Juan Alberto Rodríguez Peyret

Expediente 505/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 37 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
505/2022
Año
2022
Actuaciones
37
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Juan Alberto Rodríguez Peyret

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos... ha causado ejecutoria la resolución que sobreseyó en este juicio... glósese el original de los cuadernos incidentales al expediente principal... se declara que este asunto ha terminado y archívese como totalmente concluido... se tiene por hecha la certificación secretarial relativa a la coincidencia entre la versión electrónica del presente asunto con su versión impresa... hágase la anotación en la carátula del expediente en el sentido de que no tiene relevancia documental... el expediente principal y los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y destrucción.

  2. Principal

    :: Agréguese a los autos la promoción de cuenta, firmada por ***, apoderado del tercero interesado ***, mediante la cual solicita fotocopia certificada del i) oficio *** consistente en el informe equiparable a prueba testimonial que rindió el Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, y ii) oficio *** consistente en el informe equiparable a prueba testimonial que rindió la Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo. Por tanto, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las fotocopias certificadas que solicita a su costa y entréguense por conducto de las personas que autoriza para tal efecto, previa toma de razón que por su recibo obre en autos.

  3. Principal

    :: En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con cuarenta minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 505/2022-IV, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; en consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y el tercero interesado **** aportaron pruebas documentales, mientras que el segundo de los nombrados ofreció también la documental en vía de informe, equiparada a testimonial, a cargo de la 1] Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo (en su denominación correcta), con sede en Chetumal y de la 2] Directora de Desarrollo Urbano del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo; la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, aportó un disco compacto certificado que contiene las constancias escaneadas de la carpeta de investigación ***, con número de caso **** de su índice, sin que las demás partes ofrecieran algún medio de convicción; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Por otra parte, la prueba documental en vía de informe, equiparada a testimonial, a cargo de la 1] Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo (en su denominación correcta), con sede en Chetumal y de la 2] Directora de Desarrollo Urbano del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo se tiene por desahogada en términos de los informes rendidos por las autoridades en comento, recibidos respectivamente el diecinueve y veintinueve de septiembre de la presente anualidad. Finalmente, téngase por concluida la fase probatoria de esta audiencia. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, realizó manifestaciones a manera de alegatos, no así las demás partes; a lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula el fiscal federal adscrito; por lo que se da por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O para resolver el juicio de amparo 505/2022-IV, promovido por *****, por conducto de su apoderado *****, contra actos de la Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno en esa misma data a este juzgado de distrito, *****, por conducto de su apoderado *****, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades: Autoridades responsables 1. Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado. 2. Fiscalía de Mandamientos Judiciales, Zona Uno, de la Vicefiscalía de Procesos en el Estado de Quintana Roo. 3. Coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte (en su denominación correcta). 4. Coordinador de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Policía de Investigación, Zona Uno. Cancún, Quintana Roo Ello, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO: - - - 1.- Reclamo de la autoridad ordenadora el ilegal aseguramiento en contra del inmueble denominado "*****", cuyo uso y disfrute tengo desde hace aproximadamente 38 años y el cual se encuentra ubicado en el Municipio de Isla Mujeres, parte continental del Estado de Quintana Roo, con una superficie de 4-88-40 (cuatro hectáreas, ochenta y ocho centiáreas, cuarenta áreas) todas de agostadero, tal como acredito con el Título de propiedad de fecha seis de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, otorgado por la Secretaría de la Reforma Agraria, mismo que se encuentra inscrito en el Registro Agrario Nacional bajo el folio ***** de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, mismo que exhibo y acompaño a este escrito en fotocopia certificada ante notario público como anexo I; violándose en mi perjuicio las garantías de audiencia y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 de nuestra carta magna. - - - 2.- El cumplimiento por parte de la ejecutora, respecto del ilegal aseguramiento del bien inmueble de mi propiedad antes referido." SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida la demanda de amparo el dieciocho de mayo de dos mil veintidós en este juzgado de distrito, en auto de diecinueve de mayo siguiente se ordenó formar el expediente que fue registrado bajo el número 505/2022-IV, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló el pedimento 471/2022; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Se reconoce terceros interesados y se ordena su emplazamiento. En auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós se reconoció el carácter de terceros interesados a i] *****, ii] *****, iii] ***** y iv] *****, quienes en u oportunidad fueron emplazados a juicio. CUARTO. Ampliación de demanda. El veintiséis de julio de dos mil veintidós, previo cumplimiento de la prevención formulada en autos, por una parte se desechó la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa mediante escrito recibido el doce del mes y año en cita en la oficialía de partes de este juzgado de distrito, respecto de los actos que no se consideraron novedosos y por otra parte, se admitió a trámite en cuanto a las nuevas autoridades responsables ejecutoras 1] Director de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, Zona Continental y 2] Director de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, así como por conceptos de violación; por tanto, se ordenó correr traslado con el escrito de ampliación de demanda a la fiscal federal adscrita y a los terceros interesados y se requirió informe justificado a las autoridades responsables. Finalmente, la audiencia constitucional se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se trata de un asunto en el que se reclaman actos atribuidos a autoridades administrativas en materia penal, que según la demanda de amparo tienen ejecución en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, y demás constancias de autos, se hacen consistir en: De las autoridades responsables 1] Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y 2] Coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte: a) La orden de aseguramiento dictada el veintiuno de abril de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación *****, número de caso *****, que la quejosa refiere se efectuó respecto del inmueble denominado "*****, con clave catastral *****. Del 3] Titular de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la Vicefiscalía de Procesos en el Estado de Quintana Roo (en su denominación correcta), 4] Coordinador de Mandamientos Ministeriales y Judiciales en el Estado de Quintana Roo, 5] Directora General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo y 6] Director de la Policía Ministerial, de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte: b) La ejecución del acto reclamado precisado en el inciso que antecede. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de acto reclamado. La autoridad responsable 2] Encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado convino en la existencia del acto reclamado señalado en el inciso a) del considerando tercero de esta sentencia. Sin embargo, esa afirmación debe desvirtuarse en virtud que de autos emerge que la autoridad responsable no tuvo participación en la emisión y/o ejecución del acto reclamado en comento. En efecto, la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, aportó un disco compacto certificado que contiene las constancias escaneadas de la carpeta de investigación *****, con número de caso ***** de su índice, que cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º. De dichas constancias emerge que la autoridad señalada como responsable 2] Encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, no emitió la orden de aseguramiento de veintiuno de abril de dos mil veintidós reclamada, pues dicho aseguramiento fue decretado por diversa autoridad, a saber, la fiscal del ministerio público del fuero común de su adscripción, que también fue señalada como responsable. No pasa desapercibido que la parte quejosa exhibió como pruebas documentales las siguientes: Anexo(s) 1. Fotocopia certificada del Título de Propiedad, expedido a favor de *****, sobre el predio "Ixchel" ubicado en Isla Mujeres, Quintana Roo, de seis de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 2. Fotocopia certificada del oficio ***** de ocho de marzo de dos mil veintidós, suscrito por la Directora de Normatividad Registral de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México. 3. Fotocopia certificada del oficio ***** de veintiuno de abril de dos mil veintidós, suscrito por el Director de Terrenos Nacionales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México. 4. Fotocopia certificada del Certificado de Historia Registral, con número de certificado ***** de veinte de abril de dos mil veintidós. 5. Fotocopia sin certificar de la factura expedida por el Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo a favor de Juan Alberto Rodríguez Peyret, de once de mayo de dos mil veintidós Documental que únicamente cuenta con valor indiciario para demostrar que probablemente sean una reproducción de su original en términos del artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 6. Fotografía a color del predio con lona de "ASEGURADO" de veinticinco de abril de dos mil veintidós, número de expediente ***** de la Fiscalía General del Estado. Documentales que adquieren valor probatorio en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 7. Fotografía a color del predio con sello de aseguramiento de la Dirección de Acusación e Investigación. Sin embargo, dichos documentos no son aptos para demostrar la participación de la autoridad responsable 2] Encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad en la emisión y/o ejecución del acto reclamado, pues con los cuatro primeros, se demuestra la expedición y registro de un Título de Propiedad de seis de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, en favor de *****, sobre el predio denominado "Ixchel" ubicado en Isla Mujeres, Quintana Roo, pero únicamente se describen las coordenadas de ubicación, así como sus medidas y colindancias. Luego, con la fotocopia sin certificar de la factura expedida por el Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo a favor de *****, de once de mayo de dos mil veintidós, se acredita indiciariamente que realizó el pago del impuesto predial respecto del predio urbano baldío ubicado en supermanzana *****, manzana *****, lote *****, de esa localidad. Finalmente, las impresiones fotográficas tampoco son aptas para demostrar la participación de la autoridad responsable 2] Encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad en la emisión y/o ejecución del acto reclamado. Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al no haberse demostrado tal extremo. En ese orden, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que desvirtúe la afirmación de las autoridades señaladas como responsables, y como lo solicita la fiscal de la adscripción, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado de la autoridad responsable 2] Encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo Cobra aplicación la jurisprudencia que se cita: "Sexta Época No. Registro: 917818 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Existencia de acto reclamado. La autoridad responsable 1] Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, al rendir informe justificado convino en la existencia del acto reclamado señalado en el inciso a) del considerando tercero de esta sentencia. Luego, la autoridad responsable 5] Directora General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo fue omisa en rendir informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificada del oficio 3515/2022-IV mediante el cual se le requirió tal información, tal como se desprende del acuse de recibo de dicha comunicación oficial de veintinueve de julio de la presente anualidad; por tanto, en términos de lo dispuesto en el numeral 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, lo procedente es tener por cierto el acto que se le reclama, señalado en el inciso b) del considerando tercero de este fallo. Por su parte, las diversas autoridades responsables ejecutoras 3] Titular de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la Vicefiscalía de Procesos en el Estado de Quintana Roo (en su denominación correcta), 4] Coordinador de Mandamientos Ministeriales y Judiciales en el Estado de Quintana Roo y 6] Director de la Policía de Investigación del Estado, por conducto del Coordinador de Seguridad Institucional, al rendir informe justificado negaron la existencia del acto de ejecución que se les reclama, señalado en el inciso b) del considerando tercer de esta sentencia. Sin embargo, como quedó de manifiesto, la autoridad responsable ordenadora aceptó la existencia de la orden de aseguramiento reclamada; por tanto, dicha afirmación debe hacerse extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen a las autoridades ejecutoras en comento, pues dadas sus atribuciones estarían en aptitud de ejecutar dicho mandamiento de autoridad. En todo caso, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias remitidas por la Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, contenidas en un disco compacto certificado, relativas a la carpeta de investigación *****, con número de caso ***** de su índice, que fueron valoradas previamente. De dichas constancias emerge que el veintiuno de abril de dos mil veintidós, la fiscal responsable emitió la orden de aseguramiento reclamada y ordenó librar oficio tanto al Director de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, como al Director de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, para que destinaran elementos a su cargo a efecto de lograr el aseguramiento del predio ahí descrito. SEXTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Ahora, en el presente caso, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando tercero de este fallo, se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el 5°, fracción I, de la propia ley, porque no se demostró que los actos reseñados afecten el interés jurídico de la parte quejosa. Al respecto, el artículo 61, fracción XII, y el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, tendiendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." Cabe destacar que la disposición legal en estudio, establece uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, el cual consiste en la posibilidad de que el impetrante de derechos fundamentales acuda al juicio cuando sea titular de un derecho que sea transgredido por un acto de autoridad, esto es, que se haya afectado su esfera jurídica y acuda en su defensa. En efecto, el juicio de amparo sólo puede ser seguido a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico y tutelado cuenta con legitimación procesal y sustantiva, para promover y obtener la protección constitucional. En ese contexto, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante del amparo, la cual le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que de resultar afectado con el acto autoritario que en su caso reclame, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Luego, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere que la parte quejosa acredite a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: un derecho del quejoso sobre el bien tutelado; la precisión indudable de ese derecho (legitimación); y la afectación del citado derecho, a través de un acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Sustenta lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se trascriben a continuación: "Octava Época Registro: 394808 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 852 Página: 581 Genealogía: APÉNDICE '95: TESIS 852 PG. 581 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Como consecuencia de lo anterior, se puntualiza que el interés jurídico reviste tal importancia en el juicio de amparo, que debe quedar fehacientemente acreditado y no inferirse de simples deducciones. Resulta aplicable la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se trascriben a continuación: "Octava Época Registro: 206338 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Página: 17 INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por otro lado, el interés legítimo se identifica con la afectación del acto reclamado a la esfera jurídica de la parte quejosa en virtud de una situación especial de ésta frente al orden jurídico, es decir, un agravio indirecto, que le da legitimación en la causa para promover el juicio de amparo, toda vez que de concederse éste, su declaratoria de inconstitucionalidad traería consigo una ventaja para la parte promovente. En ese orden de ideas, es pertinente señalar que hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, y éste no tiene un interés subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta, pero sí para reclamar a los tribunales la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación de su interés. Por otra parte, se precisa que cuando se reclama un acto proveniente de un órgano jurisdiccional, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo, es decir, le corresponderá comprobar su interés jurídico. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2007921 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): (Común) Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En el presente asunto, como el acto reclamado proviene de una autoridad ministerial y la parte quejosa se ostenta propietaria del inmueble que dice es objeto del aseguramiento que impugna, se analizará a la luz del interés jurídico. En la especie, como se ha visto, la solicitante del amparo ocurre ante este órgano de control constitucional a reclamar la orden de aseguramiento dictada el veintiuno de abril de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación *****, número de caso *****, que la quejosa refiere se efectuó respecto del inmueble denominado "*****, con clave catastral *****. Luego, para corroborar la falta de interés de la parte quejosa respecto de la emisión y ejecución del acto de autoridad reclamado, es menester tener en cuenta el contenido del acuerdo ministerial de veintiuno de abril de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación *****, número de caso *****, que es del tenor siguiente: De la determinación reclamada reproducida se advierte que efectivamente, la fiscal responsable, el veintiuno de abril de dos mil veintidós, emitió acuerdo de aseguramiento en la carpeta de investigación *****, número de caso *****; sin embargo, los predios que se ordenaron asegurar son los siguientes: ? Inmueble identificado como: ***** con clave catastral *****, ubicado en supermanzana *****, manzana *****, lote ***** del Municipio de *****, Estado de Quintana Roo. ? Inmueble identificado como: *****, con clave catastral ***** ubicado en la supermanzana *****, manzana *****, lote ***** del Municipio de *****, Quintana Roo. De lo anterior, emerge con meridiana claridad que si bien dentro de la carpeta de investigación que refiere la parte quejosa se emitió un acuerdo de aseguramiento el veintiuno de abril de la presente anualidad, lo cierto es que no fue dictado respecto del predio denominado "********, que defiende el amparista en esta instancia constitucional. No pasa desapercibido que la parte quejosa exhibió como pruebas documentales, a fin de acreditar el derecho de propiedad que defiende, las siguientes: Anexo(s) 8. Fotocopia certificada del Título de Propiedad, expedido a favor de ***, sobre el predio "Ixchel" ubicado en Isla Mujeres, Quintana Roo, de seis de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 9. Fotocopia certificada del oficio *** de ocho de marzo de dos mil veintidós, suscrito por la Directora de Normatividad Registral de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México. 10. Fotocopia certificada del oficio **** de veintiuno de abril de dos mil veintidós, suscrito por el Director de Terrenos Nacionales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México. 11. Fotocopia certificada del Certificado de Historia Registral, con número de certificado **** de veinte de abril de dos mil veintidós. 12. Fotocopia sin certificar de la factura expedida por el Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo a favor de Juan Alberto Rodríguez Peyret, de once de mayo de dos mil veintidós 13. Fotografía a color del predio con lona de "ASEGURADO" de veinticinco de abril de dos mil veintidós, número de expediente *** de la Fiscalía General del Estado. 14. Fotografía a color del predio con sello de aseguramiento de la Dirección de Acusación e Investigación. Sin embargo, dichos documentos no son aptos para demostrar que el predio que defiende en esta instancia se ordenó asegurar en el acuerdo ministerial de veintiuno de abril de dos mil veintidós, emitido por la fiscal responsable en la carpeta de investigación ***, número de caso **** de su índice, pues con los cuatro primeros, se demuestra la expedición y registro de un Título de Propiedad de seis de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, en favor de ****, sobre el predio denominado "Ixchel" ubicado en Isla Mujeres, Quintana Roo, pero únicamente se describen las coordenadas de ubicación, así como sus medidas y colindancias; empero, con esos datos no es posible afirmar que se trata de los mismos predios asegurados en la carpeta de investigación de origen. Luego, con la fotocopia sin certificar de la factura expedida por el Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo a favor de *****, de once de mayo de dos mil veintidós, se acredita indiciariamente que realizó el pago del impuesto predial respecto del predio urbano baldío ubicado en supermanzana ***, manzana ***, lote **, de esa localidad; lo cual tampoco es coincidente con las ubicación de los predios asegurados por la autoridad responsable en la carpeta de investigación de origen. Finalmente, con las impresiones fotográficas tampoco se demuestra que se trate del mismo predio que defiende el amparista, ya que no aportan datos objetivos en cuanto a la fecha y lugar en que fueron obtenidas dichas impresiones fotográficas. Tampoco pasa desapercibido que la parte quejosa exhibió impresión a color, sin certificar de un plano que refiere pertenece al predio denominado "Ixchel" ubicado en Isla Mujeres, Quintana Roo; que cuenta con valor probatorio en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para demostrar que probablemente sea una reproducción de su original, pero en todo caso, también sería insuficiente para demostrar que el acuerdo de aseguramiento fue emitido respecto de dicho terreno o bien, que se haya ejecutado sobre el mismo. Además, si bien la parte quejosa ofreció el desahogo de la prueba pericial en materia de agrimensura, planimetría y topografía, la cual sería idónea para demostrar que el aseguramiento reclamado se ejecuta en el predio que defiende o parte del mismo, lo cierto es que dicha prueba fue desechada en auto de veintiséis de julio de la presente anualidad, toda vez que su ofrecimiento fue extemporáneo, sin que dicho acuerdo hubiera sido impugnado por la parte oferente. En esas condiciones, si la parte quejosa no acreditó en esta instancia constitucional que la orden de aseguramiento reclamada se emitió respecto del predio que defiende o bien, que se ejecute en el mismo, es dable afirmar que los actos reclamados no afectan de modo cierto y directo la esfera jurídica de la parte amparista, en particular, el derecho de propiedad que estima violado. En consecuencia, al no haber acreditado la parte quejosa contar con interés jurídico para reclamar el acto materia de la litis constitucional, procede sobreseer en el juicio de amparo promovido por *****, por conducto de su apoderado *****, contra los actos que reclama de las autoridades responsables 1] Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, 3] Titular de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la Vicefiscalía de Procesos en el Estado de Quintana Roo (en su denominación correcta), 4] Coordinador de Mandamientos Ministeriales y Judiciales en el Estado de Quintana Roo, 5] Directora General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo y 6] Director de la Policía Ministerial, de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, precisado en el considerando tercero de esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *****, por conducto de su apoderado *****, contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisados en el considerando tercero en términos de lo expuesto en los diversos considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    :: Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta firmada por la autoridad Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, a través de la cual, en cumplimiento al requerimiento formulado mediante auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, rinde su informe equiparable a una prueba testimonial; lo anterior, sin que proceda acordar mayor proveído, toda vez que por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a dicha autoridad rindiendo su informe de mérito.

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