Juan Abel Contreras Maximiliano

Expediente 218/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
218/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
28/07/2021

Partes del expediente

  • Juan Abel Contreras Maximiliano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tapachula de Córdoba y Ordóñez, Chiapas; veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa y su autorizado el Defensor Público Federal, pudieron recurrir en queja el auto de quince de julio de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que hicieran manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de su defensor público Alonso Gómez Pale.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Juan Abel Contreras Maximiliano; por medio del cual, pretende desahogar la prevención realizada en auto de uno de junio de dos mil veintiuno. Atento a su contenido; dígasele a la parte quejosa que se esté a lo acordado en auto de quince de julio del año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. No obstante, infórmesele al impetrante de garantías, que se dejan a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía correspondiente.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de uno de junio de dos mil veintiuno, para que GUIDO PEREZ RAMIREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a0.bd 26/08/21 16:21:51 Amparo indirecto 218/2021 ??????????????? desahogara la prevención contenida en dicho auto, sin que lo hubiere realizado en sus términos. No obstante, que mediante constancias de notificación de cuatro, once y veintisiete de junio de dos mil veintiuno, así como con el escrito identificado con el folio 4543 (presentado el treinta de junio pasado), el quejoso Juan Abel Maximiliano Contreras, haya pretendido dar cumplimiento a dicha prevención sin que la desahogara completamente, toda vez que únicamente precisó que el acto que reclamaba a cada una de las autoridades responsables, era la orden de traslado ordenada por el Juez Noveno de Distrito de Coatzacoalcos, Veracruz. Sin embargo, tal y como se precisó en autos de ocho de junio y uno de julio de dos mil veintiuno, no precisó si previo a promover el juicio de amparo, contra dicha orden de traslado promovió algún medio de defensa o recurso ordinario, a través del cual puede ser modificada, revocada o nulificada; lo cual resulta necesario para proveer sobre la admisibilidad de la demanda instada, en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de uno de junio de dos mil veintiuno y con fundamento en el párrafo segundo del artículo 114, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA, la demanda de amparo promovida por Juan Abel Maximiliano Contreras. GUIDO PEREZ RAMIREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a0.bd 26/08/21 16:21:51 Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la tesis XI.2o.55 K11, cuyo rubro a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN." Debe decirse que el que criterio que se cita, y que interpreta la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se aponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tal criterio de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que se trata, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que en ningún momento se dejó en estado de indefensión al impetrante de amparo, pues en proveídos de ocho, veintidós y veintinueve de junio, así como el diverso de uno de julio, todos de dos mil veintiuno, se dio vista al Defensor Público Federal Alonso Gómez Pale, asesorara y orientara al quejoso Juan Abel Maximiliano Contreras, a fin de desahogar los requerimientos formulados en proveído de uno de junio de dos mil veintiuno; lo cual acreditó con la constancia de entrevista ???????? de veintinueve de junio del año en curso, la cual anexó a su escrito identificado con el folio 4558. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a uno de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibidos los escritos de cuenta, mediante los cuales el quejoso Juan Abel Contreras Maximiliano y por el defensor público federal Alonso Gómez Pale, pretenden desahogar la prevención realizad en auto de uno de junio de dos mil veintiuno; asimismo, el citado profesionista exhibe constancia de entrevista con el impetrante de amparo de veintinueve de junio del año en curso Lo anterior, se afirma, pues el quejoso no precisó si contra la orden de traslado que reclama al Juzgado Noveno de Distrito de Coatzacoalcos, Veracruz, promovió algún medio de defensa o recurso ordinario, lo cual resulta necesario para proveer respecto a la admisión o no de la demanda, dado que contra dicho acto reclamado procede recurso previo a promover el juicio de amparo, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Por tanto, no es procedente tener por desahogada en su totalidad la prevención formulada en proveído de uno de junio de dos mil veintiuno. En mérito de lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa por conducto de su defensor público federal Alonso Gómez Pale, que aún tiene oportunidad de desahogar la aludida prevención, en virtud que aún no transcurre el plazo que se le concedió en auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, pues éste se interrumpió con las manifestaciones realizadas en el ocurso de cuenta y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos, Libro VIII, Tomo 1, mayo de dos mil doce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y textos siguientes: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo". Debe decirse que el que criterio que se cita, y que interpreta la Ley de Amparo, abrigada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se aponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tal criterio de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que trata, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. APERCIBIMIENTO Se apercibe al quejoso que para el caso de no desahogar en sus términos los requerimientos realizados en auto de uno de junio de dos mil veintiuno, se le hará efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, en relación a las manifestaciones realizadas por el defensor público federal Alonso Gómez Pale, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, ello en virtud de que únicamente goza de las amplias facultades previstas por el 12 de la Ley de Amparo y carece de atribuciones para promover en representación del directo quejoso. Lo anterior, ya que el autorizado solo puede alegar, ofrecer pruebas, interponer los recursos que procedan, dado que está autorizado para tales efectos; ahora, también es cierto que el principio de parte agraviada previsto en los artículos 107 fracción I de la Constitución Federal y 6 de la Ley de Amparo vigente exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, por lo que resulta evidente que el cumplimiento a la prevención realizada en proveído de uno de junio de dos mil veintiuno, debe contar con la firma autógrafa del quejoso, puesto que se trata de un acto de carácter personalísimo. En consecuencia, dígase a Alonso Gómez Pale, que no ha lugar a acordar favorable su petición, en virtud de que el desahogo de la prevención constituye el ejercicio de una acción que sólo puede ser hecha valer por el titular del derecho sustantivo correspondiente, que en el caso es el directo quejoso. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, Décima Época, registro 2007285, rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En ese sentido, se reitera al citado profesionista que deberá realizar las gestiones conducentes para asesorar al quejoso a fin de desahogar satisfactoriamente la prevención formulada en autos, o bien, manifieste la imposibilidad para hacerlo. Asimismo, se hace del conocimiento del citado defensor público federal que, con tal carácter, y para cumplir con el derecho a una defensa adecuada, tiene obligación de orientar y asesorar a su representado en todos los actos del juicio y en especial, los que impliquen requerimientos, por lo que, el citado abogado, deberá justificar a este órgano jurisdiccional, ante ese tipo de actos, que mantuvo comunicación con el impetrante, para asesorarlo.

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