Juan Alberto Arias Ayala
Expediente 1204/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1204/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Alberto Arias Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otro lado, como resultan innecesarios que en autos obre el original de la causa penal 30/2017-I que remitió el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal , y copia certificada del juicio I-113/2017 remitida por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, se ordena enviárselos, con la atenta solicitud de acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibidos a entera satisfacción. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en las carátulas del principal e incidente los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales ni garantía, toda vez que los primeros no se exhibieron y no se ordenó la apertura del incidente de suspensión. Toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado, se encuentran gozando del primer periodo vacacional, se ordena reservar el envío de las comunicaciones que se encuentren en el supuesto, hasta en tanto reanuden labores. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍQUESE A LA PARTE QUEJOSA: JUAN ALBERTO ARIAS AYALA. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otro lado, como resultan innecesarios que en autos obre el original de la causa penal 30/2017-I que remitió el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal , y copia certificada del juicio I-113/2017 remitida por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, se ordena enviárselos, con la atenta solicitud de acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibidos a entera satisfacción. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en las carátulas del principal e incidente los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales ni garantía, toda vez que los primeros no se exhibieron y no se ordenó la apertura del incidente de suspensión. Toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado, se encuentran gozando del primer periodo vacacional, se ordena reservar el envío de las comunicaciones que se encuentren en el supuesto, hasta en tanto reanuden labores. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 70 a 80), se dictó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Juan Alberto Arias Ayala. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (fojas 95 y 96), se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Secretaria de acuerdos de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante oficio 435 recibido en este Juzgado Federal el treinta y uno de mayo del presente año (foja 101), remitió copia certificada de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, que dictó en el toca penal I-113/2017, de su índice, derivado del proceso penal 30/2017-I del índice del Juez Primero de Primera Instancia en materia Penal del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Bajo ese contexto, por auto de cinco de junio de dos mil dieciocho (foja 114), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto otorgó el amparo al quejoso, para el efecto de que el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán: ? Dejara insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete. ? Emitiera una nueva determinación en la que determinara que el artículo 226 del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en la Octava Sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el miércoles diecisiete de diciembre de dos mil catorce, es el más favorable, y, ? A partir de esa consideración resolviera lo que conforme a derecho corresponda. Al respecto, el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, mediante oficio 435 remitió la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho dictada en el toca de apelación I-113/2017 en la que determinó lo siguiente: ". PRIMERO. En acatamiento a la ejecutoria de amparo de 30 de abril de 2018, pronunciada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado (sic), con residencia en esta ciudad, con esta fecha se deja insubsistente la resolución de 30 de noviembre de 2017, emitida en el toca O-113/2017. Y se dicta nueva resolución, cumpliendo los lineamientos de la ejecutoria de la autoridad federal. . En consecuencia, siguiendo los lineamientos del amparo en cumplimiento, se determina que el artículo 226, del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo publicado en la Octava Sesión del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el miércoles diecisiete de diciembre de dos mil catorce, es el más favorable al imputado; por tanto, aplicable al caso concreto, en forma retroactiva; y, obliga -como determina la ejecutoria- a utilizar una legislación distinta en lo concerniente a la mecánica para decidir lo que en derecho corresponda sobre la extinción de la acción penal; esto es, el referido código penal de 2014. . Por consiguiente, al resultar fundado el agravio de la defensa, se declara prescrita la acción penal ejercitada frente al imputado Juan Alberto Arias Ayala, por el ilícito de despojo de inmueble, en perjuicio de Angelina Pineda Bermúdez. En definitiva, se revoca la resolución de 4 de septiembre de 2017, emitido por el juzgado primero de primera instancia en materia penal de este distrito judicial, en el proceso penal 30/2017-I, que se siguió al imputado Juan Alberto Arias Ayala, por el ilícito de despojo de inmueble, en perjuicio de Angelina Pineda Bermúdez; para ahora: Determinar prescrita la acción penal ejercitada frente al imputado Juan Alberto Arias Ayala, por el ilícito de despojo de inmueble, en perjuicio de Angelina Pineda Bermúdez; y, por consiguiente, conforme al numeral 359, fracción II, 361 y 363, del código de procedimientos penales de la entidad, se decreta el sobreseimiento de la causa penal, con efectos de sentencia absolutoria; por lo que se decreta su libertad, únicamente por lo que a este delito se refiere, la que substituirá la libertad bajo fianza otorgada en el juzgado de la causa. ." Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa el derecho fundamental violado, en razón de que dejó insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictó una nueva resolución en la que determinó que el artículo 226 del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo publicado en la Octava Sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, fue el más favorable y resolvió declarar prescrita la acción penal ejercida frente al imputado, aquí quejoso, por el delito de despojo de inmueble, por tanto decretó el sobreseimiento de la causa penal. Del examen de las documentales indicadas, mismas que gozan de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable, cumplió con el fallo protector, pues el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictó una nueva resolución en la que determinó que el artículo 226 del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo publicado en la Octava Sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, fue el más favorable y resolvió declarar prescrita la acción penal ejercida frente al imputado, aquí quejoso, por el delito de despojo de inmueble, por tanto decretó el sobreseimiento de la causa penal.. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO" . Esto es así, porque la responsable ordenadora acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues dejó insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictó una nueva resolución en la que determinó que el artículo 226 del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo publicado en la Octava Sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, fue el más favorable y resolvió declarar prescrita la acción penal ejercida frente al imputado, aquí quejoso, por el delito de despojo de inmueble, por tanto decretó el sobreseimiento de la causa penal.; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, por lo cual, se reitera, no existe un cumplimiento defectuoso; tampoco existe exceso en las obligaciones impuestas a la responsable, ya que ésta se constriñó a realizar lo ordenado en el fallo protector. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JUAN ALBERTO ARIAS AYALA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 70 a 80), se dictó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Juan Alberto Arias Ayala. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (fojas 95 y 96), se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Secretaria de acuerdos de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante oficio 435 recibido en este Juzgado Federal el treinta y uno de mayo del presente año (foja 101), remitió copia certificada de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, que dictó en el toca penal I-113/2017, de su índice, derivado del proceso penal 30/2017-I del índice del Juez Primero de Primera Instancia en materia Penal del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Bajo ese contexto, por auto de cinco de junio de dos mil dieciocho (foja 114), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto otorgó el amparo al quejoso, para el efecto de que el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán: ? Dejara insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete. ? Emitiera una nueva determinación en la que determinara que el artículo 226 del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en la Octava Sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el miércoles diecisiete de diciembre de dos mil catorce, es el más favorable, y, ? A partir de esa consideración resolviera lo que conforme a derecho corresponda. Al respecto, el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, mediante oficio 435 remitió la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho dictada en el toca de apelación I-113/2017 en la que determinó lo siguiente: ". PRIMERO. En acatamiento a la ejecutoria de amparo de 30 de abril de 2018, pronunciada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado (sic), con residencia en esta ciudad, con esta fecha se deja insubsistente la resolución de 30 de noviembre de 2017, emitida en el toca O-113/2017. Y se dicta nueva resolución, cumpliendo los lineamientos de la ejecutoria de la autoridad federal. . En consecuencia, siguiendo los lineamientos del amparo en cumplimiento, se determina que el artículo 226, del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo publicado en la Octava Sesión del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el miércoles diecisiete de diciembre de dos mil catorce, es el más favorable al imputado; por tanto, aplicable al caso concreto, en forma retroactiva; y, obliga -como determina la ejecutoria- a utilizar una legislación distinta en lo concerniente a la mecánica para decidir lo que en derecho corresponda sobre la extinción de la acción penal; esto es, el referido código penal de 2014. . Por consiguiente, al resultar fundado el agravio de la defensa, se declara prescrita la acción penal ejercitada frente al imputado Juan Alberto Arias Ayala, por el ilícito de despojo de inmueble, en perjuicio de Angelina Pineda Bermúdez. En definitiva, se revoca la resolución de 4 de septiembre de 2017, emitido por el juzgado primero de primera instancia en materia penal de este distrito judicial, en el proceso penal 30/2017-I, que se siguió al imputado Juan Alberto Arias Ayala, por el ilícito de despojo de inmueble, en perjuicio de Angelina Pineda Bermúdez; para ahora: Determinar prescrita la acción penal ejercitada frente al imputado Juan Alberto Arias Ayala, por el ilícito de despojo de inmueble, en perjuicio de Angelina Pineda Bermúdez; y, por consiguiente, conforme al numeral 359, fracción II, 361 y 363, del código de procedimientos penales de la entidad, se decreta el sobreseimiento de la causa penal, con efectos de sentencia absolutoria; por lo que se decreta su libertad, únicamente por lo que a este delito se refiere, la que substituirá la libertad bajo fianza otorgada en el juzgado de la causa. ." Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa el derecho fundamental violado, en razón de que dejó insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictó una nueva resolución en la que determinó que el artículo 226 del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo publicado en la Octava Sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, fue el más favorable y resolvió declarar prescrita la acción penal ejercida frente al imputado, aquí quejoso, por el delito de despojo de inmueble, por tanto decretó el sobreseimiento de la causa penal. Del examen de las documentales indicadas, mismas que gozan de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable, cumplió con el fallo protector, pues el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictó una nueva resolución en la que determinó que el artículo 226 del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo publicado en la Octava Sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, fue el más favorable y resolvió declarar prescrita la acción penal ejercida frente al imputado, aquí quejoso, por el delito de despojo de inmueble, por tanto decretó el sobreseimiento de la causa penal.. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO" . Esto es así, porque la responsable ordenadora acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues dejó insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictó una nueva resolución en la que determinó que el artículo 226 del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo publicado en la Octava Sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, fue el más favorable y resolvió declarar prescrita la acción penal ejercida frente al imputado, aquí quejoso, por el delito de despojo de inmueble, por tanto decretó el sobreseimiento de la causa penal.; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, por lo cual, se reitera, no existe un cumplimiento defectuoso; tampoco existe exceso en las obligaciones impuestas a la responsable, ya que ésta se constriñó a realizar lo ordenado en el fallo protector. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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