Juan Alberto Estrada Castillo
Expediente 255/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/02/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Alberto Estrada Castillo
Actuaciones
- Principal
AGREGUESE A LOS AUTOS...EL OFICIO DE LA SUPERIORIDAD AL QUE ACOMPAÑA LA RESOLUCION PRONUNCIADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN RT.- 122/2014, MISMO QUER RESOLVIÓ EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: "PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA...SEGUNDO.- SE SOBRESEE...TERCERO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE"...ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE...ACÚSESE RECIBO...
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AGRÉGUESE A LOS PRESENTES AUTOS EL OFICIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN EL DISTRITO FEDERAL...DEL QUE SE ADVIERTE REQUIERE...CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA...
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México, Distrito Federal, a diez de febrero de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio que remite la Delegación Iztapalapa, mediante el cual y en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cinco de febrero de dos mil quince, informa que el Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, es la única autoridad que tiene la facultad de otorgar el visto bueno para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 1799/2014 -materia de la concesión en el presente juicio de amparo-; asimismo, que se encuentra realizando las gestiones para dar total cumplimiento a la citada ejecutoria. Ahora bien, en atención a su contenido, no se comparte la opinión de la autoridad oficiante en el sentido de que debe requerirse como autoridad vinculada al mencionado Director General -al menos por el momento-, ya que se advierte la participación de otras autoridades vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, esto conforme a los siguientes instrumentos normativos: 1. "Acuerdo por el que se delega en el Director General de Servicios Legales, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la facultad de otorgar el visto bueno, previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos por conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la Administración Pública del Distrito Federal o por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por autoridad competente favorables a los trabajadores al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal, y por el que se constituye la mesa de asuntos laborales de la Comisión de Estudios Jurídicos del Distrito Federal" (Gaceta Oficial del Distrito Federal de 6 de marzo de 2014). 2. "Lineamientos para otorgar el visto bueno previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos por conciliaciones de juicios en trámite o para el cumplimiento de sentencias definitivas favorables a las personas físicas o morales, en los procesos judiciales de carácter civil, mercantil, agrario y contencioso - administrativo, promovidos por la Administración Pública del Distrito Federal o en contra de ésta, para el año 2014" (Gaceta Oficial del Distrito Federal de 14 de marzo de 2014). Así, el acuerdo delegatorio, señalado en primer término, dispone en su artículo quinto lo siguiente: "QUINTO.- Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, a través de la Dirección General Jurídica y de Gobierno o Área Jurídica correspondiente, o de la Dirección General de Administración o el área administrativa correspondiente, serán los únicos facultados para solicitar el visto bueno; así como, dar cumplimiento a los laudos y sentencias definitivas dictados por la autoridad competente favorables a los trabajadores al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal. La Dirección General Jurídica y de Gobierno o Área Jurídica correspondiente será la responsable de conciliar en beneficio de los intereses de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación o Entidad a la que se encuentren adscritos. Asimismo será la responsable de integrar la solicitud de visto bueno, cumpliendo con todos los lineamientos que para el efecto se publiquen. La Dirección General de Administración o Área Administrativa correspondiente, será la responsable, a solicitud del área jurídica, de acreditar que, previo a que se presente la solicitud de visto bueno, se cuente con la suficiencia presupuestal para cumplir con los compromisos económicos objeto del presente Acuerdo. En caso de no contar con la referida suficiencia, será la responsable directa de realizar las acciones necesarias para que cubra los referidos compromisos económicos con el presupuesto fiscal ejercido este año y con el aprobado para el 2014, a la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación o Entidad a la que se encuentre adscrita; procurando no afectar la disponibilidad presupuestal para gastos ineludibles y de operación. No será válido argumentar ante las autoridades jurisdiccionales, por parte de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, que no se da cumplimiento a los laudos o sentencias definitivas por no haber obtenido el visto bueno de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; toda vez que cada área es la única responsable de su cumplimiento. Una vez que se haya dado cumplimiento total al compromiso económico por conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la Administración Pública del Distrito Federal o por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por la autoridad competente favorables a los trabajadores al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán remitir a la Mesa de Asuntos Laborales las constancias respectivas que así lo acrediten". Por su parte, los lineamientos señalados en segundo lugar, establecen: "PRIMERO.- Los Titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, a través de la Dirección Jurídica y de la Dirección General de Administración, o áreas equivalentes, deberán presentar por oficio ante la Dirección General de Servicios Legales, solicitud de visto bueno previo al ejercicio de los recursos, acompañada del formato y su instructivo de llenado que forma parte de los presentes lineamientos (anexo 1) y que podrá ser obtenido a través de la página Web de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en la siguiente dirección electrónica: www.consejeria.df.gob.mx". "SEGUNDO.- A la solicitud de visto bueno, se deberá anexar la documentación que a continuación se precisa: I. IV. Documento expedido por el titular del área correspondiente, que acredite que se cuenta con la suficiencia presupuestal en la partida 1521 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos", o 1522 "Liquidaciones por haberes caídos", autorizadas para el ejercicio fiscal 2014, señalando nombre del actor, importe bruto e importe neto a pagar. V.". De la interpretación de los artículos previamente transcritos, se advierte que previo a solicitar el visto bueno al Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, se requiere que el "Director General Jurídico", en este caso el Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Iztapalapa, solicite a la "Dirección General de Administración" o "Área Administrativa correspondiente", de la propia Delegación, el documento con que se acredite que se cuenta con la suficiencia presupuestal, lo que en la fracción IV, del artículo segundo de los Lineamientos en análisis se define como ".la partida 1521 'Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos', o 1522 'Liquidaciones por haberes caídos', autorizadas para el ejercicio fiscal 2014, señalando nombre del actor, importe bruto e importe neto a pagar." Conforme lo expuesto, se advierte que los funcionarios públicos vinculados al cumplimiento de la ejecutoria de amparo son los siguientes: 1. Beatriz Ortiz Bárcenas, Directora General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Iztapalapa. 2. María Teresa Ramírez Mejía, Directora General de Administración de la Delegación Iztapalapa. La titularidad de ambos puestos fue consultada el diez febrero dos mil quince, en la página web de la Delegación Iztapalapa con la siguiente dirección electrónica http://www.iztapalapa.df.gob.mx/htm/directorio/directorio.html. No es óbice a la vinculación anterior, la eventual circunstancia de que no hubiesen tenido intervención en el acto reclamado, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución. Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 59/2014 (10a.), visible en la página 5 del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que señala: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo". En consecuencia, la Directora General Jurídica y de Gobierno, dentro del término de tres días hábiles, debe solicitar a la Directora General de Administración, ambas de la Delegación Iztapalapa, la expedición del documento que acredite que se cuenta con la suficiencia presupuestal en la partida 1521 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos", o 1522 "Liquidaciones por haberes caídos", autorizadas para el ejercicio fiscal, señalando nombre del actor, importe bruto e importe neto a pagar. Por su parte, la Directora General de Administración deberá otorgar dentro del término de tres días hábiles, la información solicitada, en el entendido de que de no contar con la referida suficiencia, será la responsable directa de realizar las acciones necesarias para que cubra los referidos compromisos económicos con el presupuesto fiscal ejercido y con el aprobado, procurando no afectar la disponibilidad presupuestal para gastos ineludibles y de operación, actuación última, que también deberá de acreditar dentro de los tres días hábiles siguientes. Una vez otorgado el documento de suficiencia presupuestal, la Directora General Jurídica y de Gobierno, dentro de los tres días hábiles siguientes, deberá integrar la solicitud de visto bueno, acompañando el formato y su instructivo de llenado, además de todos los requisitos a que se refiere el artículo segundo de los Lineamientos en estudio, debiendo remitir a este órgano jurisdiccional inmediatamente el acuse respectivo de que se presentó ante el Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, la solicitud respectiva. Asimismo, hágase de su conocimiento que de no cumplir con lo ordenado en el presente acuerdo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, a fin de que elabore el proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas, y en su caso, de sus superiores jerárquicos, y su consignación ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales correspondiente, por el delito de incumplimiento de las sentencias de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 55/2014 (10a.), visible en la página 8 del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que señala: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SU TRÁMITE EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Recibidos los autos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dictará a la brevedad posible la resolución que corresponda, la cual podrá ser en los siguientes términos: 1) Si el incumplimiento es justificado, se otorgará un plazo adecuado a la autoridad responsable para que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad; vencido este plazo, si no se ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, separará de su cargo a la autoridad responsable o vinculada y la consignará ante el Juez de Distrito y, en su caso, a su superior jerárquico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 2) Devolverá los autos al órgano judicial de amparo, si es necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, a efecto de que dé trámite al incidente ya referido en esta resolución; y, 3) Si estima injustificado el incumplimiento, tomando en cuenta la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitirá resolución en la que, de ocupar los cargos respectivos, separe a las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, a su superior jerárquico y los consigne ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales de la entidad de que se trate, por el delito de incumplimiento de las sentencias de amparo. Además, ordenará la devolución de los autos al órgano jurisdiccional de amparo, a efecto de que continúe el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares, sin perjuicio de la consignación que proceda en contra de los anteriores responsables del incumplimiento". Además, deberán abstenerse de realizar procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional, así como actitudes evasivas o procedimientos ilegales ya que de ocurrir así, también se ordenara el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito competente para los efectos precisados anteriormente. Esto, conforme lo dispone la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 58/2014 (10a.), visible en la página 11 del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso". En razón de lo anterior, envíese a las referidas autoridades vinculadas al cumplimiento la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, así como la ejecutoria emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el recurso de revisión RT. 114/2014, de su índice. Finalmente, agréguese a los autos el oficio que remite la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual acusa recibo de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y de las copias certificadas del expediente laboral 1948/2007, de su índice, atento a lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Luis Antonio Hernández Berrios, Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, ante el Secretario licenciado José Manuel Mora Pérez, quien autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo, y el acuerdo mismo, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe. *ws/mymg. Juez Secretario
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