Juan Alberto Navarro Núñez

Expediente 747/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 30 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
747/2019
Año
2019
Actuaciones
30
Última actuación
26/11/2019

Partes del expediente

  • Juan Alberto Navarro Núñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA... ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUÍDO... EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, Juan Alberto Navarro Núñez, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos Fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 17 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de doce de abril de dos mil diecinueve (fojas 34 a 37), se admitió a trámite, previos requerimientos de veintinueve de marzo y nueve de abril, ambos del año en curso (fojas 9 y 29); se pidió a las autoridades responsables sus informes justificados; dada la naturaleza de los actos reclamados no se tuvo como tercero interesado a persona alguna; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de Distrito, quien se abstuvo de formular alegato ministerial y, se fijó día y hora para la audiencia constitucional. Mediante acuerdo de seis de mayo de dos mil diecinueve (foja 82), se admitió la ampliación de demanda en la que se incluyó a la litis constitucional como autoridad responsable al Encargado de la Mesa 1 de Requerimientos de Autoridad. Departamento Contencioso, Oficina de Juicios Civiles y Asuntos Especiales, adscrito a la Delegación Estatal Jalisco, Jefatura de Servicios Jurídicos, de nombre Luis Závala Álvarez, se le requirió por su informe justificado y se le hizo saber el día y hora señalados para la celebración de la audiencia de ley. Finalmente, el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se desahogó la audiencia constitucional, misma que concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que los actos reclamados se hacen consistir en: De la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas integrantes del Congreso de la Unión, así como del Presidente de la República: El artículo 5, fracción I, de la Ley Federal de Derechos. Del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del Encargado de la Mesa 1 de Requerimientos de Autoridad adscrito al citado departamento: La emisión de los oficios 14A6604100/OJCAE/RAJA/FAMILIAR/MESA1/000787 y 14A6604100/OJCAE/RAJA/FAMILIAR/MESA1/001786 de catorce de febrero y dos de abril de dos mil diecinueve. TERCERO. Existencia del motivo del reclamo. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, toda vez que al rendir el informe de ley, así lo manifestaron (fojas 109 y 134 de autos). De igual forma, es cierto el acto atribuido a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, no obstante que al rendir su informe de ley así lo manifestó, en el caso, lo que se le atribuye es su participación en el proceso legislativo que dio origen a la norma impugnada, por tanto, atendiendo al contenido de los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia del acto reclamado a dicha responsable, se corrobora con la publicación del ordenamiento legal en el en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se advierte su participación. Sobre este punto, resulta aplicable, por analogía, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260 del tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y CUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También, se aplica el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 15 del tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, del órgano de difusión ya indicado, que es del tenor literal siguiente: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". Asimismo, debe tenerse por cierto el acto atribuido al Departamento Contencioso en la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Encargado de la Mesa 1 del Área de Requerimientos de Autoridades de la Oficina de Juicios Civiles y Asuntos Especiales, quien al rendir su informe de ley lo negó, sin embargo, remitió copia certificada de los comunicados que se le reprochan; medio de convicción que goza de eficacia probatoria plena, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su artículo 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Al haberse acreditado la existencia de los actos reclamados, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia en relación con ellos y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Procede su estudio de manera preferente al referirse a un aspecto de orden público, d conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Antes de emprender el estudio de las causas de improcedencia, debe precisarse que cuando se promueve n juicio de amparo indirecto en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, por lo que debe proceder de la siguiente manera: Analizar si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, si éste es el que constituye el primero que concrete en perjuicio del quejoso la hipótesis controvertida, y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia, de ser así se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada. Únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a la disposición impugnada, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, alegados en su caso, contra el acto de aplicación. Argumentos que encuentran apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Este órgano de control constitucional considera que respecto del acto identificado con el inciso 2) del considerando segundo de la presente resolución, consistente en la emisión de los oficios 14A6604100/OJCAE/RAJA/FAMILIAR/MESA1700787 y 14A6604100/OJCAE/RAJA/FAMILIAR/MESA1/001786 de catorce de febrero y dos de abril de dos mil diecinueve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; ello pues la actuación que de ella se reclama no es un acto que transgreda, por sí mismo, la esfera jurídica del quejoso. En términos del artículo y fracción citadas, mismas que ya fueron transcritas al inicio del presente considerando, el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. En ese sentido, el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Precisado lo anterior, en el caso, la emisión de los oficios 14A6604100/OJCAE/RAJA/FAMILIAR/MESA1/000787 y 14A6604100/OJCAE/RAJA/FAMILIAR/MESA1/001786 de catorce de febrero y dos de abril de dos mil diecinueve, se encuentran dirigidos al Juez Primero de lo Familiar en Zapopan, Jalisco, no así al promovente del amparo, los cuales fueron emitidos en atención a diversas solicitudes formuladas por la aludida autoridad jurisdiccional mediante comunicados 1519/209 y 2515/2019. En ese orden de ideas, esta potestad de amparo determina que las actuaciones impugnadas en sede constitucional, por sí, afectación directa a la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de que constituyen una gestión efectuada entre autoridades y que, desde luego, no crean derechos u obligaciones al enjuiciante de amparo, hasta en tanto no se le vincule con ellas mediante una actuación dirigida a él y se le constriña a cumplimentarla. De ahí que a juicio de quien resuelve, los actos reclamados no afectan de manera directa la esfera jurídica de la parte solicitante del amparo, en virtud de que, como se hizo patente en párrafos anteriores, no afectan alguno de sus derechos fundamentales. Consecuentemente, al operar la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, se debe sobreseer en el juicio constitucional por lo que ve a los actos y por las entidades precisadas en el punto 2 del considerando segundo de la presente resolución. En ese tenor, al ser improcedente el juicio constitucional respecto al acto que el promovente del amparo señala como acto de aplicación de la norma impugnada, este órgano de control constitucional considera que en relación con el acto reclamado sintetizado en el inciso 1) del considerando segundo de la presente resolución en las fracciones XII y XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción I, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el promovente del amparo no demostró el acto de aplicación del numeral que estima contrario a los postulados de la Norma Suprema. Los preceptos legales invocados, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: [.] d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal. [.]". Conforme con estos preceptos, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto o la norma de observancia general que se reclama. En esa medida, es requisito indispensable para la promoción y seguimiento del juicio de amparo que exista una parte agraviada que resienta un perjuicio por el acto o la norma impugnados; así, para efectos del amparo debe entenderse por parte agraviada el sujeto que sufre un perjuicio objetivo, entendido como un menoscabo, una ofensa o lesión en sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por cualquier ley o acto de autoridad. De modo que se requiere de un acto concreto que cause un perjuicio o agravio a los derechos o intereses del gobernado para que surja su legitimación para promover el juicio de derechos fundamentales, esto es, tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual. Es ilustrativa la jurisprudencia 850, bajo registro 394806, que es del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama". Respecto al tema del agravio personal y directo es oportuno e ilustrativo citar el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se contrapone a los postulados de la Ley de Amparo vigente, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Asimismo, debe tomarse en cuenta la jurisprudencia P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Al respecto, los artículos 17 y 61, fracciones XII y XIV, ambos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, de acuerdo con su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso (leyes autoaplicativas), es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer y provoquen con ello la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, de la Ley de Amparo. En el segundo supuesto (leyes heteroaplicativas), se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar al gobernado los mandatos legales para que se produzca la actualización en su perjuicio de la hipótesis normativa; esto es, se condiciona la individualización de la norma, a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con el que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo en su contra, será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley de la materia. Luego, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Expuesto lo anterior, del examen de la demanda de amparo que se analiza, especialmente del capítulo de actos reclamados y conceptos de violación, se aprecia que la parte quejosa acudió al juicio constitucional a reclamar con carácter heteroaplicativo, el artículo 5, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, que establece: "ARTICULO 5o.- Tratándose de los servicios que a continuación se enumeran que sean prestados por cualquiera de las Secretarías de Estado y Procuraduría General de la República, se pagarán derechos conforme a las cuotas que para cada caso a continuación se señalan, salvo en aquellos casos que en esta Ley se establecen expresamente. Cuota sin ajuste Con ajuste I.- Expedición de copias Certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio $20.33 $20 Asimismo se pagará el derecho que se estipula en esta fracción, por la expedición de copias certificadas que sean solicitadas al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (.)" De la anterior transcripción es dable concluir que se trata de un precepto que requiere de actos posteriores de aplicación; porque las hipótesis que regulan, establecen condiciones previas para su actualización, tal como que el impetrante del amparo, en principio, haya solicitado la expedición de copias certificadas, se cubriera la cantidad determinada conforme a la mecánica establecida en dicho numeral o bien, a través del rechazo realizado por la autoridad a la que se realizó la solicitud derivado de la falta de pago del derecho respectivo. Sin embargo, de la revisión de las constancias que integran el expediente que se actúa no se advierte que el promovente del amparo haya ofrecido algún medio de convicción que acredite la aplicación, en perjuicio del quejoso, del artículo reclamado en sede constitucional. No cambia el sentido de la anterior determinación que la autoridad responsable Encargado de la Mesa 1 del Área de Requerimientos de Autoridades de la Oficina de Juicios Civiles y Asuntos Especiales del Departamento Contencioso en la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, haya manifestado al rendir su informe justificado que de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos, el interesado debía de cubrir el pago correspondiente, a razón de veinte pesos por foja, en el entendido de que el expediente clínico solicitado consta de noventa y cuatro fojas, proporcionando para tal efecto la referencia bancaria con la finalidad de que se realizada el pago respectivo y se exhibiera el recibo correspondiente, a fin de actuar en los términos solicitados por el quejoso. Lo anterior, toda vez que es requisito indispensable que el promovente del amparo acredite al momento de la presentación de la demanda, la existencia del acto reclamado y, en el caso, la aplicación del numeral controvertido, lo que en el caso no acontece. Se afirma lo anterior, toda vez que los oficios 14A6604100/OJCAE/RAJA/FAMILIAR/MESA1/000787 y 14A6604100/OJCAE/RAJA/FAMILIAR/MESA1/001786 de catorce de febrero y dos de abril de dos mil diecinueve, impugnados en sede constitucional, no pueden estimarse actos de aplicación de la norma impugnada, dado que estos se encuentran dirigidos al Juez Primero de lo Familiar, en Zapopan, Jalisco, esto es, no se encuentran dirigidos al promovente del amparo, a fin de estimar que mediante las aludidas comunicaciones se aplicó en perjuicio del peticionario del amparo el dispositivo legal impugnado y, por ende, la afectación a su esfera jurídica, pues no será hasta en tanto la autoridad instructora del procedimiento familiar en el que se formuló la solicitud de fotocopias certificadas del expediente clínico de Agustín Navarro Núñez, requiera a la parte aquí quejosa para que realice el pago que se actualizará la aplicación del numeral combatido en perjuicio del quejoso. No se soslaya que el promovente del amparo allegó al juicio constitucional copia certificada de diversas actuaciones correspondientes al juicio sucesorio testamentario 1181/2014 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, Jalisco; medio de convicción de eficacia probatoria plena, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin embargo, de ellas no se logra advertir orden emitida por la autoridad jurisdiccional a fin de que el aquí quejoso, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, realice el pago de cantidad alguna; de ahí que, se insiste, no se acreditó la aplicación del numeral impugnado en sede constitucional. En ese tenor, procede sobreseer en el presente juicio, por lo que respecta al acto en cuestión, en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En atención a que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el peticionario de amparo, ya que -como se dijo al inicio de este considerando- al haberse actualizado diversas causales de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, sin que ello genere agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Alberto Navarro Núñez. Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    ...se tiene por recibido el oficio singado por el Administrador de Correos de Santa Teresita, Guadalajara, Jalisco, mediante el cual, remite copia certificada de la pieza postal correspondiente al oficio 23176/2019 que obra en el archivo de su Administración; lo que se ordena agregar en autos sin mayor acuerdo substancial toda vez que el acuse que generó el requerimiento, ya obra agregado en autos (foja 92).

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL... Por lo expuesto y fundado se resuelve: ...ÚNICO. Se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada...

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