Juan Alberto Montoya Aguado
Expediente 710/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 710/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/09/2020
Partes del expediente
- Juan Alberto Montoya Aguado
Actuaciones
- Principal
Vista, la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido en su totalidad el plazo para recurrir el proveído del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y, 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO EN QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Consecuentemente, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido; realícense las anotaciones correspondientes. En el contexto anotado, tomando en consideración que de conformidad con el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales" se HACE CONSTAR que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se desechó la demanda de amparo, por lo que este juzgado considera que no tienen valor jurídico por el cual deban conservarse. Por otra parte, en virtud que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa las documentales que en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que se encuentran a su disposición dichas documentales en el local de este Juzgado a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con el presente expediente. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse en su oportunidad junto con el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE; Y POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que en la fecha en que se actúa entró en vigor el "Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19" aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión extraordinaria del veintiocho de julio de dos mil veinte, en específico los artículos 1° y 2°, fracción II, a través de los cuales se establecen reglas para la reanudación en su totalidad de las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, permaneciendo las medidas de seguridad tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, así como el levantamiento de la suspensión de plazos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Vista la demanda de cuenta promovida por Juan Alberto Montoya Aguado, por propio derecho, en contra de actos del Director General de Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y de otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del tratado internacional que refiere; fórmese expediente electrónico y físico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 710/2020. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales Por lo que en principio, es menester indicar que del estudio efectuado a la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados lo constituyen los siguientes: Precisión que se realiza de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro a la letra dice "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción de esta vía constitucional, el solicitante del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, es decir, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto en el artículo 3°, fracción VI, del ordenamiento jurídico que rige a ese tribunal, ya que a través de dicho medio ordinario de defensa se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto reclamado. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la ?????? excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.).". Del citado artículo se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Por su parte, el artículo 3°, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone: "Artículo 3°. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración; (.).". En ese contexto, si se toma en consideración que el acto reclamado en esta vía consiste en el oficio número DV10411/3227/2020, de quince de junio de dos mil veinte, a través del cual se le informó que la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas declaró insubsistente el crédito hipotecario que se le había otorgado a la parte quejosa, resulta inconcuso que el juicio de nulidad es procedente en contra de dicho acto ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que a través de dicho acto administrativo se niega a la parte quejosa una prestación social que se le concedió cuando era militar en activo. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente en contra de actos o resoluciones que nieguen prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, como sucedió en el caso, entonces es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación del oficio reclamado. Así, al no satisfacerse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa precisa cuáles son las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos de los que conocerá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre las cuales se incluye el acto que por esta vía se reclama y, por otra parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que rige a los juicios de nulidad que se promuevan ante el citado tribunal, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior la tesis 2a./J. 130/2013, sustentada por la Segunda Sala, publicada en la página 1446, Libro XXIV, Septiembre de 2013, tomo II en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Décima época, cuyo rubro es el siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se ?????? trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." De igual modo, resulta aplicable la jurisprudencia VI.3o.A. J/5 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con número de registro 2004254, visible en la página 1470, libro XXIII, correspondiente al mes de agosto de dos mil trece, tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad." En conclusión, si el acto que se reclama puede ser combatido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover esta instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, por lo que se debe sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado. Aunado a lo anterior, la parte quejosa tampoco se ubica en otra excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promover en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda de amparo, violaciones directas e indirectas a la Carta Magna. Esto es así, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de amparo, habida cuenta de que la parte agraviada sólo puede atacar adecuadamente el acto ante el Juez de Distrito, pues no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución Federal, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque si es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto reclamado que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios que ostenta el acto reclamado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, correspondiendo inicialmente a la ???????? autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez de Distrito; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar el acto reclamado, porque de todas maneras al fallarse el recurso ordinario, si dicha autoridad estimara fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto controvertido quedaría sin efecto y resultaría por tanto innecesario que se estudiaran aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Federal, para hacer procedente el juicio de amparo obligando a la autoridad judicial que debe conocer de aquél, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso o medio de defensa correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. En efecto, de los planteamientos hechos valer por la parte quejosa en su ocurso de amparo se pone de manifiesto que efectivamente hizo valer cuestiones de legalidad o violaciones indirectas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que el acto reclamado viola los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que la autoridad responsable fundamentó y motivó el oficio reclamado en preceptos inaplicables, tales como el artículo 58 del Reglamento del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas lo cual tiene relevancia, dado que se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, no opera excepción alguna al principio de definitividad, puesto que refiere violaciones a leyes secundarias, por tanto, la vía constitucional que intenta resulta improcedente. También, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Aunado a ello, no se advierte que la parte quejosa se ostente como persona extraña al procedimiento, en razón de que de sus propias manifestaciones, se desprende que fue quien promovió el crédito hipotecario en el procedimiento de origen. Aunado a lo anterior, tampoco se desprende que se duela de la inconstitucionalidad de alguna ley; o bien, que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; ni se advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Al respecto, se cita la tesis aislada 2a. LVI/2000, visible en la página 156, del tomo XII, correspondiente al mes de julio de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." De la misma manera, cobra aplicación al caso, la Tesis 2ª./J. 144/2015 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 1113, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, Noviembre de 2015, Décima Época, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTAR LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL CITADO PRINCIPIO." Lo anterior en virtud de que de la interpretación de la misma no se desprende que se exima a la parte quejosa de acudir al juicio de nulidad, pues en tanto la inconformidad establece mayores requisitos a los de la Ley de Amparo vigente, el juicio de nulidad contempla los mismos, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 130/2013, anteriormente transcrita. De ahí que, el punto a dilucidar en la ejecutoria que dio origen a la tesis que cita la parte quejosa, fue únicamente que la ley del acto no establecía mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; no así si debía promoverse el juicio de nulidad previamente a acudir a la instancia constitucional, Además, la resolución que ahora combate le reviste el carácter de una resolución definitiva, por lo que en términos de lo establecido en el transcrito artículo 3, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, será dicho tribunal el que conozca de la misma, pues, se insiste, no opera ninguna excepción para que dicha resolución pueda ser analizada en amparo indirecto. Asimismo, cobra aplicación al caso, la Tesis VI.3º. A.. J/5 (10ª) sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1470, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Agosto de 2013, Décima Época, que establece: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011)." De igual forma robustece la determinación de este órgano jurisdiccional, por las consideraciones que sostiene, la tesis I Tesis: I.11o.A.10 A (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de dos mil diecinueve, Tomo III, página 2688, Décima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes "JUNTA DE ALMIRANTES DE LA ARMADA DE MÉXICO. LA RESOLUCIÓN QUE EMITE AL REVISAR UNA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO DE HONOR SUPERIOR, TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. Del artículo 74 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México se advierte que esa institución cuenta con tres organismos disciplinarios, los cuales conocerán de las faltas graves de su personal, cada uno en el ámbito de sus atribuciones. Asimismo, que el Consejo de Honor Superior funcionará en las unidades con mando superior en jefe, en tanto que la Junta de Almirantes lo hará en la sede del Alto Mando. Por su parte, del numeral 77 del propio ordenamiento se aprecia que cuando un miembro de la Armada no esté conforme con las resoluciones del organismo disciplinario que lo juzgó, podrá recurrir ante el superior de éste, como única instancia para inconformarse. Por tanto, si la resolución que impuso una sanción se emitió por el Consejo de Honor Superior y se recurrió ante la Junta de Almirantes, se actualizó la sola instancia a que se refiere el último precepto citado y, por ende, la determinación emitida con motivo de esa revisión tiene el carácter de definitiva para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal. Sin que sea óbice a lo anterior que la parte final del artículo 77 indicado señale: "En el caso de las resoluciones emitidas por la Junta de Almirantes, serán analizadas por el Consejo del Almirantazgo Reducido", pues el hecho de que este último órgano analice los actos de aquélla, debe entenderse como una hipótesis diversa de competencia en materia disciplinaria, a saber, cuando en una primera instancia la Junta de Almirantes conozca de las faltas graves de los integrantes de la Armada de México." Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la propia ley, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Juan Alberto Montoya Aguado, por propio derecho, en contra de actos del Director General de Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y de otras autoridades, determinación que se toma en cumplimiento al derecho de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán ser desvirtuados y ello permite a la parte promovente del amparo acudir ante la instancia correspondiente a defender sus derechos. ??????? En otro contexto, téngase como domicilio el que indica en el proemio del ocurso que se provee acuerda y tomando en consideración la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Carlos Cuauhtémoc Pérez Cruz, hasta en tanto registre su cedula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales". Por otra parte, no ha lugar a acordar de conformidad su petición de tener como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones el correo electrónico personal que señala, en razón que de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Amparo, las notificaciones se realizaran de manera personal en el domicilio señalado para tal efecto, o bien, de manera electrónica de conformidad con los lineamientos señalados en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado a firmar los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en este asunto. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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- Juan Alberto Perez Ventura708/2018
- Juan Alberto Ríos Sánchez794/2023
- Juan Álvarez López518/2019
- Juan Andrés Sánchez Martínez426/2021
- Juan Antonio Arellano Ortiz1375/2022
- Juan Antonio Barajas Castillo1103/2020