Juan Alberto Sanpedro Suárez
Expediente 1751/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1751/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Alberto Sanpedro Suárez
- Juan Alberto Sanpedro Suárez y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó de plano la demanda de amparo, origen de este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del acuerdo general conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en razón que se desechó de plano la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel Medina Rubio, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de la licenciada Lilia Ramírez Jiménez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil dieciséis. Datos de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Alberto Sanpedro Suárez; fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la ley de la materia; regístrese con el número 1751/2016, que le correspondió. Desechamiento. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, resulta claro que antes de admitir a trámite la demanda de amparo, es pertinente examinar si ante todo, no existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. En la especie este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado". De lo anterior se colige que el juicio de amparo deviene improcedente y, por ende, se debe desechar la demanda de plano, cuando se advierta que al tiempo de sustanciarse el juicio de amparo, también se tramite ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso, que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia por contradicción P./J. 144/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, Página 15, estableció que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la anterior Ley de Amparo (de contenido idéntico al artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo vigente, se actualiza cuando concurren las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. En ese tenor, de la demanda de amparo promovida por Juan Alberto Sanpedro Suárez se desprende que el acto reclamado consiste en la pretendida ejecución de las sanciones determinadas en la resolución 00641/30.102.19/036/2016, dictada por el titular del área de Auditoría, Quejas y de Responsabilidades del órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el expediente administrativo de responsabilidad 514/2015, consistentes en la destitución del puesto e inhabilitación temporal por el término de un año para desempeñar empleos, cargas o comisiones en el servicio. Asimismo, bajo protesta de decir verdad, el promovente en el capítulo denominado "ANTECEDENTES" manifiesta lo siguiente: " (.) CUARTO.- Mediante escrito de fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, promoví recurso de revocación contra la resolución 00641/30.102.19/036/2016, recurso que a la fecha no ha sido resuelto. (.)" Así pues, de lo anterior se advierte que el promovente promovió el recurso de revocación en contra de la determinación administrativa en la que hace constituir el acto reclamado, lo cual se considera como una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De igual manera, se aprecia, que el recurso de revocación resulta el medio de impugnación ordinario idóneo para combatir la resolución dictada el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, por el titular del área de Auditoría, Quejas y de Responsabilidades del órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el expediente administrativo de responsabilidad 514/2015; además, en cuanto a la suspensión del acto que pretende, la interposición de dicho recurso suspende la ejecución de la resolución recurrida si lo solicita el promovente, en tanto que los artículos 26 y 27 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, disponen: "ARTICULO 26.- El recurso de revocación se interpondrá ante la propia autoridad que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes: I.- Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del servidor público le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir; II.- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución, y III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas. ARTICULO 27.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si lo solicita el promovente, conforme a estas reglas: I.- En tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los términos que prevenga el Código Fiscal de la Federación, y II.- En tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los siguientes requisitos: a) Que se admita el recurso; b) Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de difícil reparación en contra del recurrente, y c) Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio público." Medio de impugnación que tendrá por efecto revocar o nulificar el citado acto de autoridad, razón por la cual, es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ende, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por ser notoriamente improcedente, de plano, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Domicilio y autorizados. Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados únicamente con las facultades del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que refiere. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el licenciado Leonel Medina Rubio, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Román Covarrubias Reyes, secretario que autoriza y da fe.
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