Juan Alberto Ángel Bartolano
Expediente 17/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 17/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Alberto Ángel Bartolano
Actuaciones
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación de cuenta; toda vez que por auto de siete de enero de dos mil dieciséis, se sobreseyó el presente juicio de amparo (fojas 124 a 128), la cual no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha determinación ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, así como la copia certificada del incidente de suspensión, serán conservados en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Dedúzcase copia autorizada de la presente determinación y agréguese a la copia certificada del incidente de suspensión, para los efectos conducentes. NOTIFÍQUESE. Lo provee y firma, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, con la Secretaria Patricia Herrera Colmenares, quien autoriza y da fe." MESA I
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de enero de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio procedente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto y anexos, consistentes en los autos originales del juicio de amparo 1593/2015-III, promovido por Juan Alberto Ángel Bartolano, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, un cuaderno de prueba e incidente de suspensión, que remite la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad. Acúsese recibo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto número 17/2016; sin que haya lugar a ordenar el trámite del incidente de suspensión al haberse remitido resuelto. Ahora, visto que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, por auto de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, declaró su legal incompetencia para conocer del juicio de amparo citado, con base en lo siguiente: Dicho sumario proviene del juicio de amparo indirecto 1057/2015-II, del índice del Juzgado oficiante donde por resolución de veintinueve de diciembre de dos mil quince, declaró procedente el incidente de separación de autos, y se determinó, entre otras cosas, que se formaran diversos juicios constitucionales con las constancias del expediente penal 34/2005, del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, de las causas penales 42/2007 y 104/2009 del índice del Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y del proceso penal 168/2012 del índice del Juzgado Sexto Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. En cumplimiento a dicha determinación, se formó el juicio de amparo indirecto 1593/2015-III por cuanto hace a los actos y autoridades siguientes: La orden de reaprehensión de diecinueve de agosto de dos mil diez, librada contra el quejoso, en la causa penal 34/2005 del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; y su ejecución. Asimismo, el Secretario en funciones de Juez sustentó su determinación con base en las consideraciones siguientes: Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, es competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado o resulta inexistente, y el quejoso no desvirtúa esta negativa o no señala nuevas autoridades, dicho Juez debe declarar que carece de competencia legal y, en los términos establecidos en el artículo 48 de la ley en cita, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda. Que en el caso, son ciertos los actos que se reclamaron al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistentes en la orden de reaprehensión de diecinueve de agosto de dos mil diez, en contra de JUAN ALBERTO ÁNGEL BARTOLANO, dentro de la causa penal 34/2005. Que las autoridades señaladas en el escrito de demanda que le otorgaban competencia a ese Juzgado lo eran el Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo y el Director de la Policía Ministerial en el Estado de Hidalgo; sin embargo, el primero, negó la existencia de los actos reclamados, y el segundo, se tuvo por inexistente. Por tanto, ese resolutor estimó que carece de legal competencia para conocer y resolver de dicho juicio, toda vez que las dos autoridades ejecutoras, que lo hacían competente para conocer de la demanda de amparo, una negó la existencia de los actos reclamados, y la otra se tuvo por inexistente; razón por la cual, el presente asunto deberá conocer el Juez de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde residen las autoridades responsables ordenadoras y las ejecutoras restantes al actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 37 párrafo primero de la Ley de Amparo. Así planteada la incompetencia legal, con fundamento en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, este Juzgador ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA, al compartir sustancialmente los motivos expuestos por el Juzgador declinante. En principio, se reconoce la validez de lo actuado en el juicio de amparo 1593/2015-III. Tampoco procede solicitar informe justificado a las autoridades responsables, toda vez que éstos ya existen en autos. Dése la intervención que conforme al numeral 5°, fracción IV, de la ley de la materia, corresponde a la Agente del Ministerio Público de la adscripción, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. Tampoco se fija fecha para celebrar la audiencia constitucional, pues en el caso, se actualiza una causa de improcedencia, manifiesta e indudable; de ahí que se proceda a resolver este juicio fuera de audiencia. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Número 2ª./J.10/2003, consultable a página 386, Tomo XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Así, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (.)." En efecto, el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; la causal invocada tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada y tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por los quejosos con idéntico objetivo. Se actualiza cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, debiendo concurrir, la identidad del quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. A fin de acreditar la causal de improcedencia que se estima actualizada es conveniente destacar que en este juicio de amparo, como ya se especificó, JUAN ALBERTO ÁNGEL BARTOLANO reclama del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y otras autoridades, la orden de reaprehensión dictada en su contra el diecinueve de agosto de dos mil diez, en la causa penal 34/2005 de su ordinal, como penalmente responsable de la comisión del delito de fraude específico, en perjuicio de MARGARITO MARTÍN DE JESÚS. En el caso, de las constancias de autos, con valor probatorio pleno, de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, permiten conocer que: I. Mediante escrito de dieciocho de agosto de dos mil diez, JUAN ALBERTO ÁNGEL BARTOLANO promovió juicio de amparo indirecto contra el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Centro, Oaxaca, consistente en la orden de reaprehensión dictada en su contra el diecinueve de agosto de dos mil diez, en la causa penal 34/2005 de su registro, y contra su ejecución atribuida al Procurador General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. II. Por razón de turno, correspondió el conocimiento de esa demanda de amparo a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ordenó formar expediente, registró el asunto en el libro de gobierno con el número 1263/2010, que resolverse el veintinueve de octubre de dos mil diez, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso Juan Alberto Ángel Bartolano, contra la orden de reaprehensión dictada en su contra el diecinueve de agosto de dos mil diez, en el proceso penal 34/2005 del ordinal del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, y III. Que al no haberse recurrido la misma, por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diez, se declaró ejecutoriada para todos los efectos legales. De los antecedentes transcritos se advierte que mediante sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil diez, en el juicio de amparo 1263/2010 del índice de este juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, se resolvió respecto de la orden de reaprehensión dictada el diecinueve de agosto de dos mil diez, dentro de la causa penal 34/2005 del registro del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; así como que la misma, al no haberse recurrido, se declaró ejecutoriada por auto de veinticinco de noviembre de esa anualidad. Bajo ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, toda vez que con anterioridad a la fecha de presentación del juicio de amparo en que se actúa, se tramitó ante este propio juzgado, el juicio de amparo 1263/2010, promovido por el propio quejoso, contra la misma autoridad judicial responsable ordenadora y respecto del mismo acto de ordenamiento reclamado, actualizándose así los extremos de la cosa juzgada material y formal, resolución que resulta inmodificable. En consecuencia, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución que se atribuye a la autoridad ejecutora; toda vez que no se reclama por vicios propios sino se hace depender del acto de ordenamiento. Finalmente, toda vez que el quejoso señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, fuera de la jurisdicción de este Juzgado (Pachuca, Hidalgo); con fundamento en los artículos 115 y 116, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda: - Le notifique y entregue copia autorizada de la presente determinación en: "el Despacho de Abogados ubicado en Calle de Trigueros # 207, último piso, Colonia Centro, Pachuca, Hidalgo". - Lo requiera a fin de que en el plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio donde reciba sus notificaciones en esta ciudad; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, se le practicarán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se solicita atentamente al Juez oficiante, que de no tener inconveniente, de existir billete de depósito alguno, o documentos originales, los remita a este Juzgado; aun cuando de la revisión de la copia del incidente de suspensión se advierte que no se exhibió billete alguno. Ahora bien, toda vez que el Juez declinante remitió copia certificada del incidente de suspensión relativo, así como de las constancias relativas a la causa penal 34/2005 del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; fórmese tomo de pruebas por separado. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo." MESA IV-B
- Principal
".Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de enero de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio procedente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto y anexos, consistentes en los autos originales del juicio de amparo 1593/2015-III, promovido por Juan Alberto Ángel Bartolano, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, un cuaderno de prueba e incidente de suspensión, que remite la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad. Acúsese recibo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto número 17/2016; sin que haya lugar a ordenar el trámite del incidente de suspensión al haberse remitido resuelto. Ahora, visto que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, por auto de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, declaró su legal incompetencia para conocer del juicio de amparo citado, con base en lo siguiente: Dicho sumario proviene del juicio de amparo indirecto 1057/2015-II, del índice del Juzgado oficiante donde por resolución de veintinueve de diciembre de dos mil quince, declaró procedente el incidente de separación de autos, y se determinó, entre otras cosas, que se formaran diversos juicios constitucionales con las constancias del expediente penal 34/2005, del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, de las causas penales 42/2007 y 104/2009 del índice del Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y del proceso penal 168/2012 del índice del Juzgado Sexto Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. En cumplimiento a dicha determinación, se formó el juicio de amparo indirecto 1593/2015-III por cuanto hace a los actos y autoridades siguientes: La orden de reaprehensión de diecinueve de agosto de dos mil diez, librada contra el quejoso, en la causa penal 34/2005 del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; y su ejecución. Asimismo, el Secretario en funciones de Juez sustentó su determinación con base en las consideraciones siguientes: Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, es competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado o resulta inexistente, y el quejoso no desvirtúa esta negativa o no señala nuevas autoridades, dicho Juez debe declarar que carece de competencia legal y, en los términos establecidos en el artículo 48 de la ley en cita, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda. Que en el caso, son ciertos los actos que se reclamaron al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistentes en la orden de reaprehensión de diecinueve de agosto de dos mil diez, en contra de JUAN ALBERTO ÁNGEL BARTOLANO, dentro de la causa penal 34/2005. Que las autoridades señaladas en el escrito de demanda que le otorgaban competencia a ese Juzgado lo eran el Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo y el Director de la Policía Ministerial en el Estado de Hidalgo; sin embargo, el primero, negó la existencia de los actos reclamados, y el segundo, se tuvo por inexistente. Por tanto, ese resolutor estimó que carece de legal competencia para conocer y resolver de dicho juicio, toda vez que las dos autoridades ejecutoras, que lo hacían competente para conocer de la demanda de amparo, una negó la existencia de los actos reclamados, y la otra se tuvo por inexistente; razón por la cual, el presente asunto deberá conocer el Juez de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde residen las autoridades responsables ordenadoras y las ejecutoras restantes al actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 37 párrafo primero de la Ley de Amparo. Así planteada la incompetencia legal, con fundamento en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, este Juzgador ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA, al compartir sustancialmente los motivos expuestos por el Juzgador declinante. En principio, se reconoce la validez de lo actuado en el juicio de amparo 1593/2015-III. Tampoco procede solicitar informe justificado a las autoridades responsables, toda vez que éstos ya existen en autos. Dése la intervención que conforme al numeral 5°, fracción IV, de la ley de la materia, corresponde a la Agente del Ministerio Público de la adscripción, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. Tampoco se fija fecha para celebrar la audiencia constitucional, pues en el caso, se actualiza una causa de improcedencia, manifiesta e indudable; de ahí que se proceda a resolver este juicio fuera de audiencia. se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Número 2ª./J.10/2003, consultable a página 386, Tomo XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Así, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (.)." En efecto, el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; la causal invocada tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada y tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por los quejosos con idéntico objetivo. Se actualiza cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, debiendo concurrir, la identidad del quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. A fin de acreditar la causal de improcedencia que se estima actualizada es conveniente destacar que en este juicio de amparo, como ya se especificó, JUAN ALBERTO ÁNGEL BARTOLANO reclama del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y otras autoridades, la orden de reaprehensión dictada en su contra el diecinueve de agosto de dos mil diez, en la causa penal 34/2005 de su ordinal, como penalmente responsable de la comisión del delito de fraude específico, en perjuicio de MARGARITO MARTÍN DE JESÚS. En el caso, de las constancias de autos, con valor probatorio pleno, de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, permiten conocer que: I. Mediante escrito de dieciocho de agosto de dos mil diez, JUAN ALBERTO ÁNGEL BARTOLANO promovió juicio de amparo indirecto contra el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Centro, Oaxaca, consistente en la orden de reaprehensión dictada en su contra el diecinueve de agosto de dos mil diez, en la causa penal 34/2005 de su registro, y contra su ejecución atribuida al Procurador General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. II. Por razón de turno, correspondió el conocimiento de esa demanda de amparo a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ordenó formar expediente, registró el asunto en el libro de gobierno con el número 1263/2010, que resolverse el veintinueve de octubre de dos mil diez, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso Juan Alberto Ángel Bartolano, contra la orden de reaprehensión dictada en su contra el diecinueve de agosto de dos mil diez, en el proceso penal 34/2005 del ordinal del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, y III. Que al no haberse recurrido la misma, por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diez, se declaró ejecutoriada para todos los efectos legales. De los antecedentes transcritos se advierte que mediante sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil diez, en el juicio de amparo 1263/2010 del índice de este juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, se resolvió respecto de la orden de reaprehensión dictada el diecinueve de agosto de dos mil diez, dentro de la causa penal 34/2005 del registro del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; así como que la misma, al no haberse recurrido, se declaró ejecutoriada por auto de veinticinco de noviembre de esa anualidad. Bajo ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, toda vez que con anterioridad a la fecha de presentación del juicio de amparo en que se actúa, se tramitó ante este propio juzgado, el juicio de amparo 1263/2010, promovido por el propio quejoso, contra la misma autoridad judicial responsable ordenadora y respecto del mismo acto de ordenamiento reclamado, actualizándose así los extremos de la cosa juzgada material y formal, resolución que resulta inmodificable. En consecuencia, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución que se atribuye a la autoridad ejecutora; toda vez que no se reclama por vicios propios sino se hace depender del acto de ordenamiento. Finalmente, toda vez que el quejoso señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, fuera de la jurisdicción de este Juzgado (Pachuca, Hidalgo); con fundamento en los artículos 115 y 116, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda: - Le notifique y entregue copia autorizada de la presente determinación en: "el Despacho de Abogados ubicado en Calle de Trigueros # 207, último piso, Colonia Centro, Pachuca, Hidalgo". - Lo requiera a fin de que en el plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio donde reciba sus notificaciones en esta ciudad; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, se le practicarán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se solicita atentamente al Juez oficiante, que de no tener inconveniente, de existir billete de depósito alguno, o documentos originales, los remita a este Juzgado; aun cuando de la revisión de la copia del incidente de suspensión se advierte que no se exhibió billete alguno. Ahora bien, toda vez que el Juez declinante remitió copia certificada del incidente de suspensión relativo, así como de las constancias relativas a la causa penal 34/2005 del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; fórmese tomo de pruebas por separado. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo." MESA IV-B
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