Juan Aboytes Pizano

Expediente 510/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
510/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
25/06/2019

Partes del expediente

  • Juan Aboytes Pizano

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de diez de junio de dos mil diecinueve, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Vista la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de Mandatarios Judiciales de ***, carácter que se le reconoce al tenerlo reconocido en los autos del juicio de origen; lo anterior con fundamento en el artículo 6° de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 510/2019-III.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, de los Acuerdos Generales Conjuntos números 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, vista la demanda de cuenta, promovida por ***, en su carácter de Mandatarios Judiciales de ***, mediante el cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo de cuenta, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de catorce de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el Toca ***. Este Juzgado Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, los diversos numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, textualmente dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra la parte peticionaria de amparo se desprende que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de catorce de mayo del año en curso dictada en el Toca 209/2019, por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, la cual determinó revocar la sentencia de veintiséis de febrero de la anualidad que corre, en el Juicio Ordinario Civil C 132/2017. Ahora bien, es un hecho notorio que en el índice de este Juzgado Federal, se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 439/2019-III.1, promovido por ***, en su carácter de Miembros del Consejo de Administración de la ***, mediante el cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad, señalando como acto reclamado la resolución de catorce de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el Toca 209/2019. De conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, dado que su contenido no se opone en lo substancial a la nueva ley, cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 285, tomo XXV, junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena, Época, que señala: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Del anexo que acompaña la parte quejosa, en la demanda de amparo, 439/2019-III.1 se advierte claramente y de forma completa, el sentido de la revocación referida, siendo textual: QUINTO.- Bajo el marco procesal destacado, lo procedente es REVOCAR la sentencia apelada a efecto de dejarla insubsistente y ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia, para el efecto de que se emplace a la sociedad mercantil ***, por conducto de sus legítimos representantes, para que dentro del término legal comparezca a manifestar lo que a su interés corresponda únicamente en lo que concierne a las pretensiones planteadas en la demanda original presentada en el juicio de origen por ***. Ante ello, deberán subsistir y quedar intocados los emplazamientos efectuados al resto de los codemandados originales tanto en la relación jurídico-procesal original como en la reconvencional, así como sus correspondientes escritos de contestación, las pruebas que cada parte tuvo a bien desahogar y as demás constancias procesales (determinación que constituye el acto reclamado). En efecto, en la sentencia que recayó al recurso de donde deriva el acto reclamado, el magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, revocó el fallo de primera instancia ordenando la reposición del procedimiento, para el efecto de emplazar a la Sociedad Mercantil ***, por conducto de sus legítimos representantes, para que dentro del término legal comparezcan a manifestar lo que a su interés corresponda únicamente en lo que concierne a las pretensiones planteadas en la demanda original presentada en el juicio de origen por ***. Luego, tal determinación implica que el tribunal de alzada, a través de la reposición en comento, no dejó insubsistente actuaciones que inciden o que afectan derechos sustantivos de la parte quejos, sino que una vez subsanada la irregularidad detectada, es decir, una vez que sea emplazada a juicio, deberá emitir la sentencia en base a las pruebas desahogadas, tal y como ya lo hizo en resolución de veintiséis de febrero del año en curso. Máxime, que en la resolución combatida, se determina que deberán subsistir y quedar intocados los emplazamientos efectuados al resto de los codemandados originales tanto en la relación jurídico-procesal original como en la reconvencional, así como sus correspondientes escritos de contestación, las pruebas que cada parte tuvo a bien desahogar y as demás constancias procesales. En conclusión, de todo lo antes resaltado, se desprende que el acto reclamado no se trata de un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, aplicado en forma contraria, para la procedencia del juicio de amparo por la vía biinstancial, pues no afecta derechos sustantivos, sino únicamente produce efectos intraprocesales, los cuales, en su caso, se traducen en violaciones a derechos de carácter adjetivo o procesal que pondrán ser alegadas y reparadas en un momento distinto, es decir, en sentencia, o bien, a través del fallo que se emita en contra del recurso que contra aquella llegue a promover la parte que se sienta afectada. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la tesis II.1o.C.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 2075, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación. También es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis de Jurisprudencia número IV.2°J/13, visible en la página 538, Tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial. Y la tesis de jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo IV, Primera Parte, Tesis 3ª./J 43 29/89, en la página 291, la cual es del tenor siguiente: EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En la inteligencia de que las tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley, que a la letra dice: SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. En esa tesitura, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida, por actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia analizado. Se tiene como domicilio de los quejosos, para oír y recibir notificaciones el ubicado en *** esta ciudad. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Por lo anteriormente expuesto, se resuelve: UNICO.- SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de Mandatarios Judiciales de ***, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano