Jovita Roman Garcia

Expediente 545/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
545/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
13/07/2018

Partes del expediente

  • Jovita Roman Garcia
  • Aurelio Lopez Roman

Actuaciones

  1. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... del acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho...Como de la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de fecha veintiséis de junio del presente año, en que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por -, en cuanto apoderado jurídico de -******************** sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; toda vez que se desechó de plano la demanda de garantías. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, como del estado que guardan los autos se aprecia que existen documentos originales que devolver, mismos que fueron adjuntos a su libelo constitucional, en consecuencia, requiérase a la parte quejosa ******************** a fin de que dentro del término de tres días comparezca ante este Tribunal Federal a solicitar los referidos documentos, en razón de que jurídicamente resulta innecesario que obren en autos y a disposición de este Juzgado, apercibido que de no hacerlo estos sufrirán el mismo destino que el expediente en que se actúa...

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de fecha veintiséis de junio del presente año, en que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por -, en cuanto apoderado jurídico de -******************** sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; toda vez que se desechó de plano la demanda de garantías. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, como del estado que guardan los autos se aprecia que existen documentos originales que devolver, mismos que fueron adjuntos a su libelo constitucional, en consecuencia, requiérase a la parte quejosa ******************** a fin de que dentro del término de tres días comparezca ante este Tribunal Federal a solicitar los referidos documentos, en razón de que jurídicamente resulta innecesario que obren en autos y a disposición de este Juzgado, apercibido que de no hacerlo estos sufrirán el mismo destino que el expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. RADICACION Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por el ******************** carácter que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, virtud al poder notarial que adjuntó a su libelo constitucional, contra actos del ********************; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número V-535/2018-1. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Se hace consistir en la inconstitucional determinación de vertida por la autoridad responsable en el punto primero del acuerdo de folios 1453, 1454, 1460 que a la letra señala: "Téngase por hechas las manifestaciones de-por cuanto al proveído del 29 de Enero las que serán analizadas y valoradas en su momento procesal oportuno, atento a que ello crea incertidumbre jurídica en los quejosos por la falta de aplicación y observancia de los artículos 61, 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, vigente, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, así como del artículo 17 Constitucional que obliga al resolutor a resolver cualquier pedimento en el plazo legal de tres días, prohibiéndole mandar reservar el acuerdo, disposiciones que al ser de orden público son de observancia obligatoria. También se reclama el ilegal auto de fecha 30 de Abril del presente año, relativo a mi escrito registrado con el folio número 1453 de fecha 30 del mes de Abril del año que corre, escrito que fue presentado el día 12 de Abril y que le recayó acuerdo hasta el 30 del mes de Abril, mediante el cual le manifestaba a la responsable que dicho auto fue dictado sin acatar las formalidades esenciales del procedimiento y sin requisito alguno, y sin tener la certeza de que el predio comunal en conflicto sea propiedad del señor Santiago Hernández Báez, argumentando la autoridad responsable que la medida cautelar era de acuerdo a la ejecutoria dictada por el C. Juez Segundo de Distrito con residencia en esta ciudad, dentro del amparo número 435/2017, de lo que no se discute porque ciertamente así fue, de lo que mis representados se hicieron sabedores y no reclaman tal decisión, sino el motivo de la presente queja consiste en que la responsable sin seguir las formalidades esenciales del procedimiento concede simple y llanamente la medida cautelar solicitada por la parte actora y solamente señala a mi escrito donde le pedía la revocación de dicha medida." Este órgano jurisdiccional estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El numeral transcrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En el caso, este órgano constitucional advierte que en contra de los actos que se reclaman se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos". De acuerdo con dicho dispositivo jurídico, la acción constitucional es improcedente cuando se reclamen leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo, siempre que haya sido promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades, al margen de las violaciones planteadas. En el presente asunto, como ya quedó anotado, el aquí quejoso demanda la protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: La determinación por la cual la autoridad responsable en el punto primero del acuerdo de folios 1453, 1454, 1460 señala: "Téngase por hechas las manifestaciones de NESTOR GOMEZ JUAREZ, por cuanto al proveído del 29 de Enero las que serán analizadas y valoradas en su momento procesal oportuno. El auto de treinta de Abril del presente año, relativo al escrito registrado con el folio número 1453, escrito que fue presentado el día doce de Abril del año en curso, y que recayó el acuerdo referido de treinta del mes de Abril, mediante el cual la autoridad responsable argumento que la medida cautelar era de acuerdo a la ejecutoria dictada por este Juzgado dentro del amparo número 435/2017, por lo que el acto consiste en que la responsable concedió simple y llanamente la medida cautelar solicitada por la parte actora y señala el escrito del aquí quejoso donde solicitó la revocación de dicha medida. Por otro lado, del índice de este juzgado, se advierte el diverso juicio de amparo número V-353/2018-1, lo que constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo y de la tesis del rubro: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURAROS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN DIFEDIGNA Y AUTÉNTICA", mismo que se ordena poner a la vista al momento de emitir la presente determinación, y del cual se desprende que el mismo, fue promovido por los mismos quejosos, contra la misma autoridad responsable a la cual se reclamó el siguiente acto: "ACTO RECLAMADO.- Lo constituye el ilegal contenido dictado dentro del auto de fecha 29 de Enero del año actual, dentro del cual en primer lugar; la responsable señala que se deja insubsistente y sin ningún efecto legal la determinación dictada dentro de la audiencia de 11 de abril del 2016, en el que se niega proveer la concesión de la medida precautoria solicitada por el actor, auto que fue notificado el día 9 del mes de abril del actual. En segundo lugar.- La responsable en dicho auto, señala que para el efecto de estar en condiciones de proveer respecto de la procedencia de dicha medida precautoria solicitada, requiérase a la parte actora -, para que dentro de 10 días hábiles informe a este Unitario, la situación real, y tangible del estado de las matas de aguacate y del fruto que de ellas se cosecha, en la superficie en la que solicita la medida precautoria, pero también en ese auto se exige que dé cumplimiento en base a ejercer su derecho de propiedad (lo que no se encuentra acreditado) el dueño (menos se encuentra acreditado) deberá acreditar durante la imposición de las medidas cautelares a la autoridad los elementos con efectos diferidos en tiempo, finalizando dicho auto "Que atendiendo a la naturaleza y al menoscabo en su valor cuando sucede con los frutos y accesorios o el valor del bien y una indemnización por daños y perjuicios, lo que no se llevó a cabo por el actor, por tanto señor Juez, la parte actora no dio cabal cumplimiento a las exigencias del presente auto y aun así la responsable concedió la medida precautoria, sin corresponderle, en esa virtud, debe revocarse en todo dicho auto por lo que debe concederse el Amparo solicitado. Así mismo se reclama también el AUTO de fecha 9 de Enero del actual, en el cual se conceda la medida precautoria en forma ilegal y anticonstitucional, ya que se concede simple y llanamente y solamente por el simple dicho del señor -, quien manifiesta de mutuo propio y a sus intereses muy particulares las condiciones en que se encuentran las matas de aguacate que dice son de él, sin serio, y sin otorgamiento de garantía cual ninguna, se concede dicha medida precautoria y no solamente eso, sino también se concede se metan a inspeccionar una huerta de árboles de aguacate que nunca ha tenida la posesión de ella, y que no es de su propiedad situación que no se encuentra acreditada con ningún medio de convicción, cuya manifestación debió hacerla bajo protesta de decir verdad lo que no obra en autos, por lo cual señor Juez debe concederse el amparo solicitado para el efecto de que se revoque la medida provisional concedida en forma ilegal, ya que el actor nunca ha tenido la posesión que reclama." Juicio que en cuatro de junio en curso, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán con sede en Uruapan, aceptó la competencia planteada por este Juzgado. Ahora, si bien se aprecia que los actos reclamados en los citados juicios de amparo varían, lo cierto es, que el acto planteado en el presente juicio biinstancial se encuentra supeditado o relacionado con el diverso que ahora se tramita ante el similar de Uruapan, bajo el número 263/2018-IV, ya que el mismo es un cumplimiento a una ejecutoria de amparo y las consecuencias jurídicas que se llegaran a dictar en el presente juicio tendrían consecuencias en aquel, motivo por el cual deberá resolverse primeramente el citado juicio de amparo que fue planteado en primer término. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 24/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, Página: 265 del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten. Así como por similitud jurídica la jurisprudencia 90/2010, de la Segunda Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época, Materia Común, Página: 291 del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral." Por lo antes expuesto, se insiste, que en el acto precisado se actualiza la causa de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías. Máxime que de igual forma, se actualiza la causal de improcedente establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V de la Ley de la Materia, que disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 107, fracción V, de la de Amparo, prevé: "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de.b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y V.- Contra actos en juicio cuyo efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Del texto de dichos preceptos se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que, quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por el contrario, los de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que contienen la posibilidad de que puedan resolverse en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada. En ese orden, el proceso cualquiera que sea su naturaleza, no es un fin, sino un medio para lograr el reconocimiento de ciertos derechos propuestos y las actuaciones relacionadas con el esclarecimiento de ellos, no tienen otro objeto que el propuesto; por tanto, mientras en la sentencia final no se desconozcan esos derechos, no es posible que exista un perjuicio irreparable; el cual sólo podrá actualizarse, si el fallo es desfavorable a los intereses de la parte quejosa. En ese contexto, como se dijo, en el caso se actualiza la aludida causa de improcedencia, en la medida que el impetrante de amparo señala como acto reclamado las violaciones cometidas en autos de veintinueve de enero y treinta de abril ambos del año en curso, dentro del expediente agrario número 239/2016, mediante los cuales la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Agrario Distrito 17 de esta ciudad, determinó que se tenía a la parte quejosa por hechas las manifestaciones que refería las cuales serían tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora bien, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Cobra aplicación a lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, cuyo texto y rubro es como sigue: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.". Motivo por el cual prevalece la presente determinación. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. AUTORIZACION DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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