Juan Alberto Aguiñaga Garza
Expediente 416/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 416/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Juan Alberto Aguiñaga Garza
Actuaciones
- Principal
Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de septiembre del presente año, que desechó la demanda de amparo que originó este asunto; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes . Vía para la rendición de promociones. A pesar de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ..., y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial -virusSARS-CoV2 (COVID-19)-, dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos, se hace del conocimiento que cualquier tipo de promoción que pretenda presentar, habrá de efectuarlo - mientras sea viable- al correo oficial ..., sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de septiembre del presente año, que desechó la demanda de amparo que originó este asunto; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Vía para la rendición de promociones. A pesar de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, 12/2020, 21/2020, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial -virusSARS-CoV2 (COVID-19)-, dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos, se hace del conocimiento que cualquier tipo de promoción que pretenda presentar, habrá de efectuarlo - mientras sea viable- al correo oficial 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa. Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinticuatro de septiembre de dos mil veinte.Escrito. Se tiene por recibido el escrito del quejoso, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en autos de once de agosto y nueve de septiembre del año en curso.****************************************Se desecha de plano. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, los escritos de demanda y aclaratorio; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala:Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano".************************************************************En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen, así como del escrito aclaratorio; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes.****************************************A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.****************************************Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, de contenido siguiente:****************************************"DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación".revio a continuar con el análisis de las causales de improcedencia, conviene precisar que el quejoso fue puntual en establecer tanto en la demanda de amparo que el acto que señala como reclamado en el presente asunto es la ilegalidad de las actuaciones a partir del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, y por ende todo lo actuado en el juicio. Asimismo, se le requirió para que precisara si señalaba como acto reclamado la falta de emplazamiento en el juicio laboral de origen o el indebido emplazamiento al mismo, y únicamente estableció como acto reclamado lo precisado anteriormente. ****************************************Expuesto lo anterior, este juzgador estima en relación con los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece:****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.********************Se exceptúa de lo anterior:********************a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;********************b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;********************c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.********************Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.".************************************************************En cuanto a la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del dispositivo 61, de la Ley de Amparo, a partir de una interpretación sintáctica, armonizada con el sistema al que pertenece, se concibe que el juicio de amparo para que sea procedente, es necesario que la parte quejosa, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, cumpla con el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, es decir, que previamente a la promoción del juicio constitucional, debió agotar el recurso o medio de defensa previsto en la Ley Federal del Trabajo en aras de propiciar que la propia autoridad laboral remediara los vicios de que se duele respecto de la diligencia que reclama en el juicio de amparo; de modo que al no haber procedido de la indicada manera, se arriba a la conclusión de que el acto reclamado no es definitivo, lo que de suyo torna en improcedente la acción de amparo.****************************************Ahora bien, como se precisó anteriormente del análisis integral que se efectúa de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que el acto reclamado por el quejoso, es la ilegalidad de las actuaciones a partir del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, y por ende todo lo actuado en el juicio, como se advierte de las siguientes digitalizaciones: ****************************************************************************************************De lo anterior claramente se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente la ilegalidad de las actuaciones a partir del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, dentro de los autos del juicio laboral 3035/2016-SA III, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues aduce que no le fueron practicadas las notificaciones en el domicilio señalado para tal efecto.****************************************Al respecto, la parte quejosa antes de acudir al juicio constitucional, debió interponer, en contra de las citadas actuaciones, el respectivo incidente de nulidad de actuaciones que establecen los artículos 762 al 765 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales disponen lo siguiente:****************************************"Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones.********************I. Nulidad;********************II. Competencia;********************III. Personalidad;********************IV. Acumulación; y********************V. Excusas".**************************************** "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento.********************En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento.********************Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes".****************************************"Artículo 764. Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano".****************************************"Artículo 765. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley, se resolverán de plano oyendo a las partes". ****************************************En efecto, como ya quedó puntualizado, las referidas actuaciones debieron combatirse a través del medio de defensa denominado Incidente de Nulidad de Notificaciones, previsto en los artículos 762 al 765 de la Ley Federal del Trabajo, que es el idóneo para provocar la nulidad de las actuaciones reclamadas, pero como ello no aconteció en el caso justiciable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo.**************************************** Cobra aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J. 65/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en bajo el registro 186512, a página 1259, tomo XVI, Julio de 2002, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia laboral, que dice:****************************************"NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo."****************************************Lo anterior se robustece con la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902, tomo XV, Mayo de 2002, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que es del tenor literal siguiente:********************"AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías."**************************************** En la misma tesitura, por identidad jurídica, apoya a las consideraciones plasmadas, la tesis 1.3º.C.44 K, visible a foja 1272, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Agosto de 2002, Novena época, que a la letra dice lo siguiente:****************************************"DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad."****************************************Así como la tesis 1ª./J 3/99 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 13, tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:****************************************"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito".************************************************************Bajo esas circunstancias, la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. ******************** ******************** Luego, si la parte quejosa omitió agotar el citado medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo, es evidente que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por razón de que la quejosa soslayó el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional. **************************************** No es inadvertido para este juzgado federal que la Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas; sin embargo, no se actualiza ninguna de ellas, como se verá enseguida: I. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; dicha excepción no se actualiza al no reclamarse esos actos en el presente asunto. II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que tampoco se actualiza por virtud de que no se reclaman esos actos por la parte quejosa. III. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; hipótesis que en el presente caso no se surte, toda vez que del contenido integral del escrito de demanda se advierte que la quejosa refiere que es demandada en el juicio laboral de origen. IV. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; excepción que no se surte por virtud de que el medio de defensa no requiere mayor interpretación por virtud de que está claramente definido, por lo que su fundamento es suficiente.****************************************En este orden de ideas, al no encontrarse el acto reclamado en alguno de los casos de excepción al principio de definitividad del acto reclamado, es claro que la parte quejosa estuvo obligada en promover el incidente de nulidad de notificaciones previsto por los artículos 752, 761, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, y al no hacerlo, el acto reclamado carece de definitividad. ****************************************Ilustra a lo anterior, por analogía, el criterio 2a.LVI/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, establecido en la página 156, tomo XII, julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyos rubro y texto son los siguientes: ****************************************"DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia".****************************************Por otro lado, aún en el supuesto de que intentara reclamar el auto mediante el cual se autorizó despachar ejecución de laudo en contra de la aquí quejosa, quien tiene el carácter de parte demandada en el juicio laboral de origen, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, cabe decir que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en tal fase, por lo cual, se actualiza de manera notoria e indudable, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos del ordenamiento legal en cita, por lo siguiente:****************************************Establecen los numerales invocados: ****************************************"ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."**************************************** "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede:********************(.)********************IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.********************Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.********************En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;."**************************************** Del texto del primero de los preceptos reproducidos se advierte que, además de las causas de improcedencia consagradas en las fracciones I a XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pueden actualizarse aquéllas que resulten de alguna disposición de la ley; y de la segunda disposición se desprende que en tratándose de actos después de concluido un juicio, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo.**************************************** Así las cosas, contra dicho requerimiento debe decirse que se actualiza de manera indubitable la causal de improcedencia instituida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, a contrario sensu, de la ley de la materia, en virtud de que en tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa.****************************************Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento.****************************************En ese sentido, la disposición está entendida en cuanto a la procedencia del juicio de garantías contra los siguientes actos: ****************************************a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; ****************************************b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y, ****************************************c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. ****************************************Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de laudos, no pueden ser combatido a través del juicio constitucional, habida cuenta de que, al existir una resolución de condena, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento, ya sea por la parte reo o la parte vencedora en el juicio de origen.****************************************Bajo esas consideraciones, la frase "última resolución" a que se refiere el dispositivo 114 anteriormente referido, en el contexto de la etapa de ejecución de sentencia de que se trata, debe entenderse como aquella que lo resuelve en definitiva; en otro contexto, la última resolución de la fase ejecutiva, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento y se determine con ello el archivo del asunto de que se trate, lo cual no acontece en la especie, pues la interlocutoria reclamada fue dictada precisamente en ejecución de la condena del laudo respectivo, en un juicio en cual, el aquí quejoso es parte demandada, y por ende, el acto reclamado no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, pues ésta se dirige precisamente a preparar el lograr el cumplimiento de la determinación elevada a cosa juzgada en el juicio ordinario laboral subyacente.****************************************De lo anterior se colige, que aún no se culmina con el procedimiento de ejecución de laudo respectivo para estar en aptitud de hacer procedente el juicio de amparo indirecto, ya que la voluntad del legislador al crear la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías y que no se impida la materialización de los trámites de ejecución en un juicio en el que la parte quejosa fue oída con las formalidades que prevé el artículo 14 constitucional, ya que tiene el carácter de demandada en el juicio generador de los actos reclamados.****************************************Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sostenido en la jurisprudencia 29/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, tomo XVII, Junio de 2003, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, bajo el siguientes criterio:**************************************** "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías."****************************************Así también, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en página 31, tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que dice:****************************************"AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente."****************************************Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con el artículo 3º, aplicado en contrario sensu, de la Ley de Amparo a la luz del precepto 113 de la propia ley y 103, fracción I, de la Constitución General de la República, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************.****************************************Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que la causales de improcedencia tienen una existencia justificada, las cuales, deben ser analizadas de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. ****************************************Apoya lo anterior la jurisprudencia ..., de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente:****************************************"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA ".****************************************Asimismo, tiene aplicación el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita."************************************************************Finalmente, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del Tomo V, Mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece:********************"DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto."****************************************Vía para la rendición de promociones. Atento a lo establecido en los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ..., y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial -virusSARS-CoV2 (COVID-19)-, dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos, se hace del conocimiento que cualquier tipo de promoción que pretenda presentar, habrá de efectuarlo -mientras sea viable- al correo oficial 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. ****************************************Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General..., del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. ****************************************Notificación personal. Para ese efecto la actuaría deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico con las partes, para lo cual debe hacer uso de la sana distancia y empleando el equipamiento proporcionado para ello, inclusive dispensándose que las partes estampen su firma en la constancia actuarial, siempre y cuando el fedatario se cerciore de que habló con ellos y le explicó los alcances del contenido del presente auto, para lo cual se autoriza el uso de todos los avances tecnológicos de ser necesario, incluido, desde luego, el correo electrónico, teléfono, video llamada, por lo que debe elaborar constancia pormenorizada de ello, lo anterior, para evitar la propagación y contagio del citado virus. ****************************************Notifíquese personalmente.
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