Juan Adalberto Mejía Hernández

Expediente 560/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
560/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Juan Adalberto Mejía Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de diecinueve de septiembre de este año, dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente asunto como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente deberá CONSERVARSE debido a que no obstante que se sobreseyó fuera de audiencia también es verdad que se concedió la suspensión de plano, además que no obran documentos originales y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, será transferido a los depósitos documentales dependientes del Área coordinadora de archivos y documentación del Consejo de la Judicatura Federal. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, en atención a su contenido, agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, en virtud de lo acordado el diecinueve de septiembre de este año. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Cúmplase

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Toda vez que la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional certificó la hora y fecha de recepción del oficio de cuenta, así como la procedencia del mismo, otórguesele valor probatorio, con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al de la materia. En ese tenor, se tiene a la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, rindiendo su informe justificado y remitiendo la constancia relativa al acta administrativa de egreso por libertad número ********** de la que se advierte que el quejoso **********, en cumplimiento al oficio **********, de ********** de este año, fue dejado en libertad, al respecto procede realizar el pronunciamiento siguiente: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del análisis a la constancia exhibida por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, al tenor de las consideraciones que a continuación se exponen. HIPÓTESIS NORMATIVA. Este juzgador estima que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y.". Esta causa de improcedencia se actualiza cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, es decir, aun cuando los efectos del acto de autoridad controvertido subsistan, en caso de concederse el amparo resultaría jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la concesión del amparo, porque la prerrogativa afectada, que se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica del quejoso, se modificó sin causar un perjuicio susceptible de ser reparado mediante la resolución concesoria de amparo. Es así, pues el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados; por ello, el legislador ha establecido como principio que rige su procedencia, la circunstancia que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, tendrá lugar cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, lo cual se actualiza en el caso que se advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han materializado en la esfera jurídica del impetrante, ni se materializarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, como se precisó en párrafos anteriores, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria; lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector no cumpla con su finalidad. HECHOS En el caso, los actos reclamados se hicieron consistir en: - Los actos de tortura y malos tratos realizados por parte de los custodios a cargo del Director del Centro de reclusión. - La omisión del referido Director de garantizar la integridad física y psicológica del directo quejoso. - La omisión de proporcionar alimentos. -La violación al correo postal del quejoso. Ahora bien, de la constancia que remite la autoridad responsable, a la cual se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se observa el acta administrativa de egreso por libertad número ********** de la que se advierte que el quejoso **********, en cumplimiento al oficio **********, de **********, fue dejado en libertad. CONCLUSIÓN En atención a lo expuesto, se concluye que el presente juicio de amparo se torna improcedente, pues aun en el caso que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituirle sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. En efecto, podemos concluir que el motivo de improcedencia en análisis se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual este se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al amparista en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo de la omisión por parte de autoridad, aun cuando esta subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Ilustra lo anterior, la tesis aislada 2a. XCVIII/200021 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En este contexto, la causa del egreso del quejoso por haber compurgado la pena que se le impuso, hace que si bien subsisten los actos reclamados, éstos ya no puedan seguir surtiendo efecto legal o material alguno, por haber desaparecido el objeto o materia del mismo, pues en este momento el accionante ya obtuvo su libertad absoluta. Por ello, se estima que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia invocada, pues a pesar que los actos reclamados subsisten, ya no pueden surtir efecto legal o material alguno, pues el objeto de los mismos dejó de existir y, en su caso, los efectos de la concesión del amparo no podrían materializarse en forma alguna, ya que en tratándose de actos de tortura como los que refirió el quejoso, en todo caso el efecto del amparo sería que, además de ordenar el cese de los mismos (lo cual tendrían que llevar a cabo las autoridades responsables, quienes en este momento ya no tienen recluido al quejoso), se diera vista a la Representación Social para que lleve a cabo una investigación independiente, lo cual en el caso ya ocurrió, tal como consta en el acuerdo de quince de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia; por lo que se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Realícense las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de este auto a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Asimismo, se precisa que se encuentran en aptitud de consultarla y descargarla desde el expediente electrónico, ya que al incluir la evidencia criptográfica se consideran como copias certificadas electrónicamente, en términos de lo establecido en los artículos 22, párrafo segundo y 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Y para el caso de no tener autorizado el juicio en línea, pueden generar un usuario en la página: www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas, hecho lo anterior, solicitar el acceso al expediente electrónico de este juicio, proporcionando el nombre del usuario respectivo, para acceder a las actuaciones del expediente electrónico y obtener las copias que requiera a través de dicho Sistema. Por ya no resultar necesario dese de baja el oficio 23122/2023 de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en virtud de lo acordado en líneas anteriores. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional en este juicio; sin embargo no es posible su desahogo, toda vez que la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, ha sido omisa en rendir su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificada del proveído de uno de agosto del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad, para que en el término de TRES DÍAS, computado legalmente, remita las constancias relacionadas con los actos reclamados en este asunto. Apercibida que, de no cumplir, se le impondrá una multa consistente en cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo anterior en términos del artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con apoyo en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de referencia. Por lo tanto, se difiere la audiencia constitucional prevista para este día, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo, la cual se señala objetivamente, atendiendo a la carga de trabajo y disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias de este órgano jurisdiccional. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

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