Juan Alberto García Avila

Expediente 505/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
505/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
14/04/2023

Partes del expediente

  • Juan Alberto García Avila
  • Carlos Alberto García Peniche

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    V. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 505/2023-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ********************, contra actos de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El doce de septiembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. En providencia de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien presentó su alegato ministerial. Se recibió el informe con justificación de la autoridad responsable. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En cumplimiento a lo anterior, por determinación de trece de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama un acto de autoridad jurisdiccional dentro de un procedimiento, susceptible de afectar derechos sustantivos; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, primer párrafo, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 53/2013 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: [...] TERCERO. Certeza de los actos reclamados Es cierto el acto atribuido a la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 28). Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por la indicada responsable; a las que se les concede pleno valor legal, de conformidad con los artículos 130, 202, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para promover el juicio de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, y (3) el inconforme se haya ostentado sabedor de los actos. Así, el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse el acto reclamado en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el particular, el acto reclamado se notificó a la parte quejosa, a través de su representante, en la propia fecha de su emisión (veintitrés de agosto de dos mil veintidós), pues compareció a esa diligencia (foja 29, vuelta), por lo que en términos del artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, la notificación surtió sus efectos el día que se practicó. En consecuencia, el plazo para ejercer la acción constitucional trascurrió del veinticuatro de agosto al trece de septiembre de dos mil veintidós, descontándose sábados y domingos, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la demanda de amparo se presentó físicamente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, el doce de septiembre de ese año, se concluye que la acción constitucional se ejerció oportunamente. QUINTO. Procedencia La demanda de amparo es procedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, virtud a que la parte quejosa reclamó un auto que se considera de imposible reparación al actualizar una abierta dilación en la integración del juicio laboral de origen. SEXTO. Causas de improcedencia y sobreseimiento En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, no se actualiza alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al margen de que las partes no las hicieron valer, este órgano federal no advierte alguna que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis ahí descritas. Por tanto, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado La parte quejosa señaló como único motivo de disenso que el acto reclamado transgrede en su perjuicio lo dispuesto en el ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al principio de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, pues contraviene lo señalado en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo al fijar una fecha fuera del plazo que refiere ese numeral para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Dicho principio, se encuentra establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es del tenor literal siguiente: [...] Ahora bien, en relación con el tema que nos ocupa, es oportuno señalar que el numeral 685 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo. Por su parte, los artículos 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo disponen: "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario." "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley." De la intelección de los dispositivos antes transcritos se aprecia, por una parte, que es obligación de las autoridades jurisdiccionales en materia de trabajo, en concreto, de los Presidentes de las Juntas, verificar que juicios que ante ellos se tramiten no se retarden, es decir, corresponde a éstos proveer lo necesario para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos. Además, que la legislación laboral dispone, de manera expresa, que en el marco de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se deberá señalar dentro del término de quince días, a partir de que se haya recibido el escrito de demanda. En ese sentido, es fundado pero inoperante el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 170 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, visible a página 114, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." Lo fundado del argumento esgrimido por la parte quejosa radica en que, tal y como lo señaló, en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, la Junta responsable fijó fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fuera del plazo de quince días que refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, a las doce horas del dieciséis de febrero de este año, es decir, más de CINCO MESES después de su señalamiento; lo que evidentemente transgrede el principio de acceso a la justicia pronta y sin obstáculos. Sin embargo, la inoperancia referida deriva de que la nueva fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia trifásica, ya aconteció, señalándose, a su vez, nueva fecha para las nueve horas con treinta minutos del ocho de marzo de dos mil veintitrés, esto es, dentro del indicado plazo de quince días que dispone el referido ordinal 873 de la Ley Federal del Trabajo. Ante ello, si bien existió en su momento la dilación referida por la parte quejosa, lo cierto es que, al haber acontecido la fecha para la audiencia antes indicada, se consumó irreparablemente la transgresión aludida y, por ende, este juzgado federal se encuentra imposibilitado para restituir a la parte quejosa el derecho violado. Más aún, porque en caso de que este órgano de control constitucional otorgara el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable señalara todas las fechas de audiencia en el expediente de origen, dentro de los plazos y términos que señala la Ley Federal del Trabajo (atendiendo al acto que fue señalado como reclamado), no representaría un beneficio real para el peticionario del amparo. Esto porque como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, en el juicio laboral de origen se encuentra pendiente de emplazar a la sucesión del demandado ********************, por ende, una eventual concesión del amparo sólo ocasionaría un beneficio de carácter procesal, sin que se abarcara en la realidad fáctica la pretensión del aquí quejoso (continuación del procedimiento). Aunado a que este órgano jurisdiccional no se encuentra facultado para analizar lo relativo al emplazamiento del demandado antes indicado, pues no obstante que en la presente instancia opera la suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, lo cierto es que esa institución jurídica no logra abarcar el estudio, en ejercicio de una facultad discrecional, de actos que no fueron reclamados por la parte quejosa en su demanda de amparo. En mérito de lo anterior, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal, por las consideraciones antes apuntadas. Sin que obste a lo anterior que no se haya emplazado al tercero interesado ********************, pues el sentido de la presente determinación no le depara agravio alguno. Lo anterior, encuentra sustento, en lo conducente en la jurisprudencia 2a./J. 81/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 1223 y registro: 2017707, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE. [...]

  2. Principal

    V. Mérida, Yucatán, trece de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con el que de una revisión de las constancias que integran el expediente electrónico no se advierte la constancia de emplazamiento del tercero interesado *** de *** solicitadas en proveídos de trece de febrero y siete de abril del año en curso, lo que se toma en consideración para los efectos legales que correspondan. Ahora bien, de autos se advierte que en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó girar oficios de localización para la búsqueda de los domicilios de los terceros interesados ***, de los que se advierte que únicamente fue proporcionado por la autoridades requeridas el domicilio del último de los citados, sin que se lograra el emplazamiento del citado ***. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo en vigor, y considerando que se han agotado las gestiones e investigaciones para lograr el emplazamiento del tercero interesado a Alberto del Sagrado Corazón de Jesús García Peniche, sin haberlo hecho, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, señale domicilio actual y correcto, donde pueda ser emplazado a juicio el tercero interesado de mérito, o bien proporcione datos que permitan su localización, apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del término fijado, se ordenará su emplazamiento, por medio de edictos, que deberán publicarse a costa de la parte quejosa, por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. [...]

  3. Principal

    V. Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa ****, el acuerdo de 13 de 03 de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Mérida, Yucatán, trece de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con el que de una revisión de las constancias que integran el expediente electrónico no se advierte la constancia de emplazamiento del tercero interesado *** de *** solicitadas en proveídos de trece de febrero y siete de abril del año en curso, lo que se toma en consideración para los efectos legales que correspondan. Ahora bien, de autos se advierte que en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó girar oficios de localización para la búsqueda de los domicilios de los terceros interesados ***, de los que se advierte que únicamente fue proporcionado por la autoridades requeridas el domicilio del último de los citados, sin que se lograra el emplazamiento del citado ***. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo en vigor, y considerando que se han agotado las gestiones e investigaciones para lograr el emplazamiento del tercero interesado a Alberto del Sagrado Corazón de Jesús García Peniche, sin haberlo hecho, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, señale domicilio actual y correcto, donde pueda ser emplazado a juicio el tercero interesado de mérito, o bien proporcione datos que permitan su localización, apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del término fijado, se ordenará su emplazamiento, por medio de edictos, que deberán publicarse a costa de la parte quejosa, por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. [...]

  4. Principal

    V. Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede en el sentido de que mediante proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés se solicitó al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, que de no tener inconveniente alguno, remita a este órgano jurisdiccional el resultado de la notificación al tercero interesado ***, ordenada en proveído de treinta y uno de enero del año en curso, en autos del juicio de amparo 2237/2022-IV-B, de su índice. Por tanto, toda vez que de autos se advierte que en proveído de treinta y uno de enero del año en curso el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, comisionó al Actuario adscrito realice el emplazamiento del citado tercero, a fin de llevar a cabo la correcta integración del expediente físico de este asunto, solicítese al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, que de no tener inconveniente alguno, remita a este órgano jurisdiccional el resultado de la notificación al citado tercero interesado. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nuevas fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE. [...]

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