Juan Alberto Bautista Rodríguez y Otros.
Expediente 12/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/02/2018
Partes del expediente
- Juan Alberto Bautista Rodríguez y Otros.
- Juan Alberto Bautista Rodríguez
- Titular de la Policía Federal Ministerial
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que tuvo por no presentada y desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que el plazo de tres días, otorgado en autos de ocho y doce de enero del presente año, a efecto de que el quejoso *** ratificara la demanda, transcurrió del diecinueve al veintitrés de los actuales; sin contar los días inhábiles y sin que lo hubiera hecho. En ese orden, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminado y con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los autos, se levanta la reserva decretada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho; en consecuencia, atendiendo a las constancias remitidas por la Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer turno de Zinacantepec (fojas 150 a 154), esto es, la boleta de salida, así como el acuerdo de libertad del diverso quejoso *** mismas que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En ese tenor, se surte el supuesto de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la propia ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ------------------------I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.---------------------------------------------(.) -----------------------------------------------------------------------------------Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ----------------------------------------------------------------------------------Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --------------------- (.) ----------------------------------------------------------------------------------- XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Ahora, del análisis de los referidos artículos 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (acciones y omisiones), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclame; en consecuencia, para que sea procedente, es menester que quien lo interponga esté legitimado para ello, presupuesto que se colma con la existencia de una ofensa, lesión o agravio en su esfera de derechos. Al respecto, debe decirse que desde el punto de vista doctrinal, la legitimación (como concepto puramente procesal) deriva de las normas que establecen quiénes pueden ser parte en un proceso; la capacidad de ser parte, la cual consiste en la aptitud jurídica de ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal que a las partes se refiere. Sobre ese tópico, es importante mencionar que la legitimación resulta de la posibilidad legal en que se encuentra una persona para ser sujeto procesal en relación con un asunto, cuya idoneidad deriva de la posibilidad de defender sus intereses por derecho propio o mediante la representación ya sea legal o convencional. También, debe mencionarse que la legitimación procesal, según la doctrina, se divide en legitimación procesal en la causa y en el proceso. La legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales, cuando ese derecho es violado o desconocido. En cambio, la legitimación en el proceso es la capacidad de actuar en juicio, tanto por quien tiene el derecho sustantivo invocado como por su legítimo representante o por quien puede hacerlo como sustituto procesal. Como conclusión, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (acciones u omisiones), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional. En el caso, ***, presentó demanda de amparo en favor de J****con motivo de la privación ilegal de la libertad de este último y, de conformidad con las constancias de cuenta, así como, de las manifestaciones del promovente, bajo protesta de decir verdad (f. 113 a 115), se advierte que a la fecha se encuentra en libertad; es inconcuso que el acto reclamado no viola en modo alguno los derechos fundamentales de dicho quejoso. En ese tenor, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo respecto del impetrante antes citado, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Finalmente, se deja sin efectos la suspensión de plano decretada en acuerdo de ocho de enero de dos mil dieciocho; en consecuencia, en virtud de estar plenamente justificada la libertad del quejoso Juan Alberto Bautista Rodríguez, y toda vez, que el diverso impetrante Rafael Arturo Esquivel de León, no ratificó el libelo de garantías, con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Agréguese el informe a la suspensión de plano, rendido por la autoridad que lo suscribe; atento a ello, este juzgado queda enterado del cumplimiento a la medida cautelar.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta por medio del cual la autoridad que lo suscribe remite copia certificada del acuerdo de libertad y la boleta de libertad del quejoso ***. Téngase por satisfecha la exigencia de mérito, asimismo, se reserva a proveer lo conducente hasta en tanto fenezca el término concedido al quejoso ***, mediante auto de doce de los corrientes.
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