Juan Agustín Vargas Moreno
Expediente 201/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/05/2015
Partes del expediente
- Juan Agustín Vargas Moreno
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, a once de mayo de dos mil quince. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se recurriera el proveído por el cual se desechó la demanda de juicio constitucional interpuesta por Juan Agustín Vargas Moreno, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha determinación, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, dado que en el proveído se desechó la demanda de amparo, además que se observa de la certificación de cuenta que no existen documentos originales, que no se abrió el incidente de suspensión, y que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California a quince de abril de dos mil quince. Visto el escrito de demanda de garantías de cuenta, formulado por JUAN AGUSTÍN VARGAS MORENO, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil, con residencia en esta ciudad, por violaciones a los derechos humanos consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales; fórmese el expediente de amparo, el cual quedó registrado en el libro de gobierno respectivo bajo el número 201/2015. El quejoso señala que es parte actora en el juicio ordinario civil 929/2013, promovido en su contra por Yolanda Muñoz García, ante el Juez Primero Civil de Primera Instancia con residencia en esta ciudad, quien le reclama el pago de una suma de dinero pactada en un diverso convenio celebrado con fecha cuatro de octubre de dos mil doce, por concepto de daños causados por accidente automovilístico; agrega que por proveído de veintiséis de enero del presente año se le tuvo por contestada la demanda, y que, a su solicitud, se declaró precluído el derecho de la actora de modificar, enmendar o corregir la demanda o a exhibir algún otro documento, a la vez que se le admitió la objeción de documentos que hizo valer en contra de la demandante, habiéndose aperturado el juicio a prueba por el término de diez días comunes para las partes. Refiere que, mediante auto de doce de marzo de dos mil quince, el juez responsable, dentro de ese periodo, entre otras pruebas ofrecidas por la actora, admitió 'ilegalmente' el Informe de Autoridad a cargo del Delegado del poblado Maneadero de este municipio para que manifestara si en sus archivos obraba o constaba dato o documento relativo a la comparecencia de cuatro de octubre de dos mil doce, en que se hubiese realizado convenio entre Yolanda Muñoz García y Juan Agustín Vargas Moreno (hoy quejoso), para los efectos de dirimir los daños ocasionados por accidente automovilístico y, de ser el caso, remitiera copia certificada del citado convenio; esto, dice el impetrante, sin haber tomado en consideración que ya se había acordado de conformidad su solicitud de que precluyera ese derecho para la actora, razón por la cual considera que la autoridad responsable no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, lo que se traduce, recalca, en que se trasgreden en su perjuicio las garantías de Congruencia, Audiencia, Legalidad y Seguridad Jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Efectuado un análisis de lo expuesto, cabe señalar que el juicio de amparo que nos ocupa es improcedente, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 107, fracciones I y III, inciso b), constitucional; 107, fracción V de la Ley de Amparo vigente, en relación con la fracción XXIII del numeral 61 del ídem, aplicados a contrario sensu, en relación con los diversos 170, 171 y 172, de la misma ley reglamentaria. En efecto, los actos reclamados en el caso que se atiende no son de aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación ni afectan los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que de la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos citados con antelación se desprende que tratándose de actos dentro de juicio, como son las violaciones procesales, y que es de lo que se trata en el caso que nos ocupa (recepción de pruebas), por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva y, siempre que tales violaciones afecten a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, por excepción, en el amparo indirecto cuando esas violaciones tienen una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso; o, cuando afecten personas extrañas a juicio. Ciertamente, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtenerse una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación en el disfrute de la garantía de que se trata; por tanto no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable y, en el caso, se reitera, el acto reclamado, no constituye una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, lo que únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados, con la sentencia definitiva que se dicte. De lo que se concluye que el acto reclamado es de los catalogados como verificados dentro del juicio, pues aún no se dicta resolución definitiva que culmine la segunda instancia y determine la firmeza del fallo de fondo. Ahora bien, los artículos 170, 171 y 172 de la ley de la materia en vigor, establecen: Artículo 170.- "El juicio de amparo directo procede: "I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. "Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. "Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. "Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. "Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. "II.- Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. "[..] Artículo 171.- "Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. "[.] "Artículo 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I.- II.- III.- Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;" En consecuencia, si en la especie se advierte que el acto reclamado se encuentra relacionado con la recepción de pruebas, no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe ser combatido, como se dijo, en amparo directo, en caso de que se dicte una resolución desfavorable, puesto que de manera alguna afecta en forma directa e inmediata algún derecho fundamental legítimamente tutelado contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, como son la vida, la libertad, el patrimonio, las posesiones, etcétera, y sobre los que hacen procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo vigente. En esa virtud, se concluye que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo que establecen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: "..fracción XXIII".- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "[.] "V. Contra actos en juicio cuyos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Cabe citar la jurisprudencia por contradicción de tesis 24/92, de la Octava Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, que se transcribe: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como la diversa jurisprudencia número doscientos treinta y uno, del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Mayo de dos mil tres, página mil ciento ochenta y seis que se anota: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Igualmente se invoca la tesis número veinticuatro, del Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Enero de dos mil, materia común, página mil sesenta y dos que dice: "VIOLACIONES PROCESALES. SISTEMAS DE IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, estatuye la procedencia del juicio en la vía biinstancial contra actos emitidos en juicio sólo cuando éstos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, a lo cual debe atenderse primordialmente para establecer si contra un acto intraprocesal procede el juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con independencia de si la propia violación procesal pudiera repararse en el amparo directo que luego se promoviera contra el fallo definitivo adverso, dado que puede acontecer que dicha violación no fuera de las enumeradas, o sus análogas, en el artículo 159 de aquella ley, o bien que no trascendiera al sentido del fallo, pero, además, que tampoco tuviera una ejecución sobre las personas o las cosas que fuera irreparable, calidad que no se obtiene automáticamente por aquella circunstancia, sino de la naturaleza y consecuencias de la propia violación, y es dicha calidad la que hace procedente el amparo indirecto. Es decir, que la exclusión de una de esas vías del amparo no lleva necesariamente a la procedencia de la otra, y viceversa, porque la procedencia del juicio de amparo en cualquiera de sus vías contra actos intraprocesales está condicionada a requisitos específicos que, de no surtirse, puede hacer incluso que la acción de amparo no proceda en ninguna de ellas." En esas condiciones, la demanda de garantías planteada por JUAN AGUSTÍN VARGAS MORENO, por su propio derecho, resulta notoria e indudablemente improcedente, por lo que, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a los licenciados ALEJANDRO REYES PÉREZ, EPITACIO CARRILLO PÉREZ y ESMERALDA RAMÍREZ RUIZ, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que dichos profesionistas tienen registrada su cédula profesional Federal en el Sistema Computarizado del Registro Único del Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, personalidad que se les reconoce; y para oír y recibir notificaciones, a Jorge Alberto Sánchez Tirado; así como por señalado domicilio para esos efectos, el ubicado en PASEO HIDALGO NÚMERO 15, ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD. Por otra parte, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, en relación con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse en el juicio de garantías en que se actúa. NOTÍFIQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION III INCISO b) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...SE DESECHA D EPLANO LA DEMANDA DE GARANTIAS DE QUE SE TRATA..."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 5,994 expedientes
- Josue Maximino Pereda Acevedo323/2019
- Jovani Reyes Parada365/2016
- Jovany Tellez Escobedo678/2023
- Jovita Solorio Torres22/2015
- Joy Mya Garcia Godoy385/2022
- Juan Agredano Martínez163/2017
- Juan Alberto Aguilar Sánchez458/2019
- Juan Alberto Aguilar Sanchez14/2022
- Juan Alberto Guerrero García60/2016
- Juan Alberto Salazar Santana1102/2014
- Juan Alejandro Camacho Meza624/2018
- Juan Alejandro Guerrero Salazar7/2017