Juan Agripino Merlin Miguel

Expediente 1049/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1049/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Juan Agripino Merlin Miguel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA VII "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 1049/2022 promovido por JUAN AGRIPINO MERLIN MIGUEL, contra actos de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y, (.)C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013, y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, emitida por la autoridad responsable en el Toca Penal 18/2022, en la que confirmó el auto de formal prisión contra de Juan Agripino Merlin Miguel, por el delito de PECULADO, cometido en perjuicio patrimonial del Municipio de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos. La Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado ACEPTÓ la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las constancias que exhibió la responsable, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: 1. El dos de febrero de dos mil veintiuno, el Juez Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, en la causa penal 27/2018, de su índice, dictó auto de formal prisión en contra de Juan Agripino Merlin Miguel, como probable responsable en la comisión del delito de PECULADO, previsto por el artículo 213 en relación con los preceptos 8° fracción I, 10 fracción I del Código Penal vigente en el Estado, en relación con los artículos 24, 25, 59 bis 354 del Código de Procedimientos Penales en el Estado, ilícito cometido en perjuicio patrimonial del Municipio de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca y denunciado por Antonio Pérez Montes, Eleazar Chávez Castellanos y Reynaldo Luján Pérez. 2. Inconforme con dicha resolución el procesado Juan Agripino Merlin Miguel, interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien mediante resolución de cinco de abril de dos mil veintidós, confirmó el auto de formal prisión dictado en contra del aludido procesado por el delito de PECULADO, cometido en perjuicio del Municipio de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca. 3. En desacuerdo con esa resolución, el quejoso Juan Agripino Merlin Miguel, promovió juicio de amparo indirecto cuyo conocimiento correspondió conocer a este órgano en el expediente 529/2022, en el cual mediante resolución de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejara insubsistente la determinación de cinco de abril de dos mil veintidós y con plenitud de jurisdicción, dictara una nueva, la cual podría ser en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales o en su caso, emitiera una en sentido diverso. 4. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por este juzgado, la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en el Toca Penal 18/2022, en la que confirmó el auto de formal prisión, emitido en contra de Juan Agripino Merlin Miguel, por el delito de PECULADO, cometido en perjuicio patrimonial del Municipio de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca. Esta resolución es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: 1. Que se vulnera en su perjuicio los artículos 14, segundo párrafo, 16 y 19 de la Constitución Federal, porque no se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito de PECULADO. 2. Que en la época de los hechos el quejoso en su calidad de tesorero solo podía expedir cheques de forma mancomunada, por lo que los cheques solo podrían ser cobrados por los beneficiarios siempre y cuando llevaran todas las firmas, razón por la cual no existe el delito de que se trata. Que el quejoso no recibió dinero alguno de manera autónoma, siempre de manera mancomunada. 3. Que el quejoso no tiene conocimiento en materia de caligrafía, grafoscopía, grafometría y no quedó acreditado que haya falsificado o simulado las firmas del Presidente y Síndico Municipal. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierte queja deficiente que suplir, en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Contrariamente a lo afirmado por el peticionario del amparo, la sentencia de segunda instancia, no transgrede en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Federal, toda vez que al emitirla se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, en términos del ordinal 173, Apartado A, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20 constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, como es que deba ser escuchado el inculpado en preparatoria; estar asistido por defensor particular, solicitar la duplicidad del término constitucional y aportar pruebas durante éste, en el que se resolvió su situación jurídica, lo que constituyen verdaderas formalidades esenciales, las cuales fueron observadas por el juez instructor. Asimismo, debe decirse que, opuestamente a lo aducido por la parte quejosa, la Sala responsable estuvo en lo correcto al confirmar el auto de formal prisión, dictado el dos de febrero de dos mil veintiuno, en el proceso penal 27/2018, toda vez que dicho acto reclamado cumple con los requisitos legales para emitirlo, ya que el dictado del auto de formal prisión no debe exceder del plazo de setenta y dos horas, una vez que el indiciado es puesto a disposición de la autoridad judicial, en el que se debe expresar el delito que se le atribuya, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, además de los datos que arroje la averiguación previa, los cuales deberán ser suficientes, a efecto de acreditar los elementos del cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad de aquél, los cuales se encuentran previstos por el imperativo 19 de la Constitución Federal. Así, para la emisión de la resolución reclamada, la autoridad responsable debe sujetar su proceder a los lineamientos establecidos en el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán, el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado (.)". Lo transcrito clarifica que para dictar un auto de formal prisión, deben reunirse los requisitos siguientes: 1) Que sea emitido por autoridad judicial legalmente competente. 2) En la propia resolución, se expresen el delito que se impute al acusado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. 3) De lo actuado aparezcan datos bastantes para comprobar el cuerpo del delito. 4) Tales datos hagan probable su responsabilidad penal. De igual forma, el impetrante del amparo refiere que también se conculcan en su perjuicio los derechos fundamentales y humanos consagrados por el imperativo 16 de la Constitución Federal; sin embargo, debe decirse que la resolución reclamada no carece de la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe revestir, como lo establece el referido numeral, puesto que del análisis íntegro de dicha resolución, claramente se advierte que, en la especie, se satisface tal exigencia constitucional, dado que la responsable señaló las razones particulares y circunstancias especiales que la condujeron a resolver en la forma en que lo hizo, invocando los preceptos legales en que se fundó y que cobraron aplicación al caso concreto. Sirve de apoyo al anterior criterio la jurisprudencia número 204, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas 166, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, es aplicable la Jurisprudencia I.4o.A. J/43 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Mayo de 2006, novena época, página 1531, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." Ahora bien, el primero de los requisitos enunciados en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra acreditado, toda vez que la resolución combatida proviene de autoridad judicial legalmente competente, como lo es la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quien fundó su competencia en términos de los artículos 69, párrafo primero, del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 36 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; dado que los hechos sucedieron dentro de su jurisdicción. En lo que atañe al segundo de los requisitos enunciados en el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está acreditado; ello, en términos de las constancias remitidas por la autoridad responsable, donde se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de este juzgado el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en el toca penal 18/2022, la Sala responsable, confirmó el auto de formal prisión dictado contra del procesado JUAN AGRIPINO MERLÍN MIGUEL, como probable responsable en la comisión del delito de PECULADO, que se dice cometido en perjuicio de patrimonial del Municipio de Magdalena Apazco Etla, Oaxaca; ilícito previsto en el artículo 213 y sancionado por el diverso 212, ambos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Asimismo, en dicha resolución se expresaron el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, pues al respecto la responsable señaló: "(.) se colige que el procesado (JUAN AGRIPNO MERLÍN MIGUEL), desplegó una conducta ilícita con el carácter de Tesorero municipal del Municipal del Municipio de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, que ostentaba en el año dos mil once, toda vez que el diecinueve de septiembre de dos mil once, sustrajo de la oficina de la presidencia municipal del Municipio de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, las chequeras de la cuentas número 7177-45244 y 7177-45252 de la Institución Bancaria BANAMEX, Sucursal Etla, Oaxaca, motivo por el que ANTONIO PÉREZ MONTES, Presidente Municipal Constitucional de ese municipio se presentó hasta la Institución bancaria en cita, con el objeto de recoger las nuevas chequeras de las cuentas ya señaladas y una vez que se las entregaron, solicitó un estado de cuenta parcial, en donde el reporte solicitado arrojaba un faltante de QUINIENTOS MIL PESOS, del que dicho Presidente Municipal no había dispuesto a nombre de ese municipio; numerario perteneciente al "Ramo 33" Fondo III y IV, del cual se dispuso mediante los siguientes cheques número 0000136, deducido de la cuenta número 71770045252 de la Institución Bancaría Banco Nacional de México S. A., por la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL PESOS, a nombre de LUIS ENRIQUE BALTAZAR AQUINO, el diecisiete de septiembre de dos mil once, mismo que fue endosado y cobrado por el inculpado JUAN AGRIPINO MERLÍN MIGUEL en fecha dieciocho de octubre de ese mismo año (2011). Cheque número 000056, deducido de la cuenta bancaria número 71770045244, de la institución Bancara Banco Nacional de México S.A., a nombre de CARLOS CERERO MARTÍNEZ, por la cantidad de veinticinco mil pesos, y el cheque número 0000059, de diecisiete de septiembre de so mil once, por la cantidad de CUATROCIENTOS MIL PESOS, deducido de la cuenta número 71770045244, de la Institución Bancaria Banco Nacional de México S.A., misma que fue depositada a la cuenta bancaria número 0628138945, que se abrió a nombre de la empresa "CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CUAUHCIHUA". Recursos económicos que fueron desviados para otro destino y no para su objeto, debiendo precisarse que las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o conocidos como aquéllos que provienen del Ramo 33, son el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los Estados y Municipios, recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de Educación, Salud, infraestructura básica entre otros; sin embargo, el numerario ya señalado y que pertenecía a dicho ramo, no se destinó para atender dichas demandas, sino otras distintas, ocasionando con ello un detrimento en perjuicio patrimonial del MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO ETLA, OAXACA". Ahora, respecto al tercero y cuarto de los requisitos establecidos en el numeral 19 de la Constitución Federal, la responsable correctamente consideró que existen datos suficientes que acreditan los elementos que integran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal de Juan Agripino Merlín Miguel, por lo que confirmó el auto de formal prisión dictado en su contra por el Juez Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, el dos de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal 27/2018, por el delito de PECULADO, ilícito previsto en el artículo 213 y sancionado por el diverso 212, ambos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. en relación con los preceptos 8° fracción I, 10 fracción I del Código Penal vigente en el Estado, en relación con los artículos 24, 25, 59 bis 354 del Código de Procedimientos Penales en el Estado, ilícito cometido en perjuicio patrimonial del Municipio de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca. Ahora bien, por cuerpo del delito se debe entender al conjunto de elementos objetivos o externos y normativos que integran la conducta o hecho delictuoso. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 27 del tomo 58 Segunda Parte, Materia Penal, registro 236047, que dice: "CUERPO DEL DELITO, CONCEPTO DE. Por cuerpo del delito debe entenderse el conjunto de elementos objetivos que constituyen la materialidad de la figura delictiva descrita concretamente por la Ley Penal, y la determinación que tiene por acreditado el cuerpo del delito debe apoyarse en la demostración de la existencia de un hecho, con todos sus elementos constitutivos, tal como lo define la ley al considerarlo como delictivo y señalar la pena correspondiente." Ahora, los artículos 212 y 213 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, disponen: "Artículo 212. Al que cometa peculado, se le aplicará de uno a quince años de prisión, multa de mil a cincuenta mil pesos, destitución de empleo o cargo e inhabilitación de dos a seis años para obtener otro". "Artículo 213. Comete el delito de peculado: todo empleado o funcionario encargado de un servicio público, del Estado, municipal o descentralizado, aunque sea en comisión o por tiempo limitado, que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto el dinero, valores, fincas o cualquiera otra (sic) perteneciente al Estado, a un Municipio, a un organismo descentralizado o a algún particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por cualquier otra causa". Apoya a lo anterior la tesis VI.1o.119P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Tomo XV-2, correspondiente al mes de Febrero de mil novecientos noventa y cinco, página 438, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro digital 208599, de rubro y texto siguiente: "PECULADO, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE. De acuerdo al contenido del artículo 223, fracción I del Código Penal Federal, los elementos constitutivos del delito de peculado son los siguientes: a). Que el sujeto activo tenga el carácter de servidor público; b). La distracción de su objeto para uso propio o ajeno, es decir de otro, del dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular; y, c). Que por razón de su cargo los hubiera recibido en administración, depósito o por otra causa. Consecuentemente si no se demuestra la distracción de su objeto de lo recibido por el sujeto activo, para uso propio o ajeno, es indudable que no se tipifica el cuerpo de dicho ilícito." De lo expuesto se sigue que los elementos del cuerpo del delito de peculado, son: a) Que el sujeto activo tenga el carácter de servidor público. b) La distracción de su objeto para uso propio o ajeno. c) Que por razón de su cargo los hubiera recibido en administración, depósito o por otra causa. d) Que dicho bien pertenezca al Estado, a un municipio, a un organismo descentralizado o a algún particular. Asimismo, para la configuración de dicho ilícito se requiere: 1. La existencia de dinero, valores, fincas o cualquier otro bien, cuya propiedad sea del Estado, municipio, organismo descentralizado o a un particular; 2. Una calidad específica en el sujeto activo: Que tenga el carácter de servidor público; 3. Pero además, el elemento normativo esencial: la distracción de ese bien de su objeto, para usos propios o ajenos. En ese contexto, como legalmente lo razonó la Sala responsable, los elementos rectores del cuerpo del delito a estudio, se encuentran plenamente acreditados, al colmarse cada uno de ellos, los que en este apartado se analizan conjuntamente, por estar estrechamente vinculados, y se encuentran comprobados con los siguientes medios de prueba: El primer elemento rector del cuerpo del delito a estudio consistente en que el sujeto activo tenga el carácter de SERVIDOR PÚBLICO, se tuvo acreditado en términos de los artículos 2, 4 y 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipio de Oaxaca, ya que en la época de los hechos Juan Agripino Merlín Miguel, se ostentaba como tesorero municipal del Ayuntamiento de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, y fue que en ese carácter entre los meses de septiembre y octubre de dos mil once, distrajo de su objeto para usos propios y ajenos, la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS que había recibido en administración Lo que se corroboró con la fe de documentos realizada por el Representante Social el once de junio de dos mil dieciocho, en la que se certificó y dio fe de tener a la vista un cuadernillo de copias certificadas por el licenciado Antonio Cabrera Valdivia, Director de Gobierno de la Subprocuraduría de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno, que contiene la constancia de mayoría de la elección por el Sistema de Usos y Costumbres del Municipio de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, expedida por el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, el treinta y uno de diciembre de dos mil diez y el nombramiento de tres de enero de dos mil once, signado por Antonio Pérez Montes, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, mediante el cual se otorgó el nombramiento de tesorero municipal de ese ayuntamiento en el período de dos mil once a dos mil doce a favor de Juan Agripino Merlín Miguel. Probanza a la que se otorgó un valor probatorio indiciario en términos del artículo 354 del Código Federal de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, además de reunir los requisitos de los artículos 370 y 372 del Código Federal de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, ya que fue practicada por el Agente del Ministerio Público, investido de fe pública y legalmente facultada para ello, quien certificó y dio fe del documento mediante el cual Juan Agripino Merlín Miguel, fue designado como tesorero municipal del Ayuntamiento de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca. Con ello se tuvo por demostrado primero de los elementos del cuerpo del delito, consistente en la comprobación de la calidad específica del sujeto activo como servidor público. En lo que respecta al segundo de los elementos del cuerpo del delito de peculado, relativo a la de su objeto para uso propio o ajeno del dinero, valores distracción, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, a un municipio, a un organismo descentralizado o a un particular, se acreditó con: En primer término, la sala responsable definió que distraer, es apartar o desviar una cosa de su objeto; pero en el delito de peculado, el resultado delictivo se produce, no por el ataque a la propiedad del Estado, sino por la traición a la fidelidad y al normal cumplimiento de los deberes oficiales. Asimismo, precisó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que dicha acción implica que el sujeto activo, además de desviar o apartar una cosa de su objeto, cambie la finalidad jurídica de las sumas de dinero que le fueron confiadas y que se encuentran dentro de su esfera material en virtud del empleo o cargo público que desempeña. En ese sentido, consideró que estaba demostrado que el inculpado Juan Agripino Merlín Miguel, con el carácter de tesorero municipal en el año dos mil once, distrajo para usos propios y ajenos la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS que pertenecían al Ayuntamiento de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca y que había recibido en razón de su encargo. Que el numerario que se distrajo procedía del ramo 33, fondo III y IV, que es el mecanismo presupuestario diseñado para los estados y municipios, para fortalecer los rubros de educación, salud, infraestructura básica. Se determinó que el inculpado Juan Agripino Merlín Miguel, distrajo ese numerario mediante tres cheques, los cuales son: 1. Cheque número 0000136, deducido de la cuenta 71770045252, perteneciente a la institución Bancaria Banco Nacional de México S. A., que ampara la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL PESOS, a favor de Luis Enrique Baltazar Aquino el cual fue endosado y cobrado por el procesado Juan Agripino Merlín Miguel el 18 de octubre de esa misma anualidad (2011). 2. El cheque número 000056, deducido de la cuenta bancaria 71770045244, de la institución Bancaria Banco Nacional de México S. A., a favor de Carlos Cerero Martinez, por la cantidad de VEINTICINCO MIL PESOS; y 3. El cheque número 0000059 de diecisiete de septiembre de dos mil once, por la cantidad de CUATROCIENTOS MIL PESOS deducido de la cuenta 71770045244 de la institución Bancaria Banco Nacional de México S. A.; numerario que fue depositado en la cuenta bancaria número 0628138945, perteneciente a la institución bancaria denominada Banorte, sucursal plaza Oaxaca, y que fue apertura al nombre de la empresa "CONSTRUCCIONES Y CAMINOS DE CUAUHCIHUA S.A. de C.V. Asimismo, se concatena que el inculpado Juan Agripino Merlín Miguel, con el carácter de tesorero municipal, distrajo dicho numerario para otro destino, es decir para usos propios y ajenos y no para su objeto, con la denuncia de Antonio Pérez Montes, Eleazar Chávez Castellanos y Reynaldo Luján Pérez, Presidente Municipal, Regidor de Hacienda y Regidor de Educación del Ayuntamiento de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, de veintiocho de octubre de dos mil once y su ampliación. En dicha denuncia y su ampliación fueron categóricos en señalar que José López Santiago y Sergio Olivera Miguel, Síndico Municipal y Regidor de Policía en unión con Juan Agripino Merlin Miguel, en su carácter de Tesorero, sustrajeron de la oficina de la Presidencia Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, las chequeras de las cuentas 717745244 y 717745252 a cargo de la institución de crédito denominada Banamex, sucursal de Etla, Oaxaca. Que posteriormente al presentarse en la institución bancaria BANAMEX, sucursal Etla, Oaxaca, para recoger las nuevas chequeras de dichas cuentas y al pedir un estado de cuenta parcial se percataron del faltante de QUINIENTOS MIL PESOS, por lo que se desprendía la falsificación de las firmas del Presidente y Regidor de Hacienda, en el cheque número 56 de la cuenta 717745244 valioso por la cantidad de VEINTICINCO MIL PESOS con fecha de cobro diecisiete de octubre de dos mil once, el cheque número 59 de la cuenta número 717745244 valioso por la cantidad de CUATROCIENTOS MIL PESOS con fecha de cobro diecinueve de octubre de dos mil once y el cheque número 136 de la cuenta 717745252 por la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL PESOS cobrado el día dieciocho de octubre de dos mil once, respectivamente, todas las cuentas a nombre del municipio de Magdalena Apasco, Oaxaca, desconociendo el nombre de quien se destinaron esos recursos, pero como los señores José López Santiago y Sergio Olivera Miguel, Juan Agripino Merlin Miguel, sustrajeron dichas chequeras ellos debían ser los responsables. Precisaron que el cheque 136 de la cuenta número 71770045252 sucursal Etla 7177, de la institución Bancaria Banco Nacional de México S. A., por la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL PESOS a favor de Luis Enrique Baltazar Aquino, expedido el dieciséis de septiembre de dos mil once, fue endosado a nombre de Juan Agripino Merlín Miguel y éste lo cobró el dieciocho de octubre de dos mil once; asimismo en fecha diecinueve de septiembre de dos mil once, se expidió el cheque 56 deducido de la cuenta bancaria 7177045244 sucursal Etla 7177, de la institución Bancaria Banco Nacional de México S. A., a favor de Carlos Cerero Martínez por la cantidad de VEINTICINCO MIL PESOS, el cual fue cobrado por Juan Agripino Merlín Miguel el diecisiete de octubre de dos mil once y lo mismo aconteció respecto al cheque 59 de diecisiete de septiembre de dos mil once, por la cantidad de CUATROCIENTOS MIL PESOS, deducido de la cuenta número 71770045244 sucursal Etla, Expedido a favor de CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CUAUHCIHUALT. S.A DE C.V., para abono a la cuenta número 0628138945, cheque que fue depositado en fecha dieciocho de octubre de dos mil once, en el Banco Mercantil del Norte sucursal plaza Oaxaca; el dinero correspondía a los recursos del ramo 33 fondo III y IV, que era destinado para obras de seguridad, sin embargo dicha empresa de construcciones nunca prestó ningún servicio en dicha comunidad. Denuncia y ampliaciones a las que se les concedió valor probatorio de indicio, en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, porque cumplen con los requisitos que establecen los diversos numerales 6, 9, 10 y 11, todos del citado código ya que sus exponentes tuvieron conocimiento directo de los hechos delictuosos que denunciaron por ser los representantes del municipio de Magdalena Apasco Etla Oaxaca. Además, dichas declaraciones cumplieron con lo dispuesto por el artículo 355 fracción VI, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, toda vez que fueron rendidas por personas capaces de declarar sin que exista prueba en contrario, además que fueron aptas para acreditar que el inculpado Juan Agripino Merlín Miguel distrajo para usos propios y ajenos la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS a través del cobro de tres cheques ya precisados, numerarios que pertenecía al municipio de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca. También obran las comparecencias de Eduardo Chávez Cruz de once de noviembre de dos mil dieciséis y de Celestino Espinosa Cuevas, de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, ante la representación social, quienes hicieron suya la denuncia por escrito de veintiocho de octubre de dos mil once, por Antonio Pérez Montes, Eleazar Chávez Castellanos y Reynaldo Luján Pérez, Presidente Municipal, Regidor de Hacienda y Regidor de Educación del Ayuntamiento de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, solicitando se practiquen todas las diligencias conducentes para la debida integración de la averiguación previa. Comparecencias a las que se les concedió valor probatorio de indicio, en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, al hacer suya la denuncia, asimismo esas declaraciones cumplieron con las exigencias del artículo 355 fracción VI, del código en comento. Asimismo, la comparecencia y ratificación del escrito de declaración ministerial de José López Santiago, de dieciocho de enero de dos mil once, quien esencialmente negó los hechos que le imputan los señores Antonio Pérez Montes, Eleazar Chávez Castellanos y Reynaldo Luján Pérez, toda vez que expuso que no intervino en la firma y manejo de las chequeras aperturadas a nombre del Municipio de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, además de que a la fecha en que se presentó la denuncia Antonio Pérez Montes, ya había renunciado al cargo de Presidente Municipal y en su lugar fue nombrado otra persona, lo que originó la controversia constitucional 111/2011 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ratificó el nombramiento de la nueva persona elegida como presidente municipal, por lo que todas las actuaciones posteriores al veintisiete de septiembre de dos mil once, no deber ser consideradas como legales. La comparecencia ministerial de Sergio Olivera Miguel, de veinticuatro de marzo de dos mil catorce, quien negó categóricamente los hechos que le imputan los señores Antonio Pérez Montes, Eleazar Chávez Castellanos y Reynaldo Luján Pérez, toda vez que no sustrajo las chequeras del Municipio de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, el diecinueve de septiembre de dos mil once, asimismo manifestó que Antonio Pérez Montes el dieciocho de septiembre de dos mil once, renunció al cargo de Presidente Municipal, en atención a ello el cabildo municipal aceptó su renuncia con fecha de diecinueve de septiembre de dos mil once y en su lugar se designó a Enrique Martínez Chávez, lo que se ratificó en la controversia constitucional 111/2011 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Expuso además que él no integró la comisión Hacendaria del Municipio de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, que esa comisión se encontraba integrada por Enrique Martínez Chávez, Presidente Municipal, José López Santiago, en su carácter de síndico municipal y Juan Agripino Merlín Miguel, en su carácter de Tesorero Municipal. Comparecencias a las que se les concedió valor probatorio de indicio, en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, asimismo sus declaraciones cumplen con las exigencias del artículo 355 fracción VI, del código en comento. Exposiciones que robustecieron la denuncia de Antonio Pérez Montes, Eleazar Chávez Castellanos y Reynaldo Luján Pérez, ya que ambos comparecientes aseguraron de manera coincidente que Juan Agripino Merlín Miguel, en su carácter de tesorero municipal, era una de las personas que integraba la comisión de hacienda del municipio afectado en el dos mil once, que él tenía en su posesión las chequeras que se aperturaron a nombre del Municipio de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, de manera mancomunada, y solo podían ser cobrados por los autorizados para ello, entre de los cuales se encontraba el inculpado Juan Agripino Merlín Miguel. Con dichas probanzas la sala responsable determinó que se encontraba demostrado que el inculpado Juan Agripino Merlín Miguel, distrajo para usos propios y ajenos la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS a través del cobro de los tres cheques ya descritos. Asimismo, se tomó en cuenta el oficio MPIOMA AP.E/39/2018 de doce de abril de dos mil dieciocho, signado por Francisco Chávez Santiago, Presidente Municipal de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, quien informó que en el archivo municipal no se cuenta con expediente de obra alguna que haya realizado la empresa CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CUAUHCIHUALT. S.A DE C.V. Documental que se le asignó eficacia probatoria plena en términos del artículo 355 fracción I, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Oaxaca, toda vez que se trata de un documento público signado por el Presidente Municipal de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, no redargüido de falso por las partes, además de reunir los requisitos del numeral 356 del citado ordenamiento legal, porque fue expedido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y es eficaz para corroborar que la suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS, depositada a la cuenta de la empresa CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CUAUHCIHUALT. S.A DE C.V., tampoco fue destinada a su objeto primordial que es la realización de alguna obra en los rubros de educación, salud o infraestructura básica en dicho municipio. También, obra el oficio número 214-2/SJ-428779/2012, de dos de julio de dos mil doce, suscrito por Carlos Palacio Ahumada (derivado del diverso 214-2/SJ-222419/2012, de cuatro de julio de esa anualidad, suscrito por el Director General adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Humberto Ríos Cruz), en el cual informó que las cuentas bancarias 717745244 con número de contrato 9254826307 y 717745252 con número de contrato 9254828097 se encuentran registradas a nombre del Ayuntamiento de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, remitiendo copia certificada del estado de ambas cuentas, en donde se advierte que en el mes de octubre de dos mil once, se cobró el cheque 000136 por la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL PESOS, que el diecisiete de octubre de dos mil once, se cobró el cheque número 000056 por la cantidad de VEINTICINCO MIL PESOS y que el diecinueve de ese mismo mes y año se cobró el cheque 000059 por la cantidad de CUATROCIENTOS MIL PESOS. Documental que se le asignó eficacia probatoria plena en términos del artículo 355 fracción I, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Oaxaca, toda vez que se trata de un documento público signado por Carlos Palacio Ahumada (derivado del diverso 214-2/SJ-222419/2012, de cuatro de julio de esa anualidad, suscrito por el Director General adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Humberto Ríos Cruz), no redargüido de falso por las partes, además de reunir los requisitos del numeral 356 del citado ordenamiento legal, porque fue expedido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y es eficaz para corroborar que en el mes de octubre de dos mil once se cobraron tres cheques, sin que obre prueba o respaldo de que esos dineros se hayan destinado para realizar obras o velar por la seguridad social de la comunidad. También el oficio FEADAI/1506/2018 de treinta de mayo de dos mil dieciocho, procedente del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos de Alto Impacto, con el que remitió el oficio 214-2/SJ-6857341/2018 de la Comisión Bancaria y de Valores, deducida del expediente J/IN1-1804-011875-IGA, de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, con el cual se adjuntaron copias certificadas por el personal del Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Banorte, en relación a la cuenta 0628138945, que se aperturó el veintisiete de octubre de dos mil nueve, a nombre de la empresa CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CUAUHCIHUALT. S.A DE C.V., sus personas autorizadas y lo que resaltaba es que el diecinueve de octubre de dos mil once, se hizo un depósito de CUATROCIENTOS MIL PESOS a dicha cuenta. Documental que se le asignó eficacia probatoria plena en términos del artículo 355 fracción I, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Oaxaca, toda vez que se trata de un documento público signado por el Fiscal Especializado para la Atención del Delitos de Alto Impacto, no redargüido de falso por las partes, además de reunir los requisitos del numeral 356 del citado ordenamiento legal, porque fue expedido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y es eficaz para corroborar que el inculpado distrajo de su objeto la cantidad de CUATROCIENTOS MIL PESOS a nombre de la persona moral CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CUAUHCIHUALT. S.A DE C.V. En relación a análisis de que si los tres cheques fueron firmados por los denunciantes Antonio Pérez Montes y Eleazar Chávez Castellanos, se desahogó el dictamen de ejercicios caligráficos de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, elaborado por Gilberto de Jesús Aragón Calvo, perito adscrito a la Fiscalía General de Justicia en el Estado, quien determinó que existían diferencias estructurales y de grupo de gestos gráficos entre las imágenes de las firmas que aparecen en los cheques 0000059, 0000056 y 00000136 y las firmas de Antonio Pérez Montes y Eleazar Chávez Castellanos, dichas diferencias podían constituir indicios o signos típicos del mecanismo de falsificación servil o imitación. Dictamen que se le asignó eficacia probatoria indiciaria en términos del artículo 355 fracción I, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Oaxaca, además de que reúne los diversos numerales 396, 398, 399, 400, 401 y 404 del código adjetivo penal en consulta, ya que el experto practicó todas las operaciones de su ciencia, estableciendo las diferencias estructurales y de gestos gráficos y llegando a la conclusión respectiva, expresando la forma de los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento para emitir su opinión. Derivado de lo anterior y de las copias de los cheques 0000059, 0000056 y 00000136, se advirtió que en todos ellos aparecía la firma del inculpado Juan Agripino Merlín Miguel, sin que haya sido redargüida de falsa, por lo que se corrobora la distracción de las cantidades que hizo efectivas mediante el cobro de esos cheques, lo que corrobora además sabía que esas cantidades tenían una finalidad distinto al que se le dio, además de que no se advierte que esos recursos fueran utilizados para una obra en el municipio afectado sino que se distrajo para usos propios y ajenos. Con dichos elementos de prueba quedó acreditado el segundo de los elementos del cuerpo del delito toda vez que no se advierte que los tres cheques tiene comprobación de utilización para fines distintos a lo destinado y por ello se infiere la distracción de ese recurso para usos propios o ajenos del inculpado. Por cuanto hace al tercer elemento del cuerpo del delito de peculado, referente a que por razón del cargo del activo hubiere recibido el numerario que distrajo en administración, depósito o por otra causa; la responsable señaló: Que estaba acreditada la premisa que durante la administración de dos mil once, como persona moral, del Ayuntamiento de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, era titular de las cuentas bancarias 7177-45244 y 7177-45252 de la Institución Bancaria Banco Nacional de México (BANAMEX), Sucursal Etla, Oaxaca, en los cuales fueron depositados los recursos que correspondían a dicho ayuntamiento, procedente del Ramo 33 Fondo III y IV, cuyo destino era la realización de obras en la comunidad así como la de seguridad pública. Por lo tanto, la responsable estableció que el inculpado Juan Agripino Merlín Miguel, en su calidad de Tesorero Municipal, recibió en administración los recursos económicos del Ramo 33 Fondo III y IV, para fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de su gobierno, lo cual no hizo dado que distrajo de su objeto para uno diverso la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS, cuyo objeto era la implementación de obra pública y la seguridad del municipio de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, lo que no aconteció en razón de que la distracción fue utilizada en favor de un particular, una persona ajena a esa administración y de una empresa de construcciones. Para acreditar lo anterior se tomó en consideración el dicho de los denunciantes Antonio Pérez Montes, Eleazar Chávez Castellanos y Reynaldo Luján Pérez, Presidente Municipal, Regidor de Hacienda y Regidor de Educación del Ayuntamiento de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, del cual se desprende que durante el mes de septiembre de dos mil once, el recurso fue recibido en administración por José López Santiago, Sergio Olivera Miguel y Juan Agripino Merlin Miguel, Síndico Municipal, Regidor de Policía y Tesorero Municipal, siendo este último quien aprovechando que tenía en su poder las chequeras del aludido municipio, extendió los cheques 0000059, 0000056 y 00000136, usando una rúbrica y firmas no reconocidas por los denunciantes en su carácter de Presidente y Regidor de Hacienda, distrayendo para sí y para otras personas, la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS. De igual forma, el dictamen de contabilidad de ocho de agosto de dos mil dieciocho, realizado por el perito Enrique Hugo Méndez Sánchez, perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, quien concluyó que el monto del detrimento patrimonial del Municipio de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, ascendía a la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS. Dictamen debidamente ratificado el quince de agosto de dos mil dieciocho. Pericial a la que se le asignó valor probatorio indiciario en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Oaxaca, además de que reúne los diversos numerales 396, 400, 401 y 403 del aludido ordenamiento legal, ya que el experto practicó todas las operaciones de su ciencia, estableciendo los hechos y circunstancias que le sirvieron de fundamento, el método y el material utilizado, para determinar el monto del detrimento que sufrió el Municipio de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca. Igualmente se precisó que con la denuncia de hechos Antonio Pérez Montes, Eleazar Chávez Castellanos y Reynaldo Luján Pérez, afirmaron que el inculpado Juan Agripino Merlín Miguel, conformó parte del Ayuntamiento de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, en el año dos mil once y que todos ellos recibieron en administración el numerario correspondiente al ramo 33; asimismo se demostró que con las documentales que remitió la Secretaria de Gobierno del Estado, se acreditaba el nombramiento otorgado a Juan Agripino Merlín Miguel, como servidor público del aludido ayuntamiento y que no observó lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, que prevé que los regidores en unión del presidente y los síndicos formaran un cuerpo colegiado denominado ayuntamiento, con la finalidad de coordinar, deliberar y adoptar decisiones que fortalezcan las políticas públicas en general. Con dichos elementos de prueba quedaba comprobado que el inculpado Juan Agripino Merlín Miguel, en su carácter de tesorero municipal era el responsable de vigilar los actos relacionados con la administración del Ramo 33 Fondo III y IV que recibió de manera conjunta con otros funcionarios del Municipio de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, por lo tanto, en la época de los hechos y en función del cargo público que desempeñaba tenía bajo su administración los recursos económicos de ese ramo, y por ello pudo distraer la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS, comprobándose de esa forma el tercer elemento que el tipo exige para su configuración. Finalmente, el cuarto elemento del cuerpo del delito consistente en que la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS pertenecía al Municipio de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, se comprueba con la denuncia de Antonio Pérez Montes, Eleazar Chávez Castellanos y Reynaldo Luján Pérez, quienes manifestaron que las cantidades que fueron cobradas mediante los aludidos cheques, eran dinero que habían recibido en administración del parte del Ramo 33 Fondo III y IV, destinado para obras y seguridad, con ello se comprobaba que el bien que se distrajo pertenecía al aludido ayuntamiento. Con el oficio número 214-2/SJ-428779/2012, procedente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, suscrito por el Director General adjunto Carlos Palacio Ahumada, de cuatro de julio de dos mil doce, quien informó que las cuentas bancarias 717745244 con número de contrato 9254826307 y 717745252 con número de contrato 9254828097 se encuentran registradas a nombre del Ayuntamiento de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, asimismo se advierte que en el mes de octubre de dos mil once, se cobró el cheque 000136 por la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL PESOS, que el diecisiete de octubre de dos mil once, se cobró el cheque número 000056 por la cantidad de VEINTICINCO MIL PESOS y que el diecinueve de ese mismo mes y año se cobró el cheque 000059 por la cantidad de CUATROCIENTOS MIL PESOS. Documental con la que se demuestra que los cheques que se hicieron efectivos se dedujeron de las cuentas bancarias del municipio afectado y en donde los distrajo para usos propios o ajenos el encausado Juan Agripino Merlín Miguel. Dichos datos de prueba fueron valorados en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Oaxaca, según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural que existe entre la verdad conocida y la que se busca, permitían arribar que el inculpado Juan Agripino Merlín Miguel, desplegó una conducta ilícita con el carácter de tesorero municipal del Municipio de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, toda vez que fue la persona que el diecinueve de septiembre de dos mil once, sustrajo de la oficina de la presidencia municipal las chequeras de las cuentas número 7177-45244 y 7177-45252 de la Institución Bancaria BANAMEX, Sucursal Etla, Oaxaca y distrajo la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS, que pertenecían a recursos del Ramo 33 Fondo III y IV, mediante el cobro de tres cheques, para usos propios y ajenos en perjuicio patrimonial del Municipio de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca. Proceder que trastocó el bien jurídico protegido como lo es la seguridad y correcta administración del servicio y de la función pública por el orden público, perjudicándose el patrimonio económico del Ayuntamiento Constitucional de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca. Se precisó que el objeto material lo constituye la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS, dado que fue sobre esa cantidad sobre el que recayó el injusto penal que se atribuye al inculpado Juan Agripino Merlín Miguel. Y el resultado material es el menoscabo que se le causó a la esfera patrimonial del municipio de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, que es la conducta que se inculpa al encausado, quien en su calidad de tesorero recibió en administración el resguardo de diversas cantidades de dinero, entre de ellas la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS, a la que le dio un uso propio y ajeno al que estaba destinado, misma que tenía por objeto la realización de obra pública y la seguridad de ese ayuntamiento, en relación a los hechos que constan en la denuncia de hechos y demás constancias de autos. En tenor al observarse lo dispuesto por el artículo 19 Constitucional, y al estar comprobado el cuerpo del delito de PECULADO en perjuicio patrimonial del Municipio de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, la sala responsable confirmó el auto de formal prisión emitido en contra de Juan Agripino Merlín Miguel. Y finalmente en cuanto al último de los elementos exigidos por el artículo 19 constitucional, consistente en la probable responsabilidad de Juan Agripino Merlín Miguel, en la comisión del delito de peculado, en agravio del Ayuntamiento Constitucional de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, previsto por el artículo 213 y sancionado por el numeral 212, ambos del Código Penal para el Estado de Oaxaca, se tuvo por acreditado en términos del artículo 11, fracción II, del Código Penal para el Estado; y se apoyó en las mismas pruebas que sirvieron de base para tener por comprobado el cuerpo del delito, cobrando relevancia las siguientes: 1. La denuncia de Antonio Pérez Montes, Eleazar Chávez Castellanos y Reynaldo Luján Pérez, Presidente Municipal, Regidor de Hacienda y Regidor de Educación del Ayuntamiento de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, de veintiocho de octubre de dos mil once. 2. La ampliación de la denuncia por parte de Reynaldo Luján Pérez, 3. La comparecencia de Antonio Pérez Montes. 4. La comparecencia de Eleazar Chávez Castellanos. 5. Las comparecencias de Eduardo Chávez Cruz de once de noviembre de dos mil dieciséis y de Celestino Espinosa Cuevas, de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. 6. La comparecencia y ratificación del escrito de declaración ministerial de José López Santiago, de dieciocho de enero de dos mil once. 7. La comparecencia ministerial de Sergio Olivera Miguel, de veinticuatro de marzo de dos mil catorce. 8. El oficio número 214-2/SJ-428779/2012, de dos de julio de dos mil doce, suscrito por Carlos Palacio Ahumada (derivado del diverso 214-2/SJ-222419/2012, de cuatro de julio de esa anualidad, suscrito por el Director General adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Humberto Ríos Cruz). 9. El oficio FEADAI/1506/2018, de treinta de mayo de dos mil dieciocho, procedente del Fiscal Especializado para la Atención del Delitos de Alto Impacto, con el que remitió el oficio 214-2/SJ-6857341/2018 procedente de la Comisión Bancaria y de Valores, deducida del expediente J/IN1-1804-011875-IGA, de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 10. El dictamen de ejercicios caligráficos de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, realizado por Gilberto de Jesús Aragón Calvo, perito adscrito a la Fiscalía General de Justicia en el Estado. Y hecha la valoración individual de todos esos elementos de prueba cuyo estudio se omite en obvio de repeticiones innecesarias, la sala responsable concluyó que esas probanzas relacionadas y tasadas en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente, permitían establecer que el procesado Juan Agripino Merlín Miguel, con el carácter de tesorero municipal del municipio de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, que ostentaba en el año dos mil once, sustrajo el diecinueve de septiembre de dos mil once, de las oficinas de la presidencia municipal las chequeras de las cuentas bancarias 717745244 y 717745252 a cargo de la institución de crédito denominada Banamex, sucursal de Etla, Oaxaca, de donde se advirtió un faltante de QUINIENTOS MIL PESOS, correspondiente al ramo 33 fondos III y IV, destinado a obra y seguridad pública, a través de tres cheques propiedad del ayuntamiento ofendido, para usos propios y ajenos. Por tanto, se concluyó que Juan Agripino Merlín Miguel, era autor material del delito de PECULADO cometido en perjuicio patrimonial del Municipio de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, de conformidad con el artículo 11 fracción II, del Código Penal del Estado de Oaxaca, toda vez que tuvo el dominio funcional del hecho y la libertad a su alcance para evitar producir el resultado, pero lejos de hacerlo dirigió su proceder en los términos ya indicados, ya que decidió distraer de su objeto la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS. Sin que impidiera concluir en los términos precisados por la responsable, la declaración de Juan Agripino Merlín Miguel, emitida por escrito el dieciocho de enero de dos mil trece, en la que en esencia negó los hechos que se le atribuyen, a la que la sala responsable le concedió valor probatorio de indicio en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Oaxaca; sin embargo, precisó, que la negativa del procesado de los hechos que se le atribuyen, no lograban destruir los señalamientos que obran en su contra, tratándose de un medio defensivo para eximirse del juicio que se le instruye. Aplicando en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI.1o.P. J/15, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 1162 del tomo XIV, Septiembre de 2001, Materia Pena, registro número 188852, de rubro y texto siguientes: "DECLARACIÓN DEL INCULPADO. LA NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL DELITO QUE SE LE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LOS ELEMENTOS DE CARGO QUE EXISTEN EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 193 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que establece: "El que niega está obligado a probar cuando su negación es contraria a una presunción legal o envuelva la afirmación expresa de un hecho."; la sola negativa del inculpado de haber participado en el delito o delitos que se le imputan, resulta insuficiente para desvirtuar los elementos de cargo que existen en su contra en el proceso penal; máxime que durante la secuela procesal no aportó prueba alguna para acreditar su versión defensiva, pues admitir como válida ésta, sería tanto como darle preponderancia a su dicho sobre las demás pruebas." Se estableció que la conducta que desplegó el encausado Juan Agripino Merlín Miguel, fue a título doloso de conformidad con el artículo 8, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, ya que conocía los elementos del tipo penal y no obstante consumó el hecho delictivo en contra de la seguridad en la concreta administración del servicio y de la función pública amparado por el orden jurídico. Por lo que la sala responsable procedió a confirmar el auto de formal prisión en contra de Juan Agripino Merlín Miguel, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de PECULADO cometido en perjuicio patrimonial del Municipio de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca. Consecuentemente, con los citados elementos de prueba que se apreciaron por la Sala responsable, son suficientes tanto para tener por acreditado el cuerpo del delito de que se trata, como para sustentar la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia VI.2o. J/93, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, página 341, Octava Época, Materia Penal, con número de registro 224782, que dice: "CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Si bien es cierto que cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona; también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia una violación de garantías". Por lo tanto, la autoridad responsable expresó las circunstancias que la llevaron a darle el valor probatorio a las probanzas relacionadas en el caso en concreto, puntualizando las razones para acreditar la probable responsabilidad del indiciado Juan Agripino Merlín Miguel; en consecuencia, quedaron cubiertos los requisitos contenidos en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dictar el auto de formal prisión en su contra al expresar los motivos por los cuales, estimó configurada su probable responsabilidad en la comisión del delito que se le imputa. Por tanto, contrariamente a lo expuesto por la parte quejosa, el acto reclamado consistente en la confirmación del auto de formal prisión se encuentra suficientemente fundado y motivado cumpliendo con la exigencia contenida en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que por un lado, la autoridad jurisdiccional responsable señaló los preceptos legales aplicables al caso y por otro, expresó los motivos particulares y circunstancias especiales por los que a su juicio y bajo su criterio, consideró que las pruebas existentes en la averiguación previa justificaban el cuerpo del delito y hacen probable la responsabilidad del quejoso en su comisión. Lo anterior es así, en atención a que es preciso señalar que para el dictado de un auto de formal prisión no se requiere de pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado, sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos de los que se desprendan datos que hagan probable su responsabilidad. Resulta aplicable la Jurisprudencia VI.1o. J/49 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, página 76, Octava Época, Materia Penal, con número de registro 222763, cuyo rubro y texto son: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado". En relación al concepto de violación consistente en que en la época de los hechos el quejoso en su calidad de tesorero solo podía expedir cheques de forma mancomunada, por lo que los cheques solo podrían ser cobrados por los beneficiarios siempre y cuando llevaran todas las firmas. Dicho motivo de disenso es infundado, toda vez que conforme al acervo probatorio tomado en consideración para la emisión del auto de formal prisión y su confirmación, se advierte que dos cheques fueron endosados y cobrados por el directo quejoso y el último cheque también fue autorizado por el ahora promovente del amparo y depositado a favor de una persona moral. Igualmente porque la parte quejosa no acreditó que esos recursos los destinó para el fin que expresamente debían ser ocupados, en el caso en concreto, obras y seguridad social a favor de la comunidad de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca. Y finalmente, en lo relativo a que el quejoso no tiene conocimiento en materia de caligrafía, grafoscopía, grafometría y no quedó acreditado que el quejoso haya falsificado o simulado las firmas del Presidente y Síndico Municipal. Dicho concepto de violación es infundado, tomando en consideración que en autos obra la pericial de ejercicios caligráficos elaborada por un experto oficial adscrito a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Oaxaca, quien determinó que existían indicios o signos típicos del mecanismo de falsificación servil o imitación de las firmas de Antonio Pérez Montes y Eleazar Chávez Castellanos, en los cheques mediante los cuales se desviaron los recursos para el fin que se encontraban destinados. Además que, esa aseveración del quejoso Juan Agripino Merlín Miguel en términos de lo que establece el artículo 369 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Oaxaca, deberá acreditarse con la prueba idónea en la etapa de instrucción en el procedimiento natural. En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no haber motivo para suplir la deficiencia de la queja, pues no se encuentra dentro de los supuestos para tal efecto, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a JUAN AGRIPINO MERLIN MIGUEL, contra actos de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito y anexo de cuenta, firmado por Síndico Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca; en atención a su contenido, se tiene por apersonado en su carácter de tercero interesado; como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y atento a la certificación secretarial de cuenta, por autorizado en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a José Roberto López Reyes, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos, toda vez que no existe registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que en vía de alegatos realiza, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. AUTORIZACIÓN DEL USO MEDIOS ELECTRÓNICOS No obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la Ley de Amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la promovente, utilizar medios electrónicos, que le permitan obtener copia de las constancias y documentos que obren en el presente asunto. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que hagan de ellos los peticionarios, quienes estarán obligados a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página dos mil ochocientos cuarenta y siete del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia civil, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En el entendido de que dicha reproducción deberá realizarse en la secretaría correspondiente, dejándose constancia en el expediente de los documentos que se hayan reproducido. Toda vez que conforme a la certificación de cuenta se advierte registrado el usuario "reyes89" en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 7/2021 del mismo Pleno, y el último párrafo del considerando noveno, 35, 36, 39 y 98 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la referida parte procesal la consulta del expediente electrónico de este asunto. Para ello la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado, deberá vincular el usuario que indica la promovente previa verificación de que los datos coincidan con el registro de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. DIFERIMIENTO Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el diez de noviembre de dos mil veintidós y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que en autos no se tiene certeza si el Ayuntamiento Constitucional de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, señalado como tercero interesado, quedó debidamente emplazado a juicio, toda vez que en el acuse de notificación no se advierte que se haya corrido traslado con copia simple de la demanda de amparo. En tal virtud, para no dejar en estado de indefensión a dicha parte procesal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e), emplácese al Municipio de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, por conducto de su representante legal, que resulta ser Edmundo Espinoza Díaz, Síndico Municipal de ese Ayuntamiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 28, fracción III y 30 de la Ley de Amparo, así como el 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por economía procesal, gírese oficio vía correo electrónico a la referida parte procesal al que se le inserte copia de la demanda origen del presente expediente, para que comparezca a juicio si a sus intereses conviniere. ENVÍO DEL OFICIOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO Se instruye al Actuario a quien corresponda este expediente, para que el oficio dirigido al Ayuntamiento Constitucional de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, con la demanda de amparo, lo mande al correo electrónico siguiente: 1.- municipiomagdalenaapasco@gmail.com. Debiendo confirmar su envío al número telefónico 9515215388, hecho lo anterior, vincule al expediente electrónico la constancia de notificación correspondiente. Es aplicable por identidad jurídica la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2178, Décima Época, Materias Común, con número de registro digital 2016852, de rubro y textos siguientes: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido". Asimismo, la tesis I.15o.C.23 K (10a.), emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, página 3381, Undécima Época, Materias Común, con número de registro digital 2024283 de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENARLA POR CUALQUIER MEDIO TECNOLÓGICO OFICIAL (CORREO ELECTRÓNICO), BAJO EL ESQUEMA DE CONTINGENCIA POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). El artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé que cuando se trate de casos urgentes y lo requiera el orden público, puede ordenarse que la notificación se haga a las autoridades por cualquier medio oficial (como puede ser el correo electrónico), ello para la eficacia de la notificación; igualmente, el artículo 30 del mismo ordenamiento establece las reglas para las notificaciones por vía electrónica. En ese sentido, bajo el esquema de contingencia para los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19), el juzgador está facultado para hacer uso de las herramientas tecnológicas para notificar o requerir a diversas autoridades, o entablar comunicación a través de los medios tecnológicos que estime convenientes, para lo cual tiene al alcance el concentrado de correos electrónicos institucionales de las entidades federativas y dependencias federales emitido por el Consejo de la Judicatura Federal". Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y, en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. NOTIFÍQUESE; INSTRÚYASE AL ACTUARIO.

  4. Principal

    MESA VII "... En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que en proveído de nueve de septiembre de esta anualidad, se ordenó el emplazamiento del Municipio de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, como parte tercera interesada en este juicio, y del cual no existe constancia alguna que hubiera quedado notificada. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que lo anterior se lleve a cabo, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y, en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

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