Juan Alberto Amaro Andrade

Expediente 1492/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1492/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Juan Alberto Amaro Andrade

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, veintidós de marzo de la presente anualidad, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a Juan Alberto Amaro Andrade; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, copias certificadas del toca 30/2021-I en un tomo y copias certificadas del expediente 38/2019 en tres tomos, de su índice, las que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejaron por cuerda separada. Notifíquese.

  2. Principal

    SENTENCIA CONSTITUCIONAL VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1492/2021-6, promovido por Juan Alberto Amaro Andrade, por conducto de su defensor particular José Alberto Camargo Rodríguez, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 102, 113 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el diecinueve siguiente en la Oficina de Correspondencia Común y turnada a éste órgano jurisdiccional el veintidós posterior, Juan Alberto Amaro Andrade, por conducto de su defensor particular José Alberto Camargo Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y la autoridad que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. ACTO RECLAMADO: ".El auto fechado el 22 de octubre del 2021 que absurdamente desecha el Incidente de Nulidad de la totalidad de las actuaciones que conforman el Toca Penal 30/2021-I de la Primera Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco." SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 1492/2021-6, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA MORAL TERCERO INTERESADA. El veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, mediante lista de acuerdos se emplazó a la moral tercero interesada Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, sociedad anónima de capital variable. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tabasco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictado por la Sala Penal responsable, dentro del toca penal 30/2021-I de su índice, en el cual desecha el incidente de nulidad y reposición de la totalidad de las actuaciones que conforman el citado toca penal. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las documentales que adjuntó al mismo, consistentes en copias certificadas del toca penal 30/2021-I, y del expediente 38/2019, a las que se les concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, las cuales se manejaron por cuerda separada. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene relatar, en lo que interesa, los antecedentes del acto que se reclama en esta vía, a saber: 1.- Mediante resolución interlocutoria de treinta de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, declaró improcedente el incidente de libertad por desacreditación de pruebas, promovido por José Alberto Camargo Rodríguez, en favor del impetrante Juan Alberto Amaro Andrade, dentro del proceso penal 38/2019, que se instruye al citado quejoso, quedando firme el auto de formal prisión de veintinueve de octubre de dos mil veinte, por el delito de retención indebida, que prevé el artículo 189 fracciones I y II, y sancionado por el numeral 187 fracción IV, con relación al diverso 10 párrafos primero y segundo del Código Penal en vigor del Estado, cometido en agravio de la Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, sociedad anónima de capital variable (fojas 4613 a 4634 del tomo de pruebas III). 2.- Por resolución interlocutoria de doce de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, declaró improcedente el incidente de libertad por incompetencia, promovido por José Alberto Camargo Rodríguez, en favor del impetrante Juan Alberto Amaro Andrade, dentro del proceso penal 38/2019, que se instruye al citado quejoso por el delito de retención indebida, que prevé el artículo 189 fracciones I y II, y sancionado por el numeral 187 fracción IV, con relación al diverso 10 párrafos primero y segundo del Código Penal en vigor del Estado, cometido en agravio de la Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, sociedad anónima de capital variable (fojas 4163 a 4200 del tomo de pruebas III). 3.- Inconforme con ambas resoluciones, mediante proveídos de doce y veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, José Alberto Camargo Rodríguez, defensor particular del quejoso, interpuso recurso de apelación en contra de dichas interlocutorias, las cuales se admitieron en efectos ejecutivo y devolutivo, ordenándose remitir las actuaciones originales del citado proceso penal al Tribunal de Alzada, a fin de que resolviera conforme a derecho dichos medios de impugnación (fojas 4649 y 4207 del tomo de pruebas III). 4.- Posteriormente, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la secretaria de acuerdos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, admitió los citados medios de impugnación, radicándolos bajo el toca penal 30/2021-I de su índice (fojas 17 a 19 del tomo de pruebas relativo al toca penal). 5.- Al resolver las apelaciones de mérito dentro del toca penal de origen, mediante resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno la sala responsable determinó confirmar las resoluciones interlocutorias de treinta de abril y doce de mayo de dos mil veintiuno, dictadas por el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, dentro de la causa penal 38/2019 (fojas 61 a 123 del tomo de pruebas relativo al toca penal). 6.- Luego, el doce de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, recibió las copias certificadas de la causa penal 38/2019 de su índice, así como de la resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, remitidas por la Sala responsable, con las que determinó que dicha resolución causaba estado para todos los efectos legales procedentes (fojas 141 y 142 del tomo de pruebas relativo al toca penal). 7.- Sin embargo, mediante escrito signado por José Alberto Camargo Rodríguez, defensor particular del quejoso, interpuso incidente de nulidad y reposición de la totalidad de las actuaciones que conforman el toca penal 30/2021-I, el cual fue acordado y resuelto el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, determinando lo siguiente: (.) ".Por lo anterior, al no encontrarse sustento legal para acordar favorable sus pretensiones, se desecha de plano el Incidente de Nulidad y reposición de la totalidad de las actuaciones que conforman el toca penal 30/2021-I, pues su admisión en nada conlleva a lograr la reposición del procedimiento o la nulidad de las actuaciones, pues no existe violación alguna al debido proceso, ya que su pretensión es la nulidad de los actos realizados en el presente toca, para efectos de que se reponga la totalidad de las actuaciones realizadas durante el trámite del recurso interpuesto, que en ningún momento combate con pruebas fehacientes que den lugar a esta Instancia a considerar que existieron tales. En consecuencia, devuélvase los autos al Juez de la Causa, y en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido." (.) (Fojas 195 a 201 del tomo de pruebas relativo al toca penal) Esta última constituye la resolución reclamada en el presente juicio de amparo. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Una vez precisados los antecedentes del acto reclamado se procede al análisis de los conceptos de violación. Al no advertirse causal de improcedencia cuyo estudio es de orden público lo aleguen o no las partes, por lo cual de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo, se impone entrar al estudio sobre el fondo del asunto, para lo cual se tienen por transcritos en este apartado, los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no existe precepto legal que obligue al Juzgador a ello. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ese tenor, resulta menester precisar que el quejoso señaló los siguientes conceptos de violación: Al respecto sustancialmente refiere que la resolución impugnada viola en su perjuicio las garantías de legalidad, debido proceso, seguridad jurídica, la debida fundamentación y motivación establecidas en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 102, 113 y 133 constitucionales, toda vez que la autoridad responsable hizo una inexacta interpretación de los artículos 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 y 210 del código de procedimientos penales del Estado de Tabasco. Además manifiesta que la responsable debió notificarle de manera personal la admisión del recurso de apelación que promovió, de conformidad con lo que establecen los artículos 203 y 204 del código de procedimientos penales del Estado de Tabasco, ya que dicha omisión trasgrede lo establecido en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales. También el impetrante aduce que al no habérsele notificado la radicación, ni la tramitación del citado recurso de apelación, son nulas la totalidad de las actuaciones que conforman el toca penal 30/2021, del índice de la sala penal responsable, por lo que, se debe ordenar la reposición del procedimiento desde su radicación y ordenar se le notifique dicha apelación en forma personal en el domicilio señalado para tal efecto, el número de toca que le corresponde y la fecha de la audiencia de vista. De igual forma, el impetrante señala que en los autos del toca penal de origen, existen violaciones al procedimiento, ya que el omitir notificar su radicación, es una violación a las leyes que rigen el procedimiento penal, pues no obstante que al momento de interponer el citado recurso de apelación, señaló domicilio en segunda instancia, no le fue notificado del citado medio de impugnación. Esta juzgadora considera que dichos argumentos resultan infundados e inoperantes por las razones que más adelante se exponen. A fin de justificar la anterior postura, primero cabe señalar que el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso; así, los preceptos legales del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco que establecen el objeto, trámite y fin de la apelación son los siguientes: ".Artículo 199. Son apelables por ambas partes: I. Las sentencias; II. Las resoluciones cuyo efecto sea el sobreseimiento, con excepción de los casos en que no sea apelable la sentencia; III. Los autos de procesamiento, libertad, competencia, impedimentos, suspensión, continuación, acumulación y separación, los que rechacen incidentes, recursos o promociones por considerar que son frívolos o improcedentes; los que resuelven promociones relativas a la existencia del delito y la probable responsabilidad, así como las referentes a las causas extintivas de la pretensión, y aquellos en que se decidan cuestiones concernientes a la prueba e incidentes no especificados; IV. Las resoluciones del juzgador que integren la ley procesal o suministren información u orientación a las partes sobre puntos del procedimiento o normas aplicables en éste. Cuando el tribunal de alzada considere que el juez anticipó su criterio sobre la sentencia definitiva, dispondrá que pase la causa a otro juzgador, conforme al orden que correspondería si se tratase de impedimento, para que continúe hasta dictar sentencia; y V. Las demás resoluciones que la ley señale. Son apelables por el Ministerio Público los autos en que se niegue la orden de aprehensión, presentación o reaprehensión, los que otorguen órdenes de aprehensión o presentación por un delito distinto del señalado por el Agente del Ministerio Público, así como los que nieguen el cateo y cualesquiera medidas precautorias solicitadas por aquél, sin perjuicio de la apelación que pueden interponer el ofendido o su asesor legal cuando la medida se relacione con los intereses patrimoniales de aquél. Artículo 200. La apelación se interpondrá por la parte que se considere agraviada por la resolución que se impugna, ante el órgano que dictó la resolución impugnada, en el acto mismo de notificación de ésta o dentro de los tres días siguientes a la fecha en que la notificación surta sus efectos, si se trata de auto, y cinco, si se trata de sentencia, por escrito o en comparecencia. El ofendido o sus derechohabientes, podrán apelar contra la sentencia sólo en el caso de que afecte necesariamente su interés jurídico. Los agravios se harán valer al apelar o en la vista del asunto. Son apelables en efectos suspensivo y devolutivo las sentencias condenatorias. Las demás resoluciones lo son en efectos ejecutivo y devolutivo. Artículo 201. Al notificarse a las partes la decisión recurrible, se les hará saber el plazo que la ley otorga para intentar la apelación. Esta comunicación se asentará en el expediente. Si se omite este aviso, se duplicará el plazo y se sancionará al responsable de la omisión con multa de hasta treinta veces el salario mínimo vigente en la región, a la fecha de la falta. Artículo 202. Interpuesto el recurso, el juzgador lo admitirá, señalando sus efectos, o lo desechará de plano. En aquel caso, prevendrá al inculpado que designe persona de su confianza para que lo defienda en segunda instancia, apercibido de que si no lo hace se tendrá por designado al que hubiese intervenido en la primera, o en su defecto, al de oficio que el tribunal elija. Admitido el recurso, el juez enviará al superior las actuaciones o constancia de éstas, según resulte adecuado, tomando en cuenta los efectos en que se admite el recurso, la resolución que se combate y la existencia de otros inculpados que no hubiesen apelado. Asimismo, remitirá los documentos o informes que estime procedentes para los fines de la apelación. El envío deberá hacerse dentro de los ocho días siguientes a la admisión, so pena de multa por hasta treinta veces el salario mínimo vigente en la región, a la fecha de la omisión. Artículo 203. Recibidas la causa o las constancias respectivas, se radicará el asunto y se notificará a las partes. El superior decidirá de oficio o a solicitud de cualquiera de aquéllas, que la formularán dentro de los tres días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación, sobre la admisión y los efectos del recurso. Si se estima improcedente la admisión, se devolverá el expediente al juzgador de primer grado. Si el tribunal considera que se debe cambiar el efecto en que se admitió, lo declarará así, comunicándolo al de primer grado y continuará conociendo del recurso. En todo caso se resolverá con audiencia de las partes. Artículo 204. Resuelto el punto al que se refiere el artículo anterior, el Tribunal citará al Agente del Ministerio Público, al inculpado si estuviere en el lugar, al defensor nombrado, al ofendido y a su asesor jurídico, para la audiencia de vista y abrirá un plazo de cinco días para el ofrecimiento de pruebas, que se desahogarán en aquella. Son admisibles todas las pruebas que no se hubiesen rendido en primera instancia, si quien las ofrece acredita, a satisfacción del tribunal, que no tuvo conocimiento o acceso a ellas. La documental pública es admisible en todo momento, hasta antes de que se dicte sentencia, sin perjuicio de acreditar su autenticidad en artículo especial, cuando fuese cuestionada. Esta audiencia se realizará concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público, el defensor y el asesor jurídico, pero cuando falte uno de los dos últimos o ambos, la Sala considerará la posibilidad y conveniencia de designar en el acto un defensor de oficio o un asesor legal público para que intervenga en la audiencia. Artículo 205. En la audiencia, la secretaría hará una relación del asunto y dará lectura a las constancias que las partes y el tribunal señalen. A continuación se calificarán las pruebas ofrecidas por las partes y se procederá, en su caso, a desahogarlas. Desahogadas las pruebas, el tribunal escuchará los alegatos verbales de las partes, quienes podrán presentarlos, además, por escrito, y dictará si lo estima pertinente los puntos resolutivos de la sentencia, que será engrosada dentro de los diez días siguientes a la conclusión de la audiencia, o se reservará para dar a conocer su fallo en los quince días que sigan a dicha conclusión. Artículo 206. Si apelaron el ofendido o sus derechohabientes, el tribunal precisará en su resolución los derechos de éstos que deben quedar a salvo, en su caso, no obstante el sentido de la sentencia combatida, y concederá a aquéllos lo que legalmente les corresponda, tomando en cuenta la naturaleza civil de la pretensión que sostienen. Artículo 207. En el recurso de apelación, la Sala podrá decretar la reposición del procedimiento a petición de la parte que no hubiese incurrido en la causa que la motive. Las partes no podrán alegar agravios respecto a violaciones, con las que se conformaron expresamente o contra los que no intentaron los recursos procedentes, en su oportunidad; salvo que no hubieran tenido conocimiento de ellos cuando se causaron. No obstante, si la Sala encuentra que hubo violación del procedimiento que dejo sin defensa al procesado y que sólo por torpeza o negligencia del defensor no fue combatida debidamente, podrá suplir la deficiencia y ordenar que se reponga dicho procedimiento. Artículo 208. La Sala determinará la subsistencia de actos que no se hallen vinculados con el acto nulo que determina la reposición del procedimiento, y que satisfagan las condiciones que la ley dispone para que sean válidos. Artículo 209. Habrá lugar a la reposición del procedimiento, a partir del acto en que se causó el agravio: I. Por no haberse observado las garantías que concede al inculpado la Constitución General de la República y la particular del Estado, así como los derechos que derivan inmediatamente de éstas, en los términos previstos por el presente Código; II. Por no designársele intérprete al inculpado que no hable o no entienda suficientemente el idioma castellanos, en los términos que señala la ley; III. Por no haber sido citada alguna de las partes a las diligencias a las que tenga derecho a presenciar; IV. Por no haberse recibido a alguna de las partes, injustificadamente, las pruebas que hubiese ofrecido con arreglo a la ley; V. Por haberse celebrado el juicio sin asistencia del juzgador que debe sentenciar, de su secretario o testigos de asistencia y del Ministerio Público; VI. Por no haber sido adecuada la defensa del inculpado, salvo cuando baste con la suplencia de las deficiencias a que alude el artículo 196. Se entiende que la defensa no es adecuada, cuando el defensor se abstiene sistemáticamente de cumplir los deberes a su cargo; se limita a solicitar la libertad provisional del inculpado, sin llevar adelante otros medios de defensa; no promueve las pruebas notoriamente indispensables para sostener los intereses de aquél, o no propone, siendo posible hacerlo, conclusiones que mejoren apreciablemente las consecuencias jurídicas del proceso sobre el inculpado; VII. Por haberse condenado al inculpado por hechos distintos de los considerados en las conclusiones del Ministerio Público; VII. Por haberse negado a alguna de las partes los recursos procedentes, o por haberse resuelto la revocación en forma contraria a derecho; y VIII. Por haberse tenido en cuenta una diligencia que conforme a la ley sea nula si no fue posible impugnarla oportunamente mediante recurso de nulidad. Artículo 210. Cuando la Sala encuentre que el Juez de primera instancia violó inexcusablemente la ley del procedimiento, pondrá los hechos en conocimiento del Consejo de la Judicatura o del Ministerio Público según corresponda, en virtud de la naturaleza de la violación. Asimismo, la Sala impondrá una corrección disciplinaria al defensor que hubiese faltados a los deberes de su función, o dará vista al Ministerio Público si el incumplimiento es probablemente delictuoso. Si se trata del defensor de oficio, se informará, además, al superior jerárquico de aquél haciendo notar la negligencia o ineptitud de dicho defensor. En el caso del defensor particular, la Sala ordenará que se publique en el Boletín Judicial el nombre del defensor que incurrió en la falta, señalando ésta y el proceso en que se cometió.". De los numerales trascritos, se advierte que la apelación, es un recurso ordinario a través del cual se reexamina una resolución dictada por el tribunal jerárquicamente inferior y cuyo fin está orientado a que se revoque o modifique ésta; la segunda instancia se abre a petición de parte para resolver sobre los agravios que deberá expresar el apelante al interponer el recurso o en la vista, sin embargo, la sala podrá suplir la deficiencia de ellos, sólo cuando el recurrente sea el imputado o se advierta que sólo por torpeza el defensor no hizo valer debidamente las violaciones causadas en la resolución recurrida. Ahora, en el caso que nos ocupa mediante acuerdos de doce y veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado del proceso admitió a trámite los recursos de apelación interpuestos por José Alberto Camargo Rodríguez, defensor particular del procesado, y de conformidad con el artículo 202 del Código Procesal Penal en vigor, requirió al procesado (quejoso) Juan Alberto Amaro Hernández, así como al ofendido (tercero interesado) Unión de Crédito Ganadero del Estado de Tabasco, sociedad anónima de capital variable, para que al momento de la notificación de dichos autos o dentro del término de tres días hábiles, nombraran asesor particular y defensor, para que los patrocinaran en segunda instancia, así como para que señalaran domicilio para oír y recibir citas y notificaciones; apercibiéndolos que de no hacerlo, se tendría como su asesor y defensor al adscrito al Tribunal de Alzada y como su domicilio los estrados de la Sala Penal que conociera de las apelaciones. Posteriormente, los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal responsable, observaron los principios reguladores del trámite del recurso de apelación, pues en principio, se abrió la segunda instancia con motivo de los recursos de apelación que José Alberto Camargo Rodríguez, defensor particular del procesado -ahora quejoso- interpuso, radicándolos mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, bajo el toca 30/2021-I. Además, en el citado acuerdo mencionado en el párrafo que precede, se advierte que la Sala Penal responsable, al advertir que el procesado (quejoso) Juan Alberto Amaro Hernández, no había designado defensor, ni domicilio para oír citas y notificaciones en esa instancia a pesar de haber sido requerido por el juez de la causa penal mediante acuerdos de doce y veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por lo que, a fin de no dejarlo en estado de indefensión con fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le designó a la licenciada Candelaria Frías Frías, Defensora Pública adscrita a dicha sala, quien compareció en esa propia fecha a protestar el cargo conferido, a fin de patrocinar al procesado en esa instancia; asimismo, se le tuvo como domicilio para oír citas y notificaciones los estrados de esa Sala Penal. En seis de julio de dos mil veintiuno, la Primera Sala responsable citó a las partes para que comparecieran a las diez horas del doce de agosto de dos mil veintiuno, a la audiencia de vista, proveído que se notificó mediante cédula de notificación a la moral ofendida Unión de Crédito Ganadero del Estado de Tabasco, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderado legal (fojas 49 a 52 del tomo de pruebas relativo al toca penal), así como por estrados al procesado (quejoso) Juan Alberto Amaro Hernández (fojas 53 a 56 del tomo de pruebas relativo al toca penal). Posteriormente, a las diez horas del doce de agosto de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia sin la asistencia del citado procesado, ni del representante legal de la moral ofendida, únicamente comparecieron el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la sala responsable, el Asesor Jurídico Público y la Defensora Pública del procesado adscrita a la sala responsable, la licenciada Candelaria Frías Frías, luego la responsable confrontó los agravios expresados por las partes, con los razonamientos que expuso el juez natural en la resolución impugnada, declarando cerrado el debate dejó vistos los autos para dictar la resolución correspondiente (fojas 57 a 60 del tomo de pruebas relativo al toca penal). En seis de octubre de dos mil veintiuno, la Sala responsable, procedió a resolver las apelaciones interpuestas en contra de las interlocutorias de treinta de abril y doce de mayo de dos mil veintiuno, dictadas por el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, dentro de la causa penal 38/2019, instruida en contra de Juan Alberto Amaro Hernández, por el delito de retención indebida, cometido en agravio de Unión de Crédito Ganadero del Estado de Tabasco, sociedad anónima de capital variable, en la que determinó confirmar dichas interlocutorias, conforme a los motivos expuestos en el cuerpo de la citada resolución. Después, en doce de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, recibió copia certificada de la citada resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, así como los autos originales de la causa penal 38/2019, determinado que dicha resolución había causado estado para todos los efectos legales. Finalmente, mediante escrito signado por José Alberto Camargo Rodríguez, defensor particular del quejoso en el juicio natural, interpuso incidente de nulidad y reposición de la totalidad de las actuaciones que conforman el toca penal 30/2021-I, el cual fue acordado y resuelto el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, determinando desechar de plano el citado incidente de nulidad. En ese sentido, la Primera Sala Penal responsable no incurrió en violación alguna al procedimiento de la apelación, pues como la parte quejosa fue omisa en nombrar defensor particular, para que lo patrocinara en segunda instancia, así como para que señalara domicilio para oír y recibir citas y notificaciones, a pesar de haber sido legalmente notificado de ello, como se advierte de las cédulas de notificación de los proveídos de doce y veintiséis de mayo de dos mil veintiuno; por tanto, a fin de no dejarlo en estado de indefensión se le designó a la licenciada Candelaria Frías Frías, Defensora Pública adscrita a dicha sala y se le tuvo como domicilio para oír citas y notificaciones los estrados de esa Sala Penal. En razón de lo anterior, se notificó debidamente a la parte quejosa la audiencia de vista mediante estrados, por lo que estuvo en aptitud de formular sus agravios correspondientes; de ahí que, contrario a lo indicado por la parta quejosa, se cumplió con el derecho fundamental del debido proceso. De igual forma, la responsable determinó que no se violentaron los derechos de las partes de una defensa técnica adecuada, pues al contrario, ya que al no haber sido nombrado por el procesado defensor que lo patrocinara en segunda instancia, se le designó de oficio una defensora pública para su patrocinio y como domicilio los estrados de la citada sala, de ahí que el acto reclamando no vulnera los preceptos 14 y 16 de la Carta Magna, pues fue correcta la determinación de la Sala; aunado a ello, la Sala responsable acertadamente determinó que la defensa era sabedora que en segunda instancia se estaban tramitando los recursos de apelación que él mismo interpuso ante el juzgado de origen, contra las interlocutorias de treinta de abril y doce de mayo de dos mil veintiuno, por lo que era su obligación comparecer ante ese tribunal a informarse de la situación que guardaban los recursos planteados. Por otra parte, el acto reclamado no transgrede en perjuicio de la parte quejosa, el contenido del artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo, impone a las autoridades la obligación de respetar a favor de los particulares los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, habida cuenta que el acto reclamado adopta la forma escrita, según se aprecia del contenido del auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Asimismo, el asunto que se analiza, se encuentra dictado por una autoridad judicial competente, de conformidad con los artículos 22 y 26, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, ya que se trata de una Sala Penal que, por cuestión de materia, es la encargada de conocer sobre los recursos de apelación, interpuestos ante los Jueces Penales y, de hechos constitutivos de conductas previstas en el Código Penal para esta ciudad; y, versa sobre hechos que se llevaron a cabo dentro de su jurisdicción territorial. En cuanto a la obligación por parte de las autoridades de fundar y motivar sus actos, es preciso señalar que la contravención a este derecho fundamental origina dos diferentes tipos de violaciones: a) De forma: cuando se trata de la falta total de fundamentación y/o motivación; y, b) De fondo: cuando lo que se presenta es una indebida o incorrecta fundamentación o motivación. La primera, se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se consideraron para subsumirlo en la hipótesis prevista en la ley; y la segunda, cuando se invoca el precepto legal, pero éste no es aplicable por las características específicas del asunto, impidiendo su adecuación en la hipótesis normativa; o bien, cuando las razones que da la autoridad responsable como sustento del acto reclamado, son discordantes con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia absoluta de tales requisitos, y se traduce en una violación formal; mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la inexacta o deficiente aplicación de normas así como de los razonamientos formulados por la autoridad y resulta una violación material o de fondo. Es aplicable a lo anterior por su sentido, la Jurisprudencia I.3o.C. J/47, de la Novena Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1964 del tomo XXVII, correspondiente a febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tienen consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." En el caso, el acto reclamado cumple con ambos requisitos, tanto de forma como de fondo, pues en relación con los primeros, la responsable señaló con precisión los preceptos legales aplicables al caso, esto es, los artículos 46, 163, 202, 209 y 257 del Código de Procedimientos Penales, abrogado pero aplicable al caso, e indicó también las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para emitirlo, por lo que no existe violación a la prerrogativa de legalidad contenida en el precepto constitucional citado (fundamentación y motivación). De ahí que, al dictar el acto reclamado, la responsable ajustó su actuación a los lineamientos marcados en la Tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 334 del tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la constitución federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Sobre el particular, en el caso, de las constancias generadoras del acto controvertido, se desprende que en auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, la responsable determinó: (.) ".Por lo anterior, al no encontrarse sustento legal para acordar favorable sus pretensiones, se desecha de plano el Incidente de Nulidad y reposición de la totalidad de las actuaciones que conforman el toca penal 30/2021-I, pues su admisión en nada conlleva a lograr la reposición del procedimiento o la nulidad de las actuaciones, pues no existe violación alguna al debido proceso, ya que su pretensión es la nulidad de los actos realizados en el presente toca, para efectos de que se reponga la totalidad de las actuaciones realizadas durante el trámite del recurso interpuesto, que en ningún momento combate con pruebas fehacientes que den lugar a esta Instancia a considerar que existieron tales. En consecuencia, devuélvase los autos al Juez de la Causa, y en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido." (.) Ahora, la resolución materia de inconformidad, se encuentra fundada y motivada, toda vez que la autoridad responsable citó con precisión los preceptos legales aplicables al caso, entre los que destacan: 43, 45, 163, 202, 209 y 257 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco; asimismo, cumple con los requisitos de motivación, ya que dicha autoridad también señaló con precisión las circunstancias especiales y razones particulares que tuvo en consideración para la emisión del acto reclamado, donde se advierte que existe una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, por lo que en el caso concreto se configura la hipótesis normativa; ello al referir que no existía sustento legal para acordar favorablemente las pretensiones del impetrante, quien promovió incidente de nulidad y reposición de la totalidad de las actuaciones que conforman el toca penal de origen, ya que adujo no tener conocimiento de la substanciación del recurso de apelación que en su momento se tramitó ante la sala responsable. Así, resultan infundados los conceptos de violación marcados con los incisos a) y d), hechos valer por la parte impetrante de derechos fundamentales, sin que se advierta necesidad de ser suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción IlI, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otro lado, resultan inoperantes los conceptos de violación marcados con los incisos b) y c), en los cuales el impetrante alega que la responsable debió notificarle de manera personal la admisión del recurso de apelación que promovió, de conformidad con lo que establecen los artículos 203 y 204 del código de procedimientos penales del Estado de Tabasco, ya que dicha omisión trasgrede lo establecido en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales; asimismo, aduce que al no habérsele notificado la radicación, ni la tramitación del citado recurso de apelación, son nulas la totalidad de las actuaciones que conforman el toca penal 30/2021, del índice de la sala penal responsable, por lo que, se debe ordenar la reposición del procedimiento desde su radicación y ordenar se le notifique dicha apelación en forma personal en el domicilio señalado para tal efecto. Ciertamente, se estima de esa manera pues los argumentos relativos que el peticionario del amparo vierte en el mismo, resultan ser una reproducción casi literal de los agravios que, en su momento hizo valer al interponer el incidente de nulidad y reposición de la totalidad de las actuaciones que conforman el toca penal 30/2021, del índice de la responsable. En efecto, los citados conceptos de violación que alega el impetrante en la demanda de amparo resultan una reproducción sustancial de los agravios hechos valer en su escrito mediante el cual interpuso el incidente de nulidad y reposición de las actuaciones que conforman el toca penal de origen, del cual emana el auto reclamado, lo que genera que el mismo sea inoperante, pues a través de la reiteración de argumentos en que incurre el quejoso, no combate las consideraciones en que la Sala responsable sustentó su decisión para desechar de plano el referido incidente de nulidad. En ese sentido, resulta claro que al promover el presente juicio constitucional el ahora quejoso debió enderezar argumentos para evidenciar la ilegalidad los fundamentos legales y razones enderezados por la sala responsable que emitió el auto reclamado, a fin de comprobar la trasgresión a sus derechos fundamentales salvaguardados por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. No obstante, ante la sustancial transliteración de los agravios, el quejoso no controvierte el auto reclamado con argumentos y fundamentos mínimos que revelen una causa de pedir, sino que únicamente, en esencia, reproduce lo enderezado ante la jurisdicción común; en consecuencia, sus argumentos de agravio devienen inoperantes para conceder el amparo solicitado. Orienta lo anterior la jurisprudencia, sustentada por el TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, registro digital 216777, Octava Época; Materias Civil; Tesis: II.3o. J/44; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 63, Marzo de 1993, página 40, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, SI SE CONCRETAN A REPETIR LOS AGRAVIOS Y NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO. Si en los conceptos de violación el quejoso se concreta a repetir en esencia los agravios expresados en la apelación, y omite atacar las consideraciones y fundamentos que sirvieron a la Sala responsable para confirmar el fallo de primera instancia, dichos conceptos de violación resultan inoperantes. También, sirve de apoyo la jurisprudencia de la Novena Época, registro 191572, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, julio de 2000, página 621, de contenido: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." De esta forma, los conceptos de violación al constituir una reiteración sustancial de los agravios, resultan ineficaces, porque no expresan la causa de pedir relacionada con la litis en el juicio de amparo, pues no controvierten los fundamentos de la Sala responsable para desechar de plano la incidencia planteada por el impetrante, en tal virtud, devienen inoperantes. En esa tesitura, al resultar infundados unos e inoperantes otros, los conceptos de violación señalados por el quejoso sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de la materia, lo procedente es negar el amparo solicitado. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ********** contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisadas en el resultando primero; por las consideraciones establecidas en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SENTENCIA CONSTITUCIONAL VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1492/2021-6, promovido por Juan Alberto Amaro Andrade, por conducto de su defensor particular José Alberto Camargo Rodríguez, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 102, 113 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el diecinueve siguiente en la Oficina de Correspondencia Común y turnada a éste órgano jurisdiccional el veintidós posterior, Juan Alberto Amaro Andrade, por conducto de su defensor particular José Alberto Camargo Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y la autoridad que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. ACTO RECLAMADO: ".El auto fechado el 22 de octubre del 2021 que absurdamente desecha el Incidente de Nulidad de la totalidad de las actuaciones que conforman el Toca Penal 30/2021-I de la Primera Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco." SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 1492/2021-6, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA MORAL TERCERO INTERESADA. El veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, mediante lista de acuerdos se emplazó a la moral tercero interesada Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, sociedad anónima de capital variable. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tabasco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictado por la Sala Penal responsable, dentro del toca penal 30/2021-I de su índice, en el cual desecha el incidente de nulidad y reposición de la totalidad de las actuaciones que conforman el citado toca penal. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las documentales que adjuntó al mismo, consistentes en copias certificadas del toca penal 30/2021-I, y del expediente 38/2019, a las que se les concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, las cuales se manejaron por cuerda separada. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene relatar, en lo que interesa, los antecedentes del acto que se reclama en esta vía, a saber: 1.- Mediante resolución interlocutoria de treinta de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, declaró improcedente el incidente de libertad por desacreditación de pruebas, promovido por José Alberto Camargo Rodríguez, en favor del impetrante Juan Alberto Amaro Andrade, dentro del proceso penal 38/2019, que se instruye al citado quejoso, quedando firme el auto de formal prisión de veintinueve de octubre de dos mil veinte, por el delito de retención indebida, que prevé el artículo 189 fracciones I y II, y sancionado por el numeral 187 fracción IV, con relación al diverso 10 párrafos primero y segundo del Código Penal en vigor del Estado, cometido en agravio de la Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, sociedad anónima de capital variable (fojas 4613 a 4634 del tomo de pruebas III). 2.- Por resolución interlocutoria de doce de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, declaró improcedente el incidente de libertad por incompetencia, promovido por José Alberto Camargo Rodríguez, en favor del impetrante Juan Alberto Amaro Andrade, dentro del proceso penal 38/2019, que se instruye al citado quejoso por el delito de retención indebida, que prevé el artículo 189 fracciones I y II, y sancionado por el numeral 187 fracción IV, con relación al diverso 10 párrafos primero y segundo del Código Penal en vigor del Estado, cometido en agravio de la Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, sociedad anónima de capital variable (fojas 4163 a 4200 del tomo de pruebas III). 3.- Inconforme con ambas resoluciones, mediante proveídos de doce y veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, José Alberto Camargo Rodríguez, defensor particular del quejoso, interpuso recurso de apelación en contra de dichas interlocutorias, las cuales se admitieron en efectos ejecutivo y devolutivo, ordenándose remitir las actuaciones originales del citado proceso penal al Tribunal de Alzada, a fin de que resolviera conforme a derecho dichos medios de impugnación (fojas 4649 y 4207 del tomo de pruebas III). 4.- Posteriormente, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la secretaria de acuerdos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, admitió los citados medios de impugnación, radicándolos bajo el toca penal 30/2021-I de su índice (fojas 17 a 19 del tomo de pruebas relativo al toca penal). 5.- Al resolver las apelaciones de mérito dentro del toca penal de origen, mediante resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno la sala responsable determinó confirmar las resoluciones interlocutorias de treinta de abril y doce de mayo de dos mil veintiuno, dictadas por el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, dentro de la causa penal 38/2019 (fojas 61 a 123 del tomo de pruebas relativo al toca penal 6.- Luego, el doce de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, recibió las copias certificadas de la causa penal 38/2019 de su índice, así como de la resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, remitidas por la Sala responsable, con las que determinó que dicha resolución causaba estado para todos los efectos legales procedentes (fojas 141 y 142 del tomo de pruebas relativo al toca penal). 7.- Sin embargo, mediante escrito signado por José Alberto Camargo Rodríguez, defensor particular del quejoso, interpuso incidente de nulidad y reposición de la totalidad de las actuaciones que conforman el toca penal 30/2021-I, el cual fue acordado y resuelto el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, determinando lo siguient .Por lo anterior, al no encontrarse sustento legal para acordar favorable sus pretensiones, se desecha de plano el Incidente de Nulidad y reposición de la totalidad de las actuaciones que conforman el toca penal 30/2021-I, pues su admisión en nada conlleva a lograr la reposición del procedimiento o la nulidad de las actuaciones, pues no existe violación alguna al debido proceso, ya que su pretensión es la nulidad de los actos realizados en el presente toca, para efectos de que se reponga la totalidad de las actuaciones realizadas durante el trámite del recurso interpuesto, que en ningún momento combate con pruebas fehacientes que den lugar a esta Instancia a considerar que existieron tales. En consecuencia, devuélvase los autos al Juez de la Causa, y en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido." (.) (Fojas 195 a 201 del tomo de pruebas relativo al toca penal) Esta última constituye la resolución reclamada en el presente juicio de amparo. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Una vez precisados los antecedentes del acto reclamado se procede al análisis de los conceptos de violación. Al no advertirse causal de improcedencia cuyo estudio es de orden público lo aleguen o no las partes, por lo cual de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo, se impone entrar al estudio sobre el fondo del asunto, para lo cual se tienen por transcritos en este apartado, los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no existe precepto legal que obligue al Juzgador a ello. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ese tenor, resulta menester precisar que el quejoso señaló los siguientes conceptos de violación: Al respecto sustancialmente refiere que la resolución impugnada viola en su perjuicio las garantías de legalidad, debido proceso, seguridad jurídica, la debida fundamentación y motivación establecidas en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 102, 113 y 133 constitucionales, toda vez que la autoridad responsable hizo una inexacta interpretación de los artículos 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 y 210 del código de procedimientos penales del Estado de Tabasco. Además manifiesta que la responsable debió notificarle de manera personal la admisión del recurso de apelación que promovió, de conformidad con lo que establecen los artículos 203 y 204 del código de procedimientos penales del Estado de Tabasco, ya que dicha omisión trasgrede lo establecido en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales. También el impetrante aduce que al no habérsele notificado la radicación, ni la tramitación del citado recurso de apelación, son nulas la totalidad de las actuaciones que conforman el toca penal 30/2021, del índice de la sala penal responsable, por lo que, se debe ordenar la reposición del procedimiento desde su radicación y ordenar se le notifique dicha apelación en forma personal en el domicilio señalado para tal efecto, el número de toca que le corresponde y la fecha de la audiencia de vista. De igual forma, el impetrante señala que en los autos del toca penal de origen, existen violaciones al procedimiento, ya que el omitir notificar su radicación, es una violación a las leyes que rigen el procedimiento penal, pues no obstante que al momento de interponer el citado recurso de apelación, señaló domicilio en segunda instancia, no le fue notificado del citado medio de impugnación. Esta juzgadora considera que dichos argumentos resultan infundados e inoperantes por las razones que más adelante se exponen. A fin de justificar la anterior postura, primero cabe señalar que el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso; así, los preceptos legales del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco que establecen el objeto, trámite y fin de la apelación son los siguientes: ".Artículo 199. Son apelables por ambas partes: I. Las sentencias; II. Las resoluciones cuyo efecto sea el sobreseimiento, con excepción de los casos en que no sea apelable la sentencia; III. Los autos de procesamiento, libertad, competencia, impedimentos, suspensión, continuación, acumulación y separación, los que rechacen incidentes, recursos o promociones por considerar que son frívolos o improcedentes; los que resuelven promociones relativas a la existencia del delito y la probable responsabilidad, así como las referentes a las causas extintivas de la pretensión, y aquellos en que se decidan cuestiones concernientes a la prueba e incidentes no especificados; IV. Las resoluciones del juzgador que integren la ley procesal o suministren información u orientación a las partes sobre puntos del procedimiento o normas aplicables en éste. Cuando el tribunal de alzada considere que el juez anticipó su criterio sobre la sentencia definitiva, dispondrá que pase la causa a otro juzgador, conforme al orden que correspondería si se tratase de impedimento, para que continúe hasta dictar sentencia; y V. Las demás resoluciones que la ley señale. Son apelables por el Ministerio Público los autos en que se niegue la orden de aprehensión, presentación o reaprehensión, los que otorguen órdenes de aprehensión o presentación por un delito distinto del señalado por el Agente del Ministerio Público, así como los que nieguen el cateo y cualesquiera medidas precautorias solicitadas por aquél, sin perjuicio de la apelación que pueden interponer el ofendido o su asesor legal cuando la medida se relacione con los intereses patrimoniales de aquél. Artículo 200. La apelación se interpondrá por la parte que se considere agraviada por la resolución que se impugna, ante el órgano que dictó la resolución impugnada, en el acto mismo de notificación de ésta o dentro de los tres días siguientes a la fecha en que la notificación surta sus efectos, si se trata de auto, y cinco, si se trata de sentencia, por escrito o en comparecencia. El ofendido o sus derechohabientes, podrán apelar contra la sentencia sólo en el caso de que afecte necesariamente su interés jurídico. Los agravios se harán valer al apelar o en la vista del asunto. Son apelables en efectos suspensivo y devolutivo las sentencias condenatorias. Las demás resoluciones lo son en efectos ejecutivo y devolutivo. Artículo 201. Al notificarse a las partes la decisión recurrible, se les hará saber el plazo que la ley otorga para intentar la apelación. Esta comunicación se asentará en el expediente. Si se omite este aviso, se duplicará el plazo y se sancionará al responsable de la omisión con multa de hasta treinta veces el salario mínimo vigente en la región, a la fecha de la falta. Artículo 202. Interpuesto el recurso, el juzgador lo admitirá, señalando sus efectos, o lo desechará de plano. En aquel caso, prevendrá al inculpado que designe persona de su confianza para que lo defienda en segunda instancia, apercibido de que si no lo hace se tendrá por designado al que hubiese intervenido en la primera, o en su defecto, al de oficio que el tribunal elija. Admitido el recurso, el juez enviará al superior las actuaciones o constancia de éstas, según resulte adecuado, tomando en cuenta los efectos en que se admite el recurso, la resolución que se combate y la existencia de otros inculpados que no hubiesen apelado. Asimismo, remitirá los documentos o informes que estime procedentes para los fines de la apelación. El envío deberá hacerse dentro de los ocho días siguientes a la admisión, so pena de multa por hasta treinta veces el salario mínimo vigente en la región, a la fecha de la omisión. Artículo 203. Recibidas la causa o las constancias respectivas, se radicará el asunto y se notificará a las partes. El superior decidirá de oficio o a solicitud de cualquiera de aquéllas, que la formularán dentro de los tres días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación, sobre la admisión y los efectos del recurso. Si se estima improcedente la admisión, se devolverá el expediente al juzgador de primer grado. Si el tribunal considera que se debe cambiar el efecto en que se admitió, lo declarará así, comunicándolo al de primer grado y continuará conociendo del recurso. En todo caso se resolverá con audiencia de las partes. Artículo 204. Resuelto el punto al que se refiere el artículo anterior, el Tribunal citará al Agente del Ministerio Público, al inculpado si estuviere en el lugar, al defensor nombrado, al ofendido y a su asesor jurídico, para la audiencia de vista y abrirá un plazo de cinco días para el ofrecimiento de pruebas, que se desahogarán en aquella. Son admisibles todas las pruebas que no se hubiesen rendido en primera instancia, si quien las ofrece acredita, a satisfacción del tribunal, que no tuvo conocimiento o acceso a ellas. La documental pública es admisible en todo momento, hasta antes de que se dicte sentencia, sin perjuicio de acreditar su autenticidad en artículo especial, cuando fuese cuestionada. Esta audiencia se realizará concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público, el defensor y el asesor jurídico, pero cuando falte uno de los dos últimos o ambos, la Sala considerará la posibilidad y conveniencia de designar en el acto un defensor de oficio o un asesor legal público para que intervenga en la audiencia. Artículo 205. En la audiencia, la secretaría hará una relación del asunto y dará lectura a las constancias que las partes y el tribunal señalen. A continuación se calificarán las pruebas ofrecidas por las partes y se procederá, en su caso, a desahogarlas. Desahogadas las pruebas, el tribunal escuchará los alegatos verbales de las partes, quienes podrán presentarlos, además, por escrito, y dictará si lo estima pertinente los puntos resolutivos de la sentencia, que será engrosada dentro de los diez días siguientes a la conclusión de la audiencia, o se reservará para dar a conocer su fallo en los quince días que sigan a dicha conclusión. Artículo 206. Si apelaron el ofendido o sus derechohabientes, el tribunal precisará en su resolución los derechos de éstos que deben quedar a salvo, en su caso, no obstante el sentido de la sentencia combatida, y concederá a aquéllos lo que legalmente les corresponda, tomando en cuenta la naturaleza civil de la pretensión que sostienen. Artículo 207. En el recurso de apelación, la Sala podrá decretar la reposición del procedimiento a petición de la parte que no hubiese incurrido en la causa que la motive. Las partes no podrán alegar agravios respecto a violaciones, con las que se conformaron expresamente o contra los que no intentaron los recursos procedentes, en su oportunidad; salvo que no hubieran tenido conocimiento de ellos cuando se causaron. No obstante, si la Sala encuentra que hubo violación del procedimiento que dejo sin defensa al procesado y que sólo por torpeza o negligencia del defensor no fue combatida debidamente, podrá suplir la deficiencia y ordenar que se reponga dicho procedimiento. Artículo 208. La Sala determinará la subsistencia de actos que no se hallen vinculados con el acto nulo que determina la reposición del procedimiento, y que satisfagan las condiciones que la ley dispone para que sean válidos. Artículo 209. Habrá lugar a la reposición del procedimiento, a partir del acto en que se causó el agravio: I. Por no haberse observado las garantías que concede al inculpado la Constitución General de la República y la particular del Estado, así como los derechos que derivan inmediatamente de éstas, en los términos previstos por el presente Código; II. Por no designársele intérprete al inculpado que no hable o no entienda suficientemente el idioma castellanos, en los términos que señala la ley; III. Por no haber sido citada alguna de las partes a las diligencias a las que tenga derecho a presenciar; IV. Por no haberse recibido a alguna de las partes, injustificadamente, las pruebas que hubiese ofrecido con arreglo a la ley; V. Por haberse celebrado el juicio sin asistencia del juzgador que debe sentenciar, de su secretario o testigos de asistencia y del Ministerio Público; VI. Por no haber sido adecuada la defensa del inculpado, salvo cuando baste con la suplencia de las deficiencias a que alude el artículo 196. Se entiende que la defensa no es adecuada, cuando el defensor se abstiene sistemáticamente de cumplir los deberes a su cargo; se limita a solicitar la libertad provisional del inculpado, sin llevar adelante otros medios de defensa; no promueve las pruebas notoriamente indispensables para sostener los intereses de aquél, o no propone, siendo posible hacerlo, conclusiones que mejoren apreciablemente las consecuencias jurídicas del proceso sobre el inculpado; VII. Por haberse condenado al inculpado por hechos distintos de los considerados en las conclusiones del Ministerio Público; VII. Por haberse negado a alguna de las partes los recursos procedentes, o por haberse resuelto la revocación en forma contraria a derecho; y VIII. Por haberse tenido en cuenta una diligencia que conforme a la ley sea nula si no fue posible impugnarla oportunamente mediante recurso de nulidad. Artículo 210. Cuando la Sala encuentre que el Juez de primera instancia violó inexcusablemente la ley del procedimiento, pondrá los hechos en conocimiento del Consejo de la Judicatura o del Ministerio Público según corresponda, en virtud de la naturaleza de la violación. Asimismo, la Sala impondrá una corrección disciplinaria al defensor que hubiese faltados a los deberes de su función, o dará vista al Ministerio Público si el incumplimiento es probablemente delictuoso. Si se trata del defensor de oficio, se informará, además, al superior jerárquico de aquél haciendo notar la negligencia o ineptitud de dicho defensor. En el caso del defensor particular, la Sala ordenará que se publique en el Boletín Judicial el nombre del defensor que incurrió en la falta, señalando ésta y el proceso en que se cometió.". De los numerales trascritos, se advierte que la apelación, es un recurso ordinario a través del cual se reexamina una resolución dictada por el tribunal jerárquicamente inferior y cuyo fin está orientado a que se revoque o modifique ésta; la segunda instancia se abre a petición de parte para resolver sobre los agravios que deberá expresar el apelante al interponer el recurso o en la vista, sin embargo, la sala podrá suplir la deficiencia de ellos, sólo cuando el recurrente sea el imputado o se advierta que sólo por torpeza el defensor no hizo valer debidamente las violaciones causadas en la resolución recurrida. Ahora, en el caso que nos ocupa mediante acuerdos de doce y veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado del proceso admitió a trámite los recursos de apelación interpuestos por José Alberto Camargo Rodríguez, defensor particular del procesado, y de conformidad con el artículo 202 del Código Procesal Penal en vigor, requirió al procesado (quejoso) Juan Alberto Amaro Hernández, así como al ofendido (tercero interesado) Unión de Crédito Ganadero del Estado de Tabasco, sociedad anónima de capital variable, para que al momento de la notificación de dichos autos o dentro del término de tres días hábiles, nombraran asesor particular y defensor, para que los patrocinaran en segunda instancia, así como para que señalaran domicilio para oír y recibir citas y notificaciones; apercibiéndolos que de no hacerlo, se tendría como su asesor y defensor al adscrito al Tribunal de Alzada y como su domicilio los estrados de la Sala Penal que conociera de las apelaciones. Posteriormente, los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal responsable, observaron los principios reguladores del trámite del recurso de apelación, pues en principio, se abrió la segunda instancia con motivo de los recursos de apelación que José Alberto Camargo Rodríguez, defensor particular del procesado -ahora quejoso- interpuso, radicándolos mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, bajo el toca 30/2021-I. Además, en el citado acuerdo mencionado en el párrafo que precede, se advierte que la Sala Penal responsable, al advertir que el procesado (quejoso) Juan Alberto Amaro Hernández, no había designado defensor, ni domicilio para oír citas y notificaciones en esa instancia a pesar de haber sido requerido por el juez de la causa penal mediante acuerdos de doce y veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por lo que, a fin de no dejarlo en estado de indefensión con fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le designó a la licenciada Candelaria Frías Frías, Defensora Pública adscrita a dicha sala, quien compareció en esa propia fecha a protestar el cargo conferido, a fin de patrocinar al procesado en esa instancia; asimismo, se le tuvo como domicilio para oír citas y notificaciones los estrados de esa Sala Penal. En seis de julio de dos mil veintiuno, la Primera Sala responsable citó a las partes para que comparecieran a las diez horas del doce de agosto de dos mil veintiuno, a la audiencia de vista, proveído que se notificó mediante cédula de notificación a la moral ofendida Unión de Crédito Ganadero del Estado de Tabasco, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderado legal (fojas 49 a 52 del tomo de pruebas relativo al toca penal), así como por estrados al procesado (quejoso) Juan Alberto Amaro Hernández (fojas 53 a 56 del tomo de pruebas relativo al toca penal). Posteriormente, a las diez horas del doce de agosto de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia sin la asistencia del citado procesado, ni del representante legal de la moral ofendida, únicamente comparecieron el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la sala responsable, el Asesor Jurídico Público y la Defensora Pública del procesado adscrita a la sala responsable, la licenciada Candelaria Frías Frías, luego la responsable confrontó los agravios expresados por las partes, con los razonamientos que expuso el juez natural en la resolución impugnada, declarando cerrado el debate dejó vistos los autos para dictar la resolución correspondiente (fojas 57 a 60 del tomo de pruebas relativo al toca penal). En seis de octubre de dos mil veintiuno, la Sala responsable, procedió a resolver las apelaciones interpuestas en contra de las interlocutorias de treinta de abril y doce de mayo de dos mil veintiuno, dictadas por el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, dentro de la causa penal 38/2019, instruida en contra de Juan Alberto Amaro Hernández, por el delito de retención indebida, cometido en agravio de Unión de Crédito Ganadero del Estado de Tabasco, sociedad anónima de capital variable, en la que determinó confirmar dichas interlocutorias, conforme a los motivos expuestos en el cuerpo de la citada resolución. Después, en doce de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, recibió copia certificada de la citada resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, así como los autos originales de la causa penal 38/2019, determinado que dicha resolución había causado estado para todos los efectos legales. Finalmente, mediante escrito signado por José Alberto Camargo Rodríguez, defensor particular del quejoso en el juicio natural, interpuso incidente de nulidad y reposición de la totalidad de las actuaciones que conforman el toca penal 30/2021-I, el cual fue acordado y resuelto el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, determinando desechar de plano el citado incidente de nulidad. En ese sentido, la Primera Sala Penal responsable no incurrió en violación alguna al procedimiento de la apelación, pues como la parte quejosa fue omisa en nombrar defensor particular, para que lo patrocinara en segunda instancia, así como para que señalara domicilio para oír y recibir citas y notificaciones, a pesar de haber sido legalmente notificado de ello, como se advierte de las cédulas de notificación de los proveídos de doce y veintiséis de mayo de dos mil veintiuno; por tanto, a fin de no dejarlo en estado de indefensión se le designó a la licenciada Candelaria Frías Frías, Defensora Pública adscrita a dicha sala y se le tuvo como domicilio para oír citas y notificaciones los estrados de esa Sala Penal. En razón de lo anterior, se notificó debidamente a la parte quejosa la audiencia de vista mediante estrados, por lo que estuvo en aptitud de formular sus agravios correspondientes; de ahí que, contrario a lo indicado por la parta quejosa, se cumplió con el derecho fundamental del debido proceso. De igual forma, la responsable determinó que no se violentaron los derechos de las partes de una defensa técnica adecuada, pues al contrario, ya que al no haber sido nombrado por el procesado defensor que lo patrocinara en segunda instancia, se le designó de oficio una defensora pública para su patrocinio y como domicilio los estrados de la citada sala, de ahí que el acto reclamando no vulnera los preceptos 14 y 16 de la Carta Magna, pues fue correcta la determinación de la Sala; aunado a ello, la Sala responsable acertadamente determinó que la defensa era sabedora que en segunda instancia se estaban tramitando los recursos de apelación que él mismo interpuso ante el juzgado de origen, contra las interlocutorias de treinta de abril y doce de mayo de dos mil veintiuno, por lo que era su obligación comparecer ante ese tribunal a informarse de la situación que guardaban los recursos planteados. Por otra parte, el acto reclamado no transgrede en perjuicio de la parte quejosa, el contenido del artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo, impone a las autoridades la obligación de respetar a favor de los particulares los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, habida cuenta que el acto reclamado adopta la forma escrita, según se aprecia del contenido del auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Asimismo, el asunto que se analiza, se encuentra dictado por una autoridad judicial competente, de conformidad con los artículos 22 y 26, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, ya que se trata de una Sala Penal que, por cuestión de materia, es la encargada de conocer sobre los recursos de apelación, interpuestos ante los Jueces Penales y, de hechos constitutivos de conductas previstas en el Código Penal para esta ciudad; y, versa sobre hechos que se llevaron a cabo dentro de su jurisdicción territorial. En cuanto a la obligación por parte de las autoridades de fundar y motivar sus actos, es preciso señalar que la contravención a este derecho fundamental origina dos diferentes tipos de violaciones: a) De forma: cuando se trata de la falta total de fundamentación y/o motivación; y, b) De fondo: cuando lo que se presenta es una indebida o incorrecta fundamentación o motivación. La primera, se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se consideraron para subsumirlo en la hipótesis prevista en la ley; y la segunda, cuando se invoca el precepto legal, pero éste no es aplicable por las características específicas del asunto, impidiendo su adecuación en la hipótesis normativa; o bien, cuando las razones que da la autoridad responsable como sustento del acto reclamado, son discordantes con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia absoluta de tales requisitos, y se traduce en una violación formal; mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la inexacta o deficiente aplicación de normas así como de los razonamientos formulados por la autoridad y resulta una violación material o de fondo. Es aplicable a lo anterior por su sentido, la Jurisprudencia I.3o.C. J/47, de la Novena Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1964 del tomo XXVII, correspondiente a febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tienen consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." En el caso, el acto reclamado cumple con ambos requisitos, tanto de forma como de fondo, pues en relación con los primeros, la responsable señaló con precisión los preceptos legales aplicables al caso, esto es, los artículos 46, 163, 202, 209 y 257 del Código de Procedimientos Penales, abrogado pero aplicable al caso, e indicó también las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para emitirlo, por lo que no existe violación a la prerrogativa de legalidad contenida en el precepto constitucional citado (fundamentación y motivación). De ahí que, al dictar el acto reclamado, la responsable ajustó su actuación a los lineamientos marcados en la Tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 334 del tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la constitución federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Sobre el particular, en el caso, de las constancias generadoras del acto controvertido, se desprende que en auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, la responsable determinó: (.) ".Por lo anterior, al no encontrarse sustento legal para acordar favorable sus pretensiones, se desecha de plano el Incidente de Nulidad y reposición de la totalidad de las actuaciones que conforman el toca penal 30/2021-I, pues su admisión en nada conlleva a lograr la reposición del procedimiento o la nulidad de las actuaciones, pues no existe violación alguna al debido proceso, ya que su pretensión es la nulidad de los actos realizados en el presente toca, para efectos de que se reponga la totalidad de las actuaciones realizadas durante el trámite del recurso interpuesto, que en ningún momento combate con pruebas fehacientes que den lugar a esta Instancia a considerar que existieron tales. En consecuencia, devuélvase los autos al Juez de la Causa, y en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido." (.) Ahora, la resolución materia de inconformidad, se encuentra fundada y motivada, toda vez que la autoridad responsable citó con precisión los preceptos legales aplicables al caso, entre los que destacan: 43, 45, 163, 202, 209 y 257 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco; asimismo, cumple con los requisitos de motivación, ya que dicha autoridad también señaló con precisión las circunstancias especiales y razones particulares que tuvo en consideración para la emisión del acto reclamado, donde se advierte que existe una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, por lo que en el caso concreto se configura la hipótesis normativa; ello al referir que no existía sustento legal para acordar favorablemente las pretensiones del impetrante, quien promovió incidente de nulidad y reposición de la totalidad de las actuaciones que conforman el toca penal de origen, ya que adujo no tener conocimiento de la substanciación del recurso de apelación que en su momento se tramitó ante la sala responsable. Así, resultan infundados los conceptos de violación marcados con los incisos a) y d), hechos valer por la parte impetrante de derechos fundamentales, sin que se advierta necesidad de ser suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción IlI, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otro lado, resultan inoperantes los conceptos de violación marcados con los incisos b) y c), en los cuales el impetrante alega que la responsable debió notificarle de manera personal la admisión del recurso de apelación que promovió, de conformidad con lo que establecen los artículos 203 y 204 del código de procedimientos penales del Estado de Tabasco, ya que dicha omisión trasgrede lo establecido en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales; asimismo, aduce que al no habérsele notificado la radicación, ni la tramitación del citado recurso de apelación, son nulas la totalidad de las actuaciones que conforman el toca penal 30/2021, del índice de la sala penal responsable, por lo que, se debe ordenar la reposición del procedimiento desde su radicación y ordenar se le notifique dicha apelación en forma personal en el domicilio señalado para tal efecto. Ciertamente, se estima de esa manera pues los argumentos relativos que el peticionario del amparo vierte en el mismo, resultan ser una reproducción casi literal de los agravios que, en su momento hizo valer al interponer el incidente de nulidad y reposición de la totalidad de las actuaciones que conforman el toca penal 30/2021, del índice de la responsable. En efecto, los citados conceptos de violación que alega el impetrante en la demanda de amparo resultan una reproducción sustancial de los agravios hechos valer en su escrito mediante el cual interpuso el incidente de nulidad y reposición de las actuaciones que conforman el toca penal de origen, del cual emana el auto reclamado, lo que genera que el mismo sea inoperante, pues a través de la reiteración de argumentos en que incurre el quejoso, no combate las consideraciones en que la Sala responsable sustentó su decisión para desechar de plano el referido incidente de nulidad. En ese sentido, resulta claro que al promover el presente juicio constitucional el ahora quejoso debió enderezar argumentos para evidenciar la ilegalidad los fundamentos legales y razones enderezados por la sala responsable que emitió el auto reclamado, a fin de comprobar la trasgresión a sus derechos fundamentales salvaguardados por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. No obstante, ante la sustancial transliteración de los agravios, el quejoso no controvierte el auto reclamado con argumentos y fundamentos mínimos que revelen una causa de pedir, sino que únicamente, en esencia, reproduce lo enderezado ante la jurisdicción común; en consecuencia, sus argumentos de agravio devienen inoperantes para conceder el amparo solicitado. Orienta lo anterior la jurisprudencia, sustentada por el TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, registro digital 216777, Octava Época; Materias Civil; Tesis: II.3o. J/44; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 63, Marzo de 1993, página 40, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, SI SE CONCRETAN A REPETIR LOS AGRAVIOS Y NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO. Si en los conceptos de violación el quejoso se concreta a repetir en esencia los agravios expresados en la apelación, y omite atacar las consideraciones y fundamentos que sirvieron a la Sala responsable para confirmar el fallo de primera instancia, dichos conceptos de violación resultan inoperantes. También, sirve de apoyo la jurisprudencia de la Novena Época, registro 191572, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, julio de 2000, página 621, de contenido: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." De esta forma, los conceptos de violación al constituir una reiteración sustancial de los agravios, resultan ineficaces, porque no expresan la causa de pedir relacionada con la litis en el juicio de amparo, pues no controvierten los fundamentos de la Sala responsable para desechar de plano la incidencia planteada por el impetrante, en tal virtud, devienen inoperantes. En esa tesitura, al resultar infundados unos e inoperantes otros, los conceptos de violación señalados por el quejoso sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de la materia, lo procedente es negar el amparo solicitado. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ********** contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisadas en el resultando primero; por las consideraciones establecidas en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente

  4. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días, para que la parte tercero interesada Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V., se imponga del contenido del informe justificado rendido por el Magistrado Presidente y Secretaria de Acuerdos, ambos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse emplazado al presente juicio por medio de lista de acuerdos el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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