Juan Alberto Díaz Romero
Expediente 676/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 676/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Juan Alberto Díaz Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. I. Estado procesal. Visto lo de cuenta, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado. II. Relación de constancias. Consta en autos que se dictó la resolución constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para efecto de que la autoridad responsable: "la autoridad responsable señale nueva fecha dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, para la celebración de la continuación de audiencia y para el único efecto que la demandada comparezca a contestar el escrito inicial de demanda y aclaraciones." III. Ejecutoria. El diecisiete de febrero del año en curso, causó ejecutoria la citada resolución. IV. Cumplimiento de ejecutoria. Previo requerimiento, mediante proveído de nueve de marzo del año en curso, se agregó un oficio y anexo certificado presentado por el presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a través de los cuales, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que en el expediente laboral 1232/2019, corrigió el procedimiento y señaló las diez horas con treinta minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia que prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. V. Vista cumplimiento. Con lo anterior, mediante el proveído de referencia -nueve de marzo de dos mil veintiuno-, se ordenó dar vista a la parte quejosa, quien fue notificada personalmente el once siguiente, y no realizó manifestación alguna en relación con el cumplimiento de la ejecutoria. VI. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. De lo expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso o defecto. VII. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo y archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió el amparo solicitado. VIII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo mediante el cual el presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la responsable Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente: "señale nueva fecha dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, para la celebración de la continuación de audiencia y para el único efecto que la demandada comparezca a contestar el escrito inicial de demanda y aclaraciones." (...)
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veintiséis minutos del doce de noviembre de dos mil veinte, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Luis Felipe Escalante Pasos, Secretario que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe justificado rendido por la responsable. Asimismo, se hace constar que revisado el estado procesal de autos, se advierte que en auto de admisión, se reservó proveer respecto al señalamiento de terceros interesados; a lo que el juez acuerda: atento al contenido del informe justificado, se concluye que no existe tercero interesado, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y se da cuenta con la documental, que anexó la autoridad responsable a su informe con justificación, así como la presuncional e instrumental de actuaciones ofrecidas por la quejosa en su escrito inicial de demanda. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitido y desahogado por su especial naturaleza las probanzas de referencia. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 676/2020; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Mediante oficio 13610/2020 de siete de octubre de dos mil veinte, presentado el ocho del mismo mes y año, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, el actuario adscrito al juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, remitió el juicio de amparo 661/2020, de su índice, promovido por Juan Alberto Díaz Romero, contra el acto reclamado de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al declararse legalmente incompetente por razón de turno para conocer de dicho asunto. En quince de octubre siguiente, se aceptó el turno planteado por el órgano declinante, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. III. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: acta de audiencia de veintidós de septiembre de dos mil veinte, que señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, en el juicio laboral 1232/2019 Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados a la responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación, así como de las constancias que remitió en apoyo, de las que se desprende la existencia del auto impugnado. Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se configure alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. La parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional. Es concepto de violación es fundado, toda vez que, efectivamente, la junta responsable fijó fecha para dicha audiencia que supera la que indica la Ley Federal del Trabajo y, por ende, viola los derechos que reconoce el precepto constitucional aludido; asimismo, ha omitido emplazar a juicio a la parte demandada. En efecto, el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 685, 686, 771, y 873-A de la Ley Federal del Trabajo, establecen entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan, para llevar a cabo los distintos actos procesales; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Asimismo, se advierte que una vez radicada la demanda laboral, la junta debe señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley dentro de los quince días siguientes, por lo que el emplazamiento de las partes deberá llevarse a cabo, cuando menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para tal efecto. Ahora, en el caso, de las constancias remitidas por la responsable, así como de las manifestaciones de la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, se advierte que: En veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, parte quejosa promovió demanda laboral ante la responsable, radicada como juicio laboral 1232/2019. En acta de audiencia de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se cerró la etapa de demanda y excepciones y difirió la audiencia para las diez horas del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, para el único efecto que la demandada compareciera a contestar el escrito inicial de demanda y aclaraciones. Lo anterior, pone en relieve que la autoridad responsable va en contra de los principios rectores del proceso laboral, en virtud de que la fecha estipulada para llevar a cabo la audiencia de demanda y excepciones, supera el plazo de quince días establecido en la legislación obrera. Asimismo, que desde la fecha en que la parte quejosa presentó la demanda, ha transcurrido más un año, sin que desahogue en su totalidad la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. En ese tenor, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 constitucional, en tanto que la autoridad desfasa los plazos establecidos en el código obrero. Finalmente, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva, sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. VI. Decisión De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: la autoridad responsable señale nueva fecha dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, para la celebración de la continuación de audiencia y para el único efecto que la demandada comparezca a contestar el escrito inicial de demanda y aclaraciones. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se VII. Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Alberto Díaz Romero, respecto de los actos reclamados precisados en el apartado III, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados V y VI de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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