Juan Alberto Uribe Pastrana

Expediente 1354/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1354/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Juan Alberto Uribe Pastrana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, se efectuó personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad tercero interesada el día nueve de noviembre siguiente, sin que a la fecha hubiesen desahogado la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Por sentencia firmada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en su primer punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JUAN ALBERTO URIBE PASTRANA, en contra del acto reclamado al Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, con sede en esta ciudad, para el efecto de que: ".Deje insubsistente la determinación dictada el veintidós de abril de dos mil veintidós, en autos del expediente 64/2021. Y en su lugar, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda, subsanando las deficiencias asentadas en el cuerpo de esta sentencia." Por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, el Juez responsable, mediante oficio TCAMM.269.2022, remitió copia certificada de la sentencia dictada el treinta y uno de octubre del año actual, en el cual, dejó sin efectos la determinación dictada el veintidós de abril de dos mil veintidós, en autos del expediente 64/2021 de su índice. Asimismo, en dicha resolución, subsanó las deficiencias que fueron asentadas en el cuerpo de la ejecutoria dictada en el presente asunto. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. Por tanto, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulneradas, en términos de lo que establece el aludido numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en donde en su segundo punto resolutivo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente coincide en su totalidad con el electrónico. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en el que se da vista a las partes con el cumplimiento: ocho de noviembre de dos mil veintidós. Data de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: nueve de noviembre de dos mil veintidós. Fecha en que la autoridad responsable cumplió la ejecutoria: treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. Data en que se recepcionó en este órgano jurisdiccional el oficio de cumplimiento: siete de noviembre de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio número 269/2022, signado por el Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, con sede en esta ciudad, con un anexo, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes de dicho oficio por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la parte tercero interesada y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el treinta de septiembre de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, correspondiente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, a fin de que la responsable se encuentre en aptitud de dar cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en estos autos, devuélvasele el anexo consistente en el expediente original 64/2021 de su índice, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Visto para resolver los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra el acto que reclama al Juez del Tribunal de lo Contencioso ********************dministrativo del Municipio de Mérida, con sede en esta ciudad. ******************** N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintidós, en el Tribunal de lo Contencioso ********************dministrativo del Municipio de Mérida, ********************, presentó demanda de amparo directo, la cual fue recibida el dieciocho de mayo siguiente en la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados del Décimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnada posteriormente al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y ********************dministrativa del Decimocuarto Circuito, mismo que mediante proveído de veinticuatro de mayo del presente año, declaró su incompetencia legal para conocer de dicho juicio, y ordenó se remitiera a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, para que ésta la turne al juzgado que correspondiera. SE********************UNDO. Recepción de la demanda. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, recepcionó el oficio 4212/2022 de la Superioridad y tuvo a ********************, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama al Juez del Tribunal de lo Contencioso ********************dministrativo del Municipio de Mérida, con sede en esta ciudad. TERCERO. ********************dmisión de la demanda. Por auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, misma que quedó registrada con el número ********************; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se tuvo por presentado el informe justificado de la autoridad responsable; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R ******************** C I O N E S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de ********************mparo, 49 en relación con el 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los ********************cuerdos ********************enerales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SE********************UNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de ********************mparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su ********************aceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEM********************ND******************** DE ********************MP********************RO. DEBE SER INTERPRET********************D******************** EN SU INTE********************RID********************D. Este ********************lto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de ********************mparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su ********************aceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "********************CTOS RECL********************M********************DOS. RE********************L********************S P********************R******************** SU FIJ********************CIÓN CL********************R******************** Y PRECIS******************** EN L******************** SENTENCI******************** DE ********************MP********************RO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de ********************mparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." ********************sí, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: La resolución de veintidós de abril de dos mil veintidós dictada en autos del expediente ********************del índice del Tribunal Contencioso ********************dministrativo del Municipio de Mérida, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno emitida por el Director de Desarrollo Urbano del ********************yuntamiento de Mérida en el expediente ********************, relativo al recurso de reconsideración derivado de la solicitud de trámite número ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la responsable, pues así se advierte del informe rendido por el Juez del Tribunal de lo Contencioso ********************dministrativo del Municipio de Mérida, con sede en esta ciudad; lo que se corrobora del contenido del mismo. Cobra aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-Julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "********************CTO RECL********************M********************DO. DEBE TENERSE POR CIERTO CU********************NDO L******************** ********************UTORID********************D EN SU INFORME LO NIE****************************************, Y ******************** CONTINU********************CION H********************CE M********************NIFEST********************CIONES QUE EVIDENCI********************N SU CERTEZ********************. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CU********************RTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de ********************mparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. ********************l respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su ********************aceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOL********************CIÓN O ****************************************R********************VIOS. P********************R******************** CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CON********************RUENCI******************** Y EXH********************USTIVID********************D EN L********************S SENTENCI********************S DE ********************MP********************RO ES INNECES********************RI******************** SU TR********************NSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de ********************mparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. ********************nálisis de los conceptos de violación. Resulta esencialmente fundado uno de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, el cual resulta suficiente para concederle el amparo y protección de la Justicia federal que solicita. Previamente, es importante destacar que de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de ********************mparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierten los siguientes antecedentes: El diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la Dirección de Desarrollo Urbano del ********************yuntamiento de Mérida, emitió resolución al recurso de reconsideración en el expediente ********************, en la que declaró procedente el recurso promovido por ********************, pero infundados e inoperantes los agravios esgrimidos en contra del acto administrativo consistente en la respuesta a su solicitud con número de trámite ********************, en la que no se autorizó su solicitud de licencia de uso de suelo para el trámite de la licencia de funcionamiento municipal en el predio ubicado en la calle ********************, letra ********************, número ********************, letra ********************, de la colonia ********************, de esta ciudad, en el que pretende establecer el uso para oficina administrativa, (fojas 24 a 47, anexo) Que mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintiuno, ********************, interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso ********************dministrativo del Municipio de Mérida, recurso de revisión en contra de la resolución de diecisiete de septiembre anterior, dictada en el expediente contencioso ********************, relativo al recurso de consideración que promovió en contra del acto administrativo derivado de la solicitud con número de trámite ********************, de diez de mayo de dos mil veintiuno, que no autorizó su solicitud de licencia de uso de suelo para el trámite de la licencia de funcionamiento municipal para el predio ubicado en la calle ********************, letra ********************, número ********************, letra ********************, de la colonia ********************, de esta ciudad, (página 2 a 23, anexo). El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, el Juez del Tribunal de lo Contencioso ********************dministrativo del Municipio de Mérida, tuvo por presentado el recurso de revisión interpuesto por Uribe Pastrana, empero, al advertir que en el apartado de pruebas no adjuntó en su totalidad las pruebas relacionadas, lo requirió para que dentro del término de cinco días remitiera las mismas, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrían por no presentadas, (fojas 48 y 49, anexo). Escrito presentado por el aquí quejoso el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual a fin de cumplir con el requerimiento efectuado, exhibió diversos documentos ante la responsable, (fojas 53 a 112, anexo). El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la responsable tuvo por admitido el recurso y por presentadas las pruebas exhibidas por el recurrente, a excepción de las marcadas con los números 1, 8, 11, 23 y 24, (fojas 113 a 114, anexo). Por oficio DDU/SJ/D********************C/231/2021, el Director de Desarrollo Urbano del Municipio, dio contestación al recurso de revisión interpuesto en contra de su resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la que señaló como falsos e inoperantes los agravios de la parte actora, en virtud de que el acto combatido se emitió en estricta observancia a la normatividad aplicable, es decir, al Reglamento de ********************ctos y Procedimientos ********************dministrativos del Municipio de Mérida, el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida y la Ley de ********************sentamientos Humanos del Estado de Yucatán, y contó con todos y cada uno de los requisitos que todo acto administrativo debe contener, (fojas 118 a 128, anexo). El veintidós de abril de dos mil veintidós, el Tribunal responsable, dictó la resolución al recurso de revisión interpuesto, en la que determinó que la parte actora no probó su pretensión, por lo que reconoció la validez de la resolución impugnada, (fojas 193 a 198, anexo). Esta resolución, constituye el acto reclamado. ********************hora bien, para un mejor análisis de la resolución impugnada, conviene transcribir la parte considerativa de la misma. "SÉPTIMO. Parte considerativa. En la primera parte de su concepto de impugnación, el actor manifiesta quela resolución impugnada le causa agravio en cuanto a que la autoridad demandadavioló en su perjuicio el derecho humano de propiedad y el principio deirretroactividad de la ley, pues dijo que el predio número 505-******************** de la calle 63-******************** dela colonia ******************** de esta ciudad de Mérida, Yucatán (predio objeto de la resoluciónimpugnada) junto con el predio colindante, el número 505-******************** de la misma calle,mismos que son de su propiedad, han sido destinados para uso distinto a los dehabitación familiar desde hace más de 30 años, ya que en un principio se destinópara taller de carpintería, posteriormente para bodega y en los últimos años ha sidodestinado para taller de herrería y aluminio y oficinas administrativas, como loacreditó dicha parte actora ante la enjuiciada con diversos documentos. Continuó manifestando el actor que no obstante esas pruebas y el uso comercial que se le ha dado al predio por más de 30 años, la enjuiciada únicamente se limitó en la resolución impugnada a relacionar dichas pruebas sin hacer una valoración de las mismas y no tomó en cuenta de que ha venido siendo utilizado para usocomercial desde antes de que entrara en vigor la Ley de ********************sentamientos Humanosdel Estado de Yucatán, misma que fue publicada en el Diario Oficial del Estado eldía 30 de junio de 1995 y del Reglamento de Construcciones del Municipio deMérida, que fue publicado en el referido Diario Oficial del Estado el 14 de enero de2004. ******************** su juicio, se violó en su perjuicio el artículo 14 constitucional en cuanto a lairretroactividad de las leyes y le fueron afectados los derechos adquiridos por unparticular y además de hechos, actos o situaciones concretas producidas yconsumadas con antelación al momento de entrar en vigor esas nuevas normatividades. Por su parte, la autoridad demandada al contestar el recurso de revisión, expuso que los agravios hechos valer por el actor son falsos e inoperantes ya que lejos de violar el derecho de propiedad, esa autoridad observó lo dispuesto por el artículo 662 del Código Civil del Estado de Yucatán, así como el resto de disposicionesnormativas en materia administrativa que rigen el uso del suelo. Manifestó también la enjuiciada que si bien la institución de propiedad privadaconcede la facultad para el propietario de gozar y disponer de una cosa, esto seráobservando también las infracciones y modalidades que fijen las leyes conducentes,en este caso, el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida y elPrograma Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida. Igualmente, plasmó que los artículos 67 de la Ley de ********************sentamientos Humanos del Estado de Yucatán, 19 y 20 del Reglamento de Construcciones del Municipio deMérida, prevén la obligación del gobernado de contar con la licencia de uso de suelopara poder dar a un predio un uso o destino distinto. En cuanto a la irretroactividad de las leyes en su perjuicio que alegó el revisionista, la demandada manifestó que es falso, ya que el supuesto derecho adquirido que alegó el actor, no fue debidamente probado en el recurso de reconsideración, puesto que las pruebas aportadas para tal propósito fueron insuficientes para demostrar sus pretensiones. Con base en lo antes expuesto, quien dicta considera que a la enjuiciada le asiste la razón cuando manifestó que no se le violentó su derecho a la propiedad privada de ninguna forma al actor, pues la propiedad está limitada por ciertos dispositivos legales para ciertas modalidades, las cuales en este caso, aluden específicamente al uso del suelo que le pretende dar el revisionista al predio en cuestión. La demandada citó el artículo 67 de la Ley de ********************sentamientos Humanos del Estado de Yucatán, así como el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida, donde se aprecian las limitaciones a la propiedad privada a las cuales se refería la autoridad y en estecaso, la parte actora no desvirtuó de manera directa y frontal estos argumentossino que solamente se limitó hacer manifestaciones de que se le violentaba su derecho humano a la propiedad privada sin especificar cómo o de qué manera. Por otro lado, al referimos a las pruebas que la parte demandada incluyó en su escrito inicial de demanda, es menester señalar que mediante acuerdo de fecha 16 de octubre de 2021, este Tribunal le hizo un primer requerimiento conapercibimiento, para que exhibiera fotocopia de la prueba documental señalada como 1, consistente en "todas y cada una de las constancias, documentos.actuaciones y resoluciones que integran el expediente contencioso ********************."o en su caso, fotocopia de la solicitud que hubiere hecho para solicitar talesdocumentos a la autoridad enjuiciada a fin de obtenerlas, por lo menos con 5 díasde anticipación a la presentación de su escrito inicial de demanda. Igualmente se le hizo un segundo requerimiento con apercibimiento, para queexhibiera las pruebas marcadas con los números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 17, 18, 19,20, 21, 23, 24, 25 y 26 consistentes en diversas documentales, pues las mencionó en su escrito inicial pero no las adjuntó, por lo que se le otorgó tambiénun plazo de 5 días para exhibirlas. En fecha 29 de octubre de 2021 se dictó un acuerdo, mediante el cual al no tener por satisfechos el primer requerimiento con apercibimiento dictado en el acuerdo de fecha 18 de octubre del 2021, se tuvo por no presentada la prueba marcada con elnúmero 1 de su escrito inicial. En el mismo acuerdo y en relación con el segundo apercibimiento conrequerimiento, la parte actora exhibió las pruebas marcadas con los números 4, 5,6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 y 26 de su escrito inicial; no asílas pruebas marcadas con los números 8, 11, 23 y 24, por lo cual estas últimascuatro pruebas se tuvieron por no presentadas. De lo anterior, se desprende que al no tener por presentadas ciertas pruebas, éstas no pueden ser tomadas en cuenta para su valoración en la presente resolución que se dicta. Las pruebas que se tuvieron por no presentadas son las siguientes:1.- Prueba documental pública consistente en todas y cada una de las constancias,documentos, actuaciones y resoluciones que integran el expediente contencioso********************, relativo al recurso de reconsideración en contra del acto administrativoconsistente en la solicitud con número de trámite ******************** de fecha diez demayo del dos mil veintiuno; 8.- Notificación número 169460 de fecha 18 de febrero de 2020; 11.- ********************cuerdo número ********************dictado en el expediente administrativo DDU/SJ/US0/485-2020 del 25 de marzo de 2021;23.- Factura que emite la empresa DEC********************P actualmente prestando sus serviciosadministrativos desde el predio en cuestión y 24.- Copia de los recibos de consumo de energía eléctrica. De las demás pruebas que sí le fueron admitidas, se considera que no son las idóneas ni fueron suficientes para tratar de probar lo que pretende, es decir, no desvirtúan los argumentos esgrimidos por la enjuiciada mediante los cuales confirma la validez del recurso de reconsideración que pretendió combatir la resolución administrativa mediante la cual le fue negada la licencia de uso del sueloen cuestión. (.) Por todo lo anteriormente expuesto es que esta primera parte de su concepto deimpugnación resulta inoperante. 2. En la segunda parte de su concepto de impugnación la parte actora manifestó que le causó agravio la resolución impugnada ya que la autoridad demandada señaló que la solicitud para oficina administrativa se clasifica como de bajo impacto y la Tabla de Compatibilidades con Usos y Destinos del Suelo ********************nexo N-03, establecen que en la Zona 1. Consolidación Urbana el uso para oficina administrativa resulta permitido; sin embargo concluyó la enjuiciada que, resultado de una verificación llevada a cabo en el predio objeto de este expediente el día 22 de abril de 2021, se constató que el uso de oficina administrativa solicitado, se encontraba directamente conectado al resto de la construcción existente en el mismo predio con una superficie de construcción de 321.48 metros cuadrados, en la cual se llevan a cabo funciones adicionales y complementarias a la oficina administrativa, como son el uso de compresoras, máquinas de corte, estructuras ensambladas, áreas de carga y descarga, así como áreas de almacenamiento, funciones que fueron omitidas en el formato de solicitud. También dijo que le causó agravio la resolución impugnada en cuanto a que en la misma se señaló que en los archivos de esa Dirección de Desarrollo UrbanoMunicipal, existe una solicitud anterior de licencia de uso del suelo para trámite dela licencia de funcionamiento municipal para oficina administrativa con taller dealuminio y herrería, solicitada el 13 de febrero de 2020 realizada por el C. Eduardo********************hmed Díaz Escamilla, ocupante legal del predio, y que dicha solicitud en sumomento fue resuelta como no autorizada debido a que el taller de herrería seclasifica como industria de alto impacto, siendo no permitido para la Zona 1Consolidación Urbana. También señaló que la demandada fundó su negativa en que la superficie totalconstruida del predio en cuestión rebasaba los 100 metros cuadrados permitido paradicha zona y que para esto, a criterio de la parte actora, lo que la enjuiciada debióhaber hecho fue prevenirlo otorgándole un plazo razonable para adecuar elinmueble a la superficie de construcción permitida para oficina administrativa lo cualhubiera (sic) es factible y no negar como lo hizo, la licencia de uso del suelo, máximeque al hacerlo, violó el principio de irretroactividad de la ley consagrada en la CartaMagna, toda vez que los referidos predios tienen un derecho adquirido de usocomercial y ese uso de conformidad con dicho principio ya no pueden afectarse pordisposición legal alguna posterior. La autoridad demandada, sobre el punto anterior dijo que aunque el predio encuestión, de acuerdo a la Tabla de Clasificación de Usos, Destinos y ********************iros segúnNivel de Impacto (********************nexo N-02), el uso de oficina administrativa se clasifica como debajo impacto, de acuerdo al plano Estrategia Síntesis (********************nexo E-10) del ProgramaMunicipal de Desarrollo Urbano de Mérida, se ubica para los usos pretendidos enuna zona denominada Zona 1. Consolidación Urbana, en relación con la Tabla decompatibilidades con Usos y Destino del Suelo ********************nexo N-03 se establece que en la Zona-1. Consolidación Urbana, el uso para la oficina administrativa resulta permitido. Sin embargo de lo anterior, se incumple con lo establecido apartado 3.2.1. del Nivel Normativo del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida, relativo a los criterios aplicables en la Zona 1 de consolidación urbana y en ese sentido, si bien resulta permitido el uso de oficina administrativa, esta razón no fue suficiente para poder otorgar la licencia de uso de suelo, pues existieron otras razones que se consideraron, ya que al encontrarse en esa zona (zona 1 consolidación urbana) el predio respecto del cual se hace la solicitud, no podrá ocupar una superficie total construida mayor a 100 metros cuadrados, por lo que esa autoridad realizó una consulta de información catastral del predio y se observó que cuenta con una superficie de 321.48 metros cuadrados, por lo que resulta una superficie de construcción mayor a la permitida para la zona en la que se encuentra. En cuanto a la Irretroactividad de la ley invocada por el revisionista, la autoridadmanifiesta que es falso, debido a que el supuesto derecho que alegó haberadquirido, no fue debidamente probado en el recurso de reconsideración, puestoque las pruebas aportadas fueron insuficientes para demostrar sus pretensiones. Este Tribunal considera que la parte recurrente no combate de forma frontal ydirecta las razones de la enjuiciada, pues no desvirtúa la legalidad de losargumentos vertidos por la misma, que tuvieron como consecuencia confirmar lavalidez de la negativa dictada, puesto que la autoridad demandada manifestó en sucontestación que a pesar de que el actor en su solicitud hubiera manifestado que eluso que se le daba al predio en cuestión fueran como oficina administrativa y ésteuso si es considerado como permitido en esa zona, esa autoridad realizó unaverificación llevada a cabo en el predio objeto de este expediente el día 22 de abrilde 2021, donde se constató que el uso de oficina administrativa solicitado, seencontraba directamente conectado al resto de la construcción existente en elmismo predio y se llevaban a cabo funciones adicionales y complementarias a la oficina administrativa, como lo son el uso de compresoras, máquinas de corte, estructuras ensambladas, áreas de carga y descarga, así como áreas de almacenamiento, funciones que fueron omitidas en el formato de solicitud, por lo que además se tiene que el actor omitió en su solicitud mencionar los otros usos que le daban al predio, mismos que no son permitidos en esa zona. Lo anterior, no fue desvirtuado por el actor. ********************simismo, la demanda manifestó que de una consulta de información catastral del predio, se observó que cuenta con una superficie de 321.48 metros cuadrados, por lo que resulta una superficie de construcción mayor a la permitida para la zona en la que se encuentra que es de 100 metros cuadrados; esto tampoco fue desvirtuado por el actor. En cuanto a la irretroactividad de la ley que alega el recurrente, la enjuiciada dijo que, si bien presentó pruebas documentales para pretender probar que el prediofuncionaba desde hacía más de 30 años con uso comercial, esas pruebas no fueronidóneas ni suficientes para demostrar lo pretendido, por lo que la responsable síestudió y valoró las pruebas aportadas por el actor y no únicamente se limitó aenunciarlas.(.) 3. Ya analizado el único y extenso concepto de impugnación formulado en la demanda y al concluir que ninguno de sus argumentos resultaron fundados, este Juzgador, con fundamento en el artículo 70, fracción I, del Reglamento de lo Contencioso ********************dministrativo del Municipio de Mérida, procede a reconocer la validez de la resolución impugnada, ya que la parte actora no logró acreditar su ilegalidad." En la especie, el impetrante del amparo se duele que la resolución de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************, resulta trasgresora de sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 16 Constitucional. ********************l respecto, aduce que la responsable no fundó ni motivó la sentencia combatida, violando sus derechos fundamentales, pues no dio motivos lógicos conducentes en su resolución, con lo que transgrede los artículos 339 y 347 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, que establece que las sentencias deben ser claras y fundadas en ley. Resulta fundada su dolencia, como en seguida se demuestra. Para arribar a ello, resulta menester transcribir el artículo 16 Constitucional, el cual en la porción que interesa, dispone: ".Nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El artículo 16 Constitucional, tal y como lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recoge el principio de legalidad; y, por ende, prevé la exigencia de justificar racionalmente los actos de autoridad que impliquen alguna molestia para los particulares y, que se manifiesten en dos requisitos esenciales que deben concurrir necesariamente, fundar y motivar dicho acto. La fundamentación y motivación son requisitos indispensables para que un acto de autoridad tenga plena eficacia, así la fundamentación es el deber de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y por motivación se entiende el señalar, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas; tal y como se advierte del contenido de la Jurisprudencia número 204, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y seis, Tomo VI, Materia Común, del ********************péndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "FUND********************MENT********************CIÓN Y MOTIV********************CIÓN. De acuerdo al artículo 16, de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otro lado, la referida exigencia de fundamentación y motivación está concatenada con los diversos principios de exhaustividad y congruencia, conforme a los cuales, la autoridad competente está obligada al emitir su fallo, de ocuparse de todas y cada una de las pretensiones que plantea la parte que pide. ********************l respecto es aplicable la jurisprudencia 1a,/J.139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y dos, del Tomo XXII, Diciembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su ********************aceta, Novena Época, que establece: "FUND********************MENT********************CIÓN Y MOTIV********************CIÓN DE L********************S RESOLUCIONES JURISDICCION********************LES, DEBEN ********************N********************LIZ********************RSE ******************** L******************** LUZ DE LOS ********************RTÍCULOS 14 Y 16 DE L******************** CONSTITUCIÓN POLÍTIC******************** DE LOS EST********************DOS UNIDOS MEXIC********************NOS, RESPECTIV********************MENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. ********************hora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ********************sí, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." En el caso particular, conviene precisar que el quejoso reclama la resolución de veintidós de abril de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************, en la que la responsable resolvió que la parte actora no probó su pretensión, por lo que reconoció la validez de la resolución impugnada. Luego, de un análisis de la resolución recurrida, se advierte que la responsable, respecto de las pruebas ofrecidas por el quejoso, se limitó a manifestar: "(.) De las demás pruebas que sí le fueron admitidas, se considera que no son las idóneas ni fueron suficientes para tratar de probar lo que pretende, es decir, no desvirtúan los argumentos esgrimidos por la enjuiciada mediante los cuales confirma la validez del recurso de reconsideración que pretendió combatir la resolución administrativa mediante la cual le fue negada la licencia de uso del suelo en cuestión. (.)" "(.) En cuanto a la irretroactividad de la ley que alega el recurrente, la enjuiciada dijo que, si bien presentó pruebas documentales para pretender probar que el predio funcionaba desde hacía más de 30 años con uso comercial, esas pruebas no fueron idóneas ni suficientes para demostrar lo pretendido, por lo que la responsable sí estudió y valoró las pruebas aportadas por el actor y no únicamente se limitó a enunciarlas. (.)." En ese sentido, como acertadamente lo sostiene la parte solicitante del amparo, la responsable fue omisa en analizar las pruebas que aportó y que obran en autos del expediente de origen, pues se limitó a señalar que las mismas no fueron idóneas ni suficientes para demostrar lo pretendido; pero sin justificar el porqué de su determinación. ********************nte ello, deviene incuestionable que la responsable al pretender dar contestación a los argumentos vertidos por el aquí quejoso en su recurso, no lo hace respecto al agravio que hizo valer en relación a que no se hizo una valoración de las pruebas que obran en autos del expediente de origen, pues como quedó asentado, al respecto únicamente señaló que no resultaron idóneas ni suficientes para demostrar su pretensión, puesto que así se sostuvo en la resolución impugnada, sin señalar la razón y sustento jurídico del porqué lo así decidido en la resolución recurrida se encontraba ajustado a derecho; esto es, porqué compartía lo determinado en el recurso de reconsideración. Por otra parte, tampoco se advierte que haya expresado algún fundamento legal en el que se hubiese basado para emitir su resolución en el sentido en el que lo hizo. Lo anterior, pone de relieve que la responsable no colmó los elementos de la acción para emitir de manera fundada y motivada la resolución relativa al recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso. De ahí que el acto controvertido en esa parte, transgredió en perjuicio de la parte quejosa su derecho fundamental de seguridad jurídica, ya que la responsable omitió fundar y motivar su resolución, acorde con lo establecido en el precepto 16 de la Norma Suprema. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia I.4o.********************. J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia ********************dministrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1531, tomo XXIII, Mayo de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial del a Federación, con número de registro 175082, que dice: "FUND********************MENT********************CIÓN Y MOTIV********************CIÓN. EL ********************SPECTO FORM********************L DE L******************** ****************************************R********************NTÍ******************** Y SU FIN********************LID********************D SE TR********************DUCEN EN EXPLIC********************R, JUSTIFIC********************R, POSIBILIT********************R L******************** DEFENS******************** Y COMUNIC********************R L******************** DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En las relatadas condiciones, en términos de los artículos 73, párrafo primero y 77, fracción I, de la Ley de ********************mparo, lo procedente es conceder el amparo y protección constitucional a la parte quejosa para el efecto de que el Juez del Tribunal de lo Contencioso ********************dministrativo del Municipio de Mérida, con sede en esta ciudad: Deje insubsistente la determinación dictada el veintidós de abril de dos mil veintidós, en autos del expediente ********************. Y en su lugar, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda, subsanando las deficiencias asentadas en el cuerpo de esta sentencia. En este orden de ideas, al haber resultado fundado uno de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, resulta innecesario hacer pronunciamiento alguno en torno a los restantes motivos de inconformidad, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia. ********************poya lo expuesto la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la foja 205, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 228,181, que precisa: "CONCEPTOS DE VIOL********************CION. ESTUDIO INNECES********************RIO DE LOS. Si un concepto de violación analizado al resolver el amparo, es suficiente para dejar insubsistente el acto reclamado, resulta innecesario el estudio de los demás aspectos tratados en los conceptos de violación." SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y ********************cceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y ********************cceso a la Información Pública ********************ubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de ********************cceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "D********************TOS PERSON********************LES DE L********************S P********************RTES EN LOS JUICIOS. L******************** F********************LT******************** DE M********************NIFEST********************CIÓN EXPRES******************** POR L******************** QUE SE OPON****************************************N ******************** L******************** PUBLIC********************CIÓN DE LOS D********************TOS, NO EXIME ******************** LOS ÓR****************************************NOS JURISDICCION********************LES NI ******************** L******************** UNID********************DES ********************DMINISTR********************TIV********************S DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el ********************cuerdo ********************eneral del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCT********************VO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de ********************mparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de ********************mparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión ********************MP********************R******************** Y PROTE********************E al quejoso ********************, en contra del acto que reclamó al Juez del Tribunal de lo Contencioso ********************dministrativo del Municipio de Mérida, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SE********************UNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CU********************RTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

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