agrega para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, de la lectura del escrito de cuenta se advierte que la parte quejosa no cumplió a cabalidad lo requerido en autos de veintitrés de junio y seis de julio de dos mil veintiuno; lo anterior porque se advierte que fue omiso en señalar si el auto que reclama de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es la sentencia definitiva que dictó en el juicio de nulidad 1750/18/-EAR-01-10. Por lo tanto, al no haber dado cabal cumplimiento a la prevención que se realizó en auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno y considerando que aún no se ha agotado el término concedido a la parte quejosa para subsanarla, hágase de su conocimiento que subsiste el requerimiento y apercibimiento decretados en el referido acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. (...)

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