Juan Alberto Salcedo Díaz Mercado

Expediente 3018/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 34 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
3018/2014
Año
2014
Actuaciones
34
Última actuación
06/11/2015

Partes del expediente

  • Juan Alberto Salcedo Díaz Mercado
  • María de los Ángeles Bertha Diaz Mercado Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de noviembre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de cinco de octubre de dos mil quince, que declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por licencia oficial, autorizada mediante circular CCJ/ST/6021/2015, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el tres de noviembre de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del cinco de octubre del dos mil quince, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de veintiuno de septiembre de dos mil quince (foja 354), se dio vista a las partes, con el oficio signado por el Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, quien firma en suplencia de la Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (fojas 351 y 352), para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de doce de junio de dos mil quince, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro auxiliar de la Quinta Región, en el cuarto punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María de los Ángeles Bertha Díaz Mercado Gutiérrez, contra los actos que reclamó del Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos; consistentes en su intervención en el proceso legislativo que dio origen a los numerales 77, fracción II, y 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda; y, 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal; en relación con el numeral 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, dichos ordenamientos de aquella entidad federativa, para los efectos siguientes: ".En ese orden de ideas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a María de los Ángeles Bertha Díaz Mercado Gutiérrez, para los efectos siguientes: No se le apliquen los artículos 77, fracción II, y 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; y, Se le devuelvan, con su actualización, las cantidades que efectivamente se le hayan retenido por concepto de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, por el Notario Público Número Dos de la Novena Demarcación de esa entidad, según testimonios notariales 3330, 3336 y 3338; así como el impuesto adicional; lo anterior, en virtud que al ordenarse la devolución de lo pagado por la citada contribución, no existe base legal para el cobro del impuesto adicional mencionado. No se le apliquen los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal; en relación con el numeral 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, ambos ordenamientos del Estado de Morelos; y, Se le devuelvan, con su actualización, las cantidades que efectivamente se le hayan retenido únicamente por concepto del cobro del impuesto adicional al de adquisición de bienes inmuebles, con motivo de la aplicación de dichos numerales; según se advierte de las escrituras públicas referidas. Es aplicable al caso la jurisprudencia 75/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 339, tomo XIV, diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro y texto: "SENTENCIA DE AMPARO. SE INCURRE EN DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO SI HABIÉNDOSE OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE PRECEPTOS RELATIVOS A UN IMPUESTO, LA AUTORIDAD SE LIMITA A DEVOLVER LO PAGADO POR ÉSTE Y NO LO CUBIERTO POR TRIBUTOS COMPLEMENTARIOS A LOS QUE NO SE REFIRIÓ LA SENTENCIA, PERO QUE DEBÍAN CALCULARSE EN UN PORCENTAJE ADICIONAL A AQUÉL. En virtud de que el efecto de las sentencias dictadas en los amparos contra leyes es que al quejoso no le sea aplicada la norma declarada inconstitucional (durante el tiempo de su vigencia), lo conducente es que las autoridades exactoras estén obligadas a restituirle las cantidades que haya enterado, tanto por el impuesto principal como por los tributos complementarios, puesto que su aplicación se encuentra estrechamente vinculada a la norma materia del juicio de garantías, independientemente de que la protección constitucional se haya sustentado en consideraciones relativas al precepto que señalaba la tasa que debía aplicarse para pagar el tributo principal, pues si los tributos complementarios deben calcularse sobre la misma base, el amparo otorgado trasciende necesariamente a ellos". Respecto a la actualización de la devolución de las contribuciones pagadas, conviene citar al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 13/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 592, tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada" Devolución que correrá a cargo de las autoridades exactoras. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XIV/97 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo V, febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso." Sin embargo, tal concesión de amparo no libera a la contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, consistente en la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, previsto en la fracción II, del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se deberán restituir a la quejosa las cantidades enteradas, menos la tarifa menor que prevé el artículo 78, fracción V, de dicha legislación, esto es, diez días de salario mínimo vigente en esa entidad, en la época de celebración de los actos traslativos de dominio contenidos en las escrituras públicas 3330, 3336 y 3338. Apoya lo anterior, en lo conducente y aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1244, libro VIII, tomo 2, mayo de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en cuyo texto y rubro se dice: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA". Por auto de nueve de julio de dos mil quince (fojas 282 a la 285), causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia constitucional. Por auto de diecisiete de agosto del dos mil quince (fojas 315 a la 317), se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo únicamente por cuanto a la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, toda vez que restituyó al quejoso Juan Alberto Salcedo Díaz Mercado, la cantidad de $12,411.64 (doce mil cuatrocientos once pesos 64/100 Moneda Nacional), por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, por la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales. Por autos de doce y veintisiete de agosto del año en curso (foja 312 y 331 ), se requirió al Notario Público Dos de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con residencia en Jiutepec, Morelos, para que remitiera a éste juzgado copia certificada, completa y legible de los recibos de pago de derechos de inscripción, relativos a las escrituras públicas 3336 (tres mil trescientos treinta y seis) y 3338 (tres mil trescientos treinta y ocho). En atención a lo anterior, el Notario número Dos de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, por oficio recibido el siete de septiembre del año en curso (fojas 338 y 339), remitió copia certificada de los recibos de pago de derechos de inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, con número de folio 2342617 y 2342621. Por auto de ocho de septiembre del dos mil quince (foja 341 y 342), se acordó que toda vez que la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, mediante oficio recibido el once de agosto del año en curso (foja 311), solicitó copia certificada de los recibos de pago correspondientes a los testimonios notariales 3336 y 3338, en los cuales se sustentó la concesión del amparo y se desprendiera el pago que debería ser devuelto a la parte quejosa, por lo que se le remitió copia certificada de los recibos de pago con número de folio 2342617 y 2342621 que remitió el Titular de la Notaria número Dos de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (Adriana Flores Garza) requiriéndole el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por auto de diez de septiembre del año en curso (foja 347), se declaró firme el auto de diecisiete de agosto del año que transcurre, por el cual se declaró cumplida parcialmente la ejecución de la sentencia únicamente por cuanto al Tesorero del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. La Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia del Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por oficios recibidos el dieciocho y veintiocho de septiembre del año en curso, informó el cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada de la póliza de cheque con número de folio 0053324 de fecha quince de septiembre de dos mil quince, a favor de Juan Alberto Salcedo Díaz Mercado, por la cantidad total de $17,323.32 (diecisiete mil trescientos veintitrés pesos 32/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (fojas 351 y 352); asimismo, se advierte que la quejosa María de los Ángeles Bertha Díaz Mercado Gutiérrez firmó de recibido el veinticuatro de septiembre del año en curso. Documental que fue expedida por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, es un documento al cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa el citado monto cobrado por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de compraventa ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, por cuanto a las manifestaciones que realizó el autorizado de la parte quejosa, en el sentido de que recibió el cheque que la Secretaria de Hacienda del Estado, puso a disposición de los quejosos, por lo que se le da un cumplimiento parcial a la sentencia de doce de junio del año en curso, toda vez que el Notario y autoridad responsable no aclaran las cantidades enteradas por el Notario Dos de Jiutepec, Morelos, ya que ha solicitado se requiriera al Notario para que aclarara las cantidades que entero a hacienda; atento a lo anterior, dígase al promovente que la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, dio cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que de autos se advierte que obran los recibos de pago de derechos de inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, con número de folio 1971456 (foja 183), 2342617 (foja 339) y 2342621 (foja 340) correspondientes a los testimonios notariales 3330, 3336 y 3338, en los cuales se sustentó la concesión del amparo y se desprendiera el pago que debería ser devuelto a la parte quejosa, además que en la sentencia de amparo, se precisó la autoridad debería restituir a la quejosa las cantidades enteradas, menos la tarifa menor que prevé el artículo 78, fracción V, de dicha legislación, esto es, diez días de salario mínimo vigente en esa entidad, en la época de celebración de los actos traslativos de dominio contenidos en las escrituras públicas 3330, 3336 y 3338. En consecuencia, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de veintiuno de septiembre de dos mil quince (foja 354), se dio vista a las partes, con el oficio signado por el Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, quien firma en suplencia de la Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (fojas 351 y 352), para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de doce de junio de dos mil quince, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro auxiliar de la Quinta Región, en el cuarto punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María de los Ángeles Bertha Díaz Mercado Gutiérrez, contra los actos que reclamó del Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos; consistentes en su intervención en el proceso legislativo que dio origen a los numerales 77, fracción II, y 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda; y, 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal; en relación con el numeral 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, dichos ordenamientos de aquella entidad federativa, para los efectos siguientes: ".En ese orden de ideas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a María de los Ángeles Bertha Díaz Mercado Gutiérrez, para los efectos siguientes: No se le apliquen los artículos 77, fracción II, y 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; y, Se le devuelvan, con su actualización, las cantidades que efectivamente se le hayan retenido por concepto de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, por el Notario Público Número Dos de la Novena Demarcación de esa entidad, según testimonios notariales 3330, 3336 y 3338; así como el impuesto adicional; lo anterior, en virtud que al ordenarse la devolución de lo pagado por la citada contribución, no existe base legal para el cobro del impuesto adicional mencionado. No se le apliquen los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal; en relación con el numeral 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, ambos ordenamientos del Estado de Morelos; y, Se le devuelvan, con su actualización, las cantidades que efectivamente se le hayan retenido únicamente por concepto del cobro del impuesto adicional al de adquisición de bienes inmuebles, con motivo de la aplicación de dichos numerales; según se advierte de las escrituras públicas referidas. Es aplicable al caso la jurisprudencia 75/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 339, tomo XIV, diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro y texto: "SENTENCIA DE AMPARO. SE INCURRE EN DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO SI HABIÉNDOSE OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE PRECEPTOS RELATIVOS A UN IMPUESTO, LA AUTORIDAD SE LIMITA A DEVOLVER LO PAGADO POR ÉSTE Y NO LO CUBIERTO POR TRIBUTOS COMPLEMENTARIOS A LOS QUE NO SE REFIRIÓ LA SENTENCIA, PERO QUE DEBÍAN CALCULARSE EN UN PORCENTAJE ADICIONAL A AQUÉL. En virtud de que el efecto de las sentencias dictadas en los amparos contra leyes es que al quejoso no le sea aplicada la norma declarada inconstitucional (durante el tiempo de su vigencia), lo conducente es que las autoridades exactoras estén obligadas a restituirle las cantidades que haya enterado, tanto por el impuesto principal como por los tributos complementarios, puesto que su aplicación se encuentra estrechamente vinculada a la norma materia del juicio de garantías, independientemente de que la protección constitucional se haya sustentado en consideraciones relativas al precepto que señalaba la tasa que debía aplicarse para pagar el tributo principal, pues si los tributos complementarios deben calcularse sobre la misma base, el amparo otorgado trasciende necesariamente a ellos". Respecto a la actualización de la devolución de las contribuciones pagadas, conviene citar al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 13/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 592, tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada" Devolución que correrá a cargo de las autoridades exactoras. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XIV/97 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo V, febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso." Sin embargo, tal concesión de amparo no libera a la contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, consistente en la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, previsto en la fracción II, del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se deberán restituir a la quejosa las cantidades enteradas, menos la tarifa menor que prevé el artículo 78, fracción V, de dicha legislación, esto es, diez días de salario mínimo vigente en esa entidad, en la época de celebración de los actos traslativos de dominio contenidos en las escrituras públicas 3330, 3336 y 3338. Apoya lo anterior, en lo conducente y aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1244, libro VIII, tomo 2, mayo de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en cuyo texto y rubro se dice: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA". Por auto de nueve de julio de dos mil quince (fojas 282 a la 285), causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia constitucional. Por auto de diecisiete de agosto del dos mil quince (fojas 315 a la 317), se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo únicamente por cuanto a la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, toda vez que restituyó al quejoso Juan Alberto Salcedo Díaz Mercado, la cantidad de $12,411.64 (doce mil cuatrocientos once pesos 64/100 Moneda Nacional), por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, por la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales. Por autos de doce y veintisiete de agosto del año en curso (foja 312 y 331 ), se requirió al Notario Público Dos de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con residencia en Jiutepec, Morelos, para que remitiera a éste juzgado copia certificada, completa y legible de los recibos de pago de derechos de inscripción, relativos a las escrituras públicas 3336 (tres mil trescientos treinta y seis) y 3338 (tres mil trescientos treinta y ocho). En atención a lo anterior, el Notario número Dos de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, por oficio recibido el siete de septiembre del año en curso (fojas 338 y 339), remitió copia certificada de los recibos de pago de derechos de inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, con número de folio 2342617 y 2342621. Por auto de ocho de septiembre del dos mil quince (foja 341 y 342), se acordó que toda vez que la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, mediante oficio recibido el once de agosto del año en curso (foja 311), solicitó copia certificada de los recibos de pago correspondientes a los testimonios notariales 3336 y 3338, en los cuales se sustentó la concesión del amparo y se desprendiera el pago que debería ser devuelto a la parte quejosa, por lo que se le remitió copia certificada de los recibos de pago con número de folio 2342617 y 2342621 que remitió el Titular de la Notaria número Dos de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (Adriana Flores Garza) requiriéndole el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por auto de diez de septiembre del año en curso (foja 347), se declaró firme el auto de diecisiete de agosto del año que transcurre, por el cual se declaró cumplida parcialmente la ejecución de la sentencia únicamente por cuanto al Tesorero del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. La Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia del Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por oficios recibidos el dieciocho y veintiocho de septiembre del año en curso, informó el cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada de la póliza de cheque con número de folio 0053324 de fecha quince de septiembre de dos mil quince, a favor de Juan Alberto Salcedo Díaz Mercado, por la cantidad total de $17,323.32 (diecisiete mil trescientos veintitrés pesos 32/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (fojas 351 y 352); asimismo, se advierte que la quejosa María de los Ángeles Bertha Díaz Mercado Gutiérrez firmó de recibido el veinticuatro de septiembre del año en curso. Documental que fue expedida por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, es un documento al cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa el citado monto cobrado por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de compraventa ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, por cuanto a las manifestaciones que realizó el autorizado de la parte quejosa, en el sentido de que recibió el cheque que la Secretaria de Hacienda del Estado, puso a disposición de los quejosos, por lo que se le da un cumplimiento parcial a la sentencia de doce de junio del año en curso, toda vez que el Notario y autoridad responsable no aclaran las cantidades enteradas por el Notario Dos de Jiutepec, Morelos, ya que ha solicitado se requiriera al Notario para que aclarara las cantidades que entero a hacienda; atento a lo anterior, dígase al promovente que la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, dio cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que de autos se advierte que obran los recibos de pago de derechos de inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, con número de folio 1971456 (foja 183), 2342617 (foja 339) y 2342621 (foja 340) correspondientes a los testimonios notariales 3330, 3336 y 3338, en los cuales se sustentó la concesión del amparo y se desprendiera el pago que debería ser devuelto a la parte quejosa, además que en la sentencia de amparo, se precisó la autoridad debería restituir a la quejosa las cantidades enteradas, menos la tarifa menor que prevé el artículo 78, fracción V, de dicha legislación, esto es, diez días de salario mínimo vigente en esa entidad, en la época de celebración de los actos traslativos de dominio contenidos en las escrituras públicas 3330, 3336 y 3338. En consecuencia, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes el escrito signado por César Figueroa Mora, autorizado del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, en atención a la vista ordenada por auto de veintiuno de septiembre del año en curso, realiza diversas manifestaciones, en el sentido de que la parte quejosa recibió el cheque de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, con lo cual se da un cumplimiento parcial a la sentencia, toda vez que que el notario y la responsable no aclaran las cantidades enteradas por cuanto al Notario Dos de Jiutepec, Morelos, solicitando se aclararan las cantidades que entero. En atención a lo anterior, téngase por hechas las manifestaciones del ocursante para los efectos legales conducentes, las que serán tomadas en consideración al momento de resolver el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

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