Juan Alberto Rueda Arevalo
Expediente 767/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 767/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Alberto Rueda Arevalo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la notificación personal al promovente +++++++++++++++++++++, del auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós. En consecuencia, se instruye nuevamente al fedatario judicial de la adscripción, a efecto de que presente ante este juzgado federal de manera inmediata la constancia de notificación de referencia, debidamente vinculada al expediente electrónico, para estar en posibilidad de proveer lo que en derecho corresponda.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso++++++++++++++++++++++++++++++, por virtud del cual realiza diversas manifestaciones en desahogo de la prevención de siete de julio de dos mil veintidós. En atención a su contenido, se tiene por desahogada la referida prevención y se deja sin efectos el apercibimiento relativo. Desechamiento Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde.". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Ahora bien, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución dictada el siete de junio de dos mil veintidós, dentro del toca 244/2022 del índice de la sala responsable, en la que se confirma el auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente 578/2020 del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, en el que se decretó la deserción de la prueba testimonial a cargo de +++++++++++++++++++++++++++. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, y este a su vez relacionado con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario a sensu, que establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "107. El amparo indirecto procede: --- V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la propia ley mencionada. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo. Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, es dable concluir que si no se actualiza de manera expresa el supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. En efecto, en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de un juicio procede cuando éstos sean de imposible reparación. En ese precepto se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. Anteriormente, bajo la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en juicio estaba regulada en el artículo 114, fracción IV. Si bien este precepto permitía la impugnación de ese tipo de actos, ello estaba acotado a que su ejecución sobre las personas y las cosas fuera de imposible reparación. Dado que conforme a la Ley de Amparo abrogada el legislador no estableció qué debía entenderse por actos de ejecución irreparable o de imposible reparación, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que por aquéllos debía entenderse los que afectaran de manera inmediata y directa derechos sustantivos reconocidos en la Constitución y, como complemento de ello, que la afectación fuera de grado predominante o superior sobre las partes, tal y como se advierte de la tesis P./LVII/2004, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de dos mil cuatro, página nueve. No obstante, conforme a la Ley de Amparo en vigor, aplicable al presente caso, el legislador precisó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en juicio. Para tal efecto, en el artículo 107, fracción V, condicionó la procedencia a dos notas distintivas, primero, que la afectación fuera de carácter material y, segundo, que recayera sobre derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano fuera parte. De esta manera, el legislador incorporó uno de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había considerado para los actos dictados en juicio, esto es, la afectación material a derechos sustantivos; sin embargo, no incluyó lo relativo a la afectación en grado predominante o superior, como criterio complementario. Así, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en juicio, conforme a la legislación vigente, está acotada a que la afectación sea de tipo material, en oposición a formal, lo cual equivale a que el acto de autoridad impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes de la sentencia definitiva y, además, que esa afectación recaiga sobre un derecho sustantivo, en oposición a adjetivo, es decir, sobre derechos que van más allá de las reglas que regulan un determinado procedimiento o alguna cuestión inherente a él. Luego, con base en los elementos referidos, este juzgador advierte que el presente juicio de amparo resulta improcedente, conforme a la causa advertida. Esto es así, ya que el acto reclamado consistente en la resolución dictada el siete de junio de dos mil veintidós, dentro del toca 244/2022 del índice de la sala responsable, no reúne el requisito de procedibilidad a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario a sensu. En efecto, la afectación que produce el acto reclamado no es de carácter material, sino formal, y no incide en ningún derecho sustantivo, sino en todo caso en derechos adjetivos, porque en él únicamente se confirma el auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente 578/2020 del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, en el que se decretó la deserción de la prueba testimonial a cargo de Ulises Edgar Serafín Hernández. De tal manera que la violación que pudiera generar el acto reclamado si bien es intraprocesal, no es de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, pues no incide en ningún derecho sustantivo, sino que su afectación es formal y meramente procesal, y en caso de trascender al resultado del fallo, es susceptible de ser combatida al impugnarse la resolución con la que concluya el respectivo juicio que se tramita ante la autoridad responsable. De modo que el acto reclamado, aun cuando es intraprocesal, no tiene una ejecución irreparable para efectos del juicio de amparo, e incluso las violaciones procesales que se pudiera generar son de carácter formal y vinculadas con cuestiones procesales, susceptibles de ser reparadas en la medida en que trasciendan al resultado de la resolución con la culmine el juicio de que se trata. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo, por actualizarse en el caso la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de Ley de Amparo.
- Principal
Vista la razón de cuenta, con fundamento en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida la demanda promovida por ++++++++++, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México y otras autoridades. Anotaciones. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 767/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Prevención. En ese sentido, atento al contenido del escrito inicial de demanda, este órgano jurisdiccional concluye que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, debe prevenirse a la parte promovente para que, dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, aclare su demanda de amparo en los siguientes términos: 1. Amplíe y aclare, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado debiendo precisar la fecha del proveído en que se inadmitió señalar nueva fecha para el desahogo de la testimonial, debiendo transcribir su contenido y precisando si interpuso medio de impugnación en contra de esa determinación, asimismo, aclare qué fue lo que se abordó en la resolución de siete de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca 244/2022 del índice de la Sala Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, esto es, precisar respecto a con cuál determinación se vincula y lo que se decidió. Consecuentemente, se considera necesario realice una narración completa y ordenada de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo que resultan relevantes para conocer la verdad legal respecto a lo solicitado, pues dados los términos en que se encuentra redactada la demanda, no se cuenta con mayores elementos para proveer respecto de su admisión. Dicha información deberá expresarla con sujeción a la verdad, por tratarse de un requisito formal de la demanda, puesto que los datos en comento no deben quedar a la interpretación de este juzgado al tratarse de requisitos que constituyen una cuestión de orden público y estudio de oficio que resultan necesarios para verificar la presentación oportuna de la demanda, por lo que corresponde a la parte quejosa efectuar su señalamiento de forma precisa. Aunado a que tal información resulta necesaria a fin de integrar debidamente la litis en el presente juicio de amparo, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto o actos que se reclama, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente. Máxime que es necesario que se reúnan los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, entre los que se encuentra el precisado en la fracción V, que dice: "... Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación...". En el entendido de que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo el (la) justiciable, no así sus autorizados, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2014, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.". Infórmese a la parte promovente de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad en los juicios de amparo, en términos de la fracción I del artículo 261 de la ley de la materia, de cuyo contenido se aprecia lo siguiente: "261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado, autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y.". 2. Presentar las copias necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes en los términos indicados. 3. Exhibir dos copias del escrito de desahogo para aperturar el incidente de suspensión que solicita. Apercibido que de incumplir con lo indicado en los numerales 1 y 2, se tendrá por no presentada la demanda de amparo; y de observar lo anterior, pero no atender lo solicitado en el numeral 3, se postergará la apertura del correspondiente incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 114, penúltimo y último párrafos, de la Ley de Amparo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · 9,127 expedientes
- Juan Alberto Enriquez Vidal1337/2018
- Juan Alberto Enriquez Vidal998/2018
- Juan Alberto Enriquez Vidal512/2022
- Juan Alberto Enriquez Vidal1789/2019
- Juan Alberto García Godinez895/2022
- Juan Alberto Ramirez Blancas398/2020
- Juan Alberto Rueda Arevalo212/2022
- Juan Alejandro Orozco Maldonado1439/2019
- Juan Alexis Calva Escobar1631/2017
- Juan Alvarez Garduño767/2020
- Juan Alvarez Mendoza1420/2022
- Juan Andrade Soria453/2018