Juan Alberto Arredondo Becerra
Expediente 430/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 430/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Alberto Arredondo Becerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
SE DA CUENTA EN ESTE INCIDENTE CON LO ACORDADO EN EXPEDIENTE PRINCIPAL. CÚMPLASE.
- Principal
CERTIFICACIÓN GLOSA
- Principal
El auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Archívese como asunto concluido. Este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, y toda vez que es innecesaria la permanencia de las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, se ordena devolver las mimas a su lugar de origen.
- Principal
Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa. Del oficio de cuenta se advierte que en el citado Tribunal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, respecto uno de los actos reclamados por la parte quejosa; y ordenó remitir los autos al juez de Distrito en turno con sede en esta ciudad. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado se avoca al conocimiento de la demanda referida anteriormente. Se reconoce el carácter de apoderada legal de los quejosos . DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. En el caso, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, pues aunque el acto reclamado subsiste, no puede surtir efecto alguno, por haber dejado de existir la materia de los mismos. Es así porque, acorde al artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, el juicio de amparo es una institución instaurada en la cúspide de nuestro sistema normativo con la finalidad de que se constituya como el medio apto y asequible al que toda persona puede acudir en defensa de un derecho que le asiste, cuando el mismo se ve afectado como consecuencia de la actuación del poder público. Para su procedencia, entre otros requisitos, es necesario que la sentencia que en él se dicte (en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa), pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de los derechos vulnerados. En esa misma línea de pensamiento, la causal invocada se actualiza, cuando los efectos del acto de autoridad controvertido no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni lo harán, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitió; por lo que en caso de determinar que el mismo es inconstitucional, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del acto de autoridad, aun cuando subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación; lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a éste último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. De esta manera, en la materialización de aquella improcedencia, concurren los siguientes requisitos: a. Que el acto reclamado no haya sido nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista jurídicamente; y, b. Que por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia. Da sustento a lo expuesto, en lo conducente, la tesis aislada 2a. XLVIII/9813 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 193758, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS." Ahora bien, de las copias certificadas que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que: El siete de octubre de dos mil veintidós, la Junta responsable decretó la caducidad del juicio ordinario laboral ********************. Inconforme con dicha determinación, la amparista planteó incidente de nulidad donde esencialmente impugnó la notificación de dicha resolución. El veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, la responsable ordenó la notificación personal de la resolución aludida, y desechó la incidencia de la actora. Luego, el siete de febrero siguiente, la accionante planteó incidente innominado de continuación del procedimiento y desarchivo del expediente, mismo que desechó la responsable el ocho del mismo mes y año (acto reclamado). En contra del auto donde se decretó la caducidad del proceso y del desechamiento de su incidencia, promovió juicio de amparo directo que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, quien, mediante acuerdo de presidencia de cuatro de abril actual, lo registró como ********************/2023; desechó la demanda respecto del primer acto (caducidad) y se declaró incompetente para conocer respecto del segundo. Lo anterior evidencia que concurren los elementos referidos, pues, aun cuando subsiste el auto siete de febrero de dos mil veintitrés, lo cierto es que el objeto y la materia del mismo ha dejado de existir, pues como se señaló previamente, cuatro de abril del presente año, la caducidad del juicio laboral quedó firme, con el desechamiento de la demanda de amparo directo que se promovió en su contra. De ahí que en caso de concluirse que los actos ahora reclamados son inconstitucionales, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria y, por ende, el fallo protector no podría cumplir con su finalidad, por haber dejado de existir el objeto o materia de los mismos. Por lo expuesto, toda vez que, de la lectura de la demanda, se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causa de improcedencia en estudio; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida. Dado el volumen de las constancias remitidas por la responsable, para un mejor manejo del expediente, se ordena la apertura de un tomo de pruebas, debiéndose acordar en el presente expediente las promociones y resoluciones subsecuentes; en la inteligencia que se deberá conservar el sello, folio y rúbrica asentados por la responsable. Toda vez que de las constancias que remitió la responsable se advierte un domicilio en esta ciudad donde puede ser notificada la parte quejosa, el cual designó para recibir notificaciones en el juicio de origen, ubicado en ********************comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos para que le notifiquen de forma personal este proveído y, además, le requieran para que en ese acto o dentro de un plazo de tres días, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido de que en caso de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes se realizarán por lista. Se tienen sus autorizados. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio. Se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, realicen las notificaciones que deban ser personales en el presente juicio. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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