Juan Agustin Cansiano

Expediente 217/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
217/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
07/05/2018

Partes del expediente

  • Juan Agustin Cansiano
  • Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del proveído de once de abril de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse únicamente sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; en el entendido de que será con posterioridad al SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    RAZÓN. SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA. Xalapa-Enríquez, Veracruz, once de abril de dos mil dieciocho. Ténganse por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguense para que surtan sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de su parte, las documentales anexadas a su informe de mérito con la que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que la citada responsable informa que el doce de marzo del año en curso, se emitió el laudo en el juicio laboral 660/2013-IV de su índice, remitiendo al efecto copia certificada de esa determinación, la cual cuenta con pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por lo tanto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Así, el precepto invocado prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL " En el caso, el acto que la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, es la dilación y omisión en que incurre para resolver en tiempo y forma el expediente laboral 660/2013-IV, de su índice; y tomando en consideración que la demanda de amparo fue presentada en la oficina de correspondencia común el nueve de marzo de dos mil dieciocho, y el doce de marzo del año en curso, la autoridad responsable emitió el laudo correspondiente en el aludido expediente; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo; por ende, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado omisivo, pues se ha dejado de afectar los derechos del solicitante de amparo al haberse emitido el laudo correspondiente. En otras palabras, si de lo que se dolían los quejosos era la omisión de emitir el laudo en el juicio laboral 660/2013-IV, y acudieron a esta instancia constitucional con la pretensión de que se obligara dicha autoridad a dictar la determinación correspondiente; luego, al haberse emitido el laudo referido el doce de marzo de la presente anualidad, desapareció de la vida jurídica la omisión reclamada, lo que es suficiente para concluir que cesaron los efectos del acto reclamado. De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que se haya ordenado el emplazamiento del tercero interesado Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz, sin que hasta la fecha obre en autos constancia alguna que acredite que dicha autoridad recibió el oficio por el que se ordenó su emplazamiento, ya que si bien es cierto que en el juicio de amparo deben ser oídas las todas las partes y, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, el tercero interesado tiene derecho a ser oído en el juicio de amparo con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, es notorio que, en el particular, al sobreseerse el juicio en que se actúa fuera de audiencia, ningún perjuicio se irroga a la parte tercera interesada. Aunado a que con la anterior determinación no se le deja en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun difiriendo la audiencia constitucional para que se le emplazará a juicio; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1ª/J.36/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor literal: "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. CASOS EN QUE LA OMISIÓN DE EMPLAZARLO COMO TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL JUICIO QUE DA LUGAR A ORDENAR SU REPOSICIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 114/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 550, determinó que la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el juicio de amparo indirecto con el carácter de tercero perjudicado cuando el acto reclamado afecte en los hechos a la reparación del daño, aunque no se refiera directamente a ella, con lo cual transfirió a los órganos aplicadores de la misma, la obligación de determinar en cada caso concreto si el acto reclamado actualiza el supuesto que legitima a la víctima u ofendido del delito para intervenir en el juicio de garantías con el carácter de mérito. De ahí que si el tribunal revisor al analizar el caso concreto sujeto a su estudio, advierte que la víctima u ofendido del delito que tiene el carácter de tercero perjudicado -al satisfacer la condicionante prevista en la jurisprudencia de referencia- no concurrió al juicio de garantías por no habérsele reconocido legalmente dicho carácter ni haber sido emplazado a él, procede que, por regla general, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, revoque la resolución recurrida y ordene reponer el procedimiento a efecto de subsanar esa irregularidad, dada la posibilidad de que pudiera emitirse un fallo que le resultara perjudicial sin haberle dado previamente la oportunidad de ser escuchado en el juicio. No obstante, esta regla no puede considerarse absoluta e irrestricta, pues en los casos en los que se advierta notoriamente que la sentencia que dicte el órgano revisor le será favorable, no procede reponer el procedimiento al no beneficiarle y, por el contrario, pudiendo incluso irrogarle perjuicio, al menos en lo relativo al tiempo que transcurre hasta en tanto se dicte una nueva resolución. (lo subrayado es propio.) En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad tercera interesada y a la responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario de Juzgado, con que actúa y da fe. Doy fe.

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