Joyce Akah Amake

Expediente 2318/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2318/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2019

Partes del expediente

  • Joyce Akah Amake

Actuaciones

  1. Principal

    Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y anexo mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, y al efecto remite copia certificada de las constancias relativas. A fin de estar en condiciones de proveer en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del comunicado de cuenta y anexos que acompaña, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, con el oficio y constancias remitidas, por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; apercibida que de no desahogar la vista, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; en apoyo a esta determinación se cita por identidad jurídica, la tesis VI.1º.P.27 K, visible en la página 832, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Febrero de 2002, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente:

  2. Principal

    Vista la demanda promovida por Joyce Akah Amake, contra actos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 2318/2019. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la misma carece de firma de la quejosa Joyce Akah Amake, por lo que en el caso concreto, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3º, 5° y 6° de la citada legislación. Lo anterior es así, ya que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo es el de iniciativa o instancia de parte agraviada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 constitucional, fracción I; en concordancia con lo expuesto, en el procedimiento, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma, y cuando no sabe hacerlo o no puede firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirá su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Ahora bien, la demanda de amparo fue presentada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), pero de la simple lectura de la misma, se aprecia que la impetrante no cuenta con firma electrónica (FIREL), ni el propio sistema arrojó la constancia condigna de la cadena criptográfica; tampoco argumentó que diversa persona promovería a su ruego con motivo de alguna imposibilidad jurídica o material para hacerlo, si no que por el contrario, la redacción de la demanda indica que se elaboró de tal manera, que es la propia Joyce Akah Amake, la que solicita el juicio de amparo, destacando que se encuentra en libertad y sin ninguna imposibilidad jurídica ni material para estampar su firma. Por lo tanto, queda claro que la pretendida quejosa no signó el libelo de amparo, pues no obra evidencia criptográfica alguna de aquella, aunado a que conforme al contrato laboral que anexa la parte quejosa a la demanda, se colige que el signo gráfico que obra al calce de la demanda corresponde a Lucas Mbole, por lo que no hay forma de saber si es voluntad de la promovente instar el juicio en que se actúa. En esas condiciones, se estima que la circunstancia de que la supuesta impetrante presentara el documento con su nombre, no le impedía de modo alguno suscribirlo, pues no refirió tener algún impedimento para hacerlo, ni tampoco se actualiza el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, para que se considere que alguien promueve la demanda a favor de la referida quejosa. De ahí, que es evidente que la demanda carece de validez, ya que no se puede determinar que se encuentra exteriorizada la voluntad de la directamente interesada en la promoción del juicio de amparo, pues como ya se dijo, el amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, requisito que debe quedar plenamente acreditado para que el juzgador se encuentre en condiciones de admitir una demanda de amparo; por lo que al carecer la demanda de amparo de la firma de la pretendida suscriptora, y tampoco obra una firma a su ruego, tal documento carece de validez en relación con aquélla. Máxime que de admitir y tramitar esa promoción, sin la firma correspondiente, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, presentara escritos instando la función jurisdiccional, cuando no existe en realidad la voluntad respectiva. No soslaya este órgano jurisdiccional que el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, señala que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en términos del numeral 15 de la citada ley. Sin embargo, éste último numeral dispone que cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier persona en su nombre, aunque sea menor de edad y, empero en el caso concreto la parte quejosa no manifestó estar imposibilitada, máxime que se encuentra libre. Por consiguiente, la firma de quien interpone un recurso o cualquier otro medio de defensa previsto en la Ley de Amparo, constituye un signo expreso e inequívoco de su voluntad de instar el juicio de amparo, razón por la cual, se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia, de ahí que si una promoción carece de la firma autógrafa o electrónica procede su desechamiento, ya que ello impide tener certeza de la autenticidad del documento, porque para probar la voluntad del recurrente es necesario tener certidumbre de su intención de interponer el medio de impugnación intentado A mayor abundamiento, cabe decir que todos los escritos que se presenten, de cualquier naturaleza, deberán estar firmados, si no aparece la firma, se entiende que es un anónimo, dado que en el escrito no se aprecia la voluntad de quien -en un momento dado- lo está presentando; solamente existe la posibilidad de que no se requiera la firma electrónica cuando estamos en un caso de excepción, que se señala en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y este caso de excepción es en aquellos asuntos en que se ha aceptado - tradicionalmente- el amparo por comparecencia, que está referido a actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Entonces, no siendo ese caso, las promociones, sean en expediente -que podríamos llamar normal-, que se presenta la promoción o el expediente electrónico, la promoción o la demanda debe de ir firmada, ya sea a través de la firma electrónica, si el expediente es electrónico, o a través de la firma autógrafa, si se trata de una promoción en papel. De igual forma, la Suprema Corte ha sostenido el criterio, -siempre- que cuando no existe firma no es motivo de requerimiento; el artículo que -de alguna manera- establece los requerimientos para que estos sean subsanados es porque existe alguna oscuridad dentro de la demanda o faltan copias; son situaciones subsanables, pero cuando no hay firma, se ha entendido que no hay voluntad para la presentación de la promoción. Por lo anterior, al no contar el escrito con la firma correspondiente, y no actualizarse el supuesto que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo promovida por propio derecho por Joyce Akah Amake, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso proceda prevenir la demanda, puesto que la falta de firma respectiva no es un requisito de forma contenido en el artículo 108 de la Ley de Amparo, sino un presupuesto de validez, como es la voluntad. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en la estadística del juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que esta determinación implique una violación al derecho humano del quejoso a un recurso efectivo, pues si bien es cierto que con la reforma al artículo 1 constitucional, de diez de junio de dos mil once, se modificó el sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, el derecho a un recurso efectivo, previsto por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso, el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia de la acción o para la interposición de cualquier medio de defensa, previstos en las leyes nacionales, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Como lo solicita, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el correo electrónico egabriel_aburtogtz@hotmail.com registrado a nombre del usuario Gabriel8, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley de Amparo; ahora bien, respecto a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones los teléfonos que señala en su escrito de cuenta, dígase a la promovente que deberá de cumplir con lo dispuesto en el artículo 30, de la ley de la materia, de ahí que por momento no ha lugar a acordar de conformidad dicha petición. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edgar Gabriel Aburto Gutiérrez y Adan Ontiveros Molina, toda vez que sí se encuentran registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Y, como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones a José Ramón Rodríguez Hidalgo, Luis Edgar Barragán Garduño, Javier Cipriano Ávila, Arturo Suárez Medrano, Héctor Adrián Santana Vega, Erik Adán Gutiérrez Luna, Abigail Sánchez Torres, Karina Media Morán y Zaria Romero Mejía, los dos primeros en virtud de que sus cédulas no están inscritas en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y el resto, por así solicitarlo la promovente.

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