Juan Acosta Hernandez
Expediente 178/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 178/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 06/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Acosta Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, y la certificación de cuenta, se aprecia que la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no fue recurrida dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que la resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia cuyos datos de localización rubro y texto se citan a continuación: Época: Décima Época Registro: 2017375 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 06 de julio de 2018 10:13 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 74/2018 (10a.) "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. - VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. - DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. - Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. - Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. - DOCUMENTOS: Las partes allegaron documentos catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, 20, fracción II, inciso a) y 21, párrafo primero, incisos a) y c) del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Como se precisó en la certificación de cuenta, los documentos exhibidos por la parte quejosa y tercera interesada ****, en el presente juicio no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce treinta a las dieciocho treinta horas, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos1. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. En diverso aspecto, devuélvase al Juez Único Menor Mixto, con residencia en Abasolo Guanajuato, las constancias que allegó al presente sumario, consistentes en el Juicio Ejecutivo Mercantil ***, de su índice, en un tomo, por ser innecesaria su conservación. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
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...Ténganse por recibido el oficio que signa la Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, Junta Ejecutiva en el Estado de Guanajuato, por el que informa el domicilio de la tercera interesada. Agréguese únicamente para que obre como constancia toda vez que en proveído de veintiséis de abril de la anualidad que transcurre se tuvo por recibida la misma misiva y se acordó lo conducente; y en audiencia de veintitrés de junio del presente año se resolvió el juicio de amparo en que se actúa...
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TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Único Menor Mixto, a la Secretaria de dicho juzgado en su carácter de Jefe Inmediato de la Actuaria Adscrita y a la referida Actuaria, pues al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado. Además, su existencia se corrobora con las constancias que acompañaron en apoyo a su informe justificado consistentes en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil *** a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto no se analizará la litis constitucional, debido a que, como lo hizo valer la moral tercera interesada, respecto a los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, sin embargo, se analizarán de forma separada para su mejor comprensión. 1.- La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Único Menor Mixto del Partido Judicial de Abasolo, Guanajuato. En el caso, respecto al acto reclamado en comento, de oficio, esta juzgadora considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que literalmente establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la Presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" Como se ve, de las disposiciones legales antes insertas se colige que solo puede acudir al juicio de amparo, teniendo carácter de quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; de modo que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen resoluciones provenientes de tribunales judiciales que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de éste. Ahora bien, como se estableció con anterioridad, se advierte que el quejoso reclama en el presente juicio de amparo, la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Único Menor Mixto del Partido Judicial de Abasolo, Guanajuato. Luego, si conforme al artículo 5 de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, y la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano constitucional demandando el cese de esa violación; de manera que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías; y en el caso, la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Único Menor Mixto del Partido Judicial de Abasolo, Guanajuato, no le causa perjuicio al peticionario del amparo. Ello es así, pues se considera que el quejoso no demostró el perjuicio que le causa la falta de emplazamiento al juicio de mérito, toda vez que es ajeno a la relación procesal en dicho sumario. En ese sentido, el actor y demandado son los que litigan en un juicio y son quienes tienen el derecho a que la autoridad judicial declare una prerrogativa, imponga una condena o, en todo caso, se les absuelva de las prestaciones reclamadas; por ende, son los que en el procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya sea para demostrar su acción o sus excepciones, así como de impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son los facultados, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, demandando el cese de esa violación. Bajo ese tenor, de las copias certificadas del sumario génesis del acto reclamado, allegado por el juez de origen, se advierte que el juicio ejecutivo mercantil *** fue promovido por *** por conducto del endosatario en procuración de la apoderada legal de tal moral, contra *** de quienes reclamó el pago de pesos. Entonces, como se puede apreciar, es inconcuso que el quejoso no puede figurar como parte formal (actor o demandado) dentro de ese sumario, pues no se le reclamó ninguna prestación, ni debe de responder por ellas, en tanto, que no suscribió el documento base de la acción, siendo efectivamente los citados demandados a quienes les corresponde responder del incumplimiento del mismo y las demás prestaciones reclamadas. Así las cosas, contrario a lo pretendido por el quejoso, al no haber sido señalado como demandado, ni haberse seguido la litis natural en su contra, no debió, ni debe ser llamado a la controversia. De ahí, que si el peticionario de amparo no resiente afectación alguna en su esfera de derechos con la falta de emplazamiento que por esta vía reclama, carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, respecto al acto reclamado en comento. Por lo anterior, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado; motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63 fracción V, del mismo ordenamiento legal. Hasta aquí la primer causa de improcedencia 2.- La orden de desposesión del inmueble del que aduce ser arrendatario, ubicado en la zona 1 de la calle *** así como su ejecución, derivada del juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Único Menor Mixto del Partido Judicial de Abasolo, Guanajuato. En el caso, respecto al citado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5o, fracción I de la ley en cita. De la literalidad de tales preceptos, se tiene que el interés jurídico es uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues si las leyes o los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del quejoso, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. Debido a que el acto reclamado deriva de una autoridad jurisdiccional, se exige la acreditación de un interés jurídico no legítimo, aunado a que la afectación a sus derechos debe verificarse en forma fehaciente y no inferirse por presunciones, pues de no comprobarse tales extremos, el juicio de amparo resulta improcedente. Por lo cual, el interesado debe acreditar plenamente, que el acto reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica y que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Debido a lo anterior, es necesario determinar si la quejosa *** tiene interés jurídico en el presente juicio de amparo, atento a que se ostenta como persona extraña al juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Único Menor Mixto de Abasolo, Guanajuato; pue alega ser poseedor con la calidad de arrendatario del inmueble que presuntamente fue afectado en el procedimiento de origen, cuando él no es parte material, ni fue oído y vencido en el mismo. Sin embargo, se estima que en el caso no acredita el interés jurídico para que se le otorgue la protección constitucional solicitada, dado que no ofreció prueba idónea en el presente juicio de amparo para acreditar que le asista algún derecho sobre el bien que defiende, pues para ello, es necesario que, quien pide el amparo demuestre la posesión que dice ostentar y que el contrato del cual derive sea de fecha cierta anterior al acto que reclame, lo que en la especie no aconteció. Se afirma lo anterior, pues para ese efecto exhibió los siguientes documentos: 1. La escritura privada que contiene el contrato privado de compraventa celebrado entre el Gobierno del Estado como vendedor y *** como comprador, respecto al inmueble consistente en *** 2. Contrato de arrendamiento celebrado el once de febrero de dos mil veinte entre *** como arrendador y *** como arrendatario, respecto del inmueble consistente en *** ratificado en la misma fecha ante el notario público número tres de Pénjamo, Guanajuato. Los cuales, no son aptos para acreditar el derecho que dice tener respecto del inmueble que asegura tiene en arrendamiento. Pues para que un documento privado demuestre el interés jurídico, requiere ser de fecha cierta, toda vez que con ello se garantiza la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. De acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 21/2010 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un documento adquiere fecha cierta a partir de que: a) Se incorpore o se inscriba en el Registro Público de la Propiedad; b) Se presente ante un funcionario público por razón de su oficio; o, c) Muere cualquiera de los que lo firmaron. El cumplimiento de cualquiera de las hipótesis que anteceden genera, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la certeza de la existencia del documento con el que se pretende demostrar el interés para pedir la protección constitucional. Lo anterior en razón de que, aunque un contrato privado acredita de manera indiciaria la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares, no prueba la fecha cierta de la concertación de éste, y si ésta es anterior o posterior al acto reclamado, toda vez que con la existencia de una fecha cierta de título se garantiza la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. En ese sentido, la documental relacionada en el punto 1 de previa alusión, relativa a la escritura privada que contiene el contrato privado de compraventa celebrado entre el Gobierno del Estado como vendedor y *** como comprador, respecto al inmueble consistente en la *** en su caso, podría se apta para acreditar que el primero de los mencionados, a través de tal acuerdo de voluntades adquirió el inmueble de referencia, pero no para acreditar derecho alguno del quejoso sobre el bien materia del presente juicio. Por su parte, el contrato de arrendamiento celebrado el once de febrero de dos mil veinte entre *** como arrendador y *** como arrendatario, respecto del inmueble consistente en *** ratificado en la misma fecha ante el notario público número *** de Pénjamo, Guanajuato, tampoco resulta apto para acreditar el derecho de posesión que dice tener el peticionario del amparo respecto de dicho bien, en virtud de que carece del requisito de fecha cierta. De acuerdo con el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectuó, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio (en este caso la posesión del inmueble), al ser presentado ante un fedatario público. Empero, la ratificación debe cumplir con los requisitos que la ley señala para tal efecto, pues si bien un notario se encuentra investido de fe pública, sus actuaciones deben estar apegadas a la normativa correspondiente para que tengan eficacia plena; ya que si bien, se encuentran dotados de fe pública, ésta no es ilimitada, al encontrarse sujeta a lo establecido por la ley. Lo anterior pues la fe pública con que cuenta un notario se limita únicamente a lo que describa y no puede salvar las contradicciones, alteraciones o falta de formalidades en que incurra. Entonces, en el caso que nos ocupa, la ratificación que contiene el documento en cita, no cumple con los requisitos de la La Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, publicada en el periódico oficial del Estado el veintidós de agosto de dos mil seis, que entró en vigor el uno de enero de dos mil siete, de acuerdo con el artículo primero transitorio, que al momento en que se llevó a cabo la ratificación era la legislación aplicable. El artículo 67 de la Ley del Notariado, dispone: "Artículo 67. En el libro de ratificaciones se asentarán, en registros numerados sucesivamente, los datos que identifiquen los actos jurídicos cuyos contenido y firmas se ratifiquen ante el notario, haciendo constar: I. La fecha de celebración del acto jurídico como conste en el mismo; II. La naturaleza jurídica del acto; III. Los datos personales generales de quienes lo ratifican ante la presencia del notario; IV. La forma como el notario identificó a las partes; V. La fecha de ratificación; y VI. Las firmas de el (sic) o los comparecientes, y el sello y firma del notario. Luego, el Notario Público número Tres, con ejercicio en Pénjamo, Guanajuato, en la referida ratificación anotó lo siguiente: "ANTE MI LICENCIADO *** TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO TRES, CON DOMICILIO DE LA NOTARÍA EN CALLE *** ACTUANDO EN LEGAL EJERCICIO DE MIS FUNCIONES, COMPARECIERON: LOS CIUDADANOS *** QUIENES POR SUS GENERALES DIJERON: SER MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CASADOS, JUBILADO Y TAXISTA, Y CON DOMICILIO EN: *** Y DE PASO POR ESTA CON MOTIVO DE LA FIRMA DE LA PRESENTE. Y A QUIENES IDENTIFIQUÉ CON: CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO: *** A LOS CUALES CONSIDERO CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, POR NO MOSTRAR MANIFESTACIONES VISIBLES DE INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL, QUE LES IMPIDA DISCERNIR Y, HASTA ESTE MOMENTO, NO TENGO NOTICIAS DE QUE ESTÉN SUJETOS A ALGUNA CAPACIDAD CIVIL. Y, DIJERON: QUE RECONOCEN COMO PROPIAS LAS FIRMAS ESTAMPADAS, EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CELEBRADO ENTRE LOS MISMOS, Y MISMO QUE EN SU CLÁUSULA PRIMERA DICE: ".PRIMERA.- EL CIUDADANO *** DA EN ARRENDAMIENTO Y ASÍ RECIBE *** DEL LOTE DE TERRENO, AHORA CONSTRUCCIÓN, UBICADO EN *** CUYO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES Y VUELVEN A FIRMAR, PARA DEBIDA CONSTANCIA, EN EL FOLIO NÚMERO *** DEL LIBRO DE RATIFICACIONES, EN UNIÓN DEL NOTARIO QUE DA FE, A LOS 11 ONCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DOS MIL VEINTE" (Firmas de los ratificantes, del notario y sello de la notaría). Como se advierte, el notario asentó la naturaleza jurídica del acto (fracción II), pues refirió que el documento a ratificar se trata de un contrato de arrendamiento; plasmó los datos personales generales de quienes ratifican el acto jurídico ante su presencia y la forma como identificó a las comparecientes (fracción III y IV), pues plasmó que acudieron ante él *** como arrendador y *** como arrendatario, a quienes aludió que identificó con su credencial para votar con fotografía; asimismo, asentó la fecha en que se efectuó la ratificación, esto es, el once de febrero de dos mil veinte (fracción V) así como las firmas de los comparecientes y el sello de la notaría (fracción VI). Sin embargo, no contiene la fecha de celebración del acto jurídico como conste en el mismo (fracción I), pues el fedatario sólo asentó "Y, DIJERON: QUE RECONOCEN COMO PROPIAS LAS FIRMAS ESTAMPADAS, EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CELEBRADO ENTRE LOS MISMOS, Y MISMO QUE EN SU CLÁUSULA PRIMERA DICE: "PRIMERA. EL CIUDADANO *** DA EN ARRENDAMIENTO Y ASÍ RECIBE *** DEL LOTE DE TERRENO, AHORA CONSTRUCCIÓN, UBICADO EN *** ESTADO DE GUANAJUATO, CON EXTENSIÓN SUPERFICIAL *** " Pero no precisó que el referido contrato de arrendamiento se había celebrado entre las referidas personas el once de febrero de dos mil veinte (no asentó fecha del contrato); pues si bien, al final aduce "CUYO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES Y VUELVEN A FIRMAR, PARA DEBIDA CONSTANCIA, EN EL FOLIO NÚMERO *** DEL LIBRO DE RATIFICACIONES, EN UNIÓN DEL NOTARIO QUE DA FE, A LOS 11 ONCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DOS MIL VEINTE". Lo cierto es que, como ya se mencionó, esa data se trata de la fecha en que se llevó a cabo la ratificación, pero, se insiste, no se precisó la fecha en que se celebró el acuerdo de voluntades que se ratificó; ello, a fin de generar certeza de que efectivamente el documento que se ratificó fue el que aquí se hace referencia. Entonces, no puede considerarse como documental pública, por lo que no procede otorgarle valor probatorio para acreditar el derecho que dice tener el quejoso sobre el bien inmueble que defiende, y por ende, para demostrar su interés jurídico para la procedencia de esta instancia constitucional. En ese orden de ideas, los medios de convicción antes relacionados no tienen el alcance para acreditar el derecho de posesión o algún otro que tenga el quejoso respecto del bien inmueble que dice se ve afectado por el acto de autoridad, ubicado en la zona 1 de la calle *** En efecto, el quejoso, como tercero extraño al juicio natural, a fin de poder obtener la protección constitucional que solicitó, se encontraba obligado a demostrar que cuenta con un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer el inmueble como poseedor; lo que en la especie no aconteció. Pues, de las constancias que integran el presente sumario no se aprecia que la parte quejosa haya ofrecido el medio de convicción idóneo para demostrar lo contrario, y con ello, acreditar la afectación de que se duele; pues, únicamente se limitó a ofrecer las pruebas relacionadas en líneas que anteceden, las cuales no resultaron aptas para demostrar la titularidad del derecho que dice tener respecto del bien que ahora defiende; de ahí que no se haya evidenciada la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, que dice sufrir con motivo del citado acto, y por ende, que haya acreditado su interés jurídico en esta instancia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y texto, se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206338 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Página: 17 "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Amparo en revisión 3564/84. Dominga Estrada. 5 de septiembre de 1984. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Santiago Rodríguez Roldán. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretaria: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Amparo en revisión 6121/83. Santiago I. Friedmann. 28 de agosto de 1985. Cinco votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Enrique Rodríguez Olmedo. Amparo en revisión 6921/85. Embotelladora de Monclova, sociedad anónima de capital variable. 13 de enero de 1986. Cinco votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretaria: Margarita Beatriz Luna Ramos. Amparo en revisión 5576/85. Héctor Manuel Martínez Centeno. 3 de febrero de 1986. Cinco votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: Marcelo Salles Borges. Amparo en revisión 653/94. Cuprum, sociedad anónima de capital variable. 13 de junio de 1994. Cinco votos. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: Manuel Suárez Fragoso. Tesis de Jurisprudencia 16/94. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de tres de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Presidente Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores y Noé Castañón León. Ausente: Carlos de Silva Nava. En ese contexto, al no acreditarse la titularidad del derecho que aduce tener la quejosa, respecto del inmueble que señala en su demanda de amparo; esto es, el interés jurídico para comparecer al presente juicio; consecuentemente, es clara la actualización de la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia referida, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SEXTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo...
- Principal
... Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado de manera electrónica por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 77/2021 (428/2021) del índice de este juzgado, que se envió a fin de emplazar a la tercera interesada, lo que aconteció el día diecisiete de mayo del año en curso. Dese de baja la aludida comunicación en el libro de gobierno correspondiente y realícense las anotaciones respectivas. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la tercera interesada ***, en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que desahogara la prevención ahí contenida; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, por lo que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la Administración del edificio, del tres de agosto de dos mil veinte al treinta de junio de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión, en tanto señale domicilio procesal en esta ciudad para tal efecto.
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