Juan Abraham López Chávez y Otros.
Expediente 442/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 442/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juan Abraham López Chávez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es conservable una vez que se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, de conformidad con lo establecido en el numeral 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vistos, para dictar sentencia dentro del juicio de amparo ********************/2023-I, promovido por el licenciado ********************, defensor público federal de ********************, ******************** y ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control; y, Resultando Primero. Demanda. Por escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, recibido en este órgano jurisdiccional al día siguiente, el licenciado ********************, defensor público federal de ********************, ******************** y ********************, promovió el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, a quien reclamó: (.) IV.- ACTO RECLAMADO La resolución que califica de legal la detención efectuada por policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a los hoy quejosos ********************, ******************** y ******************** emitida el día diecinueve de abril del presente en la causa penal ********************/2023 del índice del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en esta ciudad por el LICENCIADO ******************** JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUÁREZ, EN FUNCIONES DE JUEZ DE CONTROL; pues se actualizó la hipótesis de flagrancia prevista en los artículos 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haber existido una sospecha razonable por parte de los elementos policiacos que justificaron los niveles de acercamiento conllevando a la detención de los investigados al encontrarse cometiendo un hecho que la ley considera como delito contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de mentafentamina y cannabis sativa I. Además, se determinó que no se vio vulnerado su derecho de ser puestos a disposición sin demora ante la autoridad ministerial. (.) Segundo. Derechos que se estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua; el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se ordenó formar el expediente tanto físico como electrónico, al que se asignó el número estadístico ********************/2023-I; se pidió a la autoridad responsable el informe justificado; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó emplazar al tercero interesado y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, modificado por el 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar el acto reclamado, el cual se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, consiste en el siguiente: La resolución emitida el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************/2023, del índice del Juzgado Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, en la cual calificó de legal la detención efectuada por policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, ya que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Lo que además, se corrobora con la resolución emitida por dicho órgano jurisdiccional, así como la copia autorizada del registro de audio y video de la audiencia inicial celebrada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************/2023, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control. Medios de convicción que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su arábigo 2º. Sirve de apoyo la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y siete-dos mil, cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Igualmente, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De igual forma, el disco óptico de referencia tiene valor probatorio pleno, por ser idóneo para acreditar lo acontecido en la audiencia respectiva, dada la naturaleza de los procesos orales, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación en materia. Lo precedente tiene sustento en el criterio jurisprudencial de la Décima Época, con número de registro 2004362, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.), Página: 703, con el rubro y contenido siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Cuarto. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado de Distrito no advierte de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia, así como tampoco que la hicieran valer las partes; en consecuencia, procede entrar al estudio de la cuestión planteada. Quinto. Conceptos de violación. En primer lugar, cabe precisar que no es necesario trascribirlos, ya que, al constar en la demanda, se tienen por reproducidos en esta parte, además, no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, mayo de dos mil diez, con registro 164618, del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Sexto. Cuestiones necesarias para resolver. A efecto de tener mayor comprensión del asunto, es pertinente realizar una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado: 1. El día diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación -dentro de la causa penal ********************/2023, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, por parte de la representación social contra los aquí quejosos ********************, ********************y ********************, por delito contra la salud, en la modalidad de clorhidrato de metanfetamina y cannabis sativa I., con fines de comercio en su variante de venta, previsto y sancionado por el artículo 195, párrafo primero, en relación con los numerales 193 y 194, fracción I, todos del Código Penal Federal, en la que aconteció lo siguiente: i) Se hizo constar que los imputados hicieron uso del derecho a que sus datos fueran reservados; por ende, el juez precisó que únicamente se referiría a éstos por su primer nombre. ii) Se hizo constar la comparecencia de los imputados ******************** y ********************, quienes designaron como defensor de oficio a ********************, así como el diverso imputado ********************, designó en principio al defensor particular ********************, posteriormente designó como defensor al profesionista nombrado en primer término, quienes aceptaron y protestaron el cargo. iii) Se cuestionó a los aquí quejosos si tenían alguna duda sobre sus derechos, a lo que éstos respondieron que no, que todo estaba bien, incluso, el juez hizo constar que antes del inicio de la audiencia los imputados habían tenido oportunidad de platicar con sus defensores, situación que fue corroborada por éstos. iv) La representación social solicitó se calificara de legal la detención, con base a lo siguiente: Que la detención se efectuó bajo el primer supuesto de flagrancia previsto en los numerales 16, párrafo quinto, de la Constitución Federal, así como 146, fracción I, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, que los imputados fueron detenidos al momento de estar realizando los hechos que la ley señala como delito contra la salud. Lo anterior, con base en el informe policial homologado emitido por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ********************, ********************, ********************e ********************en donde se detalla lo siguiente: Que el dieciséis de abril de dos mil veintitrés, aproximadamente a las dieciocho horas con veintinueve minutos, los elementos se encontraban realizando recorrido de patrullaje y vigilancia, sobre la Calle ******************** con rumbo poniente, en dirección a la Calle ********************, de la Colonia ********************, precisando que la unidad 610 iba al frente, y antes de llegar a la Calle ******************** encontrándose del lado derecho la tienda comercial ********************, y a un costado del mismo una barda blanca de un domicilio con color verde, frente a la citada barda encontraron un vehículo de la marca ********************, color blanco, con placas de Texas, mismo que tenía las puertas frontales abiertas, del lado izquierdo estaban tres personas de sexo masculino, percatándose que dos de ellos golpeaban al otro masculino, y dada las facultadas de los agentes de salvaguardar la integridad de las personas, así como la preservación del orden público, la unidad 610 se estacionó frente al vehículo, y la unidad 611 se estacionó en la parte trasera del mismo, ello con la finalidad de evitar la sustracción de los aquí quejosos, el agente ********************, fue quien se acercó del lado del copiloto, el diverso agente ********************, se colocó del lado del conductor, les informaron a los aquí quejosos el motivo de su intervención dado que se estaban agrediendo de manera física, cuestionándolos al respecto, contestando uno de ellos que se trataba de un conflicto de "compas", percatándose uno de los agentes que del interior del vehículo se desprendía un olor fuerte "marihuana", reconociendo el olor debido a la experiencia adquirida dentro del ámbito laboral, por lo que, simultáneamente los agentes ********************, se percató que debajo del asiento del lado del copiloto sobresalía una bolsa de plástico negra y en el interior de la misma varios envoltorios con una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina mejor conocida como "cristal", como consecuencia de lo anterior, se realizó una inspección por protocolo de seguridad, tanto del automotor como de ellos, encontrando en el asiento trasero del vehículo una mochila de color negro con blanco y en su interior ocho bolsas de plástico transparente que contenían hierba seca y olorosa con las características similares a la marihuana, asegurando dichos objetos de manera preventiva, se les informó a los quejosos de lo encontrado, una vez realizada la inspección a los imputados sin haberles encontrado nada, se les comunicó que su conducta constituye la probable comisión de un delito contra la salud; por lo que a las cero horas con cincuenta y seis minutos, se les informó a los imputados -previa lectura de sus derechos- que quedaban detenido por los hechos que la ley señala como delito, siendo puestos a disposición de la Fiscalía, ello previo a los actos administrativos que deben de realizarse. v) Posteriormente, el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, el juez de control calificó de legal la detención. Séptimo. Estudio de fondo. Los quejosos señalan que el acto reclamado es violatorio de los derechos humanos reconocidos en el artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues refieren que el Juez de Control calificó y examinó incorrectamente la detención, manifestando que no se encontraba ajustada a derecho, sin que atendiera a las reglas de la sana crítica y a los datos de convicción que obran en el expediente que le permitan en un ejercicio de ponderación entre todo el acervo probatorio, llegar a una conclusión fundada. Los conceptos de violación son infundados, de acuerdo a lo que se expondrá. En primer término, debe decirse que la libertad es un derecho humano de reconocimiento y protección tanto a nivel interno como internacional y admite diferentes manifestaciones como la libertad personal, la cual es entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus propios actos, incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria. Por consiguiente, la libertad personal se reconoce y protege como derecho humano de primer rango; de ahí que su tutela debe ser la más amplia posible, conforme a la fuente jurídica que mejor la garantice y sólo puede limitarse bajo determinados supuestos de excepcionalidad en concordancia con los sistemas constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de requisitos y garantías de forma mínima a favor de la persona; de lo contrario, se estará ante una detención o privación de la libertad personal prohibida tanto a nivel nacional como internacional. Los supuestos de excepcionalidad precisados derivan de la propia norma fundamental, específicamente, del artículo 16 de la Constitución Federal, que delimita los supuestos que permiten la afectación al derecho fundamental de la libertad personal, los cuáles son: 1) La orden de aprehensión; 2) las detenciones en flagrancia; y 3) Caso urgente. Ahora bien, resulta pertinente traer a colación que sobre los supuestos de afectación válida al derecho humano de libertad personal, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 14/2011, expuso que, por regla general, la detención debe estar precedida por una orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial; sin embargo, de manera excepcional, aquella afectación podía derivar de detenciones por casos de flagrancia y urgencia. En el entendido que cuando se actualiza alguno de los supuestos excepcionales del concepto constitucional de flagrancia, entonces aquella afectación al derecho de libertad personal impone el control judicial de la detención. Luego, debe precisarse -en lo que al caso interesa- que en términos de lo dispuesto por el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Federal, que establece: "Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.", la detención en flagrancia, como restricción al régimen de la libertad personal y medida de carácter excepcional, debe atender a los requisitos apuntados por la Primera Sala, a saber: ".aquellas denuncias que no se rinden ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente. Esto, por la urgencia implícita al concepto de flagrancia. Como ejemplos de denuncias informales tenemos: llamadas a la policía (anónimas o no) de particulares que son víctimas o testigos del delito [.] Una vez que la policía recibe información de que en un lugar público se está cometiendo o se acaba de cometer un delito, debe ?inmediatamente y de ser posible? informar a la autoridad ministerial a efecto de que ésta, con los elementos de información que tenga disponibles, solicite a la autoridad judicial que libre una orden de aprehensión contra quienes sean señalados como probables responsables. [.] para que la detención en flagrancia pueda ser válida (es decir, guardar correspondencia formal y material con la normativa que rige el actuar de la policía) tiene que ceñirse al concepto constitucional de flagrancia que fue delimitado en la última reforma a la que se ha venido haciendo referencia; esto es, tiene que darse alguno de los siguientes supuestos: a. La autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se está cometiendo en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis. --- b. La autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito denunciado [.] El juez debe ponderar si la autoridad aprehensora contaba con datos suficientes que le permitieran identificar con certeza a la persona acusada. Y debe evaluar el margen de error que pudo haberse producido tomando como base la exactitud y precisión de los datos aportados por la denuncia." La citada ejecutoria constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional auxiliar, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia XXI.3o.J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVIII, octubre de 2003, p. 804). Congruente con estas premisas, el Máximo Tribunal del País ha establecido que para que la detención en flagrancia sea válida, tendrán que actualizarse alguno de los siguientes supuestos: a) La aprehensión del aparente autor del delito si se observa directamente que la acción se está cometiendo en ese preciso instante, y b) Se puede iniciar la persecución del aparente autor del delito para aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito denunciado. Por su parte, el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. En el caso, se estima apegado a derecho el control de detención realizado por el juez de control ya que ciertamente se acreditaron los requisitos exigidos por referido el artículo 16, párrafo quinto, de la Ley Fundamental y el numeral 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales para la detención excepcional por flagrancia; pues al haber existido sospecha razonable por parte de elementos policiacos que justificaron el acercamiento a los imputados, lo que llevo a la detención de los mismos, por haberles encontrado cometiendo un hecho que la ley considera como delito contra la salud en su modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina y cannabis sativa I. Lo anterior es así, pues conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión del hecho delictivo relatadas por el Ministerio Público en la audiencia inicial de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, este órgano constitucional estima que, contrario a lo que alegan los quejosos, su detención sí se efectuó bajo la hipótesis de flagrancia. En efecto, de esas circunstancias se advierte que el dieciséis de abril de dos mil veintitrés, aproximadamente a las dieciocho horas con veintinueve minutos, los elementos se encontraban realizando recorrido de patrullaje y vigilancia, sobre la Calle ******************** con rumbo poniente, en dirección a la Calle ********************, de la Colonia ********************, precisando que la unidad 610 iba al frente, y antes de llegar a la Calle ******************** encontrándose del lado derecho la tienda comercial ********************, y a un costado del mismo una barda blanca de un domicilio con color verde, frente a la citada barda encontraron un vehículo de la marca ********************, color blanco, con placas de Texas, mismo que tenía las puertas frontales abiertas, del lado izquierdo estaban tres personas de sexo masculino, percatándose que dos de ellos golpeaban al otro masculino, y dada las facultadas de los agentes de salvaguardar la integridad de las personas, así como la preservación del orden público, la unidad 610 se estacionó frente al vehículo, y la unidad 611 se estacionó en la parte trasera del mismo, ello con la finalidad de evitar la sustracción de los aquí quejosos, el agente ********************, fue quien se acercó del lado del copiloto, el diverso agente ********************, se colocó del lado del conductor, les informaron a los aquí quejosos el motivo de su intervención dado que se estaban agrediendo de manera física, cuestionándolos al respecto, contestando uno de ellos que se trataba de un conflicto de "compas", percatándose uno de los agentes que del interior del vehículo se desprendía un olor fuerte "marihuana", reconociendo el olor debido a la experiencia adquirida dentro del ámbito laboral, por lo que, simultáneamente los agentes ********************, se percató que debajo del asiento del lado del copiloto sobresalía una bolsa de plástico negra y en el interior de la misma varios envoltorios con una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina mejor conocida como "cristal", como consecuencia de lo anterior, se realizó una inspección por protocolo de seguridad, tanto del automotor como de ellos, encontrando en el asiento trasero del vehículo una mochila de color negro con blanco y en su interior ocho bolsas de plástico transparente que contenían hierba seca y olorosa con las características similares a la marihuana, asegurando dichos objetos de manera preventiva, se les informó a los quejosos de lo encontrado, una vez realizada la inspección a los imputados sin haberles encontrado nada, se les comunicó que su conducta constituye la probable comisión de un delito contra la salud; por lo que a las cero horas con cincuenta y seis minutos, se les informó a los imputados -previa lectura de sus derechos- que quedaban detenido por los hechos que la ley señala como delito, siendo puestos a disposición de la Fiscalía, ello previo a los actos administrativos que deben de realizarse. En ese tenor, las precitadas circunstancias actualizan el supuesto de flagrancia a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el ordinal 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que, como lo consideró el Juez de Control responsable, la mecánica del acontecimiento evidencia que la detención estuvo justificada, pues al realizar una inspección al vehículo de los quejosos, se encontraron sustancias ilícitas, en el interior del mismo, ello con fines de comercio; de ahí que contrario a lo alegado por los solicitantes de amparo, sí existieron datos razonables y válidos que facultaron a los elementos de la Policía a realizar esa detención. Es aplicable la tesis 1a. XXV/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 671, de rubro y texto: DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. APRECIACIÓN DE SU VALIDEZ CONSTITUCIONAL CUANDO LA AUTORIDAD TIENE CONOCIMIENTO, POR MEDIO DE UNA DENUNCIA INFORMAL, QUE SE ESTÁ COMETIENDO O SE ACABA DE COMETER UN DELITO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado el procedimiento que debe seguirse para efectuar una detención cuando la autoridad tiene conocimiento por medio de una denuncia informal sobre un delito cometido en flagrancia; y para que aquélla pueda ser válida (por guardar correspondencia formal y material con la normativa que rige el actuar de la policía) tiene que ceñirse al concepto constitucional estricto de flagrancia, es decir, debe actualizarse alguno de los supuestos siguientes: 1. La autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se comete en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis; o, 2. La autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito. Ahora bien, tratándose de la detención en flagrancia en el supuesto de denuncia informal (aquella que no se rinde ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente), al evaluar la validez constitucional, el juez debe ponderar si la autoridad aprehensora contaba con datos suficientes que le permitieran identificar con certeza a la persona acusada y evaluar el margen de error que pudo haberse producido tomando como base la exactitud y la precisión de los datos aportados en la denuncia. Ello es así, pues el solicitante de amparo soslaya que el hecho ilícito que dio pauta a su detención lo constituye el delito contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de matanfetamina y cannabis sativa I, al haber sospecha razonable por parte de los elementos policiacos que justificaron los niveles de acercamiento y realizaron una inspección a ellos y al vehículo automotor marca ********************, encontrando en el mismo, dichas sustancias, la primera de ellas en una bolsa negra y la segunda en una mochila. Sin embargo, los quejosos en su demanda refieren que no fueron valoradas las pruebas por parte del Juez responsable, una de ellas consistente en sus respectivas declaraciones en las que manifestaron que los hechos no ocurrieron de esa manera, sino que fueron sacados de un domicilio particular ubicado en la Calle ********************, (casa de ********************), número ***, Colonia ********************, que fueron víctimas de tortura y malos tratos, y no detenidos en la Calle ******************** con rumbo al poniente, en dirección a la Calle ********************, de la Colonia ********************, como indicó la fiscalía. Por otra parte, la inspección del lugar de los hechos realizada por el Oficial Administrativo ********************, documentada y narrada por medio de fotografías, así como la inspección electrónica realizada a la página https://www.google.com.mx/maps/preview, ambas del lugar de la detención, en las cuales la defensa manifestó que existen inconsistencias con el informe rendido por los agentes aprehensores, en el cual refirieron que se detuvo a los quejosos a un costado del Súper Mercado ********************, frente a una barda blanca, en un domicilio de color verde, ya que con dichas inspecciones refieren que no existía ni el domicilio ni la barda, y que únicamente se encontró una construcción de una bodega probablemente del citado súper. Ahora bien, una vez analizado lo expuesto en la demanda, así como el disco compacto que contiene la audiencia emitida el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************/2023, en la que se calificó de legal la detención de los quejosos, esta juzgadora considera infundados los conceptos de violación expuestos por los quejosos, y considera que la determinación del Juez responsable, fue la correcta. Lo anterior, es así ya que como bien refiere el Juez de Control, escuchó a la defensa en relación a que se les respete su derecho de presunción de inocencia, y como lo manifestó en esa etapa del procedimiento no se emitió una determinación respecto a si son o no plenamente responsables, ya que es a la Fiscalía quien debe demostrar que efectivamente son responsables del delito que se les imputa. El juzgador responsable únicamente como así lo realizó su función era verificar la detención, ello en términos de lo establecido por los artículos 16, párrafo quinto de la Constitución, y 146, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es si se realizó dicha detención abajo la hipótesis de "flagrancia". Lo anterior, observando que los quejosos fueron consistentes en sus declaraciones en que fueron objeto de malos tratos por los elementos aprehensores, ordenando a la Fiscalía a realizar las investigaciones correspondientes, al respecto, dado que ninguna persona debe ser objeto de tortura. Ahora bien, en relación a la detención, el juez responsable tomó en consideración el contenido del informe homologado de los agentes aprehensores, asimismo, refirió que los derechos fundamentales pueden restringirse como lo plantea el artículo 1º Constitucional, en cuyas hipótesis se encuentran la orden de aprehensión girada por una autoridad jurisdiccional, en caso de una detención urgente, y como en el caso que nos ocupa por "flagrancia" tal y como lo refirió la Fiscalía de la Federación, no amerita autorización judicial pero sí una revisión, ello dado que si una autoridad policiaca observa que una persona está cometiendo un ilícito está facultado a que lleve a cabo la detención, en ese momento. Asimismo, para robustecer su determinación, el juez de la causa hace del conocimiento de los quejosos que respecto de los controles preventivos, existen como antecedentes los amparos directos en revisión ********************/2012, ********************/2015 y ********************/2014, de los cuales se desprende que la detención se puede realizar por motivo de una denuncia, por conductas evasivas o comportamiento inusual, cuando los elementos pudieran advertir alguna falta administrativa o por una sospecha razonada. En relación a lo manifestado por la defensa respecto al informe homologado, tratando de desvirtuar lo manifestado por los agentes policiacos en relación a las características del lugar donde ocurrió la detención, básicamente en lo que debe de entenderse por un costado, de donde su ubicada la tienda ********************, en la Calle ********************, así como del sentido de la calle, si era de un solo sentido o no, así como la forma en que se encontraba estacionado el vehículo marca ********************, línea ********************, a lo que el Juez responsable preciso en primer lugar que en relación a la forma en que estaba estacionado el citado vehículo, los policías indicaron que iban en dirección de oriente a poniente, observando el vehículo por la parte de atrás, y que por lógica se entiende que estaba estacionado hacia el poniente, esto es, mirando hacia la Calle ********************. Respecto, a lo que manifiestan los agentes aprehensores, del domicilio de color verde, sin referir mayores características y frente a dicha barda el vehículo, el juez responsable en respuesta a lo expuesto por la defensa, preciso que de acuerdo a los datos que él tiene, es que la entrada al ******************** se encuentra la Calle ********************, y sobre la Calle ********************, es un lado de dicha tienda, y dado que los elementos policiacos van de oriente a poniente, se puede partir que a su costado derecho está el súper y el costado izquierdo la barda, concordando con los datos expuestos por los elementos policiacos, respecto al sentido de las calle si era de dos sentidos o no, pudiera ser que los vehículos se estacionen en sentido contrario, sin que se hubieren aportado más elementos para desvirtuar el parte informativo. Por otra parte, el juez precisa que si es factible percibir un olor a marihuana, asimismo, indica que el elemento que se acercó al lado del copiloto es quien vio la bolsa que sobresalía del asiento, lo cual es un aspecto subjetivo, dependiendo de la capacidad visual de la persona, por lo que no coincide con lo manifestado por la defensa. Respecto al lugar de la detención el Juez expuso que existen inconsistencias en las declaraciones de los quejosos, y que no hay material que pueda soportar su dicho, esto es, que efectivamente fueron detenidos en el domicilio que precisaron en su declaración, y no en como lo precisó la Fiscalía, asimismo, el quejoso ******************** manifestó que no conocía a ********************, sin embargo, este último, dijo lo contrario, también, ********************, indicó que llego otra persona "********************", el cual fue golpeado, pero no fue detenido, por lo que como se dijo en líneas precedentes existen incongruencias. Como así lo indicó el Juez de la causa, en ese momento del procedimiento, no está diciendo que sean plenamente responsable del delito que se les imputa, únicamente califica conforme a los datos objetivos, sin que posteriormente la defensa pueda aportar mayores datos de investigación para comprobar la teoría que expusieron en dicha audiencia, por ello, determinó que la detención se realizó conforme a los parámetros legales. La puesta a disposición no fue controvertido, sin embargo, debe ser analizada, tal y como lo preciso el Juez responsable, la Fiscalía justificó el tiempo de puesta a disposición, detención fue a las dieciocho horas con cuarenta minutos del dieciséis de abril de dos mil veintitrés, a las diecinueve horas con un minuto, llegan al corralón municipal número 5, para traslado del vehículo, a Estación Universidad ingresan a las veinte horas con treinta y tres minutos, proceden el ingreso con el médico, de ahí se procedió al registro ante la Agencia Federal de Investigaciones para la compulsa de huellas a las veintiún horas con veintitrés minutos, actos administrativos previos iniciando a las veintiún horas con treinta y un minutos y terminando a las veintidós horas con cincuenta y dos minutos, llegada a los separos a las veintitrés horas con veintidós minutos. Por lo que respecta al plazo de cuarenta y ocho horas que establece el artículo 16 Constitucional para que la Fiscalía ponga a disposición del juzgado respectivo a los imputados, se computo de la siguiente manera arribaron a Fiscalía a las cero horas con cincuenta y seis minutos del diecisiete de abril de dos mil veintitrés, por lo que dicho termino fenecía a las cero horas con cincuenta y seis minutos del diecinueve del citado mes y año, cumpliendo con lo provisto en el citado numeral debido a que los quejosos se pusieron a disposición del Juzgado de Control a las veintitrés horas con treinta minutos del dieciocho de abril del año que transcurre. En mérito a todo lo anterior, ante lo infundado e ineficaz de los conceptos de violación hechos valer por los quejosos, es que se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, ******************** y ********************; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de mayo de dos mil veintitrés. Informes justificados Agréguese a los autos el informe justificado, rendido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control (en su denominación correcta), con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Prueba Ahora, respecto a las pruebas documentales que anexó a su informe, las mismas se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de estas en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Vista con disco Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco compacto remitido por la autoridad de referencia, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Anotación denominación correcta Se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice la anotación correspondiente en el referido sistema en relación con la denominación correcta de las autoridades que así se asentó en el presente acuerdo. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Registro y admisión de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por ******* quien se ostenta como Defensor Público Federal de *******, ******* y *******, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, licenciado *******, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 442/2023-I-1. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 3º, 5º, 6, 21, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Capacidad y Personería Ahora, se advierte que la demanda es promovida vía electrónica por el licenciado ******* quien, bajo protesta de decir verdad, se ostentó como defensor público federal de los directamente agraviados *******, ******* y *******. De manera que, en términos del artículo 11, último párrafo y 14, de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, licenciado *******, con residencia en esta ciudad, para que, dentro del plazo de tres días, computados legalmente, remita a este juzgado la certificación correspondiente y las constancias que acrediten el carácter de defensor público federal con el que se ostenta *******. Incidente de suspensión Toda vez que la parte quejosa no lo solicitó, ni se está en presencia de algún supuesto que amerite una apertura oficiosa, es innecesario ordenar que se abra expediente incidental, para proveer sobre la suspensión de los actos reclamados. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la legislación de la materia, se señalan las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la juez y la secretaria en forma autógrafa, electrónica o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, están en posibilidad de hacerlo mediante escrito que presenten ante la Oficialía de Partes Común o en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Solicitud de informe justificado De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a la autoridad responsable que rinda su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio; según lo establecido en el párrafo quinto del artículo 117 de la legislación de la materia. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si deja de rendirlo o bien lo hace sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Deber de informar sobre las causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional ($3,112.20). Emplazamiento de la parte tercera interesada Al representante social que actuó en la causa penal por conducto de la responsable Por otra parte, visto lo estipulado en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la ley de la materia, se reconoce el carácter de tercero interesado a la licenciada ******* agente del Ministerio Público de la Federación que intervino en la causa penal *******, con residencia en ciudad Juárez, quien deberá ser emplazado a través de oficio que al efecto se gire, en términos de los numerales 26, fracción II, b), fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Vista al agente del MP adscrito Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Domicilio En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el indica en su demanda. Medios de contacto Respecto a la solicitud de que se le notifique por medios electrónicos consistentes en el correo electrónico *******, así como el número telefónico *******, dígasele que se autorizan únicamente para llevar a cabo comunicaciones no procesales. Autorización acceso expediente electrónico En atención a que la parte quejosa, solicita las notificaciones del expediente sean electrónicas, y dado que aparece su autorizado registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el nombre de usuario "*******", el cual fue dado de alta por ******* y toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, así como ordinales 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta al autorizado para que las promociones que presenten en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicar las notificaciones en este asunto vía electrónica, incluso las de carácter personal. Asimismo, hágasele del conocimiento, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Posteriormente, en atención a lo solicitado por la referida parte procesal, se le hace del conocimiento que en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que el asunto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la administración regional de esta demarcación, para que ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a la autoridad responsable mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que esta resolutora, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que realicen la cita respectiva para presentarse en el juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese en lista electrónica, vía juicio en línea al quejoso, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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