Juan Alberto Flores Velazquez
Expediente 705/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 705/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/09/2017
Partes del expediente
- Juan Alberto Flores Velazquez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a ocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Ciudad de México, a veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo concedido en auto de diecisiete del mes en curso, para que la parte quejosa desahogara la prevención formulada en autos, transcurrió del veintidós al veintiocho del mes en cita, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó, y con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda.
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por Juan Alberto Flores Velazquez, contra actos del Procurador General de Justicia de esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 705/2017. Previamente al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juez debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase al justiciable para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, precise por escrito y bajo protesta de decir verdad, de forma concreta el acto o los actos que reclama, precisando todos y cada uno de los hechos y abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes o fundamentos de los conceptos de violación, lo que deberá hacer de una manera clara y precisa que permita a este juzgado pronunciarse respecto de la admisión de la demanda o lo que en su caso proceda. Lo anterior es así, dado que no se advierte un acto en específico, pues en el capítulo correspondiente a los actos reclamados, refirió que ".se reclama el acto de autoridad, que posiblemente en mi perjuicio y en violación a mi esfera jurídica se haya realizado", esto es, no señala un acto en concreto. Sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional, que si bien la demanda de amparo debe ser analizada como un todo, también lo es que el acto que se analice debe precisarse con claridad, pues sin pretender obviar la causa de pedir, resulta en este momento legalmente imposible admitir a trámite la demanda que se provee, medularmente por la forma en que está redactada. En efecto, la causa de pedir no puede llegar al extremo de tener como acto reclamado el que no fue propuesto por el promovente de amparo; tampoco puede acusarse una denegación de justicia, pues no es que se esté rehusando a dar trámite a una demanda de amparo, sino que se está ante una obscuridad que no permite divisar lo que el solicitante quiere acusar; considerar lo contrario, podría llevar al extremo de conjeturar en relación con los señalamientos, que se traducen en los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la ley de la materia, requiérasele para que en el plazo señalado subsane lo siguiente. De la lectura integral de la demanda se aprecia que señaló como autoridades responsables, entre otras, a los agentes Primero a Cuarto del Ministerio Público Investigador Especializado en Secuestro, sin embargo, es un hecho notorio para este juzgado que las Agencias del Ministerio Público actualmente se identifican por la Coordinación Territorial a la que pertenecen y a cada una de éstas se encuentra adscrito un responsable de agencia, contando cada uno de ellos con diversos agentes del Ministerio Público, y éstos a su vez se encuentran adscritos a diferentes Unidades de Investigación, Con o Sin Detenido, así como a diversos turnos, asimismo, existen diversas Fiscalías y Agencias del Ministerio Público especializadas, por lo que en el sentido en que se encuentran denominadas dichas autoridades es indudable que este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para requerirles su informe de ley, al desconocerse a qué Unidad de Investigación, Con o Sin Detenido, a qué turno, a qué Fiscalía o Agencia especializada se encuentran adscritos los agentes del Ministerio Público que indica. Por tanto, a fin de que se pueda cumplir con el correcto llamamiento al presente juicio de las autoridades responsables, aunado a que el promovente de la acción constitucional se encuentra obligado a señalar con precisión su denominación, requiérasele para que en el plazo concedido en párrafos que anteceden aclare la denominación correcta de las autoridades responsables que se precisaron. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el entonces único Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 186 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, septiembre de 1993, cuyo rubro establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS". Circunstancias que se considera indispensable aclare a efecto de establecer la relación procesal y por tanto la litis constitucional planteada que en su caso será motivo de estudio al momento de dictarse la sentencia. Es importante destacar que aun en tratándose de un asunto en materia penal, la suplencia prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el promovente señaló, como lo es la indicación de los actos reclamados y autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". En el entendido que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo el promovente de amparo, no así los autorizados, porque si bien el precepto 12 de la Ley de Amparo confiere amplias facultades a quienes son nombrados en esos términos, el señalamiento de los elementos del juicio (actos reclamados y autoridades responsables), sólo corresponde al titular de la acción constitucional de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, del rubro siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA". De ahí la importancia que el peticionario de amparo subsane tal aspecto, ya que al requerir a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe justificado, es necesario que se pronuncien respecto del acto o actos que se les reclaman, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad o la improcedencia del juicio, en términos del artículo 117 de la ley reglamentaria, lo que no acontecería si dicho acto no es claro y preciso. Con la precisión de que con el original del escrito de desahogo se deberán exhibir tantas copias sean necesarias para correr traslado a cada una de las partes, en términos del numeral 110 de la ley reglamentaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA". Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en página 79 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibido que de no cumplir, se procederá de conformidad con el párrafo segundo del dispositivo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Por otro lado, como se solicita, todas las notificaciones deberán de realizarse por lista de acuerdos que se publica en este juzgado, en virtud que se señalaron para tal efecto los estrados, asimismo, ténganse como autorizada(s) en los términos que se precisan a la(s) persona(s) mencionada(s). En otro contexto, en cuanto a la manifestación del justiciable en el sentido de que promueve la demanda en términos del precepto 15 de la Ley de Amparo, dígasele que en modo alguno es aplicable al caso que nos ocupa. Lo anterior es así, ya que para que se actualicen dicho supuesto, la demanda debe ser promovida por diversa persona en nombre del directo agraviado, y este se encuentre imposibilitado para hacerlo, razón por la cual no se surte el supuesto legal contenido en el artículo 15 de la ley en cita. Al efecto es necesario citar el numeral precisado: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.". Ahora, del precepto transcrito se advierten los supuestos en los que es procedente promover el amparo en favor de diversa persona; sin embargo, para que se actualicen dichos supuestos, el agraviado debe encontrarse imposibilitado para promover el amparo, dado que aquellos supuestos se enlazan con la conjunción copulativa (y), esto es, están condicionados a tal circunstancia, por lo que es evidente que en el caso no se actualizan ninguna de las citadas hipótesis. En ese sentido, no es procedente tramitar el presente asunto en los términos que solicita el amparista, ya que promueve la demanda por propio derecho.
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