Juan Alberto Ángel Bartolano
Expediente 588/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Alberto Ángel Bartolano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signados por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula; visto su contenido téngasele remitiendo las constancias de notificación practicadas al quejoso ********************, del auto de quince de julio del año en curso; para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el contenido de la certificación de cuenta, toda vez que el quejoso ********************, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Oaxaca o zona conurbada, en el plazo que les fue concedido, no obstante haber sido requerido para ello; en consecuencia, se ordena que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le practiquen por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, hasta en tanto subsane tal omisión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 588/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. JUAN ALBERTO ÁNGEL BARTOLANO, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de amparo en materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, y que en su momento, por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de: AUTORIDADES ORDENDADORAS: Juez Segundo de lo Penal del Estado de Puebla Juez Tercero de lo Penal del Estado de Puebla. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Magistrados que integran la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. AUTORIDADES EJECUTORAS: Fiscal General en el Estado de Puebla. Director General de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Fiscal General del Estado de Oaxaca. Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones, encargada del Grupo de Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Que hizo consistir en: las órdenes de busca, aprehensión, detención, reaprehensión o presentación, dictadas en su contra y el cumplimiento que pretenden dar a las mismas; que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve, el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, admitió la demanda de amparo, radicándola bajo el número 514/2019, por lo que solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción. Seguido el trámite del asunto, mediante sentencia de veintiocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 134 - 146), el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, declinó competencia por razón de territorio para resolver en definitiva del mismo, por considerar que los actos reclamados no tendrían ejecución en esa demarcación territorial, en términos del numeral 37 de la Ley de Amparo, motivo por el cual declinó competencia a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad; por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca; en auto de tres de julio del año en curso, se tuvo por recibido el referido juicio de amparo 514/2019, del índice del Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula; sin embargo, al no compartirse las consideraciones expuestas por la juez declinante, esté órgano jurisdiccional se declaró imposibilitado para pronunciarse respecto de la aceptación o no de la competencia declinada. TERCERO. Mediante auto de nueve de julio de dos mil diecinueve (fojas 17 - 18), el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, insistió en declinar competencia a este órgano jurisdiccional, y al compartirse los argumentos expuestos por el Juez declinante, mediante proveído de quince de julio del año en curso (foja 157 - 161), se aceptó la competencia declinada. Ahora, con la finalidad de subsanar las diversas irregularidades procesales advertidas en el juicio de amparo 514/2019 del índice del Juzgado declinante, se ordenó levantar la audiencia constitucional celebrada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, regularizando el procedimiento por lo que hace a la separación de las diversas causas penales instruidas en contra del quejoso, advertidas en los informes justificados rendidos por las responsables, determinándose que este juicio de amparo se ocupara del estudio de la orden de aprehensión librada en contra del quejoso JUAN ALBERTO ÁNGEL BARTOLANO en la causa penal 319/2017, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, así como de los actos reclamados a los Jueces Segundo y Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, Jueces Segundo y Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, Fiscal General del Estado de Puebla, Director General de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Fiscal General del Estado de Oaxaca, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y del Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones, encargada del Grupo de Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Se dio vista a las partes, se otorgó la intervención que le corresponde a la representación social adscrita, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, la cual se llevó a cabo con el resultado del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Como cuestión previa, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. TERCERO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda. Al respecto es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicable al caso por similitud de razón, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento de lo anterior y para los efectos de dar precisión de los actos reclamados y estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se establece que de acuerdo al análisis integral que se hace a la demanda, de las constancias que obran en autos, así como del disco DVD, se advierte como tal: La orden de aprehensión librada en contra del quejoso Juan Alberto Ángel Bartolano, el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 319/2017, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por su probable responsabilidad en el hecho que la ley señala como delito de fraude específico, cometido en perjuicio patrimonial de Heladio Zárate Vásquez. CUARTO. Los Jueces Segundo y Tercero de lo Penal del Estado de Puebla, la Encargada del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, así como los Jueces Segundo y Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclama, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Es aplicable en la especie la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". QUINTO. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del Tomo 76, del mes de Abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La Jueza de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, aceptó la existencia del acto que se le atribuye (foja 53); por lo que debe tenerse plenamente probada su existencia, en términos de la Jurisprudencia número 305, visible en la página 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual forma, se tiene por cierto el acto reclamado al Fiscal General del Estado de Oaxaca, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y del Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones, encargada del Grupo de Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (fojas 82 - 86, 89 - 90 y 98 - 100). Certeza que se corrobora con la documental que acompañó a su informe justificado la Jueza de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, consistente en copia de la orden de aprehensión librada en contra del quejoso Juan Alberto Ángel Bartolano, el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 319/2017 de su índice (fojas 73 - 79), así como un disco en formato DVD, que contiene el registro de audio y video de la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión de siete de diciembre de dos mil dieciocho, el archivo PDF de la resolución de la orden de aprehensión, tres archivos PDF de las causas penales 319/2017, entre otras, así como el índice cronológico de la audiencia de orden de aprehensión, a lo que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidas por funcionarios judiciales en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De igual forma, tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." SEXTO.- Previo al estudio de los conceptos de violación, se examinan las causas de sobreseimiento, por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de garantías, según se puede establecer del artículo 63 de la Ley de Amparo vigente. Cobra aplicación, en lo conducente, la Tesis número VII.1o.A. 21K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, consultable en la página 1595 del Tomo XXXIII, Junio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN PÚBLICO, PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZARLO, AL RESOLVER LOS RECURSOS DE QUEJA O DE REVISIÓN PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 95, FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE DICHA LEY, RESPECTIVAMENTE, SI DE AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA CUALQUIERA DE AQUÉLLAS. El artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, al disponer que las causales de improcedencia en el juicio de amparo deberán ser examinadas de oficio, alude a una causal de sobreseimiento de las previstas en el precepto 74 del propio ordenamiento, el cual estatuye, en sus diferentes fracciones, que procede el sobreseimiento: "I. Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda; II. Cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a su persona; III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior; IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley ... V. ... En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado -trescientos días-, producirá la caducidad de la instancia. ...". En estas condiciones, el estudio de las hipótesis de sobreseimiento referidas, aunque no se señale expresamente, es de orden público, preferente y de oficio, en cualquier momento, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito debe realizarlo al resolver los recursos de queja o de revisión, previstos por los artículos 95, fracción I y 83, fracción IV, de la mencionada ley, respectivamente, si de autos aparece plenamente demostrada cualquiera de ellas, en el entendido de que el de las previstas en las fracciones I, II, IV y V, es previo al de la III, que alude a las de improcedencia, que se producen, partiendo del supuesto que no se da alguna de las anteriores." En relación a lo anterior, se advierte que en auto de veintiséis de julio de dos mil diecinueve (foja 178), se tuvo a la Jueza de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, remitiendo un disco en formato DVD, que contiene el registro de audio y video de la audiencia de solicitud de desistimiento celebrada el trece de junio del año en curso, decretando la extinción de la acción penal por otorgamiento de perdón, dentro de la causa penal 319/2017 de su índice, instruida a Juan Alberto Ángel Bartolano y otros, por el delito de fraude específico, cometido en agravio de Heladio Zárate Vásquez. Es evidente que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V de Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuanto: ... V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior..." El texto trascrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieren cesado, es decir, cuando el acto que constituye la materia del juicio quede insubsistente, y las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, extinguiendo por completo todas las consecuencias jurídicas, virtud de un acto posterior y diverso. Se dice lo anterior, toda vez que del disco en formato DVD que envió la Jueza de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, se advierte que mediante diligencia de trece de junio de dos mil diecinueve, el ofendido Heladio Zárate Vásquez, compareció a otorgar perdón legal a favor del quejoso Juan Alberto Ángel Bartolano, motivo por el cual la juez responsable determinó el sobreseimiento de la causa penal de origen al haberse extinguido la acción penal en favor del aquí quejoso. Lo expuesto, hace patente la cesación de efectos de la orden de aprehensión reclamada, toda vez que el artículo 485 fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el perdón del ofendido extingue la acción penal; por lo tanto, al sobreseerse la causa penal de la que deriva la orden de aprehensión reclamada, es inconcuso que cesaron sus efectos, lo cual constituye una situación jurídica idéntica a la que habría existido si éste no hubiera sido emitido, con lo que destruyó el acto que dio motivo a la interposición del presente juicio de amparo. Es aplicable al particular, la tesis 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese sentido, al sobrevenir la causal de improcedencia en mención, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución General de la República, por lo que hace al acto reclamado consistente en la orden de aprehensión que reclama el peticionario de amparo, de las aludidas responsables. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en relación al acto reclamado en la causa penal 319/2017 del índice del Juzgado de Control del circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, no se haya emplazado al tercero interesado Heladio Zárate Vásquez; pues el sobreseimiento decretado por este juzgador no le causa perjuicio alguno. Apoya lo anterior, por las razones que se contienen, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el página 349, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Séptima Época, con registro "IUS" 394487, publicada con rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada". Por lo expuesto, y además, con sustento en los artículos 74, 76 a 78, 155 y 192, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Alberto Ángel Bartolano. NOTIFÍQUESE.
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