Juan Agustín Cañedo Chávez

Expediente 2162/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2162/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Agustín Cañedo Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas en este juicio interpusieran recurso de revisión contra la sentencia por la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Por tanto, con apoyo en el último párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, como se encuentra indicado en el fallo respectivo, requiérase a la autoridad responsable, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia ejecutoria, en los siguientes términos: La autoridad responsable Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: Lleve a cabo las gestiones conducentes para lograr el deshago del informe a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del expediente laboral ******, de su índice. Por ende, de incumplir la autoridad responsable sin causa justificada en los términos ya indicados (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que no ha lugar a requerir al superior jerárquico de la Junta responsable, toda vez que al tener aquél naturaleza de Órgano Jurisdiccional no cuenta con superior jerárquico, según las consideraciones sustentadas en tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. (Décima Época, Registro: ********************Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencias, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.), Página: 3515). «Tesis de jurisprudencia 36/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciséis de noviembre de dos mil once." Notifíquese.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Chihuahua, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo pese a encontrarse debidamente notificado para ello como se evidencia con los acuses de recibo de los siguientes oficios: OFICIOFECHA DE RECEPCIÓN14962/202312 DE MAYO DE 202326591/202311 DE JULIO DE 2023 34144/2023 08 DE SEPTIEMRE DE 2023 36344/2023 26 DE SEPTIEMRE DE 2023 En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés y con apoyo en el artículo 237 fracción I en relación con el 258 de la Ley de Amparo, se impone una multa al Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Chihuahua equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Se determina lo anterior en atención a la actitud de indiferencia adoptada por la referida autoridad, sobre los requerimientos efectuados por este órgano jurisdiccional a fin de lograr el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues no desahogó los requerimientos solicitados. Esto es, dejando transcurrir un plazo prolongado sin realizar alguna manifestación a fin de cumplir la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, lo cual no encuentra justificación tomando en consideración que se le notificó cada uno de los requerimientos, por lo que estuvieron en posibilidad jurídica de desahogarlos con la oportunidad debida. De tal forma que, lo anterior únicamente deja en evidencia que la autoridad responsable no realizó las acciones tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo requerida en los proveídos antes indicados, desatendiendo totalmente el carácter de urgente que le reviste al presente procedimiento. Por lo que, gírese el oficio respectivo a la Administración Desconcentrada de Recaudación Chihuahua "1", para que proceda al cobro de la multa impuesta a la Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Chihuahua. Se requiere nuevamente cumplimiento. Independientemente de la determinación anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase por última ocasión al Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Chihuahua, para que en el término de diez días hábiles, siguientes a que surta efectos la notificación del presente acuerdo, cumpla con la sentencia de amparo la que se concedió el amparo para los siguientes efectos: Dentro del plazo legal, sustancie la solicitud de prórroga de derechos de título, presentada por el quejoso el ******************** a la cual se le asignó el número de expediente administrativo ********************( En caso de que la petición sea improcedente, deberá notificar personalmente a la parte quejosa tal determinación Si la solicitud resulta procedente, deberá turnar la autorización respectiva a la autoridad competente." Lo anterior bajo el apercibimiento que de no realizarlo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sustenta lo anterior, las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen lo siguiente: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. ENTRE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A LAS AUTORIDADES OBLIGADAS Y LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DEBE MEDIAR UN PLAZO RAZONABLE Y NO CONTENERSE EN UNA MISMA DETERMINACIÓN. Hechos: En un juicio de amparo se impuso multa a una autoridad de la Ciudad de México por considerarla renuente al cumplimiento del fallo protector y en el mismo proveído se ordenó la apertura del incidente de inejecución de sentencia. Criterio jurídico: Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable para que cumplan con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo anterior, no es posible que en el mismo auto en el que se multe a la autoridad también se inicie el incidente de inejecución, sino que entre la imposición de la sanción y el inicio de la incidencia debe mediar un plazo razonable. Justificación: La disposición en el sentido de esperar un plazo razonable entre la imposición de la multa y la apertura del incidente de inejecución obedece a que con la imposición de la medida de apremio se intenta vencer la renuencia del servidor público que se considera que ha obstaculizado la ejecución del fallo protector. El sistema sancionatorio en la ejecución de sentencias de amparo es progresivo, pues inicia con la imposición de multa por parte de la persona juzgadora de amparo y si a pesar de ello no se logra vencer la renuencia de la persona multada, la sanción escala hasta su destitución y consignación ante el Juzgado de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo." Requiere cumplimiento a superior jerárquico. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo se requiere al Director General del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua, residente en Monterrey, Nuevo León, -en su calidad de superiores jerárquicos de las autoridades indicadas-, para que ordenen a las mismas, den cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoria. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia 9/2022 estableció los lineamientos bajo los cuales se debe requerir a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables para lograr el cumplimiento de las sentencias definitivas, a saber: Que el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo es oficioso, lo que implica que la labor de la persona juzgadora de amparo debe ir más allá que una mera expectación de lo que informen las autoridades responsables, las vinculadas al cumplimiento y sus superiores jerárquicos, sino que merece una actitud proactiva que conduzca al eficaz cumplimiento de lo ordenado en la ejecutoria. Que resulta insuficiente que la autoridad superior jerárquica de la responsable manifieste que giró oficio para instarles a cumplir con la ejecutoria de amparo, pues debe acreditar que ejerció verdaderamente sus facultades como superior jerárquica para vencer la renuencia. Que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance como la imposición de medidas de apremio de índole interno y disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del Juzgado de Distrito en el cumplimiento, a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario, la persona juzgadora de amparo, debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica, y por tanto acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Lo anterior, porque el régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo conduce a considerar que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. Por tanto, su actuación debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 58/2008 y tesis CLXXV/ 2000 de la Primera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establecen: INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO. Para que en los incidentes de inejecución se actualice la sanción establecida en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario agotar previamente el procedimiento previsto en la Ley de Amparo; de manera que si al examinar de oficio el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se verifica que se requirió al superior jerárquico de las autoridades responsables a fin de conminarlo, al igual que a éstas, a dar cumplimiento a la sentencia de garantías, pero no han llevado a cabo todas las diligencias necesarias dentro del ámbito de sus facultades legales para hacerlo, es evidente que han incurrido en contumacia, retrasando el debido cumplimiento, por lo que debe estarse a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual dispone que las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo. En ese sentido, el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin enterarlo de que uno de sus subordinados ha incumplido con una sentencia de amparo y se concrete únicamente a enviarle una comunicación en la que le solicite obedezca el fallo federal, sino que el requerimiento de que se trata debe involucrar a tal grado al superior, que si la sentencia no se cumple, procede separarlo de su cargo y consignar los hechos directamente ante el juez de distrito que corresponda, en términos de la fracción del artículo 107 constitucional y de los numerales 105 y 107 de la Ley de Amparo. De ahí que un requerimiento de esa naturaleza, tiene por efecto que el superior jerárquico quede vinculado con las responsables a fin de hacer uso de todos los medios legales a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda hacer e imponer, para conseguir el cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del juez federal." INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer." Bajo el apercibimiento que de no demostrar que dieron la orden, se les impondrá una multa en los términos señalados en párrafos precedentes, además de que incurrirán en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Se agrega escrito de quejoso. Por otra parte, agréguese el escrito de la autorizada del quejoso, y en atención a su contenido, indíquese que se esté a lo acordado líneas precedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia digitalizada de la demanda de amparo promovida por ******************** por propio derecho y en representación de su hijo de iniciales ******************** contra actos del Juez Primero Civil Tradicional del Distrito Judicial Benito Juárez, con sede en Cuauhtémoc, Chihuahua y otra autoridad; tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1576/2023-X-5; sin que sea necesaria la formación del duplicado físico del incidente de suspensión. Del mismo modo, fórmese el expediente electrónico en términos de la normatividad vigente y el cuadernillo material únicamente con las promociones que se presenten en forma física así como las constancias de notificación correspondientes; lo anterior, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, y en el que expresarán si es o no cierto el acto que se le atribuye; de igual forma, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsable, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ella se reclame, cuando así corresponda, se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Precisión de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, esencialmente, el siguiente: Del Juez Primero Civil Tradicional del Distrito Judicial Benito Juárez: El auto del cinco de julio de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ordinario familiar ******************** en el que se ordenó la sustracción del niño y se pusiera bajo la guarda y custodia de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes de los distritos judiciales Benito Juárez y Arteaga. Lo anterior, como consecuencia del incumplimiento a los acuerdos emitidos por el Juzgado responsable a fin de recabar las diligencias necesarias para determinar si el niño cuenta con la madurez para entender la diligencia de escucharlo en el procedimiento de origen, como se precisará, en los antecedentes del acto reclamado. En ese sentido, la parte quejosa solicitó la suspensión para el efecto de que: "CAPÍTULO DE SUSPENSIÓN para efecto de que se queden las cosas como están y no se ejecute la resolución dictada por el Juez Primero de lo Civil Tradicional del Distrito Judicial Benito Juárez dentro del expediente ******************** de su índice en fecha cinco de julio del año dos mil veintitrés [.] " Al respecto, es oportuno precisar que este órgano jurisdiccional en atención al criterio contenido en la jurisprudencia 4/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede conceder la medida cautelar para efectos y consecuencias distintas de las propuestas por la parte quejosa, siempre y cuando se trate de los actos reclamados en el juicio de amparo. Sentado lo anterior, debe destacarse que los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que la parte quejosa debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado, a saber: Que expresamente la solicite la parte quejosa; Que haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Lo anterior encuentra sustento, en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley." Que expresamente la solicite la parte quejosa. El requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, es decir, que cuenta con un derecho tutelado. En el caso, el quejoso acredita su interés suspensional en virtud de que, según lo expresa en su demanda, le asiste el carácter de parte en el juicio de origen; por tanto, lo sucedido en ese procedimiento es susceptible de afectar su esfera jurídica. Es aplicable la siguiente tesis aislada de rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO PARA LA SUSPENSION PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SE SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Es verdad que a cargo del promovente del amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se requiere la plena demostración del referido interés, bastando la prueba indiciaria, deducida de lo asentado por el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado." Que haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita. Para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez de Distrito debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la medida cautelar, los cuales constituyen una confesión expresa. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DE LA QUEJOSA RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones de la quejosa hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que la quejosa da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Que los actos reclamados sean susceptibles de suspensión. En el caso, el quejoso reclama de forma destacada el auto del cinco de julio de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ordinario familiar ******************** en el que se ordenó la sustracción del niño ******************** y se pusiera bajo la guarda y custodia de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes de los distritos judiciales Benito Juárez y Arteaga. Ahora bien, es importante destacar que en este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 110********************-1-I el cual se trae a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del que se advierten los siguientes antecedentes: El treinta y uno de agosto de dos mil veintidós se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: "Dejar insubsistente el auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente de origen. Previo a ordenar la escucha del niño de iniciales ********************, deberá recabar aquellas diligencias de las que se desprenda que, con independencia de su edad cronológica -tomando en consideración, que a la fecha en que se resuelve el niño tiene seis años de edad-, cuenta con la madurez para entender la naturaleza y propósito de la diligencia en cuestión, así como a externar si es su voluntad hacerlo, para lo cual debe encontrarse asistido por un especialista en temas de infancia, así como por un representante que no constituya un conflicto de intereses, e incluso por una persona de su confianza. En el entendido de que el juzgador además de ordenar el respeto a ese derecho de la forma indicada, se encuentra en aptitud de desahogar, de oficio, los medios de convicción que estime pertinentes a efecto de contar con elementos suficientes que le permitan emitir una determinación que procure el menor riesgo para el infante. 3. Aunado a lo anterior, deberá designar a una persona que lo represente, dado los conflictos de intereses de los progenitores, con la finalidad de garantizar una representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de los derechos del niño en la litis planteada. 4. Efectuado lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda respecto a la incidencia de modificación de guarda y custodia, debiendo acatar los lineamientos precisados en el cuerpo de esta sentencia, considerando el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, el cual puede ser consultado en la liga electrónica: https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/2020-02/protocolo_nna.pdf; que si bien no es vinculante y por ende, no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, sí constituye una herramienta para los juzgadores, pues a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, que se refieren a niñas, niños y adolescentes. En el entendido, de que si la autoridad responsable advierte que existen acciones u omisiones que afectan al infante, deberá dar intervención a la Procuraduría de la Defensa del Menor, para que se tomen las medidas de protección necesarias tendentes a evitar que el niño en cuestión continúe en un medio nocivo que perjudico su desarrollo emocional." Luego, el cinco de julio de dos mil veintitrés, el Juez responsable dictó el auto reclamado en el que en la parte conducente determinó lo siguiente: "B) Sustracción. Túrnese los autos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Benito Juárez, para que conjuntamente con el personal de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes de los distritos judiciales Benito Juárez y Arteaga, que sea especialista en temas de infancia, así como con el auxilio de la fuerza pública, y con rompimiento de chapas y cerraduras, en caso de que sea conducente y necesario, y sea sustraído el niño de iniciales ******************** del lugar en que se encuentre, y en su caso la referida dependencia, lo mantenga bajo su guarda y custodia, hasta en tanto se lleven a cabo el estudio psicológico, la entrevista de prueba de aptitud y consentimiento para su escucha, y en su caso ésta última por parte de este tribunal." Dicha medida fue reiterada en acuerdo del catorce de julio de dos mil veintitrés. Luego, el dos de agosto de dos mil veintitrés, se acordó el escrito del quejoso quien refirió que presentaría de forma voluntaria al niño a fin de llevar a cabo su escucha en dicho procedimiento. Posteriormente, el ocho de agosto y veinte de septiembre de dos mil veintitrés se llevó a cabo la diligencia de escucha del niño y la prueba pericial en psicología; sin embargo, no se advierte que aun cuando se llevaron a cabo dichas diligencias, se haya dejado sin efectos la orden de sustracción del infante. Por tanto, como se aprecia de los antecedentes antes descritos, los efectos del acto reclamado son susceptibles de suspenderse, a fin de evitar que se verifique la integridad del niño. IV. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley. En cuanto a la parte del acto controvertido en el que se ordenó la sustracción del niño ******************** y se pusiera bajo la guarda y custodia de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes de los distritos judiciales Benito Juárez y Arteaga, se estima que es factible otorgar la medida cautelar, y para justificar tal decisión es necesario traer a colación los siguientes temas. Interés superior del menor En ese orden, el interés superior del menor debe ser el criterio rector para determinar todos los aspectos que trasciendan a sus intereses, el cual deriva del artículo 4°, de la Constitución Federal; y 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En relación con el interés superior del menor, es ilustrativa la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 265, Tomo XXVI, julio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño"." En esta línea, el interés superior del menor ordena la suplencia de la deficiencia de la queja en todas aquellas decisiones que puedan afectar los derechos e intereses de los menores, aunque con ello se llegue a modificar cuestiones que no figuran en los conceptos de violación o agravios de las partes, ofreciendo así una ventana procesal para garantizar los intereses de los menores en un contexto en el que las pretensiones de las partes resulten insuficientes para ello. Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en la tesis 1a. CCCLXXIX/2015 también se ha señalado que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: Como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; Como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades a la luz del interés superior del menor; y, Como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. En consecuencia, en los juicios en los que directa o indirectamente se ven involucrados los derechos de los menores, el interés superior del niño impone a los juzgadores la obligación de resolver la controversia atendiendo a lo que es mejor para el infante. El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. A fin de corroborar tal aserto, es menester tener en cuenta el artículo 129 de la Ley de Amparo, cuyo contenido dice: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; Como se ve, se considera que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, entre otros supuestos, se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico. Ahora, como se ha apuntado, de conceder la medida cautelar implicaría que no se presentara al menor a la audiencia en donde le efectuaría una entrevista. En ese contexto, es claro que la sustracción del niño ******************** y se pusiera bajo la guarda y custodia de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes de los distritos judiciales Benito Juárez y Arteaga es contrario al interés superior de éste, lo que contraviene disposiciones de orden público, precisamente por afectarse derechos del niño. Concesión de la medida cautelar. Con base en lo expuesto, y toda vez que se encuentran colmados los requisitos señalados, resulta procedente otorgar la suspensión de los efectos y consecuencias del acto reclamado. Efectos. En ese sentido, la concesión de la suspensión provisional consiste en que que: No se lleve a cabo la sustracción del niño ********************, pues como ya se dijo, de hacerlo se causarían daños de imposible reparación. Informe si persiste la medida de sustracción o, en su caso, de haberse dado cumplimiento a sus requerimientos [audiencia de escucha y desahogo de prueba pericial en psicología], deje sin efectos la orden de sustracción del niño Vigencia de la suspensión. La presente suspensión surte sus efectos desde este momento, y hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Garantía. Sin que sea dable, en la especie fijar garantía -en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo- para que surta efectos la suspensión del presente incidente, por tratarse de un juicio de amparo que involucre a un niño; en consecuencia, atendiendo al interés superior de éste, con la finalidad de resolver lo más benéfico para él, no resulta procedente fijar garantía para que surta efectos la medida cautelar. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este incidente de suspensión. EXPEDICIÓN DE COPIAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde ahora se autoriza a su costa la expedición de copias certificadas que sean de su interés, previa constancia que se deje en autos de tales efectos; en la inteligencia que dicha autorización no abarca la reproducción de otros documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. PUBLICIDAD DE DATOS PERSONALES Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora bien, dado el sentido de la presente determinación, notifíquese personalmente la misma a la tercera interesada ********************en el domicilio ubicado en ******************** por medio de despacho que se libre al Juez Civil por Audiencias en turno del Distrito Judicial Benito Juárez en Cuauhtémoc, Chihuahua. Notifíquese, y personalmente a la tercera interesada..

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