Juam Emilio Uecho Lopez

Expediente 482/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
482/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Juam Emilio Uecho Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente sumario, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos el alegato ministerial número 254/2022, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Lo anterior sin mayor proveído, tomando en consideración que por auto de veintinueve de marzo último se dictó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia solicitada, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1346/2021-VII-A, promovido por Luis Armando Chuc Sánchez, Julián Can y Chuc y Sixto Jorge Noh Arguelles, contra el acto que reclaman de la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad; R E S U L T A N D O PRIMERO. En su escrito agregado por auto de veintidós de marzo de esta anualidad, en el expediente principal del que derivan estos autos, Luis Armando Chuc Sánchez, Julián Can y Chuc y Sixto Jorge Noh Arguelles, solicitaron la suspensión definitiva del acto que reclaman de la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados a las autoridades responsables por la parte quejosa, el cual hizo consistir esencialmente en: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el doce de julio de dos mil veintiuno, en autos de la causa penal 138/2021. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado a la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, respecto de los quejosos Julián Can y Chuc y Sixto Jorge Noh Arguelles, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe previo (promoción 7241). Ahora bien, la referida responsable omitió pronunciarse con relación al quejoso Luis Armando Chuc Sánchez, por tanto, se presume cierto el acto que se le reclama, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Amparo. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317,630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERO. Ahora bien, en cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, debe establecerse, en primer lugar, la naturaleza de los actos reclamados. En ese sentido, la vinculación a proceso dictado en su contra, se trata de un acto consumado con efectos positivos, por lo que sólo respecto a los efectos y consecuencias del mismo, es dable hacer pronunciamiento sobre la procedencia o no de la suspensión. Atendiendo a lo anterior, a fin de analizar la procedencia de la suspensión respecto de los efectos y consecuencias del acto impugnado, se debe verificar si en el caso se satisfacen los requisitos de procedencia que se prevén en el artículo 128 de la Ley de Amparo, numeral que señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos Siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Atento a lo anterior, toda vez que en el caso, se cumple el primer requisito referido en cuanto a que existe manifestación de la parte quejosa respecto a la solicitud de la suspensión, y que en el particular, de concederla no se contravendrían disposiciones de orden público ni interés social, ya que el acto reclamado únicamente atañe a las partes involucradas. Se considera entonces, que respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de doce de julio de dos mil veintiuno, dictado en autos de la causa penal 138/2021, con apoyo en los artículos 163 y 166 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA para el efecto de que los quejosos queden a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento, hasta que se resuelva el fondo del asunto en el juicio principal. Sin que obste a ello, que la autoridad responsable pueda decretar alguna otra medida cautelar que estime procedente, al ser más amplio el catálogo de medidas cautelares que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales que la Ley de Amparo, y por tanto, más benéficas para el hoy quejoso. En el caso, se invoca por identidad de razón la tesis II.2.P.284 (9ª), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 4296, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, AL ANALIZAR DICHA DETERMINACIÓN, PUEDE REITERAR LOS CRITERIOS DE AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANTES DE LAS REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. Como lo refirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de las reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, la diferencia entre el auto de formal prisión y el entonces llamado auto de sujeción a proceso radicaba entre otras en que este último no restringía la libertad del todo, sino sólo la perturbaba al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el Juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no era con su autorización; luego en atención a las citadas reformas constitucionales, donde existe un nuevo proceso penal de tipo acusatorio, adversarial y oral, aparece la figura del auto de vinculación a proceso que igualmente tiene por objeto someter al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación formalizada, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones posibles, continuando así dicho proceso que puede terminar con el dictado de una sentencia privativa de su libertad personal. Ahora bien, el hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica que su libertad se afecte, al menos parcialmente, en la medida en que lo somete a un proceso penal con pretensión punitiva, cuya prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, por lo que lo obliga a comparecer en los plazos o las fechas indicadas por el Juez que conozca del asunto cuantas veces resulte necesario con miras a garantizar, precisamente, la finalidad potencialmente punitiva de la sentencia con la que culmine, pues la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de su libertad personal y deambulatoria en sentido estricto, sino que tal afectación también puede darse en el ámbito jurídico por el hecho de estar vinculado, precisamente, a un proceso de tal naturaleza donde, actualmente, con base en las potenciales audiencias subsecuentes que prevé el nuevo sistema procesal, así como las eventuales solicitudes de las partes (particularmente del Ministerio Público y a instancia de víctimas u ofendidos), la autoridad judicial competente puede, incluso, decretar otras medidas para garantizar el seguimiento del proceso penal; por lo que, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma, en forma directa de su libertad personal (pues es independiente de las posibles medidas cautelares adicionales), sí puede considerarse como un acto que la limita indirectamente, en tanto constituye una condición sine qua non para someterlo formal y materialmente a proceso, para la apertura y determinación del periodo de investigación subsecuente, para la continuidad del cauce procesal y para la posible imposición de alguna medida de coerción relacionada con las obligaciones derivadas de esa vinculación, lo cual sin duda repercute en la esfera jurídica del quejoso, al ubicar su condición como la de una persona sujeta a un proceso penal con todas las implicaciones jurídicas o sociológicas que ello conlleva. Y es que del mismo modo en que lo advirtió en su momento el Máximo Tribunal del País, al examinar el auto de "sujeción a proceso" del sistema procesal tradicional, el actual auto de vinculación a proceso genera igualmente una perturbación que, aunque indirecta, incide en la libertad personal. De no aceptarse que existe una afectación, al menos indirecta o en grado de perturbación de la libertad del imputado, como consecuencia del auto de vinculación, se llegaría al absurdo de hacer nugatoria o pretender ignorar la importantísima finalidad que como garantía ejerce la Constitución Mexicana, es decir, la función garantista del tipo penal, que consiste también en evitar que a cualquier gobernado se le someta a un proceso penal (que por naturaleza tiene fines de pretensión punitiva estatal), sin justificarse previamente la satisfacción de los requisitos mínimos para ello, que exigen un estándar suficiente de acreditamiento de un hecho delictivo (no cualquier clase de acto o hecho ajeno a la materia penal) y de razonable probabilidad de intervención en la comisión de ese hecho. Por tal razón se estima que la emisión de un auto de vinculación a proceso, aun sin existir medidas cautelares complementarias, sí perturba o afecta, al menos indirectamente, la libertad personal; de ahí que, en atención a esa especial naturaleza, debe estimarse como supuesto adecuado para la procedencia del amparo y del otorgamiento de la suspensión en lo conducente a esa misma naturaleza excepcionalmente especial. En ese sentido, es claro que la jurisprudencia superada por la legislación reformada no resulta aplicable ni exigible en sentido estricto, pero ello no quiere decir que la autoridad jurisdiccional esté impedida para reiterar el criterio que emana de ella si resulta igualmente aplicable en lo conducente a las nuevas hipótesis normativas, sobre todo cuando éstas son esencialmente idénticas en razones y circunstancias de potencial afectación a la misma garantía o derecho fundamental que la Constitución del País protege, toda vez que donde hay la misma razón no cabe desconocer la misma aplicabilidad de un criterio racional y sustancialmente depurado por la Suprema Corte, que en este caso, este Tribunal Colegiado, dentro del ámbito de su competencia, lo asume y reitera como propio. En efecto, este tribunal comparte tal consideración y reitera, en lo conducente, el aludido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aunque si bien se refiera al "acto de sujeción a proceso", resulta esencial y racionalmente análogo en defensa de la misma garantía de libertad personal, la cual con la creación del sistema penal acusatorio no sólo subsiste sino incluso se ve mayormente tutelada frente a ataques al debido proceso penal, entendido como derecho humano fundamental y reconocido como presupuesto válido de toda pretensión punitiva posible; aspecto que sigue siendo materia de control de constitucionalidad ineludible, independientemente del sistema procesal que se adopte". Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se CONCEDE a Luis Armando Chuc Sánchez, Julián Can y Chuc y Sixto Jorge Noh Arguelles, la suspensión definitiva del acto que reclaman de la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando segundo de la presente resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio número TTSEM/MP/SRÍA.-307/2022, signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, por medio del cual remite copias certificadas de su última actuación de data veintiuno de febrero pasado, dictada en el expediente laboral 14/2009 de su índice. Acuerdo del cual se advierte que, entre otras cuestiones, requirió al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, para que dentro del término de diez días hábiles, computados legalmente, informara y acreditara la respuesta dada por parte del Congreso del Estado de Yucatán, a su solicitud; y en caso de que hubiese sido en sentido negativo, o no haya recibido la misma, comunique las gestiones ordenadas a fin de cumplir con el laudo dictado a favor de la aquí parte quejosa; con apercibimiento de multa en caso de no cumplir con lo anterior. Al efecto, téngase por informado lo anterior, advirtiéndose que las acciones realizadas por la responsable son acordes a lo que se le ha indicado periódicamente en estos autos. Por tanto, requiérase al Tribunal responsable, para que una vez que el Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado cumpla con el requerimiento efectuado en el juicio laboral de origen; o bien fenezca el término que le concedió para tal efecto, de inmediato comunique el acuerdo recaído, para estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda; debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, sin centavos, moneda nacional), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

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