Jsnnet Viviana Hernandez Torres
Expediente 299/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jsnnet Viviana Hernandez Torres
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que, dentro del plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso alguno en contra del auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo General de mérito, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. Finalmente, devuélvase el testimonio notarial que anexo la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, a través de las personas que autoriza para tal fin, previa copia que deje en autos en su lugar, haciéndole de su conocimiento, que esta autoridad no recibió más constancias por parte del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, que fue quien conoció en primer término sobre su demanda de garantias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, se tiene por recibido el escrito de la parte quejosa; por medio del cual solicita la devolución de las documentales que exhibió en su escrito inicial de demanda; visto su contenido, dígase a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que no ha quedado firme el auto dictado el once de marzo de dos mil diecinueve; lo anterior, de conformidad con el artículo 86 de la ley de Amparo vigente, por tanto una vez que el misma cause ejecutoria se acordará lo conducente en relación a su solicitud. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio OCC/C18/JDM/238/2019, suscrito por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, en donde se advierte que efectuó el registro de un asunto más para este Juzgado de Distrito, con motivo de la separación de juicios realizada por el Juzgado Séptimo de Distrito en esta entidad federativa, dentro del juicio de amparo 257/2019-C, correspondiendo conocer a este órgano jurisdiccional respecto de la demanda promovida por JANNET VIVIANA HERNÁNDEZ TORRES, por propio derecho, adjuntado el oficio de fecha cuatro de marzo del presente año, testimonio autorizado de la demanda de amparo y un anexo. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 299/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaria de la Secretaría de Bienestar Social. Transcripción del actos reclamados. "La omisión de publicar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019. Las consecuencias directas e indirectas de la omisión reclamada en el punto que antecede, mismas que se pueden traducir en la falta de entrega del subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, e incluso de la cancelación del Registro en el Padrón del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras." Desechamiento. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Lo anterior es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Sirve de apoyo en cuanto al criterio la siguiente jurisprudencia, cuyo rubro se lee: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En cumplimiento a lo anterior, se desecha la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral, este juzgado federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el numeral 63 del cuerpo normativo en cita, expresamente dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Porciones normativas, de las que se extrae que el juicio de amparo es improcedente cuando de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto central del reclamo, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora bien, en el caso, de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La omisión de publicar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como sus efectos y consecuencia, que se traducen en la falta de entrega del subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de este año e incluso la cancelación del Registro en el Padrón del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. En esta tesitura, de la consulta practicada en el portal de Internet del Diario Oficial de la Federación, correspondiente al veintiocho de febrero de la presente anualidad, se aprecia que en esa data se publicaron las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Ahora bien, la demanda de amparo que se provee, fue presentada en esa misma fecha, tal y como se advierte del sello de recepción de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, por ende, con ello queda demostrado claramente y sin lugar a dudas que el acto reclamado no existía a la fecha en que se instó la acción constitucional. Sin que haya lugar a suponer que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Amparo, la parte quejosa está en aptitud de demostrar la existencia del acto reclamado en la audiencia constitucional, puesto que, al encontrarse publicadas en el Diario Oficial de la Federación, no está sujeto a prueba. De ahí que, sería ocioso e innecesario dar trámite a la demanda, pues resulta evidente el sobreseimiento. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 1996, Libro XVIII, Marzo de 2013, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y CONTENIDO ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA. Los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales son claros al establecer que el Diario Oficial de la Federación es el órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, que tiene como función publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente; asimismo, establecen cuáles actos son materia de publicación, a saber, las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión; los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal que sean de interés general; los acuerdos, circulares y órdenes de las dependencias del Ejecutivo Federal, que sean de interés general; los tratados celebrados por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos; los acuerdos de interés general emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los actos y resoluciones que la Constitución y las leyes ordenen que se publiquen en el Periódico Oficial; y aquellos actos o resoluciones que por propia importancia así lo determine el Presidente de la República. Luego, la circunstancia de que una parte dentro de un juicio aporte en copia simple un ejemplar del Diario Oficial de la Federación, por el que pretende acreditar una especial situación jurídica que le afecta, no puede considerarse en modo alguno como un documento que tiene valor indiciario del hecho que se pretende demostrar, porque ha quedado establecido que la naturaleza del Diario Oficial es la de ser un órgano de difusión de los actos que la propia ley señala, y en razón de su finalidad de dar publicidad a los mismos, es que ninguna autoridad puede desconocer su contenido y alcance; en tal virtud, es de colegirse que el acto de publicación en ese órgano de difusión consta de manera documental, por lo que su presentación en una copia simple ante la autoridad judicial, no puede justificar un desconocimiento del acto por aquélla, sino que tiene el deber de tomar en cuenta esa publicidad del acto patente en el documento presentado en copia simple que refleja la existencia del original del Diario Oficial de la Federación que es fácilmente constatable como hecho notorio, más aún cuando existe la presunción legal de conocerlo por parte de la autoridad judicial, porque atento a lo establecido por el artículo 8o. de la citada ley, el Diario Oficial debe ser distribuido gratuitamente a los tres Poderes de la Unión y debe proporcionarse a los gobernadores de los Estados -incluido el Distrito Federal- una cantidad suficiente de ejemplares. Basta que la autoridad judicial tenga conocimiento del acto jurídico que invoca la parte interesada como publicado en el Diario Oficial de la Federación, que derivan del hecho material de haber sido difundido en una fecha precisa y su contenido, para que la autoridad judicial esté en condiciones de pronunciarse sobre ese aspecto, porque se trata de un acontecimiento notorio que deriva de fuentes de información que la ley garantiza le deben ser proporcionadas por otros órganos del Estado." Lo anterior, con apoyo, además, en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, el cual establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal. También, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, materia común, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Asimismo, es aplicable la tesis IV.3o.72K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 254, Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." En otra tesitura, conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la quejosa a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el analizado en la presente determinación, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables, máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así tenemos que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que nos hemos referido en líneas anteriores. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1587, del Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dispone: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva- lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." También, es aplicable a lo considerado, el criterio que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito plasmó en la tesis número 15 K (10a.), editada en la página 2274 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, en su fracción XXIII, en relación con el numeral 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, por estar plenamente demostrado que el acto reclamado no existía a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por JANNET VIVIANA HERNÁNDEZ TORRES. Lo anterior se hace extensivo a los actos reclamados consistentes en la falta de entrega del subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de este año y la posible cancelación del Registro en el Padrón del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, habida cuenta que, como la propia quejosa manifiesta, lo reclama en vía de consecuencia del acto consistente en la omisión de publicar las multicitadas reglas, el cual, como quedó evidenciado, resulta inexistente. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto el domicilio o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificarán por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos amplios a Alberto Alexander Esquivel Ocampo y Eduardo Horacio López Castro, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las diversas personas únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado expresamente. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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